EEUU avisó a Aznar del paso por España de presos hacia Guantánamo y Zapatero lo sabía

EEUU avisó a Aznar del paso por España de presos hacia Guantánamo y Zapatero lo sabía

(PD).- Muchos de los vuelos en los que se trasladó a terropristas de Al Qaeda, se realizaron estando ya Zapatero en La Moncloa, pero El País, fiel a su línea, exonera de toda responsabilidad al prewsixdente socialista y culpa a su predecesor, el popular Aznar, de todos los males. Miguel González cita como fuente un documento secreto que, aparentemente, revela que hubo complicidad española en el envío de fanáticos sislamistas a Guantánamo. De ser eso cierto so, también Zapatero sabía que respostaban en territorio español los llamados por la progresía «vuelos de la vergüenza».

Es evidente que alguien, desde las altas esferas del Gobierno ZP, ha filtrado ese documento a El País. Y que el filtrador lo ha sacado de un archivo oficial. Lo ha hecho seis años después de que se redactara y cuando ya lleva cinco años en el poder un gobierno socialista.

Las pregunta cae por su peso: ¿Sabía Zapatero de la existencia de ese papel?

Le respuesta es si y eouencia, a pesar de todas las negativas oficiales, es evidente que Zapatero estuvo enterado desde el primer día, como Aznar, del trasiego de terroristas islámicos que se hacía usando aeropuertos españoles y en concreto el de Palma.

EL DOCUMENTO «SECRETO»

El relato es detallado y comienza el 10 de enero de 2002, casi cuatro meses después del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, cuando supuestamente el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llamó al director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer, y le pidió una cita urgente. Se concertó para primera hora de la tarde.

Nada más salir la visita de su despacho -siempre según El País-, el diplomático español se puso a redactar un informe sobre la inesperada entrevista.

Iba dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal. Lo firmó, estampó el sello de «muy secreto» en el encabezamiento y lo numeró con el 3329/02.

Ni el Ejecutivo del PP, ni luego el del PSOE, han reconocido hasta ahora estar al corriente de estos traslados, que investiga la Audiencia Nacional.

«Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba», escribió Aguirre de Cárcer. «Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas», proseguía.

«Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país».

«El Gobierno de EE UU», puntualizaba, «asegura que estas escalas serían por el tiempo mínimo imprescindible para poder trasladar otro avión al aeropuerto en cuestión para continuar vuelo y que, a estos efectos, dispondrían de aviones de reserva en la región preparados para desplazarse con carácter inmediato si fuera necesario. En todo momento, los EE UU se harían cargo de la seguridad de las personas transportadas».

La petición resultaba sorprendente por superflua. Nadie necesita una autorización previa para un aterrizaje de emergencia. Le amparan las reglas internacionales de aviación.

Y menos que nadie lo necesitaba Estados Unidos, que disponía de un convenio de cooperación para la defensa con España cuyo artículo 25.7, entonces y ahora vigente, es taxativo: «En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de América, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español».

Pero la Administración estadounidense quería que España supiera que esos aviones transportaban a «prisioneros talibanes y de Al Qaeda». Y no sólo España. Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, «esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión». Por lo menos, Turquía, Italia y Portugal.

En ese momento, EE UU aún no había dilapidado el capital de solidaridad que generaron en todo el mundo los atentados del 11-S en Nueva York y Washington. Pero, en noviembre de 2001, George W. Bush ya había firmado una orden, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que autorizaba la creación de tribunales especiales para juzgar a sospechosos de terrorismo.

Los miembros de dichos tribunales serían militares, los acusados no podrían acceder a las pruebas en su contra (supuestamente, para preservar la seguridad nacional) y ni siquiera se les aplicaría el principio de presunción de inocencia.

Poco después, la Casa Blanca decretó que talibanes y miembros de Al Qaeda eran «combatientes enemigos ilegales» y no les reconocía los derechos previstos en la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.

Estas medidas provocaron una gran polémica en Europa, a la que el Gobierno español no pudo sustraerse, pues José María Aznar ejercería, a partir del 1 de enero de 2002 y durante un semestre, la presidencia de turno de la Unión Europea.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y numerosos juristas advirtieron de que España no podría extraditar a EE UU a ningún sospechoso de pertenecer a Al Qaeda, ya que no estaba asegurado el derecho a un juicio justo y con mínimas garantías.

Cuando el 28 de noviembre Bush recibió a Aznar en el Despacho Oval, por primera vez después del 11-S, el presidente español dijo que «Estados Unidos tiene todo el derecho a organizar su jurisdicción de la manera que le resulte más oportuna, como corresponde a una democracia». Pero agregó: «Cualquier decisión que se adopte en España respecto a estos detenidos, si se pidiera su extradición, será acorde con las leyes españolas».

En su conversación con el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Aguirre de Cárcer no consiguió que éste le concretara el calendario de los vuelos previstos ni cuántos sería preciso realizar para llevar a Guantánamo a los prisioneros capturados en Afganistán y otros países.

Pero sí le indicó, según el informe secreto, que el traslado se iniciaría «muy pronto». Y le urgió a que el Gobierno español respondiese a la demanda de Washington «lo antes posible». Aguirre de Cárcer se comprometió a hacerlo «antes de mañana viernes a mediodía». Es decir, menos de 24 horas después.

Aguirre de Cárcer preguntó a su interlocutor si tenían preferencia por algún aeropuerto en particular para el caso de que esos aviones tuvieran que hacer escala en España. El consejero estadounidense le contestó que no. Por iniciativa propia, el diplomático español le sugirió que «sería preferible, en todo caso, utilizar aeropuertos en bases militares como Morón o Rota en vez de aeropuertos civiles». Seguramente, pecó de exceso de celo, ya que el Gobierno español aún no había dado una respuesta.

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