Ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Castilla-León.

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En Castilla y León el derecho de acceso a la información pública se consagra en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana que al efecto prevé la regulación de un procedimiento de desarrollo que garantice la adecuada tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública en la comunidad autónoma.

En cumplimiento de dicha previsión se ha aprobado el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo cuyos aspectos más relevantes pasamos a analizar a continuación.

Quién puede solicitar el acceso:

El DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que podrá formular solicitud de acceso a la información pública cualquier persona física o jurídica.

Qué se entiende por información pública:

A este efecto el Decreto aclara que por información pública se entiende aquella información elaborada o adquirida por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sea cual sea su formato o soporte.

Contenido de la solicitud:

  • El solicitante indique su identidad,
  • La información cuyo acceso se solicita,
  • El órgano al que se dirige,
  • La dirección de contacto,
  • El método de acceso a la información, es decir presencial o telemático.

Dónde se presenta:

La presentación de la solicitud de acceso se hará en cualquiera de los lugares previstos en la normativa básica sobre procedimiento común de las administraciones públicas o a través del modelo de solicitud electrónica disponible en el Portal de Gobierno Abierto www.tramitacastillayleon.jcyl.es

A quién se dirige:

Con carácter general las solicitudes se dirigirán:

  • Al titular de la consejería correspondiente cuando la información obre en su poder, en organismos dependientes de ella o en personas físicas o jurídicas vinculadas a la misma.
  • En caso de que la información se encuentre en poder de distintos órganos, será suficiente dirigirse a uno de ellos.

Tramitación:

Si la información solicitada no se encuentra en poder del órgano al que se ha dirigido la solicitud, ya sea de forma parcial o total, el plazo para que el órgano u órganos que están en posesión de dicha información la remitan al órgano que está tramitando la solicitud es de 10 días.

Si la solicitud adoleciese de alguna deficiencia subsanable el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que se concederá al solicitante un plazo de 10 días para subsanar.

Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros se les concederá un plazo de 15 días para que puedan formular alegaciones.

El plazo para resolver la solicitud de acceso es de un mes desde la recepción de la solicitud que solo podrá ampliarse por otro mes si el volumen o la complejidad de la información así lo justificasen. Si transcurrido el plazo máximo para resolver no se ha dictado y notificado resolución expresa, esta se entenderá desestimada.

Resolución:

El pronunciamiento de la resolución podrá ser de estimación, de estimación parcial o de desestimación.

La resolución que deniegue el acceso a la información solicitada, que conceda el acceso de forma parcial, se conceda a través de una modalidad distinta a la solicitada o se conceda a pesar de la oposición de un tercero deberá ser una resolución con motivación expresa.

En el último supuesto, es decir, cuando el acceso se conceda a pesar de la oposición de un tercero, dicho acceso no podrá materializarse hasta que transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución.

La impugnación de las resoluciones expresas o presuntas en esta materia podrá interponerse potestativamente y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, ante la Comisión de Transparencia.

Forma de acceso a la información pública solicitada:

Concedido el acceso este debe materializarse en un plazo no superior a 10 días, preferentemente por vía electrónica y con carácter gratuito.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Transparencia en la compra pública ,

Adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad

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La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat, ha dictado el Informe 2/2016 de 6 de abril, en el que se pronuncia sobre los supuestos de utilización del procedimiento negociado al amparo de lo dispuesto en el artículo 170 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para los casos de exclusividad.

El artículo 170 d) del TRLCSP habilita la utilización del procedimiento negociado sin publicidad “cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relaciones con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”.

Como dispone el artículo, y prolijamente desarrolla la Junta Consultiva, la circunstancia esencial para aplicar el procedimiento negociado por la causa del artículo 170 d) del TRLCSP es que objetivamente exista una única empresa o profesional capacitado para realizar la prestación objeto del contrato, ya sea por una razón técnica, artística, o de derechos de exclusiva, de manera que sea innecesaria la licitación del contrato, ya que no existe posibilidad de promover la concurrencia.

Y es que aquí reside la problemática de este procedimiento, en la restricción que se produce tanto en la concurrencia y la publicidad, como en la regla del TRLCSP, que obliga a solicitar ofertas al menos a tres empresas cuando ello sea posible.

