Se clausura el primer master de Contratación Publica Sanitaria y Compliance de TeSera y Sedisa

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El pasado 8 de julio se celebró en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el acto de clausura del primer master de Contratación Pública Sanitaria y Compliance organizado por TeSera de HoSpitalidad y Sedisa.

La mesa de clausura contó con la presencia de Jose Soto Bonel, Jesus Vidart, Cesar Pascual, Maria Magide, Sergio Alonso Puente y Joaquín Estevez, con los que disfrutamos escuchándolos.

Desde aquí queremos dar nuestro agradecimiento a alumnos y profesores. No nos olvidaremos de las “Administration Girls”, ni de “los guapos”, ni de “los copiotas”, ni de los “empollones”, ni de los “mas veteranos”, ni de “las chicas guerreras” ni de las preguntas capciosas a las diez de la noche del viernes … como por ejemplo … cuando nuestra asturiana favorita en la clase de Carlos Mur, pregunta mas o menos algo asi …. “Pero Carlos … que opinas de los techos de gasto” ….. y esto, repito,  a las diez de la noche.

Ni por supuesto nos olvidaremos del jamón serrano del Juez Velasco, de los anacardos de Juan Carlos Melián, del dúo Juanjo Perez Blanco y Pablo Torres que tanto nos hizo reír, de la dulzura de Ana Mera que tan agradablemente nos expuso su increíble día a día como Jefe de Suministros y Contratación, del incansable Gimeno, del cariño con el que Iñigo Segrelles coordinó con nosotros el módulo de compliance penal y de todos y cada uno de los mas de 35 profesores que nos han acompañado durante estos meses.

Mención especial a Antonio Serrano que siempre ha estado ahí para ayudarnos en todos los aspectos logísticos y, por supuesto a los patrocinadores.

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Sin la fuerza y unión de todos vosotros no habría sido posible llegar al día de hoy con los deberes hechos y con la sensación de haber cumplido nuestro objetivo: construir un foro de opinión e innovación en la planificación y gestión de la compra pública sanitaria al que pretendemos darle continuidad con la segunda edición del master de contratación pública sanitaria y compliance que iniciará su andadura en enero de 2017.

Junto con nuestro coordinador Ariel Román, nuestra amiga y Secretaria Académica, Cuny Antunez y mis socios y queridos amigos Elena Miguel y Carlos Urzaiz trabajamos ya con la misma ilusión que hace un año, para que la próxima promoción disfrute junto a TeSera de la contratación pública sanitaria.

De esta forma, con el objetivo de contribuir a la profesionalización de los gestores de la compra pública de medicamentos, productos sanitarios, equipos y sistemas estamos preparando un programa que permita tener a los alumnos una visión de 360º de la contratación pública, ahondando en las formas innovadoras de compra que la nueva Directiva de contratación nos ofrece.

Teniendo en cuenta que nos vamos a mover en un entorno legislativo complejo, pendientes de la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el nuevo programa formativo ofrecerá a Administración e industria la posibilidad de conocer las herramientas que la nueva normativa de contratación pone a su disposición para la búsqueda de soluciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema.

Figuras como los techos de gasto, el pago por resultados, el coste-eficiencia o el ciclo de vida del producto, deben de integrarse en los procesos de selección de los contratistas.

Y para ello en nuestra “original caja de herramientas”, encontramos los contratos mixtos, los nuevos procedimientos negociados, las consultas preliminares al mercado, la compra de innovación y otras muchas alternativas contractuales que la legislación recoge, y que garantizan en todo momento, la publicidad, la transparencia, la concurrencia, la igualdad, la proporcionalidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad, como principios básicos que integran la piedra angular del sistema.

Este será por tanto uno de los principales objetivos de la segunda edición del master, en el que, utilizando una metodología vivencial basada en las dinámicas de grupo, compartiremos experiencias con un fabuloso elenco de profesores, todos ellos profesionales de la compra pública provenientes de la Administración y de la industria.

¡Os esperamos!.

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Master Contratación Pública Sanitaria ,

Presentación de una muestra del producto para verificar la solvencia técnica del licitador en un expediente de contratación.

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¿Resulta admisible que los Pliegos de un contrato exijan la presentación de una muestra del producto a suministrar, para verificar la solvencia técnica de los licitadores y como criterio de adjudicación?.

¿La muestra presentada puede ser posteriormente valorada en la fase de adjudicación?. O por el contrario, ¿debe entenderse que en la fase de adjudicación el licitador deberá presentar otra muestra acompañando a su proposición, distinta de la que presentó como muestra para ser valorada en la acreditación de la solvencia técnica?.

La exigencia de muestras del producto a suministrar como requisito de admisibilidad o solvencia, tiene su amparo legal en la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con la cual, en los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios se acreditará, entre otros medios, a través del “muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar”.

