Bustamante, Arévalo y Pardo de S.
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Los lunes, revista de prensa y red
13.02.12 @ 07:28:02. Archivado en Artículos
“Buen esquema para reformar la educación”, de El Mundo, y “La senda de la reforma laboral”, de Iñigo Sagardoy
(Viñeta de Montoro en La Razón, el pasado día 1)(*)
BUEN ESQUEMA PARA REFORMAR LA EDUCACIÓN
Editorial de El Mundo el pasado día 1
No hace falta ser un experto para darse cuenta de que el sistema educativo español hace agua por todas las junturas. El desempleo alcanza el 48% de la población juvenil y seis de cada 10 jóvenes parados no han superado la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. Nuestra tasa de abandono escolar es del 28%, el doble que el promedio de la OCDE, y en el informe Pisa de 2009 España ocupa el puesto 26 entre los 34 países desarrollados. Todo ello, dedicando más recursos públicos a la enseñanza: unos 2.000 euros más al año por alumno de la ESO que la media de la OCDE, por ejemplo.
Son algunos datos que recordó ayer en el Congreso el ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la comparecencia para presentar las líneas que marcarán su actuación durante esta legislatura. Y en cifras como éstas se basó para proponer una profunda reforma del sistema educativo socialista -todas las leyes de enseñanza que han estado en vigor desde 1985 han sido promulgadas por el PSOE- que ha fracasado rotundamente. En este sentido, hay que aplaudir la intención expresada por el ministro de «vigilar» que se cumpla el «derecho de los padres» a que sus hijos estudien en la lengua vehicular que elijan en cualquier comunidad autónoma, al hilo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Conseguir que los alumnos puedan estudiar en español en Cataluña si así lo desean es un compromiso importante del que hizo dejación el anterior Gobierno y está en la base de la libertad de enseñanza consagrada por la Constitución.
Wert acertó también al descartar la elaboración de una nueva ley general de enseñanza -llevamos cuatro desde la LODE de 1985- que paralizaría de nuevo la comunidad educativa y, sobre todo, retrasaría mucho la adopción de medidas clave para esta reforma. Pero es cierto que si el Gobierno desarrolla las propuestas anunciadas ayer el sistema educativo puede experimentar un cambio tan radical como con una nueva normativa básica.
La renovación llega a la enseñanza. El ministro recordó que «sobre todo en las dos últimas legislaturas», la búsqueda de una supuesta equidad ha reducido el nivel de exigencia de forma que la «educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social». Por eso, habló de garantizar la igualdad de oportunidades, pero también de primar la exigencia tanto en los alumnos como en los profesores. El Gobierno elaborará un Estatuto del Docente con el acertado objetivo de «dotar de un carácter estatal» a la labor de los profesores y promover la incorporación a la docencia los mejores profesionales. Wert concretó que esa apuesta por la exigencia tiene que dar mucha más importancia a la evaluación de los alumnos, con pruebas «censales» -especie de reválidas que no computarán en el currículo pero sí servirán para premiar a los mejores- y una mayor autonomía de los centros educativos, que contarán con incentivos en función de los resultados de los alumnos.
El cambio de Educación para la Ciudadanía por la nueva Educación Cívica Constitucional es positivo si elimina los aspectos que han generado más polémica, aunque poco se avanzará si el temario de la nueva asignatura sigue en manos de las autonomías. El paso de dos a tres años del Bachillerato y de la Formación Profesional nos equipara a otros países europeos, pero su éxito sólo se podrá evaluar si facilita la incorporación de jóvenes más preparados a la universidad y al mercado laboral.
Las reformas educativas, en el nivel obligatorio y en la enseñanza superior, son el punto de partida para luchar contra una de las mayores lacras que soporta este país, el inaguantable paro juvenil. El Gobierno tiene las ideas claras y, como se vio ayer, cuenta con el apoyo inicial de la mayoría de la Cámara. El país necesita que en este ámbito esta vez sea la definitiva.
LA SENDA DE LA REFORMA LABORAL
Artículo de Iñigo Sagardoy de Simón, Presidente de Sagardoy Abogados, publicado en El Mundo el pasado 31 de Enero
Resulta evidente que el modelo actual de nuestro mercado de trabajo ha fracasado de forma rotunda. Una crisis económica que dura cuatro años pero que sus principales efectos se han dejado sentir en el empleo, generando un 23% de parados de la población activa y más del 45% de paro entre los jóvenes menores de 30 años, son hechos incuestionables que confirman esta afirmación. El problema es que precisamente esta realidad no es nueva. La hemos ido constatando en cada una de las crisis económicas que hemos padecido en nuestro país, década tras década, convirtiéndose en una serie histórica desdichada que siempre acaba retornando, incluso como las enfermedades peligrosas, de forma más virulenta. Y de ahí que todas las miradas se vuelvan a la legislación laboral.