A esto, añade la Junta Consultiva, hay que sumar que debe ser el órgano de contratación quien asuma la carga de la prueba de que concurren las circunstancias que habilitan la aplicación de este procedimiento, justificando y acreditando la exclusividad que se requiere para acudir a él.

De esta forma, y por poner un ejemplo, “la localización de una empresa no puede justificar acudir a un procedimiento excepcional sin publicidad previa ni concurrencia, ya que no constituye, por si misma, una razón técnica indicativa de que sólo una única empresa puede prestar este servicio”.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Procedimiento Negociado Sin Publicidad ,

La utilización del DEUC

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El artículo 2.4.c) del real Decreto 30/1991, de 18 de enero, por el que se establece el régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, atribuye a esta la competencia para “exponer a los órganos de contratación las recomendaciones e instrucciones que considere pertinentes en función de la competencia que le está atribuida”.

En base al artículo reproducido, y teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en la Directiva de Contratación Pública 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo como especialmente en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7, de la Comisión, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación, la Junta Consultiva trata de confeccionar una guía para la aplicación uniforme del mismo por parte de todos los órganos de contratación del mismo.

Recomendaciones.

La Directiva, en su artículo 59, establece que los órganos de contratación aceptarán como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar en un procedimiento de licitación el denominado “documento europeo único de contratación”, que está conformado por una declaración formal y actualizada de la empresa interesada, que sustituye la documentación acreditativa de estos requisitos, confirmando que la empresa cumple los mismos y que cuenta con las condiciones de aptitud exigidas.

Las recomendaciones fijan orientaciones para su inclusión en los pliegos y fijan el alcance y ámbito del DEUC:

  • El DEUC como declaración responsable.
  • Régimen jurídico del DEUC.
  • Ámbito de aplicación del DEUC.
  • Los pliegos y el DEUC.
  • Nuevo ámbito de aplicación de la declaración responsable del artículo 146.4 del TRLCSP.

Asimismo, se establecen también determinadas orientaciones para la cumplimentación del DEUC relativas a:

  • Parte I: Recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación.
  • Parte II: Recoge información sobre la empresa interesada.
  • Parte III: Relativa a los motivos de exclusión.
  • Parte IV: Relativo a los criterios de selección.
  • Parte V: Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.
  • Parte VI: Relativa a las declaraciones finales.

Como vemos, los esfuerzos se encaminan a lograr una aplicación uniforme del DEUC por parte de todos los órganos de contratación.

Por último, cabe añadir que los efectos de la Recomendación que hemos tratado resultarán aplicables desde la entrada en vigor de la Directiva, el próximo 18 de abril de 2016, y quedará sin efecto el día en que entre en vigor la normativa que realice la completa transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Directiva Contratación Pública , ,

Medidas aprobadas para la compra pública de medicamentos en Castilla-León

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En septiembre de 2015 se publicaba el Informe de Fiscalización del procedimiento de contratación en la atención especializada sanitaria, con especial referencia a los suministros de farmacia, en el ejercicio 2012 realizado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León emitido en su condición de órgano de fiscalización competente para el examen de los expedientes referentes a contratos celebrados por los entes sujetos a fiscalización.

En este informe se proponían una serie de medidas que han sido aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en los términos que a continuación se exponen, a través de la Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Medidas aprobadas.

Las medidas propuestas por el Consejo de Cuentas en el Informe de Fiscalización y que han sido aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda son las siguientes:

  • Reducir el volumen de gasto en suministro farmacéutico que se efectúa acudiendo a la contratación menor.
  • Mayor adquisición de especialidades farmacéuticas genéricas.
  • Incrementar la utilización del procedimiento negociado de contratación justificado en los derechos de exclusividad de la empresa farmacéutica, tal y como establece el artículo 170 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
  • Respeto de los requisitos mínimos exigidos para la utilización del contrato menor (límite en los importes de las facturas y aprobación previa del gasto por el órgano competente).
  • Aumentar el número de efectivos destinados a la dispensación y adquisición de productos farmacéuticos así como los efectivos de las unidades de contratación y servicios de suministros para poder asumir el aumento de carga de trabajo.
  • Acelerar la implantación del sistema de prescripción electrónica intrahospitalaria así como la utilización progresiva del programa SATURNO para gestionar las compras de medicamentos.
  • Aprobación de un manual de procedimiento de contratación, no ligado tanto a los aspectos establecidos en el ordenamiento jurídico, sino a otros relacionados con la organización de todo el procedimiento de adquisición de medicamentos: planificación de necesidades, previsiones de consumo, formas de adquisición, criterios de solicitud y valoración de ofertas así como de negociación con proveedores, modos de tramitación de los pedidos y sus órganos competentes para realizarlos, etc.
  • Establecimiento de un plan global de compra de especialidades farmacéuticas.
  • Estudiar la conveniencia de crear a nivel autonómico una Comisión de Farmacia y Terapéutica, como órgano colegiado que establezca una Guía fármaco terapéutica para todos los centros hospitalarios de la Comunidad, al objeto de unificar criterios con respecto a la inclusión de principios activos o su retirada cuando su eficiencia sean consideradas insatisfactorias; comparar y poner en común estudios fármaco económicos que permitan identificar buenas prácticas y protocolizaciones más adecuadas.
  • Creación de un reglamento de funcionamiento de la Comisión de Farmacia y Terapéutica.
  • Vinculación de los Acuerdos Marco para todos los centros incluido el HURH que no aplica esta técnica de contratación.
  • Promover la adhesión a los acuerdos marco estatales.
  • Adopción de medidas tendentes a aumentar el nivel de cumplimiento de alguno de los indicadores del PAG 2012 como son los relativos al gasto total de farmacia hospitalaria.
  • Entablar y desarrollar negociaciones a nivel regional con laboratorios suministradores de productos de alto impacto en el gasto farmacéutico e instrumentar los procedimientos contractuales de compras centralizadas de medicamentos que permitan influir de manera estratégica en las rebajas de los costes finales de adquisición. A su vez, el resultado de dichas negociaciones deberían dar lugar a decisiones vinculantes para todos los centros hospitalarios de la Comunidad.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Medicamentos, Procedimientos de Racionalización de la compra pública , ,

Se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente de los centros adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

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La Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable, ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, establecen y regulan el control financiero en el sector público y atribuyen a la Intervención General de la Comunidad de Madrid la competencia para su ejercicio y para dictar las instrucciones pertinentes a tal fin.

La reciente Resolución de 9 de marzo de 2016, ha dictado las instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente de los centros adscritos al Servicio Madrileño de Salud, que no se encuentran sujetos a fiscalización previa.

El control financiero se ejercerá por las Unidades de Control Financiero, y la ejecución de las actuaciones de control financiero permanente se realizarán a través del plan anual de auditorías, el cual determinara las áreas que deban ser objeto de control.

En el ejercicio de las funciones de control financiero permanente se deberán examinar cuantos antecedentes, documentación e información sean precisos a efectos de las actuaciones de control, así como consultar la información contenida en los sistemas informáticos de gestión que sea relevante.

El resultado de estas actuaciones se documentará en informes escritos, los cuales deberán exponer de forma clara, objetiva y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control que permitan introducir mejoras que ayuden a corregir las deficiencias detectadas.

Estos informes son emitidos por los responsables de las Unidades de Control Financiero y tendrán el carácter de provisional, teniendo que ser remitidas al titular del órgano gestor para poder efectuar éste las alegaciones que considere convenientes. Sobre la base del informe provisional y las alegaciones recibidas del órgano gestor se emitirá el correspondiente informe definitivo, el cual se remitirá al titular del centro objeto de control y al órgano que tenga atribuida la dirección del SERMAS.

Control finanaciero permanente , ,

El efecto directo de la Directiva de Contratación Pública. Su aplicación a la compra de medicamentos y productos sanitarios.

Logo TESERA_RGB AzulTeSera de HoSpitalidad ha organizado en Madrid la primera jornada dirigida a los proveedores de la Administración Sanitaria, con el objetivo de explicar las novedades que a partir del 18 de abril se van a producir en la compra pública de medicamentos y productos sanitarios.

El motivo es que en esa fecha finaliza el plazo de transposición de la nueva directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios.

Como consecuencia de la actual situación política, no ha sido posible someter al trámite parlamentario el texto de la nueva ley de contratos del sector público.  Ahora bien, esto no significa que la Directiva no despliegue su efecto directo vertical, entrando en vigor determinados artículos que podrán ser invocados por los proveedores y aplicados por los órganos de contratación en dos semanas.

