Los lunes, revista de prensa y red

“1936. Fraude y violencia”, de Stanley G. Payne, y “Las Cortes proclaman el derecho a profanar tumbas por motivos políticos”, de Federico Jiménez Losantos

( Viñeta de Nieto en ABC el pasado día 14) (*)

1936. FRAUDE Y VIOLENCIA

Artículo de Stanley G. Payne, historiador e hispanista, publicado en ABC el pasado día 7

La desmitificación de la Segunda República continúa enconando las bajas pasiones de quienes aspiran a mantener este periodo como un referente idealizado con fines políticos, sea para cuestionar el pacto constitucional de 1978 o, al menos, para continuar alimentando con fábulas una inexistente superioridad moral de las izquierdas españolas. Las elecciones de febrero de 1936 fueron las más importantes en la historia de España hasta la fecha, porque pudieron determinar el destino de un país plena y democráticamente movilizado, y fuertemente polarizado. Sus resultados produjeron un gran vuelco político, pese a que los datos oficiales exactos no fueron publicados jamás, ante la exasperación del propio presidente Alcalá Zamora. Dada la evolución trágica del país poco después, estas elecciones han sido un tema historiográficamente controvertido. Años antes de la muerte de Franco, Javier Tusell dirigió un grupo de historiadores que presentaron la primera historia seria de estas elecciones, aunque las circunstancias de la dictadura restringieron mucho las fuentes.

Por eso es muy bienvenida la publicación del primer estudio exhaustivo de estos comicios cruciales, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, a base de una investigación muy completa de todas las fuentes disponibles. Es riguroso y objetivo en su análisis, y ofrece conclusiones nuevas y convincentes.

Casi inevitablemente supera a su predecesor en todas las dimensiones. Explica de un modo concluyente y detallado la formación del Frente Popular, como de su gran competidor, la Coalición Antirrevolucionaria, y analiza una campaña electoral que, con sus 41 muertos en medio centenar de incidentes violentos, principalmente iniciados por simpatizantes de los partidos y sindicatos obreros, fue la más convulsa en la historia de España. La parte clave trata de la votación misma, tanto la del día 16 de febrero como las posteriores en algunos distritos, de las presiones callejeras y motines en muchas ciudades, y del escrutinio final que había de tener lugar el día 20. El libro examina también de un modo exhaustivo la segunda vuelta del 1 de marzo, la actuación de la Comisión de Actas parlamentaria al fin del mes, y las elecciones nuevas en Cuenca y Granada del 3 de mayo.

El fraude y la violencia aparecieron en seis momentos: 1) la violencia directa en el proceso electoral en algunos distritos, con la rotura de urnas y choques entre los activistas de las diversas candidaturas; 2) la distorsión y cambio de votos en ciertas provincias como consecuencia de los motines de izquierdas; 3) la falsificación deliberada de los resultados en varias provincias por las autoridades provinciales interinas del Frente Popular los días 19 y 20; 4) el ambiente de intimidación y hasta de violencia abierta con que se celebró la segunda vuelta tras las excarcelaciones de los condenados por la insurrección de octubre de 1934, y la toma ilegal de numerosos ayuntamientos; 5) la actuación fraudulenta de la Comisión de Actas; y 6) la arbitrariedad gubernativa y la violencia abierta contra las derechas en Cuenca y Granada, haciendo absolutamente imposibles las elecciones libres. Todo esto fue tan sistemático y continuado que no pudo haber sido el resultado de algún «error» o «exceso», como se ha dicho siempre.

Toda la evidencia indica que la votación del 16 de febrero llevó a un empate, con poca diferencia entre el Frente Popular y la Coalición Antirrevolucionaria. Eso quería decir que la composición del nuevo Parlamento dependería esencialmente no sólo de un escrutinio oficial cuidadoso sino, sobre todo, de una segunda vuelta celebrada con garantías en los distritos que quedaban, todos por cierto de notorio matiz conservador. Sin embargo, la acción directa en la calle de los seguidores del Frente Popular y el anarcosindicalismo, con más y más violencia, forzó la dimisión del gobierno encargado de organizar las elecciones y el nombramiento de uno nuevo bajo Manuel Azaña. No se sabía todavía quién había ganado pero, puesto que Alcalá Zamora no había autorizado la declaración del estado de guerra, el gobierno de Azaña parecía el único capaz de aplacar pacíficamente los desórdenes, cosa que no ocurrió.

Así, no fue el Gobierno que convocó las elecciones sino el Frente Popular mismo el que completó el escrutinio oficial. Las alteraciones permitieron sumar a las izquierdas indebidamente unos 30 escaños, a los que se añadieron unos 20 más en las restantes etapas del proceso electoral, uno de los más fraudulentos de la historia de España. Lo que afirmó el presidente de la República en su diario ha sido plenamente demostrado en este estudio. Las ilegalidades convirtieron un resultado ajustado e incierto, con una ligera ventaja para el centro-derecha en la votación popular original, en una dominación parlamentaria aplastante de las izquierdas.

