Y menos que nadie lo necesitaba Estados Unidos, que disponía de un convenio de cooperación para la defensa con España cuyo artículo 25.7, entonces y ahora vigente, es taxativo: "En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de América, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español".
Pero la Administración estadounidense quería que España supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda". Y no sólo España. Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, "esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión". Por lo menos, Turquía, Italia y Portugal.
En ese momento, EE UU aún no había dilapidado el capital de solidaridad que generaron en todo el mundo los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Pero, en noviembre de 2001, George W. Bush ya había firmado una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creación de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo.
Los miembros de dichos tribunales serían militares, los acusados no podrían acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicaría el principio de presunción de inocencia.
Poco después, la Casa Blanca decretó que talibanes y miembros de Al Qaeda eran "combatientes enemigos ilegales" y no les reconocía los derechos previstos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Estas medidas provocaron una gran polémica en Europa, a la que el Gobierno español no pudo sustraerse, pues José María Aznar ejercería, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Unión Europea.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que España no podría extraditar a EE UU a ningún sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con mínimas garantías.
Cuando el 28 de noviembre Bush recibió a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez después del 11-S, el presidente español dijo que "Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicción de la manera que le resulte más oportuna, como corresponde a una democracia". Pero agregó: "Cualquier decisión que se adopte en España respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con las leyes españolas".
En su conversación con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de Cárcer no consiguió que éste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cuántos sería preciso realizar para llevar a Guantánamo a los prisioneros capturados en Afganistán y otros países.
Pero sí le indicó, según el informe secreto, que el traslado se iniciaría "muy pronto". Y le urgió a que el Gobierno español respondiese a la demanda de Washington "lo antes posible". Aguirre de Cárcer se comprometió a hacerlo "antes de mañana viernes a mediodía". Es decir, menos de 24 horas después.
Aguirre de Cárcer preguntó a su interlocutor si tenían preferencia por algún aeropuerto en particular para el caso de que esos aviones tuvieran que hacer escala en España. El consejero estadounidense le contestó que no. Por iniciativa propia, el diplomático español le sugirió que "sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles". Seguramente, pecó de exceso de celo, ya que el Gobierno español aún no había dado una respuesta.
Lunes, 23 de noviembre
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