Por este motivo hemos creído conveniente iniciar un programa formativo que tiene por objeto explicar los aspectos de la Directiva que tendrán plena aplicación a partir de esa fecha con ánimo de solventar las dudas que puedan surgir y, sobre todo, de estar preparados para poder dar respuesta a cualquier requerimiento que los hospitales públicos puedan hacer en el marco del nuevo sistema normativo.

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Para ello hemos dado las pautas para, a modo de programa de Mentoring, acompañar a las empresas proveedoras en esta etapa llena de retos y nuevas responsabilidades.

Y todo ello para:

  • No perder las oportunidades que ofrecen las nuevas formas innovadoras de compra.
  • Diferenciar entre la compra de innovación y las formas innovadoras de compra.
  • Adecuarse a la contratación electrónica utilizando las experiencias de las CCAA mas pioneras y las experiencias de otros países.
  • Conocer las nuevas formas de relacionarse con los proveedores. De proveedor a socio estratégico de la Administración.
  • Dar las pautas necesarias para colaborar activamente con los proveedores en la definición de la necesidad a través de las fases de negociación y de las consultas preliminares del mercado.
  • Y, sobre todo, familiarizarse con la nueva terminología y con el espíritu del nuevo marco legal que se despliega a partir del 18 de abril.
Directiva Contratación Pública, Formación Continuada , , ,

Nueva jornada: La Compra Pública de Medicamentos y Productos Sanitarios.

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Esta tarde TeSera ha tenido el gusto de compartir con Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid y de Castilla La Mancha, una interesante jornada en la que se han explicado los modelos de compra pública y las dificultades que esta legislación genera en la compra de medicamentos.

Sin olvidar los procedimientos tradicionales (abierto y negociado) hemos profundizado en el funcionamiento de la subasta electrónica, el sistema dinámico de contratación, los catálogos electrónicos, las consultas preliminares del mercado y la objetivización de los criterios de calidad en el marco del MEAT.

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Junto con TeSera, Antonio Rojo y Juan Carlos Crespo (socios de KeyLates) han expuesto las oportunidades que la nueva legislación de compra pública -cuya eficacia se desplegará a partir del 18 de abril- ofrece en el marco de las nuevas fórmulas innovadoras de compra, lo que permiten la incorporación de servicios que generan valor añadido mas allá del suministro del producto (“Beyond the Pill”).

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Hemos pasado una tarde fantástica en compañía de grandes profesionales. ¡Gracias a todos por vuestra participación!.

Directiva Contratación Pública, Formación Continuada , ,

TeSera participa en el IV encuentro Market Access organizado por Unidad Editorial

 

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El 31 de marzo se ha celebrado en el Auditorio de Unidad Editorial el IV Encuentro Market Access con la temática siguiente: El acceso a la Innovación y la sostenibilidad del SNS.

Durante la jornada se han analizado, entre otros, los siguientes temas:

  1. Los retos en la gestión de la incorporación de la innovación terapéutica.
  2. Las medidas de racionalización del gasto en la compra de medicamentos y productos sanitarios en busca de la eficiencia.
  3. Los biosimilares como herramienta para la sostenibilidad del SNS.

TeSera ha participado en la segunda mesa de la jornada, que se ha desarrollado bajo el título “Medidas de Racionalización del gasto en la compra de medicamentos y productos sanitarios, en busca de la eficiencia”.

Hemos tenido la suerte de contar como compañeros de mesa con D. Jose Manuel Ventura Cerdá (Subdirector General de Optimización e Integración Terapéutica de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat Valenciana) y Dña. Maria José Calvo Alcántara (Subdirectora General de Farmacia y Productos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud). Como moderador de la jornada, D. Lluis Bohigas (miembro de la Junta Directiva del Grupo RIMA), ha aportado valor al debate enriqueciendo el desarrollo de la misma.

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Jose Manuel ha expuesto las instrucciones y algoritmos de decisión terapéutica Corporativos de la Conselleria de Sanitat; Mª José ha expuesto la política de compra de medicamentos de la Comunidad de Madrid y las medidas de racionalización del gasto.