La ley laboral, durante todos estos años de trayectoria democrática, ha intentado reescribirse, a modo de reformas, de forma constante, siempre sin olvidar el código genético que la impregna, como es el de la protección del trabajador y la búsqueda del equilibrio para facilitar la llamada paz social, pero en buena medida, y más durante los últimos años, sus objetivos importantes perseguidos de eficiencia empresarial y de justicia laboral (Barbash) han ido inclinando más la balanza hacia el primero que hacia el segundo, con la idea de que una ley laboral más flexible contribuye a mejorar la competitividad empresarial, que a la postre redundará en un mejor y más saneado mercado de trabajo. Se trata de un nuevo paradigma donde las relaciones entre economía y empleo son estrechas, y las medidas adoptadas por unos inciden en las de los otros.
Ejemplo perfecto de esta nueva realidad lo tenemos en el reciente Acuerdo (II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) que se firmó la semana pasada por los agentes sociales. Los valores de dicho pacto han pasado, a mi juicio, y quizás por los antecedentes de otras negociaciones fallidas, con más pena que gloria en la opinión pública, cuando realmente estamos en presencia de un acuerdo tremendamente positivo para nuestro país, con contenido real y con elementos hasta el momento desconocidos en el ámbito de las relaciones laborales de España. Se enciende, sin duda, una luz muy potente para sentar las bases de un cambio de modelo tan demandado por prácticamente todo observador y conocedor del mismo. Y se constata que el Gobierno hizo bien en dar margen a dicha negociación.
La actitud de los agentes sociales y su implicación en la mejora de la economía resultan definitivas para configurar una realidad laboral favorable al empleo, en la que la solidaridad y el esfuerzo común de todos los ciudadanos resultan indispensables, pero donde la responsabilidad ejercida por los que están al frente en el día a día de las relaciones laborales es el epicentro para comenzar un cambio normativo laboral necesario. Un cambio que vaya más allá de la reforma, a saber, la búsqueda de un empleo sostenible.
Pues bien, para comenzar, las partes firmantes del acuerdo, sindicatos y organizaciones empresariales, firman un pacto de moderación salarial tremendamente efectivo, con un cierto valor taumatúrgico al tratar, por primera vez en este tipo de acuerdos interprofesionales, de revisión salarial ligada a productividad o resultados de la empresa, y olvidando la indexación automática al IPC de cada año, con valores inferiores al mismo. Ello por sí solo ya nos ha favorecido en nuestra imagen en el exterior, verdadero caballo de batalla económico en estos momentos que estamos atravesando. También es novedosa la llamada a los negociadores de los convenios colectivos futuros a incorporar cláusulas de flexibilidad ordinaria y extraordinaria en el tiempo de trabajo (distribución irregular de la jornada anual hasta un 10%; bolsa de horas a disponibilidad del empresario; y racionalización y flexibilidad de horarios); en la movilidad funcional (olvidando el concepto de categoría profesional y propiciando los grupos); y, finalmente, en materia salarial (donde por fin se generalizan los conceptos variables del salario y se habla abiertamente de incrementos salariales ligados a productividad y resultados de las empresas). Toda una declaración de principios, valiente, detallada. Y, en fin, igualmente importantes son las ideas que se plasman en el documento sobre inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, si bien en este punto se requerirá de desarrollo legislativo para que sea realmente eficaz.
Sin duda queda mucho por hacer, sobre todo en materia de ordenación más ágil de la negociación colectiva (donde la regla de la ultraactividad de los convenios es clave); en materia de contratación (con búsqueda de una regulación más flexible del tiempo parcial, trascendental para nuestro sistema productivo); en terminación de contrato (dando más certidumbre al empresario que quiera acometer estos procesos) y en intermediación laboral (facilitando la cooperación entre empresas y Administración). Pero creo que el camino que acabamos de comenzar es ambicioso y arroja esperanzas a lo que se pueda ver pronto, dado que todos están asumiendo sus responsabilidades para finiquitar, de una vez por todas, esta situación perversa del desempleo.
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