(David Ignatius).- Dick Cheney provocó un escándalo cuando decía en la CNN que las políticas del Presidente Obama contra el terrorismo hacían al país menos seguro. “Está tomando algunas decisiones que en mi opinión, de hecho, elevan el riesgo que corre el pueblo estadounidense de sufrir otro ataque,” decía el ex vicepresidente.
Los comentarios de Cheney fueron indignantes por varias razones, especialmente porque estaba prolongando el fomento del miedo que en sí mismo ha debilitado al país. Pero el Secretario de Prensa de la Casa Blanca Robert Gibbs cometía un error con su observación gratuitamente irrespetuosa y partidista, "Bien, supongo que Rush Limbaugh estaba ocupado, así que hicieron salir al miembro de la cábala Republicana que ocupa el puesto siguiente en el ranking de popularidad.”
Una reacción más útil habría sido decir que América no está menos segura porque Obama no ha alterado las políticas del antiterrorismo tanto como daba a entender genéricamente Cheney. De hecho, las nuevas políticas de la administración en materia de interrogatorios y detenciones reflejan un escrupuloso esfuerzo por equilibrar el derecho y la seguridad nacional -- y constituyen el retorno a los estándares administrativos pre-Bush más que a un experimento izquierdista nuevo.
Para comprender las políticas de Obama, es necesario leer cuidadosamente los decretos presidenciales difundidos por la Casa Blanca el 22 de enero. Decretaban el cierre de las instalaciones de detención ubicadas en la Bahía de Guantánamo en cuestión de un año, daban instrucciones a la CIA de cerrar cárceles secretas, y prohibían cualquier técnica de interrogatorio no autorizada por el Manual de Campo del Ejército.
Con esas maniobras decisivas, Obama rechazaba el enfoque legal de la administración Bush que consideraba a los terroristas como "combatientes ilegales enemigos," no amparados por el derecho estadounidense ni por el derecho internacional. “Era ofensivo para Estados Unidos y nuestros valores que hubiera vacíos por los que se podía hacer desaparecer a la gente," explica Jeffrey Smith, ex asesor jurídico de la CIA que formó parte del grupo oficioso que asesoró a Obama y al consejero de la Casa Blanca Gregory Craig con las nuevas políticas.
Pero para formarse una idea clara del enfoque Obama, hay que leer la letra pequeña de los decretos -- y también lo que no dicen.
En primer lugar, Obama no ha prohibido el proceso conocido como "interpretación extraordinaria.” Esta técnica ha sido utilizada por las agencias de Inteligencia y las fuerzas del orden estadounidenses durante más de 30 años con el fin de capturar a individuos en el extranjero, ya sea de manera unilateral o con permiso del país anfitrión, y llevarlos a un sitio diferente para su interrogatorio y probable acción judicial. Ese mecanismo no ha cambiado, y tampoco la capacidad de la CIA para trabajar con los servicios extranjeros de Inteligencia que interrogan a sospechosos de terrorismo.
Los decretos presidenciales proponen un nuevo grupo de trabajo que "estudie y evalúe las prácticas del transporte de individuos a otras naciones" para garantizar que tales transferencias no envían a los prisioneros a países en los que pudieran "enfrentarse a torturas.” Aunque las cárceles secretas de la CIA están siendo cerradas, el decreto diferencia que esto no se aplica "a las cárceles utilizadas para albergar a los individuos tan sólo en un plazo corto y transitorio.” El decreto no define ni "plazo corto" ni "transitorio.”
"El mecanismo de interpretación sigue estando permitido," decía Leon Panetta, el nuevo director de la CIA, en un encuentro con la prensa el 25 de febrero. “Si entregamos a alguien, obviamente vamos a exigir garantías a ese país de que sus derechos humanos van a estar protegidos y de que no va a ser maltratado.” La CIA no se ha valido del mecanismo desde que Obama asumió el cargo; pero cuando surja la oportunidad será autorizada consultando caso por caso con la Casa Blanca.
En la elaboración de la nueva política de interrogatorios, Obama y sus consejeros reconocieron que habrá situaciones extraordinarias -- digamos, un sospechoso con información relativa a terrorismo nuclear -- en las que el presidente podría decidir hacer uso de un permiso de excepción al decreto que prohíbe el uso de técnicas duras. "Todo el mundo entiende que si la nación se enfrenta a una amenaza grave, el presidente puede hacer lo que sea necesario para protegernos. Pero tiene que dar explicaciones. El problema con Bush era que lo hacía todo en secreto, lo cual conduce al abuso," defiende Smith.
Quizá eso tranquilice a Cheney en lo referente a la seguridad de la nación: el equipo Obama conviene con el presidente del Tribunal Supremo Robert Jackson al sostener que "la Constitución no es un pacto de suicidio," y comprende que hay situaciones extremas en las que se podrían ampliar las normas de interrogatorio. Pero ello no equivale a incurrir en el error de Bush de abrir la puerta a medidas al margen de la ley.
Smith explica: "Supone un error considerable basar sus posturas en la idea de que tenemos normas, pero que si es necesario serán violadas. Esa es la fórmula de los excesos. En asuntos como los que tratamos, es necesario tener un estándar 'con límites claros,' de forma que los funcionarios estadounidenses presentes en todo el mundo sepan cuáles son las normas.”
© 2009, Washington Post Writers Group
Sábado, 2 de junio
Pedro Fernández Barbadillo
Paco Sande
Vicente Torres
Vicente A. C. M.
Juan Fernandez Krohn
Manuel Molares do Val
Julio César Izquierdo
Francisco Rubiales
Raúl González Zorrilla
José Pómez
Carlos Ruiz Miguel
Antonio Cabrera| Junio 2012 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < | > >> | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |