Primera querella contra periodistas por complicidad en crímenes contra la humanidad

01.07.08 | 13:37. Archivado en Civilización

(PD).- Familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet presentarán esta semana por primera vez en Chile una querella contra cinco periodistas por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad (que agravia a la humanidad en su conjunto).

A los informadores se les acusa de encubrir el asesinato de seis militantes de izquierda en noviembre de 1975 a manos de agentes de la Policía secreta del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

Este caso, conocido como Rinconada de Maipú, fue presentado como un enfrentamiento armado entre opositores y agentes del Estado.

Sin embargo, el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís acreditó en su día que los seis militantes de izquierda fueron torturados y asesinados en el centro de detención Villa Grimaldi, ubicado en Santiago de Chile, y que el supuesto enfrentamiento fue un montaje para justificar los crímenes.

La querella, según el abogado Hugo Gutiérrez, estará dirigida contra los periodistas Claudio Sánchez -quien entonces pertenecía a Canal 13-, y Julio López, Roberto Araya, Vicente Pérez y Manfredo Mayol, quienes trabajaban en la Televisión Nacional de Chile (TVN).

Querella histórica

Ésta es la primera ocasión en Chile en la que se apela a un tribunal para que determine si profesionales de los medios de comunicación, algunos de ellos todavía en activo, tuvieron responsabilidad penal en una causa por violación de los Derechos Humanos.

Los comunicadores ya fueron sancionados el año pasado por el Colegio de Periodistas por difundir información falsa sobre el asesinato de los seis opositores durante la dictadura militar.

El tribunal de ética de esa asociación abrió un sumario que finalizó en 2007 con la suspensión de los informadores en el Colegio y la censura pública de cuatro de ellos.

El presidente del Colegio de Periodistas, Luis Conejeros explicó que "la ley chilena no debería penalizar los excesos en materia de información", ya que, a su juicio, "la tendencia mundial en términos de libertad de expresión es que esas faltas se vean en el ámbito ético o civil, no en el penal".