Todo esto está narrado de un modo sobrio y objetivo, sin el menor tono polémico, con una amplia y demoledora aportación documental. El libro ha tenido una venta sensacional desde su publicación a mediados de marzo. Es la investigación de la historia contemporánea más importante que ha aparecido en España desde hace mucho tiempo, y Álvarez Tardío y Villa García incluso evitan toda especulación, tan fácil en un tema como éste, para ceñirse solamente a los hechos demostrables.

Sin embargo, una parte de la historiografía de izquierdas ha preferido eludir el debate y el análisis serio, y difamar directamente a los autores. Hace poco un conocido historiador socialista vinculó el libro a la «derecha más rancia», la típica descalificación política que se usa en estos medios para marginar los trabajos que no les gustan, no importa su exactitud o calidad. Este mismo estudioso, empeñado en demostrar la irrelevancia del fraude, se equivocó gravemente al alegar que no podían sumarse los votos conservadores de las diversas provincias porque no hubo una coalición electoral antirrevolucionaria de carácter nacional, cuando la obra demuestra precisamente lo contrario. Peor es que acusara a los autores de cuestionar la legitimidad del Gobierno de Azaña, cuando nada de ello aparece en el libro. Luego añadía, volviendo a errar, que ya se conocían los resultados cuando Azaña fue nombrado presidente del Gobierno el 19 de febrero. Pese a tanto despropósito junto, el comentarista intentó hacer pasar a los autores del libro por mentirosos.

Aunque lamentable, esto no es sino una muestra del estilo de denuncia e insultos de quienes acostumbran a hacer ideología de la historia, especialmente cuando se muestran incapaces de discutir estudios rigurosos como el de Álvarez Tardío y Villa García. La desmitificación de la Segunda República continúa enconando las bajas pasiones de quienes aspiran a mantener este periodo como un referente idealizado con fines políticos, sea para cuestionar el pacto constitucional de 1978 o, al menos, para continuar alimentando con fábulas una inexistente superioridad moral de las izquierdas españolas. Afortunadamente, estos ideólogos ya no intimidan a los jóvenes historiadores. Ni engatusan a gran número de lectores, ávidos por conocer lo que realmente sucedió y por desterrar los ditirambos guerracivilistas, absurdos ya tras cuarenta años seguidos de libertad y democracia.

Artículo en: http://paralalibertad.org/1936-fraude-y-violencia/

LAS CORTES PROCLAMAN EL DERECHO A PROFANAR TUMBAS POR MOTIVOS POLÍTICOS

Artículo de Federico Jiménez Losantos publicado en Libertad Digital el pasado día 14

Si la Ley de Memoria Histórica de Zapatero fue un delito de lesa patria, su ampliación arbitraria, siniestra, sin paralelo en Europa, es un delito de lesa humanidad.

Ni uno sólo de los 350 diputados del Congreso votó ‘no’ a la moción para desenterrar a Franco del Valle de los Caídos. Ni uno. Aunque no había ninguna posibilidad de que la moción fuera derrotada, nadie se atrevió a desafiar al partido, nadie rompió la disciplina de voto, nadie se atrevió a expresar con su voto lo que piensan e incluso dicen en privado, nadie, ni uno solo de esos 350 representantes de la Soberanía nacional, de todos los españoles, tiene la menor objeción a desenterrar, como forma de infamarlo, un cadáver, que lleva enterrado cuarenta y dos años, que fue el jefe militar y político del bando nacional y que si media España ha temido mientras estuvo en el poder, la otra media ha adorado durante casi cuatro décadas.

El anterior Jefe del Estado fue enterrado en el Valle de los Caídos por decisión de su «sucesor a título de rey» Juan Carlos I de Borbón y del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, último secretario general de FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), el partido único creado por Franco y más conocido como Movimiento Nacional o ‘el Movimiento’. El Rey y Suárez fueron los principales artífices de la transición a la Democracia, en primer lugar mediante la votación en Cortes y posterior referéndum de la Ley para la reforma política que permitió la legalización de los partidos políticos, el Comunista incluido; después, con la celebración de elecciones libres en junio de 1977 y, por último y fundamental, con el debate, votación en Cortes y aprobación mediante referéndum nacional de la Constitución de 1978, redactada por consenso de los principales partidos y que, con sus 39 años de vigencia, es ya la más duradera de nuestra asendereada Historia.

Ni una sola oveja abandonó el rebaño

Nadie, ni uno solo de los 350 diputados, quiso recordar lo que Franco ha significado y todavía significa para buena parte de los españoles desde hace ochenta o cuarenta años, según se valore su vida o su herencia. Nadie se atrevió a decir que fueron los franquistas los que dejaron pacíficamente el Poder para compartirlo con otras fuerzas políticas, previa aprobación de una amnistía general para todos los delitos cometidos por cualquiera de los bandos durante la Guerra y la Dictadura posterior. Nadie puntualizó que el desenterramiento de Franco significará el entierro del prestigio exterior de España, basado en la pacífica Transición de la Dictadura a la Democracia.