Por tanto, una interpretación literal de la norma nos llevaría a una respuesta afirmativa esto es la adecuación a la normativa contractual de que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de suministro se exija la presentación de muestras de los productos a suministrar como criterio de solvencia.

Pero no deja de ser menos cierto que, como es bien sabido, en todo procedimiento de adjudicación de un contrato, cualquiera que sea el que se aplique, abierto, restringido y/o negociado, se diferencian, con sus propias particularidades, dos fases:

 1º.- La primera dedicada a valorar la documentación acreditativa de las características jurídicas de la empresa, su solvencia y, en su caso, la acreditación del depósito de garantías provisionales, que son analizadas por la Mesa de Contratación.

 2º.- La segunda en la que, respecto de las empresas admitidas se procede a la apertura de estas que han permanecido cerradas hasta entonces sin poderse conocer su contenido.

En los contratos de suministros, es posible exigir la presentación de muestras de los productos a suministrar tanto para ser valorada en fase de solvencia como en fase de adjudicación, siempre que estén dirigidos a identificar la aptitud de la empresa para ejecutar un contrato, en cuanto se refiere a la acreditación de la solvencia, y cuando sean adecuados al importe y al objeto del contrato y que lo sean para poder valorar la oferta concreta que la empresa considere realizar.

De esta forma, en el supuesto de que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se exija la presentación de muestras para ser valoradas en fase de solvencia y en fase de valoración de las ofertas, habida cuenta que sus características han de ser distintas, tal opción resulta posible siempre que su tratamiento sea diferenciado y se mantenga el secreto de las proposiciones.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es), una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Criterios de Valoración, Muestras, Solvencia ,

Tres claves para preparar un recurso especial en materia de contratación administrativa.

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La creación de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública ha provocado un aumento considerable de los recursos planteados por los proveedores de los Hospitales Públicos.

Tradicionalmente, las empresas proveedoras han sido reacias a la presentación de cualquier reclamación contra las decisiones adoptadas por los órganos de contratación de los hospitales públicos en los procesos de selección de sus contratistas.

El motivo principal lo encontramos en que el propio hospital que había dictado la resolución objeto de impugnación, era el que en vía administrativa, decidía la estimación o la desestimación de las alegaciones presentadas.

La Ley 34/2010 de 5 de agosto, creó un órgano especializado para el conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación.

A raíz de la entrada en vigor de esta norma, las Comunidades Autónomas fueron creando sus propios tribunales o en su caso, han procedido a la firma de convenios de colaboración con el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

Ante los mismos, los laboratorios farmacéuticos y las empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras de medicamentos y productos sanitarios han incrementado considerablemente sus reclamaciones contra:

  • Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias.
  • Las resoluciones por las que se excluye a un licitador por incumplimiento de los requisitos mínimos de obligado cumplimiento recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias.
  • Las resoluciones de adjudicación dictadas en el marco de los procedimientos de selección de los proveedores.

Ahora bien, la decisión de presentar un recurso, debe de ir acompañada de una buena preparación de los argumentos de los que se dispone. Tomar la decisión de recurrir basándose en una mera decisión comercial, sin disponer de suficientes argumentos para fundamentarlo, es un error que puede llevar consigo la imposición de una sanción cuando el objetivo del recurso es tan solo retrasar la formalización de un contrato o una convocatoria.

¿Cuáles son las tres claves para la preparación de un recurso especial?.

Veámoslas:

1.- Identificar qué acto administrativo queremos recurrir.

Aunque parezca obvio, en la práctica no siempre se recurre el acto administrativo correcto.
Por ejemplo: No puede recurrirse una adjudicación si el fundamento se encuentra en que una cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares o de prescripciones técnicas no es acorde a la legislación vigente.

2.- Identificar los plazos de los que se dispone para recurrir cada uno de los actos administrativos susceptibles de recurso.

De esta forma:

  • Si se recurren los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias: 15 días hábiles a contar desde que los pliegos han sido puestos a disposición de los licitadores.
  • Si se recurren las resoluciones por las que se excluye a un licitador por incumplimiento de los requisitos mínimos de obligado cumplimiento recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias: 15 días hábiles a contar desde que se ha notificado la resolución de exclusión.
  • Si se recurren las resoluciones de adjudicación dictadas en el marco de los procedimientos de selección de los proveedores: 15 días hábiles  a contar desde el envío de la resolución de adjudicación por parte del órgano de contratación.

3.- Preparar la argumentación para la presentación del recurso.

