(PD).- El 2 de diciembre entró en vigor, tras su aprobación urgente en el Congreso, la reforma del Código Penal para castigar las infracciones más graves relacionadas con la seguridad vial.
La filosofía no era "todos a la cárcel"; por eso se estableció que las personas con condenas de menos de dos años y sin antecedentes, la inmensa mayoría, conmutaran la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad, una multa y la retirada del carné. La prisión queda reservada para los casos más graves o para los reincidentes.
Como explica Elsa Granda en El País, el sistema funciona así: un conductor detenido por alcoholemia, velocidad o circular sin tener carné pasa a disposición judicial; normalmente a las pocas horas del arresto.
En la mayoría de los casos todo se ventila con un acuerdo de conformidad en un juicio rápido. El acusado, que en ese momento pasa a tener antecedentes penales, acepta la condena; y el fiscal, a cambio, le rebaja en un tercio su petición de pena.
Lo normal es que ésta consista en una multa que ronda los 1.500 euros, la retirada del carné entre ocho meses y un año, y entre 20 y 30 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.
En un plazo aproximado de un mes se liquida la deuda y queda confiscado el carné. ¿Y los trabajos sociales? Salvo en Cataluña, donde este tipo de condena se generalizó a partir de 2004, el resto de España soporta un auténtico colapso. "Ya estaba mal antes de la reforma", asegura un juez, "imagínate ahora...".
La mayoría de las condenas dictadas desde diciembre está aún sin ejecutar. No existen suficientes plazas para atender la demanda, y las que hay están enfocadas a trabajos que poco tienen que ver con la naturaleza del delito: trabajos administrativos, de limpieza, de mantenimiento...
Desde diciembre, han pasado a disposición judicial casi 8.000 personas por delitos relacionados con la seguridad vial. Aproximadamente el 80% tendrá que cumplir una condena de trabajos sociales.
Viernes, 25 de julio
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