Tampoco nadie llamó la atención sobre el hecho de que ningún país europeo se dedica a sacar a los muertos de sus fosas por razones políticas. El regicida y dictador Cromwell tiene una estatua frente al Parlamento que asaltó con su tropa y cerró. Macron, liberal modelo para Rivera, que quiere, el muy cateto, hacer de Cuelgamuros otro Árlington, no tiene proyecto alguno para desenterrar al genocida Napoleón, ni a Pétain, ni a De Gaulle. Ningún país civilizado se plantea en el Parlamento profanar tumbas por motivos políticos. Eso supondría cambiar la política por el canibalismo.

Por cierto, que el diccionario define así canibalismo: 1/ «acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie, generalmente de forma colectiva y siguiendo un ritual». 2/ «Crueldad o ferocidad extrema de una persona con sus semejantes, en especial en el ámbito político». ¡Perfecta definición para la necrofagia antifranquista!

Otra vuelta de tuerca a la Desmemoria Histórica

En fin, nadie se atrevió a salir de la ovina obediencia a unos jefes políticos que, salvo en un caso, han demostrado una vileza sólo superada por la estupidez. La excepción es Pablo Manuel Iglesias, que es el único que ha actuado de acuerdo con su canto a la Guerra Civil y su plan para que España sea una dictadura como la de sus criminales padrinos de Venezuela. Los tres que dicen que defienden el orden constitucional -PP, PSOE y Cs- se han comportado como golpistas históricos, asaltatumbas y matadifuntos. Si la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, firmada por Juan Carlos I para hacerse perdonar su corrupción, fue un delito de lesa patria, su ampliación arbitraria, siniestra, sin paralelo en Europa, es un delito de lesa humanidad.

Porque el Parlamento -no sé si los 350 lobos, cabras y, sobre todo, ovejas eran conscientes de ello- ha proclamado su derecho a imponer qué tumbas pueden ser vaciadas y profanadas por razones políticas. Esta vez, por consenso o consensuada abstención, es decir, por lealtad perruna al que pastorea el sueldo de sus necrófagas señorías. Mañana, igual que ha votado desenterrar a Franco, votará asaltar otra tumba; y podrá decidirlo un voto.

Si las Cortes se han atrevido a votar algo sobre lo que no habían avisado en sus programas electorales, ni tienen derecho moral alguno a hacerlo, mañana o pasado volveremos a la terrible costumbre leninista de sacar a los generales y soldados «blancos» de sus tumbas y quemarlos muertos, ya que no les fue suficiente derrotarlos vivos, para sembrar el terror entre el pueblo llano, atónito ante el sacrilegio. Franco fue el general «blanco» que, a diferencia de los Kolchak y Denikin, consiguió derrotar a los comunistas. Cuarenta años después de muerto, los hijos de Largo Caballero, el «Lenin español», han acaudillado heroicamente el asalto a su tumba. Les faltó aplaudirse unos a otros para darse ánimos, porque eso de provocar a los difuntos es actividad, no diré deporte, de muchísimo riesgo.

El Terror político al rojo vivo

En realidad, la votación y la unanimidad de los votantes obedecen a lo que Lenin instauró hace cien años desde su llegada al Poder: el Terror Rojo. En la España actual, el temor al ‘Qué-dirán-en-la-Sexta’es superior a cualquier consideración ideológica o moral. De ahí la incomprensible, pero inolvidable, votación a favor de la profanación de la tumba de Franco, de Rivera y los ex-respetables diputados de Ciudadanos. De ahí la abstención del PP -incluido Pablo Casado- porque le da igual lo que aprueba o no, o sí, depende, según. A Rajoy pueden llamarle ladrón, pero franquista, jamás. ¡Soraya, dile a Mauricio que le diga a Ferreras que eso no lo toleramos!

De los 350 matamuertos de las Cortes, no sé cuántos antifranquistas lo eran en vida de Franco. Muerto, ya se ve que todos. Los que lo fuimos antes de que Franco fuera enterrado, con el mismo derecho a que respeten sus huesos que todos los españoles, podemos recordar el peligro y el miedo que pasamos en compañía de casi nadie. Por eso, aquella mínima mayoría, que aún nos felicitamos por la democracia y la reconciliación nacional, sólo podemos sentir el más absoluto de los desprecios viendo gruñir al unísono, cuarenta años tarde, a tanto cerdito con tantísima nostalgia de jabalí.

Artículo en: http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/las-cortes-proclaman-el-derecho-a-profanar-tumbas-por-motivos-politicos-82199/#close


(*) Para ver la foto que ilustra este artículo en tamaño mayor (y Control/+):
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Con el título Tres foramontanos en Valladolid, nos reunimos tres articulistas que anteriormente habíamos colaborado en prensa, y más recientemente juntos en la vallisoletana, bajo el seudónimo de “Javier Rincón”. Tras las primeras experiencias en este blog, durante más de un año quedamos dos de los tres Foramontanos, por renuncia del tercero, y a finales de 2008 hemos conseguido un sustituto de gran nivel, tanto personal como literario.

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