Para ello:

3.1.- Si se recurren los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias:

 a) Repaso de las prescripciones técnicas:

  • Identificación de prescripciones técnicas que solo puedan ser cumplidas por un único proveedor.
  • Identificación de marcas o nombres comerciales de las empresas competidoras.
  • Identificación de los lotes objeto de la convocatoria y, en su caso, de los sublotes o partidas a los que deba concurrirse en su totalidad y que se hayan configurado por el hospital de forma que solo pueda ser ofertado por un licitador.
  • Identificar aquellas prescripciones técnicas en las que el hospital no aporta la información necesaria para la presentación de una oferta competitiva, primando en este caso a la empresa contratista en el momento de la convocatoria.

b) Repaso de los criterios de valoración recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

  •  Identificación de los criterios de valoración que solo pueden ser cumplidos por un único licitador y su ponderación.
  • Identificación de criterios de valoración indeterminados en los que el licitador no conoce lo que va a valorarse con exactitud.

c) Repaso de los criterios de selección recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

Identificación de los criterios de selección que limiten la concurrencia en el mercado. Por ejemplo: Aquellos que impidan a una empresa de nueva creación licitar por no acreditar sus ventas en los productos o servicios objeto de la convocatoria en los tres años anteriores a la convocatoria.

3.2.- Si se recurren las resoluciones por las que se excluye a un licitador por incumplimiento de los requisitos mínimos de obligado cumplimiento recogidos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los que se rigen las convocatorias: Identificación de la exclusión y de la causa de la misma.

3.3.- Si se recurren las resoluciones de adjudicación dictadas en el marco de los procedimientos de selección de los proveedores:

  • Identificar la puntuación técnica y la puntuación económica obtenida por el adjudicatario.
  • Solicitar el acceso a los informes técnicos elaborados para la propuesta de adjudicación.
  • Solicitar el acceso a la documentación integrante del expediente de contratación de la empresa adjudicataria.
  • Solicitar la motivación de la adjudicación.
  • Elaborar un informe relativo al cumplimiento o no de prescripciones técnicas y al cumplimiento o no de los criterios de valoración por parte de la empresa adjudicataria en relación con la empresa recurrente.

EN CONCLUSIÓN:

Si bien con la creación de los tribunales para la resolución de los recursos contractuales ha aumentado considerablemente la interposición de reclamaciones contra las resoluciones dictadas por los hospitales públicos en los procesos de selección de los contratistas, es necesario que el recurrente prepare adecuadamente la fundamentación técnico-jurídica necesaria.

La decisión de presentar un recurso, no debe tomarse teniendo en cuenta únicamente las consecuencias comerciales, puesto que un recurso poco fundamentado o interpuesto con ánimo de retrasar la formalización del contrato o una convocatoria puede concluir con la imposición de una sanción económica para el recurrente.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es), una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.
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Normas para realizar una correcta valoración de las ofertas de los licitadores

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 La Ley de Contratos del Sector Público dispone que, para la valoración de las proposiciones y determinación de la oferta económicamente más ventajosa, el órgano de contratación podrá:

  • Utilizar un único criterio de adjudicación, que en este caso será necesariamente el de precio mas bajo.
  • Aplicar varios criterios que deberán estar directamente vinculados al objeto del contrato.

En el supuesto de mas de un criterio de adjudicación tiene que darse preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos, para salvaguardar los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la contratación pública.

Asimismo, para la valoración de los criterios establece la obligación de evaluar primero los no cuantificables automáticamente que requieren de la aplicación de un juicio de valor para su ponderación.

Además, la Ley ha introducido como medida para garantizar una mayor imparcialidad en las licitaciones que, cuando los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan una ponderación superior a la otorgada a los criterios evaluables de forma automática, la valoración de los criterios no sujetos a aplicación de fórmulas deberán encomendarse a un comité de expertos, no integrados en el órgano proponente del contrato, o a un organismo técnico especializado, que estará debidamente identificado en los pliegos.

La apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. La Ley no distingue en este caso,  si para la adjudicación del contrato se ha de tener en cuenta uno o varios criterios, indicando además que en todo caso se realizará en acto público la apertura de la oferta económica, salvo que se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.

Es claro que el plazo máximo de un mes es apropiado cuando se utilice un único criterio de adjudicación y puede resultar también suficiente para los supuestos de adjudicación con varios criterios cuya valoración no sea muy laboriosa atendiendo:

1. Al tipo de evaluación.
2. Si preponderan los criterios de carácter objetivo.
3. Al objeto, si no consiste en pluralidad de prestaciones o productos.
4. Concurrencia, si no se presenta un excesivo número de proposiciones a ponderar.

Este plazo deviene de difícil o imposible cumplimiento, en los siguientes casos:

1. Cuando el procedimiento de adjudicación se articula en varias fases.
2. Cuando el objeto se fracciona en multitud de lotes.
3. Cuando procede la valoración de los criterios no sujetos a fórmulas por un comité de expertos o un organismo técnico especializado.
4. Cuando la complejidad de las ofertas demore su análisis.
5. Cuando concurra un número muy elevado de proposiciones.

