(PD).- Los titiriteros no las tienen todas consigo. Estuvieron el 9-M en la calle de Ferraz arropando al presidente Zapatero, tras su triunfo electoral. Y casi todos ellos estaban también el pasado 20 de diciembre en el Congreso de los Diputados celebrando la aprobación del canon digital. Pero tanto los artistas de la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) como las sociedades de gestión de derechos (con la SGAE a la cabeza) tendrán que esperar.
Como explica Ramón Muñoz en El País, el impuesto que grava cualquier aparato o soporte capaz de reproducir o almacenar una obra protegida por derechos de autor, no estará en vigor al menos hasta mediados de abril y, más previsiblemente, en mayo.
El retraso supone una importante merma de ingresos para las sociedades de gestión de derechos, ya que introduce gravámenes sobre nuevos equipos (sobre todo, los móviles) que no podrán ser cobrados con efectos retroactivos.
Después de que el Gobierno se constituya, los nuevos ministros de Cultura e Industria tendrán que consensuar la redacción final de la orden ministerial que fije la cuantía del canon. Hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado no estará vigente.
El canon, del que el PSOE y los llamados artistas de la ceja han hecho una defensa frontal frente a los internautas y la industria electrónica, debía haber entrado en vigor a comienzos de año, tras haber cumplido todos los trámites reglamentarios.
Pero el Gobierno decidió bloquearlo ante la polémica suscitada y el hecho de que se convirtiera en asunto electoral (el PP pidió su eliminación). De hecho, la orden ministerial estaba redactada y fijaba el «perjuicio anual» que tiene la copia privada para los artistas en 110,2 millones de euros.
No obstante, esa orden va a tener una nueva redacción, y se modificarán algunos de los gravámenes que pesan sobre los equipos (CD, DVD, grabadoras, MP3, móviles, fotocopiadoras, etcétera).
Pero no es ésta la única asignatura pendiente a la que debe enfrentarse el nuevo gabinete. El Ministerio de Industria tiene ante sí la difícil tarea de garantizar que antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha de acceso a Internet alcance en todo el Estado.
En las tarifas eléctricas, a partir del 1 de julio próximo, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) deberá hacer de forma trimestral una propuesta de subida de la luz y del gas que resulta siempre impopular para un Gobierno.
Más fácil lo tendrá el Ejecutivo en la renovación de los principales órganos reguladores: CNE y Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). En junio hay que renovar cuatro miembros del consejo de la CNE y el Gobierno puede defender su resultado electoral. Asimismo, en diciembre cumplen su mandato cinco de los nueve miembros de la CMT y el Gobierno puede hacer lo mismo.
