Comenzábamos ayer a dar cuenta de un artículo previamente publicado en Estrelladigital sobre la posible privatización de las Cajas de Ahorro describiendo que la naturaleza de estas instituciones se ha desvirtuado, siendo ahora auténticos bancos.
En cuanto a la naturaleza pública de las Cajas, es un tema muy vidrioso, puesto que la mayoría no tienen ese origen, sino que sus fundadores fueron una serie de obras pías eclesiásticas (como CajaMadrid), o entidades filantrópicas de muy distinta naturaleza. Por eso, el tema de quiénes son los propietarios de las cajas de ahorros es de lo más interesante, sin que esté bien definido por la doctrina.
A mi juicio, las cajas pertenecen a la Nación como globalidad, porque sus fundadores quedaron muy atrás, y las entidades ya tienen actividad a escala de todo el país. Por eso, si se privatizan, los recursos obtenidos por su venta en OPAs sucesivas, deberían ir a la Administración General del Estado, que a su vez podría hacer un reparto, en mayor o menor proporción, con las CC.AA., provincias, ayuntamientos, etc.
Es un tema muy arduo, pero también apasionante, puesto que las 46 cajas existentes ya tienen más depósitos que la Banca, y su valoración global podría alcanzar una cifra muy por encima de los 200.000 millones de euros. Bastante más que los 125.000 en que la ha estimado AFI, como base de cálculo para el tema de las cuotas participativas. Una cuantificación interesante porque viene a plantear que nos encontramos en la vía hacia una privatización progresiva. Tema en el que ha incidido el presidente de Mapfre, que hace pocos meses pasó de ser una mutua a transformarse en empresa mercantil, al recomendar que las cajas adopten la misma configuración, si realmente quieren crecer con una cierta rapidez y alcanzar dimensiones que les permitan ser auténticas multinacionales crediticias.
En cuanto a los Consejos de Administración de las cajas, aunque teóricamente se forman a partir de la Asamblea General de cada entidad, lo cierto es que continúan en la inercia de la cooptación. Es decir, es el propio Consejo el que de hecho va nombrando, a través de sus influencias en la Asamblea, a los nuevos consejeros. De modo que el solemne Consilium, acaba funcionando como un órgano inamovible, que gobierna la Caja como si fuera un cortijo propio; con marcado carácter presidencialista, y poderes casi omnímodos en manos del director general; perpetuándose ambos en el cargo a base de toda clase de combinaciones en algunos casos poco confesables.
Finalmente, está el tema de la dependencia de las cajas de ahorro de las CC.AA., que tiene graves y perversas consecuencias, porque sirven de instrumentos financieros pro domo sua, esto es, a efectos a veces personales de los dirigentes políticos. Debiendo destacarse que la Constitución, y concretamente su artículo 149.1.11º, dice que la competencia exclusiva del Estado se refiere a las “bases de la ordenación del crédito [incluyendo Cajas de Ahorro], banca y seguros”. Pero en cambio, el día a día de las cajas, lo gestionan las CC.AA. (artículo 149.3.).
En definitiva, en el tema de las cajas, todo resulta ya bastante obsoleto, profuso, confuso y difuso, y habría que proceder a una nueva ordenación a escala nacional.
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Esta es una de esas cosas que todo el mundo ve, pero a la que nadie le echa mano, como en el ladrillo.
Esta es una de esas cosas que todo el mundo ve, pero a la que nadie le echa mano, como en el ladrillo.
Sábado, 2 de junio
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