Igualmente, hay que tener en cuenta la posibilidad del recibo de proposiciones por correo, y la necesidad de subsanar documentación, lo que dilata aun más la tramitación precisa para la apertura de la oferta económica.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que la Ley no prevé ninguna consecuencia para el supuesto de incumplimiento del plazo, se considera admisible ampliar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos el plazo previsto de un mes para la apertura de las proposiciones.

En CONCLUSIÓN cuando la valoración de los ofertas técnicas tenga cierta complejidad, está justificada la ampliación del plazo de apertura de ofertas económicas, para que se pueda dar cumplimiento a la exigencia de la Ley de Contratos del Sector Público de dar lectura de la puntuación derivada de los Informes Técnicos en el acto de apertura de plicas y antes de la lectura de la oferta económica.
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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es), una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.
Criterios de Valoración ,

Conozcamos los procesos de selección de proveedores del sector sanitario. ¿Cómo debe trabajarse en los departamentos de licitaciones públicas de las empresas proveedoras?.

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En el momento actual, el proceso de licitación en los expedientes de selección de los proveedores convocados por los órganos de contratación y por los poderes adjudicadores de la Administración Pública española, es de gran complejidad.

Toda compra que realice una Administración Pública debe someterse a los principios informadores recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (transparencia, igualdad y libre concurrencia) y, por tanto, deben respetarse cada una de las fases que para la selección de los proveedores requiere la legislación vigente.

¿Cuáles son, cómo se definen y en qué consiste cada una de ellas?. Vamos a centrarnos en las mas significativas:

1.- Búsqueda de nuevas convocatorias:

Las empresas proveedoras deben consultar los Boletines Oficiales (Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, Diarios Locales y Portales y Perfiles de Contratación), en busca de nuevas convocatorias.

En el caso de que el expediente convocado sea un Procedimiento Negociado Sin Publicidad la identificación de la convocatoria se realiza a través de la invitación formal enviada por la Administración convocante mediante fax, correo electrónico o correo certificado.

2.- Solicitud de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas por el que se rige la convocatoria:

En el caso de que la empresa tenga interés en concurrir a alguno de los procedimientos convocados, la empresa proveedora debe descargar del Perfil del Contratante los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas por los que se ha de regir la convocatoria con el fin de conocer los productos concretos objeto del contrato y poder tomar la decisión de concurrir o no en el procedimiento.

3.- Análisis de los requerimientos del expediente:

La empresa proveedora debe proceder a leer detenidamente los requisitos que exige la convocatoria con el fin de saber si la empresa está en condiciones de presentarse o no al procedimiento de selección convocado.

En caso afirmativo, la empresa iniciará los trámites previos para la confección del expediente, solicitando a los proveedores internos y a los proveedores externos la información y la documentación necesaria para iniciar la preparación de la propuesta.

4.- Preparación de la propuesta:

Para la confección del expediente hay una información básica que debe ser aportada por los departamentos de la empresa proveedora implicados en los procesos de elaboración de las ofertas:

  • Productos que se van a ofertar.
  • Precios.
  • Acreditación de los criterios objetivos y subjetivos de valoración.
  • Acreditación del cumplimiento de las prescripciones técnicas (descripciones producto, presentación, etc), Información técnica (catálogos, marcado CE –productos sanitarios-, autorizaciones de comercialización, ficha técnica, prospecto, ficha seguridad …).

En definitiva, los objetivos de esta fase del proceso son:

  • Recopilar la documentación administrativa y la generada tras el análisis de los requerimientos del expediente.
  • Generar la oferta económica.
  • Generar la oferta técnica.
  • Preparar las muestras (en caso de que sean solicitadas).
  • Generar los sobres.
  • Preparar el telegrama y la documentación necesaria para el envío del expediente de contratación mediante correo certificado con acuse de recibo o, en su caso para su entrega en el centro personalmente o mediante un servicio de mensajería.

5.- Subsanaciones:

En el caso de que la Administración convocante haya detectado algún defecto subsanable en la documentación integrante del expediente de contratación, la empresa proveedora debe realizar la subsanación de las deficiencias detectadas recopilando en caso necesario, de los diferentes departamentos de la empresa, la documentación y la información requerida para la corrección del error.

6.- Proceso de negociación:

En el caso de que el expediente convocado sea un expediente negociado sin o con publicidad, la Administración convocante puede iniciar una fase de negociación con las empresas proveedoras invitadas al procedimiento, lo que requiere el envío de una nueva cotización mejorando la oferta realizada.

7.- Asistencia al acto público e apertura de las ofertas:

En el Acto de Apertura Pública de las ofertas, la Mesa de Contratación proporciona una información de gran interés para las empresas licitadoras (precios e información técnica).

La asistencia a la misma proporciona a la empresa proveedora información acerca de su admisión en el procedimiento y sobre aspectos del mismo y de las ofertas de los competidores cuyo análisis puede generar informes que justifiquen la adjudicación, que pueden fundamentar un recurso o servir de base para la preparación de la siguiente convocatoria.

