Ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Castilla-León.

Logo TESERA_RGB Azul

En Castilla y León el derecho de acceso a la información pública se consagra en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana que al efecto prevé la regulación de un procedimiento de desarrollo que garantice la adecuada tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública en la comunidad autónoma.

En cumplimiento de dicha previsión se ha aprobado el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo cuyos aspectos más relevantes pasamos a analizar a continuación.

Quién puede solicitar el acceso:

El DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que podrá formular solicitud de acceso a la información pública cualquier persona física o jurídica.

Qué se entiende por información pública:

A este efecto el Decreto aclara que por información pública se entiende aquella información elaborada o adquirida por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sea cual sea su formato o soporte.

Contenido de la solicitud:

  • El solicitante indique su identidad,
  • La información cuyo acceso se solicita,
  • El órgano al que se dirige,
  • La dirección de contacto,
  • El método de acceso a la información, es decir presencial o telemático.

Dónde se presenta:

La presentación de la solicitud de acceso se hará en cualquiera de los lugares previstos en la normativa básica sobre procedimiento común de las administraciones públicas o a través del modelo de solicitud electrónica disponible en el Portal de Gobierno Abierto www.tramitacastillayleon.jcyl.es

A quién se dirige:

Con carácter general las solicitudes se dirigirán:

  • Al titular de la consejería correspondiente cuando la información obre en su poder, en organismos dependientes de ella o en personas físicas o jurídicas vinculadas a la misma.
  • En caso de que la información se encuentre en poder de distintos órganos, será suficiente dirigirse a uno de ellos.

Tramitación:

Si la información solicitada no se encuentra en poder del órgano al que se ha dirigido la solicitud, ya sea de forma parcial o total, el plazo para que el órgano u órganos que están en posesión de dicha información la remitan al órgano que está tramitando la solicitud es de 10 días.

Si la solicitud adoleciese de alguna deficiencia subsanable el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que se concederá al solicitante un plazo de 10 días para subsanar.

Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros se les concederá un plazo de 15 días para que puedan formular alegaciones.

El plazo para resolver la solicitud de acceso es de un mes desde la recepción de la solicitud que solo podrá ampliarse por otro mes si el volumen o la complejidad de la información así lo justificasen. Si transcurrido el plazo máximo para resolver no se ha dictado y notificado resolución expresa, esta se entenderá desestimada.

Resolución:

El pronunciamiento de la resolución podrá ser de estimación, de estimación parcial o de desestimación.

La resolución que deniegue el acceso a la información solicitada, que conceda el acceso de forma parcial, se conceda a través de una modalidad distinta a la solicitada o se conceda a pesar de la oposición de un tercero deberá ser una resolución con motivación expresa.

En el último supuesto, es decir, cuando el acceso se conceda a pesar de la oposición de un tercero, dicho acceso no podrá materializarse hasta que transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución.

La impugnación de las resoluciones expresas o presuntas en esta materia podrá interponerse potestativamente y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, ante la Comisión de Transparencia.

Forma de acceso a la información pública solicitada:

Concedido el acceso este debe materializarse en un plazo no superior a 10 días, preferentemente por vía electrónica y con carácter gratuito.

 http://www.teseradehospitalidad.es/es/

____________

Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Transparencia en la compra pública ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*