Del informe producido por una Comisión en la que Alicia Langreo es la persona agrarista más conocida, se recomienda, muy oportunamente a mi juicio, toda una serie de medidas para que el campo español llegue a tener una representación del mismo nivel del que hoy disfrutan las centrales sindicales (CC.OO., UGT, USO, etc) o la CEOE, en cuanto a interlocución con los poderes públicos. De esas decisiones a adoptar, recogemos aquí —a partir de un texto de Agronegocios— los temas que nos parecen más significativos.
A) Elaborar una Ley que sustituya a la recién derogada Ley de Cámaras Agrarias, en la cual podría definirse la naturaleza jurídica de las organizaciones profesionales agrarias, y regular sus funciones para evitar tantos confusionismos como hoy se dan en el tema.
B) Promover desde el MAPA un acuerdo de las tres organizaciones profesionales mayoritarias (ASAJA, COAG y UPA) para estratificar su representatividad a través de elecciones. Sobre la base de un censo electoral claro y fiable, empleando para ello las bases de datos de los distintos regímenes de la seguridad social y otros registros disponibles.
C) En caso de que no pudiera alcanzarse el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, los expertos en representatividad recomiendan al MAPA que estudie la posibilidad de convocar directamente un proceso electoral a escala de toda España. Utilizando un nuevo censo de electores que, como ya se dijo en el apartado anterior, refleje adecuadamente la diversidad de la población activa agraria. Y a tales efectos, nada mejor que el SIGPAC.
D) Si la opción anterior no fuera considerada viable por el MAPA y se renunciara definitivamente a la vía electoral como sistema para medir la representatividad, la Comisión de Expertos recomienda utilizar una combinación de criterios objetivos para mediarla: número de afiliados (titulares de explotación miembros de cada asociación); disponibilidad de recursos materiales (sedes permanentes en todo el territorio español) y efectivos humanos (personal empleado en sus servicios técnicos y administrativos); presencia continuada y fehaciente en las instituciones estatales de consulta e interlocución sobre la política agraria.
E) Crear un Comité General de la Producción Agraria presidido por el
Secretario General de Agricultura del MAPA, y formado por las organizaciones profesionales de vocación general más representativas, a fin de contar con una plataforma permanente de discusiones y acuerdos.
F) Crear un Consejo Agroalimentario para debatir las grandes orienta-ciones de todo el negocio agroindustrial, con una amplia visión de las interrelaciones dentro del sector en sus diferentes dimensiones económicas, políticas y socioculturales.
Todo lo anterior merece ser estudiado a fondo por el Ministerio de Agricultura, para evitar que el mundo rural siga siendo el invitado de piedra a tanto vericueto institucional. En definitiva, Alicia Langreo y sus colegas, han puesto el dedo en la llaga.
Puede que sí. Pero la estructura imparable de la explotación agraria (no tanto de la propiedad) va rumbo a las grandes corporaciones.
Hay una doble representatividad pendiente: la de los entes productores y la de los individuos atrapados en el proceso.
Hace falta, pues, un doble plano de lectura, actuaciòn, participación y ejercicio.
Todo ello dentro de la interrogante de si la agricultura española es sostenible sin subvenciones, aranceles, primas y demás.
¿Aguantará este cuerpo sin la respiración asistida?
elnguaje, dos planos
Algo habría que hacer, con urgencia, pero principalmente con tino, en ayuda del campo español.
Domingo, 20 de julio
Ramón Tamames
Grupo Cenyt
Alfonso Agís
Invermanía
Ramón Tamames
Luis Llopis Herbas
Juan Carlos Ureta
Jesús Pérez
Luis C. Sánchez
Juan Otero