8.- Ranking de Licitadores:

Cuando la Administración que tramita el expediente resuelve, publica el ranking de los licitadores que han presentado oferta en el Perfil del Contratante, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo establecido para que la empresa que ha realizado la oferta económicamente mas ventajosa, presente la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos en el plazo de 10 días.

En concreto en este plazo, la empresa seleccionada debe tramitar la constitución de la garantía definitiva, entregar la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con la seguridad social y tramitar el pago de los gastos de publicidad.

9.- Adjudicación:

El órgano de contratación dicta la resolución de adjudicación en los 5 días siguientes a la aportación de la documentación mencionada.

Las empresas que no han resultado adjudicatarias y que consideren que la resolución de adjudicación vulnera sus derechos pueden presentar el recurso correspondiente, en el plazo correspondiente en función del tipo de contrato (sujeto -15 días- o no sujeto a regulación armonizada -1 mes-) que se haya convocado.

10.- Firma del contrato:

En los 5 días siguientes a la finalización del plazo de los 15 días para la presentación del recurso (en el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada) o de la adjudicación (en el caso de los contratos no sujetos a regulación armonizada) se procede a la firma del contrato y se inicia la ejecución del contrato.

EN CONCLUSIÓN: Si bien el proceso es complejo, si las empresas licitadoras diseñan sus propios procesos internos designando plazos y responsables para cada una de las fases, puede facilitarse en gran medida la preparación del expediente y la presentación de la oferta en plazo.

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es), una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Proceso

Nueva regulación de la división del contrato en lotes.

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Una de las finalidades que persigue la nueva Directiva Europea sobre contratación pública, que desplegó su efecto directo el pasado 18 de abril, es facilitar la participación de las PYMEs en la contratación pública.

Entre las principales medidas adoptadas a tal efecto, cabe destacar el fomento de la división de contratos en lotes, conforme a lo previsto en el artículo 46:

  • Se establece como regla general la división en lotes.
  • En caso de no preverse la división, el órgano de contratación deberá justificar su decisión.
  • Los Estados miembros, al transponer la Directiva, podrán imponer como obligatoria la división en lotes para determinados contratos.
  • Puede limitarse el número de lotes en los que pueden participar las empresas.
  • Puede limitarse e número de lotes adjudicados a una misma empresa.
  • Posibilidad de combinar lotes (Oferta integradora). Los Estados miembros podrán regular la posibilidad de adjudicar a una misma empresa varios lotes combinados cuando así se logre una oferta más ventajosa que las restantes ofertas de cada lote.

En definitiva, el marco jurídico plasmado en el artículo 46 de la nueva Directiva pretende animar a los poderes públicos a dividir grandes contratos en lotes para conseguir la doble finalidad de:

  1. Aumentar la competencia.
  2. Acercar la contratación pública a las PYMEs.

Aplicación por los poderes adjudicadores.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña ha fijado unos criterios que pueden tomarse en consideración por parte de los poderes adjudicadores a la hora de determinar las condiciones en las que se va a limitar a las empresas tanto el número de lotes al que pueden presentar oferta, como el número de lotes respecto de los cuales pueden resultar adjudicatarias.

Los principales criterios que se señalan son:

  1. Garantizar una diversificación en la adjudicación del objeto del contrato, siempre que sus características no aconsejen lo contrario, a fin de favorecer a las PYMEs.
  2. Primar la adjudicación a la oferta más ventajosa en cada caso. Así, por ejemplo, si una empresa es la más ventajosa en cuatro lotes distintos y solo puede ser adjudicataria de un máximo de tres (por haberse previsto tal limitación en los pliegos) deberá serlo de aquellos en los que tenga la mejor puntuación en relación con las restantes ofertas, es decir, de los lotes en que sea “más ventajosa”.
  3. Asimismo, cabe la posibilidad de que las empresas manifiesten en sus ofertas la preferencia en cuanto a la adjudicación de diferentes lotes para casos en los que sea la más ventajosa en más lotes de los que le pueden ser adjudicados.
  4. Debe evitarse que queden lotes desiertos. A tal efecto, si una empresa presenta la oferta más ventajosa en más lotes de los que le pueden ser adjudicados (en un caso como el anterior), se puede prever que en todo caso sea la adjudicataria en aquellos lotes en los que su oferta sea la única aceptable, aunque se sobrepase el número máximo de lotes adjudicados.
  5. Garantizar la viabilidad económica de la ejecución del objeto del contrato. Cuando la división de lotes dé lugar a desequilibrios en cuanto a la rentabilidad de los mismos, se puede prever la obligatoriedad de presentar oferta a más de un lote e incluso que la adjudicación recaiga sobre la mejor oferta globalmente considerada.
  6. Deberán concretarse las consecuencias que puede acarrear el hecho de que la empresa que presentó la oferta más ventajosa no sea la adjudicataria de un lote concreto, a tenor de la limitación de lotes susceptibles de ser adjudicados que se hubiera previsto. En concreto, deberán preverse las posibles consecuencias en cuanto a la incursión en presunción de desproporcionalidad o temeridad o a la clasificación de la ofertas.

