413. La urgente segunda descentralización

15.11.07 | 10:00. Archivado en Artículos

De El Economista, del 20 de octubre de 2007, reproducimos el artículo del epígrafe, de Ramón TAMAMES, en la idea de que pueda ser interesante para los lectores:

El pasado jueves 18 de octubre tuve ocasión de participar en un seminario en el parador Antonio Machado, de Soria, organizado por Emcodata, una empresa de técnicas electrónicas avanzadas para sistemas de almacenamiento de información. En ese encuentro, que moderó sabiamente el periodista Miguel Ángel Gozalo, tuvimos ocasión de discutir sobre las nuevas facetas de la democracia municipal, que está requiriendo de forma acelerada nuevos tipos de conexión entre los poderes públicos y la ciudadanía.

El tema que nos ocupa adquiere mayor virtualidad por el creciente papel de las ciudades en un mundo en rápida globalización, y de no menos veloz avance en toda clase de nuevas tecnologías. Como para el sector informático revela la conocida Ley de Moore, con las consecuencias sinérgicas de los sistemas en red que se sintetizan en la Ley de Metcalf.

En la intervención de carácter general que tuve ocasión de realizar en ese simposio, me referí primero de todo a la evolución de los ayuntamientos españoles, desde la inicial democracia castellana que estudiara Don Claudio Sánchez de Albornoz. Cuando los ajuntamientos tenían sus instituciones básicas, desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, en el derecho de presura y en los bienes concejiles. Estructura consagrada en numerosas cartas pueblas, fueros, e incluso “constituciones”; como la de Ávila, que tanta incidencia tuvo, aunque casi nunca se diga, en la elaboración de la Carta Magna de EE.UU. en 1787.

Después de toda una historia pendular, de burguesía floreciente, absolutismo reduccionista, impotencia de la Ilustración, y oligarquía y caciquismo, los ayuntamientos españoles entraron en su definitiva senda democratizada en 1979, con las primeras elecciones municipales amparadas por la ya vigente Constitución de 1978. Y en su organización, esos entes municipales, tienen sus diversas manifestaciones en una apreciación lejana, de quince siglos, en lo que dijo San Agustín en “La ciudad de Dios” —según nos ha recordado recientemente Víctor Pérez Díaz—, al establecer las tres categorías de la “ciudad terrena”: una, basada en la justicia, el derecho, y el consenso, casi en la línea de una perfección anticipada de la “Civitas Dei”; la segunda, articulada en una serie de intereses con reglas de juego comúnmente aceptadas; y una tercera ciudad de latrocinio, que hoy podríamos identificar con las zonas de fuerte especulación inmobiliaria, ligadas a la corrupción municipal y otras miserias.

Esas categorías, insisto, son identificables, en situaciones muchas veces de mezcla, en los ayuntamientos españoles. Pero con todo, puede decirse que la experiencia municipal de los últimos tres decenios ofrecen los mejores frutos de toda la larga transición española. Pues hoy la inmensa mayoría de los ayuntamientos impulsan el desarrollo de políticas de vivienda, seguridad, educación, sanidad, ocio y cultura, medio ambiente, avance económico y social, etc. Y si hoy nos revisitara Joaquín Costa, vería que en gran medida, y afortunadamente, se ha dado carpetazo a su tesis de oligarquía y caciquismo. Por mucho que existan situaciones de intereses espurios, mandamases insoportables, y utilización de la política municipal como trampolín para avatares pretenciosamente más elevados.

En esa dirección, y en la línea de mejora que siempre debe recomendarse, es de indudable interés el documento, publicado en septiembre de 2007 sobre “Un nuevo modelo para los ayuntamientos españoles” por el Círculo de Empresarios, que preside Claudio Boada Jr. Porque, efectivamente, en un cuaderno de 70 páginas se plasma mucho de lo relacionado con lo que se conoce como segunda descentralización.

Precisamente en el simposio a que estoy refiriéndome en el parador machadianas evocaciones, la ex–alcaldesa de Soria, Encarnación Redondo Jiménez, tuvo una serie de interesantes intervenciones en las que se puso de relieve el sentir común dentro de la FEMP, en el sentido de que el desarrollo constitucional desde 1978, ha privilegiado abrumadoramente a las CC.AA.; mientras que los ayuntamientos siguen en una situación precaria, en la que sus ingresos quedan muy por debajo de los servicios efectivamente asumidos, entre los cuales tienen un peso creciente (hasta el 30 por 100 del total gasto en muchas ocasiones) los denominados “servicios impropios”, que no están en las enumeraciones de la legislación referente a la administración local.

En la dirección apuntada, “el Pacto Local” de que se viene hablando hace tanto tiempo, no acaba de surgir. Por el temor preocupante del Gobierno de la Nación, cada vez más pusilánime frente a los nacionalismos desorbitados, y por la incidencia del partidismo en los ayuntamientos, que todavía no se han liberado de su complejo de inferioridad. Que les convierte en muchos casos en el eje secundario para una correa de transmisión que se opera desde la burocracia de los partidos, que además tiranizan a la ciudadanía con su despotismo sin ilustrar en tantas CC.AA.

Vivimos en ciudades el 80 por 100 de nuestro tiempo, y ya el 70 de cada 100 de los españoles. Y sin embargo, el dinamismo que requiere la administración municipal no ha llegado a los niveles deseables, aunque el registro de sus ejecutorias, como se dijo antes, sea bien notable. Por eso, se hace indispensable una segunda descentralización, “para hacer normal en las leyes y en la aplicación de los recursos, lo que ya lo es (parafraseando a Adolfo Suárez) en la mentalidad y los usos cotidianos”.

Ramón TAMAMES