Hoy se publica en Estrelladigital —el ciberperiódico que dirige Pablo Sebastián— un artículo mío con el mismo título que el de este blog, y que daremos en dos entregas sucesivas.
El título referido se corresponde con el hecho de que ya se sabe bastante —aunque ni mucho menos todo—sobre el retorno de Rodrigo Rato a España en el otoño próximo, tras haber cumplido sólo dos quintas partes de su misión en el FMI como Director Gerente. Y con esa vuelta a la patria, me parece que será bueno, en un ambiente de fin de ciclo, dedicar un cierto espacio al recuento de cuál fue la política económica del recién dimitido alto cargo. Cuando entre 1996 y 2004 fue Vicepresidente del Gobierno todo el tiempo en los sucesivos Gobiernos de Aznar, Ministro de Economía y Hacienda desde 1996, y luego de Economia, del 2000 hasta el 2004.
La política seguida a partir de 1996, tuvo un claro signo de adaptación a las necesidades del mundo cambiante de la globalización. Y en cuyo contexto, la Unión Europea fue marcando las pautas de un desideratum global aún más intenso; en un área formada por un número de países en rápido crecimiento, que funcionó y continúa funcionando como un auténtico laboratorio de un no tan pequeño mundo mucho más globalizado.
En ese espacio económico-cronológico, se abordó a fondo la cuestión de cómo poner fin al déficit público en España. Un problema recurrente ocasionado por unos ingresos fiscales muy inferiores al monto necesario para afrontar el gasto público. Resultando así inevitable el expediente del endeudamiento, sin visos de amortizaciones y con el consiguiente efecto bola de nieve. Desequilibrio presupuestario se hizo especialmente grave entre 1982 y 1996, cuando el déficit osciló entre el 2,9 y el 7,3 por 100 del PIB, elevándose el volumen de la deuda viva hasta llegar a un máximo histórico, en 1996, del 68,2 por 100 del PIB. Las consecuencias fueron contundentes: encarecimiento de la financiación a empresas y familias, y expulsión parcial de la inversión privada de los mercados de capitales (overcrowding).
En semejante escenario, cada vez más atirantado, uno de los retos cruciales de la política económica era cómo lograr el saneamiento de las cuentas públicas. Objetivo necesario por razones internas, y sine qua non para participar, desde su creación, en la anunciada Unión Monetaria de la UE. Con las exigencias del Tratado de Maastricht promulgado en 1993, especificadas en cinco criterios que se convirtieron en un cuadro de objetivos básicos para toda la política económica y que hemos mencionado más arriba, y que ya tuvimos ocasión de detallar en el capítulo 21 de este mismo libro.
Lo esencial para alcanzar esas metas fue la disciplina fiscal y financiera, esto es, ir ajustando gastos a ingresos, sin más permisividades. Lo cual hizo posible que ya en 2001 se lograra el equilibrio presupuestario. Sin ningún efecto restrictivo, por lo demás, sobre la economía. De modo que en contra de lo que desde diversos foros se había pronosticado, el reequilibrio produjo una fuerte reducción de la prima de riesgo internacional de España. Algo que contribuyó a realimentar las fuerzas conducentes a la caída de los tipos de interés; impulsando así las decisiones de inversión, con el logro de un mayor crecimiento económico y fuerte creación de empleo. Merced, en gran medida, a la oleada de inmigraciones que tuvo efectos muy notables en el crecimiento y el consumo, según comprobaremos después.
En el escenario cambiante que hemos esbozado, se produjo un espectacular aumento del empleo con la consiguiente expansión de los afiliados a la Seguridad Social. De modo que el déficit de casi 2.000 millones de euros en 1996 —un monto que llegó a suscitar toda clase de alertas de posible quiebra del sistema— evolucionó a una nueva realidad: la Seguridad Social obtuvo un superávit cercano a los 2.700 millones de euros en el 2000, dotándose por primera vez el Fondo de Reserva de Pensiones, configurado en el Pacto de Toledo de 1995. La referida contención del gasto público permitió, además, un reajuste del sistema tributario, que se tradujo en dos rebajas del IRPF, acumulándose de esa manera una reducción media de los pagos por parte de las familias, del 25 por 100; con un efecto estimulante del ahorro y el consumo privado.
Lo que hay que hacer es multiplicar la fiscalidad de forma progresiva en relación a la renta, en vez de reducir los impuestos: en vez de con porcentajes de renta, por excedente total.
Por ejemplo... Si alguien gana 22.500€ o menos, que no pague más impuestos o (si es demasiado poco lo que gana) se le devuelva una cantidad sustanciosa. Si alguien gana más que eso, que le corresponda a Hacienda todo menos esos 22.500€.
Todo esto, claro está, modificado según necesidades inevitables especiales.
Así se llenarían las arcas de Hacienda para hacer más y mejor mejores cosas y se redistribuye de verdad la riqueza. Por no hablar de que habría dinero más que suficiente para ayudar a una rápida transición a una economía ecológica y a un sistema militar parecido al tradicional suizo, así como a una aumento espectacular en ciencia y tecnología y otras cosas más.
Sólo (y nada menos que) falta voluntad y sobran trabas. Salud.
No creo fundamental, es más lo considero cínico el equilibrio de la SS, ese superavit lo esta financiando las míseras cuantías de las pensiones, así como el incremento del tiempo en las cotizaciones y los recortes en las prestaciones.
La pensión como todos sabemos es un salario diferido, es de los trabajadores, quizás otras fórmulas para el equilibrio sería elincremento de estos salarios, vía cotizaciones empresariales y eliminación de las innumerables bonificciones.
En última instancia, no nos engañemos, es una opción política, y como siempre gana el capital y pierde el trabajo.
Miércoles, 10 de febrero
Ramón Tamames
Luis Llopis Herbas
Grupo Cenyt
Juan Carlos Ureta
Institución Futuro. Think tank independiente
José Miguel Montes
Jesús Pérez
Ramón Tamames| Febrero 2010 | ||||||
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