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Directiva Contratación Pública, Lotes ,

El Acto de Apertura. El funcionamiento de la Mesa de Contratación

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Tal y como se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es obligatorio que las proposiciones indiquen en partida independiente el importe correspondiente al IVA.

Como consecuencia de los problemas que esta exigencia puede generar, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid, dictó su Informe 3/2009 de 10 de junio en el que se plantea lo siguiente:

1ª.- La obligatoriedad o no de la lectura en el acto público de apertura de proposiciones de los tres conceptos: Base Imponible, IVA e Importe total de la oferta.

2ª.- La obligatoriedad o no de la comprobación material del cálculo aritmético en la misma sesión de apertura, teniendo en cuenta que el volumen de licitadores en algunos procedimientos abiertos de este Instituto pueden constituir un severo inconveniente.

3ª.- De ser obligatoria la comprobación, si al observar un error aritmético en alguna proposición por la Mesa de Contratación, éste podría ser causa de exclusión automática de la misma en el acto público de conformidad con el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas por entenderlo como error manifiesto en el importe de la proposición, o por el contrario se debería valorar por la propia Mesa su exclusión o la procedencia de su admisión conforme al artículo 152.3 de la Ley de Contratos del Sector Público con audiencia para su justificación.

Datos que deben ser objeto de lectura en el acto público de apertura de plicas:

La primera cuestión se refiere a si la Mesa de Contratación en el acto público de apertura de proposiciones económicas debe dar lectura exclusivamente al importe total de la oferta correspondiente al presupuesto base de licitación publicado en el anuncio, o a los tres conceptos:

• Base imponible.
• IVA.
• Importe total de la oferta.

En el acto publico de aperturas de proposiciones, el presidente de la Mesa ha de proceder a la lectura de la oferta económica del licitador, que debe estar redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que por aquélla ha de entenderse el presupuesto base de licitación, IVA excluido, de forma que las proposiciones que lo superen habrán de ser rechazadas, según lo establecido en los artículo 20.6 Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y 84 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Por tanto, es indiferente que la Mesa proceda a la lectura de los tres conceptos contenidos en la proposición económica o a uno de ellos, siempre que se trate de la base imponible o del importe total y se exprese claramente si la cuantía incluye o no el IVA, puesto que lo determinante, en todo caso, es el presupuesto base de licitación, IVA excluido, ofertando por el empresario, siendo la imposición tributaria la que legalmente proceda aplicar.

Obligatoriedad o no de la comprobación del cálculo aritmético:

En segundo lugar se plantea la obligatoriedad o no de la comprobación material de cálculo aritmético en la misma sesión de apertura, teniendo en cuenta que el volumen de licitadores en algunos procedimientos abiertos puede constituir un severo inconveniente.

Conviene distinguir si para determinar la oferta económicamente más ventajosa se utilizan pluralidad de criterios o únicamente se acude al criterio precio.

En el supuesto de acudir a pluralidad de criterios, la mesa no formula propuesta de adjudicación en el acto de apertura de proposiciones económicas, ya que como dispone el artículo 160.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, segundo párrafo, podrá solicitar antes de formular su propuesta los informes técnicos que considere precisos, por lo que si se apreciase error en la proposición deberá decidir sobre admisión o rechazo de la proposición dependiendo del tipo de error detectado.

En el caso de que se acuda únicamente para la adjudicación al criterio precio, el artículo 151.1 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone en este caso la oferta más ventajosa económicamente es la que incorpora el precio más bajo y como prevé al artículo 87.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas la mesa formulará en el acto de apertura de proposiciones propuestas de adjudicación provisional a la oferta de precio más bajo, si bien el artículo 160.2 dispone que la propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración.

Exclusión directa de las ofertas que incurran en un error aritmético:

En cuanto a la tercera cuestión, únicamente observar que, conforme al artículo 20.6 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y al artículo 84 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, serán desechadas por la Mesa las proposiciones que:

1. No guarden concordancia con la documentación examinada y admitida.
2. Que excedan el presupuesto base de licitación (entendiendo IVA excluido, como se ha analizado).
3. Que varíen sustancialmente el modelo establecido.
4. Comporten error manifiesto en el importe de la proposición.
5. Existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

No es causa suficiente para el rechazo, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo de proposición económica, sin ello no altera su sentido.

Asimismo, prevalecerá el importe de la oferta expresando en letra sobre el expresado en número, en caso de discrepancia entre ambos, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda otra cosa.

