(PD).- El asunto es de bochorno. Crece el estupor y perplejidad entre la oposición parlamentaria, asociaciones militares y el sector pesquero. Nadie se explica por qué razón el Gobierno ZP dejó escapar tan panchos a los piratas, cuando los facinerosos huían en sus lanchas -a la vista de los militares españoles- después de cobrar su millonario rescate.
Desde la fragata Méndez Núñez y desde el aire, los soldados españoles tenían vigilados a los corsarios y controlaban todos sus movimientos. No se movió un dedo, por «órdenes de la superioridad» y la sonrojante sensación es que se ha cedido a un chantaje y se ha sentado un precedente que compromete peligrosamente la seguridad de la flota pesquera española en el caladero somalí.
Escriben P. Cervilla y L. Ayllón en ABC que, tanto desde la oposición parlamentaria del Partido Popular como desde las asociaciones militares consultadas por ABC se señala que lo fundamental es que la ministra de Defensa, Carme Chacón, comparezca en el Congreso de los Diputados y explique lo que ha sucedido y en base a qué informes se adoptó la decisión de que la fragata no interviniera tras la operación de pago del rescate.
Perder el prestigio
La recién nombrada portavoz parlamentaria de Defensa del PP, Beatriz Rodríguez-Salmones, asegura que su formación política lo primero que quiere es «oír a la ministra», ya que, a su juicio, lo fundamental «en democracia es conocer el proceso de toma de decisiones».
Sin embargo, y a la espera de la información que les proporcione la ministra, los populares destacan la gravedad de haber cedido a «un chantaje» por cuanto puede «crear un precedente que genera una situación de inseguridad» para los buques que faenan en la zona.
Aunque Rodríguez-Salmones entiende que lo prioritario es garantizar la vida de las personas, en este caso de los pescadores, afirma que no hay que «perder el prestigio, el respeto y la dignidad» del Estado.
A la vista de la información publicada por ABC, la portavoz popular sostiene que «tenemos serias dudas sobre que se haya tenido un comportamiento correcto».
Además, cree que «la vía diplomática y la utilización de los medios de defensa eran compatibles y complementarios» a la hora de solucionar el secuestro del buque y que este precedente «puede conllevar un peligro para la seguridad» de los barcos, ya que los piratas pueden entender que tienen carta blanca para actuar contra la flota española.
En este mismo sentido se pronunció el portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, quien dijo que preguntarán a los ministros «si el Gobierno intervino, participó, medió, intermedió, facilitó o impulsó el pago del rescate».
«Si fue así -dijo- consideramos que se legitima y promueve la actividad criminal y quienes llevan a cabo los secuestros se darán cuenta de que hay países que pagan, lo que hará que los barcos se conviertan en víctimas propiciatorias».
«Lo que ha sucedido es extremadamente grave y una muestra más de que el Gobierno, cuando se ve obligado a elegir, siempre elige la peor opción: la rendición del Estado de Derecho», añadió.
Finalmente, Arístegui indicó que el deseo de salvaguardar la vida de la tripulación del «Playa de Bakio» no es «incompatible con que, una vez que los piratas abandonaron el barco, se hubiera emprendido una persecución para intentar lograr su detención; no hubiera sido una temeridad ni se hubiera puesto en peligro la vida de los tripulantes».
Una de las asociaciones más críticas con la actuación del Gobierno español por permitir el pago del rescate pero no una intervención que evitara la fuga de los piratas, ha sido la Asociación de Militares Españoles (AME).
Su secretario general, José María Pairet, no dudó en afirmar que los militares «podían haberlos cercado y no dejarles respirar», pero el capitán de la fragata «Méndez Núñez» simplemente se limitó a «cumplir órdenes. Él hizo lo que le dijeron».
Pairet pone en el punto de mira de sus críticas al Gobierno, al que acusa de «haber perdido los papeles» y llega a asegurar que «tenemos un Gobierno que negocia con piratas y nos pone en el punto de mira de cualquier pirata mafioso».
En este sentido, sostiene que con su actitud el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha sentado un «mal precedente» que puede tener graves consecuencias para la flota española que faena en aguas internacionales.
«Incumplir una obligación»
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) considera imprescindible, en la línea mantenida por el Partido Popular, que la ministra de Defensa, Carme Chacón, dé una explicación en sede parlamentaria, según señala el secretario general de la asociación militar, Mariano Casado.
Esta organización advierte que si son ciertos los datos publicados por ABC en su edición de ayer, «que se pudo intervenir y no se hizo, sería incumplir una obligación, al tener que actuar contra las personas que han cometido un delito».
Casado quiere creer que no se intervino militarmente contra los piratas «porque el Gobierno tenía una razón». Por ello, esta asociación se mantendrá a la espera antes de asumir un posicionamiento sobre este caso.
A juicio del secretario general de la AUME, «dada la expectación que se ha levantado alrededor de este secuestro y de su resolución final, parece razonable esperar hasta que la ministra Chacón dé una explicación».
La AUME respalda la actuación de los militares al no intervenir: «Han hecho lo que les han dicho que hagan, cumplir una orden».