Por su parte TeSera ha expuesto las fórmulas innovadoras de compra que los órganos de contratación podrán aplicar a partir del 18 de abril, una vez finalizado el plazo de transposición de la nueva Directiva sobre contratación pública, con las que:

  1.  Podrán incorporarse en los procedimientos de compra pública fórmulas de eficiencia, seguridad y efectividad en la compra de medicamentos y productos sanitarios, utilizando el criterio del MEAT o facilitando la incorporación de innovación con el Sistema Dinámico de Contratación, las Consultas Preliminares del Mercado, la Asociación para la Innovación o los catálogos Electrónicos.
  2. Se facilitará el paso de proveedor a socio estratégico de la Administración a través de instrumentos jurídicos como los contratos mixtos o los convenios de colaboración.
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Se regula la organización y funcionamiento de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Extremadura.

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La Junta de Extremadura creó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Extremadura mediante el Decreto 6/2003, de 28 de enero.

Se trata de un órgano especializado, de carácter asesor y consultivo, en materia de contratación administrativa.

Pues bien, el tiempo transcurrido desde la aprobación del citado Decreto, los cambios normativos y estructurales de las distintas Consejerías aconsejaban adecuar la normativa reguladora de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, labor esta, que acaba de abordarse a través del Decreto 16/2016, de 1 de marzo.

Funciones: 

De conformidad con el Decreto 16/2016, de 1 de marzo, el ámbito funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, como órgano consultivo comprenderá:

  • Su intervención preceptiva en aquellos casos en que la normativa vigente lo exija.
  • La emisión de informes sobre cuestiones sometidas a su conocimiento en materia de contratación administrativa a instancia de los órganos legitimados.
  • La supervisión y tutela de la contratación administrativa,
  • Elaboración de propuestas de normas, criterios de aplicación, recomendaciones en materia de homogeneización y simplificación de la documentación.
  • Elaboración de estudios.
  • El mantenimiento de las relaciones con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los órganos equivalentes del resto de Comunidades Autónomas.

Con respecto a sus órganos instrumentales, ha de tenerse en cuenta lo siguiente:

  • Con relación al Registro Oficial de Licitadores, definido como instrumento auxiliar de contratación pública tiene por objeto facilitar la concurrencia de empresarios y profesionales, así como agilizar y simplificar la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos.
  • Respecto del Registro de Contratos el Decreto 16/2016, de 1 de marzo, dispone que el mismo se integrará orgánicamente en la Consejería competente en materia de hacienda, adscrito a la Intervención General y bajo la dependencia directa del titular del Servicio de Fiscalización. Dispondrá de una base de información a fin de desempeñar un control estadístico de los contratos formalizados, informar a los órganos de contratación y, en su caso, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de los contratos e incidencias derivadas de la ejecución de los mismos y finalmente la comunicación de datos de los contratos e incidencias inscritos en el mismo al Registro de Contratos del Sector Público.

En conclusión:

La Junta de Extremadura, consciente de la cada vez mayor dimensión de la Administración Autonómica y de su importante papel como demandante de bienes y servicios y por tanto como impulsora de la actividad económica privada, continua la labor de desarrollo autonómico de la normativa estatal, con el fin de mejorar el funcionamiento y la eficacia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

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Modelo normalizado de solicitud de acceso a la información pública de los órganos del sector público de Galicia.

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La orden de 3 de marzo de 2016, tiene por objeto aprobar el modelo normalizado de solicitud de acceso a la información pública de la Administración general y de las entidades integrantes del sector público autonómico de Galicia. Y ello de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 26 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

La solicitud de información deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información y deberá presentarse en la Secretaría General de la Presidencia y en las secretarías generales técnicas de las respectivas consellerías, según la materia objeto de la solicitud, que serán las encargadas de remitirlas, en su caso, a los órganos competentes para su tramitación y resolución.

La presentación se hará preferiblemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia que lleva implícita la utilización de documento nacional de identidad electrónico o cualquiera de los certificados electrónicos reconocidos por la sede electrónica da Xunta de Galicia.

La resolución de concesión o denegación del acceso debe notificarse a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo solicitasen en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Transcurrido este plazo máximo sin que se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

En conclusión, con la creación de este modelo normalizado la Comunidad Autónoma Gallega facilita el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de las  entidades integrantes del sector público autonómico de Galicia dando cumplimiento a la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno que obliga a la Administración a proporcionar modelos normalizados de solicitudes y canales electrónicos para facilitar la tramitación de las solicitudes de información imprescindibles para garantizar la plena eficacia del Principio de Transparencia de la Administración Pública.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Transparencia en la compra pública ,