Conclusiones:

1. En el acto público de apertura de proposiciones, la Mesa ha de proceder a la lectura de la oferta económica del licitador, que debe estar redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta que el importe determinante es la base imponible, IVA excluido.

2. La propuesta de adjudicación, como dispone el artículo 160.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración, por lo que si la Mesa detecta con posterioridad a la propuesta de adjudicación provisional la existencia de defectos o errores en la proposición podrá conceder un plazo para su subsanación o rechazar la proposición, mediante resolución motivada si el error la hace inviable.

3. Las proposiciones que superen el presupuesto base de licitación, IVA excluido, o se encuentren en alguna de las circunstancias establecidas en los artículos 20.6 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y 84 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, habrán de se desechadas.
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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es), una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Mesa de Contratación

Funcionamiento de la oficina de Compra Pública Innovadora de Osakidetza

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La Compra Pública Innovadora constituye un mecanismo orientado a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras para atender las necesidades de las Administraciones Públicas, favoreciendo el desarrollo de nuevos mercados desde el lado de la demanda, a través de la contratación pública.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza puso en marcha su Oficina de Compra Pública Innovadora, con el fin de aprovechar al máximo los numerosos beneficios que esta modalidad de contratación brinda tanto a los licitadores como a los órganos de contratación.

La nueva Oficina de Compra Pública Innovadora se crea con un triple objetivo:

  • Mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores.
  • Fomentar la innovación empresarial.
  • Impulsar la internacionalización de la innovación, empleando el mercado público local como cliente de lanzamiento o referencia.

De igual manera, se definen de un modo programático las principales funciones de la oficina:

1. Asesorar a la Dirección General de Osakidetza en la Compra Pública Innovadora para la mejora de los servicios sanitarios, en beneficio del paciente.
2. Coordinar sus acciones sobre Compra Pública Innovadora como cliente de lanzamiento o referencia, de cara a impulsar la comercialización e internacionalización de los resultados.
3. Potenciar las áreas tecnológicas relacionadas con la salud.
4. Realizar la valoración, selección e implementación de los proyectos que se planteen en el ámbito de la Compra Pública Innovadora en el País Vasco.

Conclusiones:

Con el ánimo de adaptarse al nuevo marco jurídico que está por venir, y con el fin de optimizar la utilización de la Compra Pública Innovadora como herramienta no solo para desarrollar nuevas soluciones en el ámbito de la salud, sino también como forma de ahorro en costes para la Administración, el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza crea esta  oficina, llamada a jugar un papel fundamental en el escenario de la contratación pública sanitaria vasca del que, sin duda, todos los usuarios y pacientes se beneficiarán.

 http://www.teseradehospitalidad.es/es/

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Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores.

Compra Pública Innovadora

Guía para la inclusión de Cláusulas Sociales en los contratos públicos de la Generalitat de Catalunya

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La integración de aspectos sociales en la contratación pública ha sido objeto, en los últimos años, de análisis y de regulación mediante instrumentos diversos, tanto a nivel comunitario, como nacional y autonómico.

A estos efectos, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya, ha informado favorablemente, una guía que ayude a los órganos de contratación de la Generalitat a efectuar las reflexiones necesarias en el momento de introducir cláusulas sociales en su actividad contractual ordinaria.

En el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) podemos encontrar una gran cantidad de previsiones en relación con la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público.

Veámoslas:

1.- Integración de cláusulas sociales en la definición del objeto del contrato. Artículo 117. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.

Los pliegos de prescripciones técnicas deben elaborarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todo el mundo, tal como se definen en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

2.- Integración de cláusulas sociales en el artículo 60 relativo a las Prohibiciones de Contratar.

Incurren en prohibición de contratar con la Administración Pública, las empresas que hayan sido sancionadas o condenadas como consecuencia de:

  • Delitos contra los derechos de las personas trabajadoras.
  • Infracciones graves en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
  • Infracciones muy graves en materia social -incluyendo las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales y la falta de afiliación a la Seguridad Social.
  • Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en materia social en el contrato.

3.- Inclusión de cláusulas sociales como medio de acreditar la solvencia de la empresa licitadora. Artículos 74 y ss.

Los órganos de contratación pueden requerir a las empresas licitadoras que acrediten su solvencia técnica mediante una declaración responsable en la que se acredite la plantilla media anual de la empresa, excepto en los contratos de suministro.

4.- Inclusión de cláusulas sociales como medio de ponderar las ofertas a través de los criterios de adjudicación. Artículo 150.

Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que cualquier criterio que el órgano de contratación fije para la ponderación de las ofertas, debe estar directamente relacionado con el objeto del contrato.

Los criterios sociales por tanto pueden fijarse para la ponderación de las ofertas cuando el objeto del mismo responda a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan las personas usuarias o beneficiarias de las prestaciones a contratar.

5.- Las cláusulas sociales en la justificación de la presunta temeridad de la oferta. Artículo 152.

Para justificar la viabilidad de la oferta la empresa presuntamente incursa en temeridad, deba justificar que en su oferta se han tenido en cuenta las disposiciones de protección de la ocupación y las condiciones de trabajo vigentes.

6.- Las cláusulas sociales en caso de empate. La preferencia en la adjudicación. Disposición adicional cuarta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

7.- Las cláusulas sociales como condición especial de ejecución de un contrato público. Artículo 118.

Los órganos de contratación pueden incluir condiciones especiales de ejecución de los contratos.

Estas condiciones pueden hacer referencia a consideraciones de tipo social:

  • Promover la ocupación de personas con particulares dificultades de inserción en el mercado laboral.
  • Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral.
  • Combatir el paro y favorecer la formación en el puesto de trabajo, etc.

8.- La reserva de contratos públicos. Disposición adicional quinta.

Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales.

Como hemos podido comprobar la normativa vigente en materia de contratación pública regula, en todas las fases de los procesos de compra, la forma en la que los órganos de contratación y los poderes adjudicadores pueden incluir en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, cláusulas sociales.

Y todo ello en el marco de las directrices de la Unión Europea.

Basta recordar la Comunicación de la Comisión “Europa 2020: Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador” que recoge, como una de sus siete iniciativas emblemáticas, la creación de una plataforma europea contra la pobreza con el fin de garantizar la cohesión social y territorial.

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Clausulas sociales ,

Ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Castilla-León.

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En Castilla y León el derecho de acceso a la información pública se consagra en la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana que al efecto prevé la regulación de un procedimiento de desarrollo que garantice la adecuada tramitación y resolución de las solicitudes de acceso a la información pública en la comunidad autónoma.

En cumplimiento de dicha previsión se ha aprobado el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo cuyos aspectos más relevantes pasamos a analizar a continuación.

Quién puede solicitar el acceso:

El DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que podrá formular solicitud de acceso a la información pública cualquier persona física o jurídica.

Qué se entiende por información pública:

A este efecto el Decreto aclara que por información pública se entiende aquella información elaborada o adquirida por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma sea cual sea su formato o soporte.

Contenido de la solicitud:

  • El solicitante indique su identidad,
  • La información cuyo acceso se solicita,
  • El órgano al que se dirige,
  • La dirección de contacto,
  • El método de acceso a la información, es decir presencial o telemático.

Dónde se presenta:

La presentación de la solicitud de acceso se hará en cualquiera de los lugares previstos en la normativa básica sobre procedimiento común de las administraciones públicas o a través del modelo de solicitud electrónica disponible en el Portal de Gobierno Abierto www.tramitacastillayleon.jcyl.es

A quién se dirige:

Con carácter general las solicitudes se dirigirán:

  • Al titular de la consejería correspondiente cuando la información obre en su poder, en organismos dependientes de ella o en personas físicas o jurídicas vinculadas a la misma.
  • En caso de que la información se encuentre en poder de distintos órganos, será suficiente dirigirse a uno de ellos.

Tramitación:

Si la información solicitada no se encuentra en poder del órgano al que se ha dirigido la solicitud, ya sea de forma parcial o total, el plazo para que el órgano u órganos que están en posesión de dicha información la remitan al órgano que está tramitando la solicitud es de 10 días.

Si la solicitud adoleciese de alguna deficiencia subsanable el DECRETO, 7/2016, de 17 de marzo establece que se concederá al solicitante un plazo de 10 días para subsanar.

Cuando la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros se les concederá un plazo de 15 días para que puedan formular alegaciones.

El plazo para resolver la solicitud de acceso es de un mes desde la recepción de la solicitud que solo podrá ampliarse por otro mes si el volumen o la complejidad de la información así lo justificasen. Si transcurrido el plazo máximo para resolver no se ha dictado y notificado resolución expresa, esta se entenderá desestimada.

Resolución:

El pronunciamiento de la resolución podrá ser de estimación, de estimación parcial o de desestimación.

La resolución que deniegue el acceso a la información solicitada, que conceda el acceso de forma parcial, se conceda a través de una modalidad distinta a la solicitada o se conceda a pesar de la oposición de un tercero deberá ser una resolución con motivación expresa.

En el último supuesto, es decir, cuando el acceso se conceda a pesar de la oposición de un tercero, dicho acceso no podrá materializarse hasta que transcurra el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución.

La impugnación de las resoluciones expresas o presuntas en esta materia podrá interponerse potestativamente y con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, ante la Comisión de Transparencia.

Forma de acceso a la información pública solicitada:

Concedido el acceso este debe materializarse en un plazo no superior a 10 días, preferentemente por vía electrónica y con carácter gratuito.

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Transparencia en la compra pública ,