A trancas y barrancas, en medio de no pocas osadías, procacidades, y algunos temores a estar incurriendo en un auténtico error político, la llamada Ley de la Memoria Histórica sigue avanzando, con el último episodio de su recorrido hasta ahora, de lo referente a considerar que los juicios de cierto ámbito político realizados por tribunales franquistas son absolutamente ilegítimos.
Creo que podemos estar de acuerdo la mayoría en que eso es así, pero el que sea de esa forma, no significa que tengamos que sancionar por ley todos los pronunciamientos sobre cuestiones de nuestro pasado. Entre otras cosas –y lo recordé esta mañana en un debate radiofónico, en el programa Protagonistas que dirige Luis del Olmo, y que justamente hoy se celebró en su patria chica de Ponferrada—, porque la clausula derogatoria de la Constitución ya sirvió para todo eso y mucho más.
Lo que pasa, es que aquí, donde ahora se las dan de demócratas muchos que en tiempos de Franco no hicieron absolutamente nada por la democracia, consideran además nuestra Carta Magna como un libro tan sagrado, que no sólo no hay que tocar, sino que tampoco hay que leer. Y es que, simplemente, no se enteran. Porque en esa cláusula derogatoria, con mucha más solemnidad que cualquier legislación oportunista sobre la memoria histórica, ya se dice que el régimen de Franco queda definitivamente sustituido por una democracia constitucional, al abolirse en un solo bloque las leyes de las Cortes llamadas orgánicas, el Fuero del Trabajo, el Fuero de los Españoles, la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, la Ley Orgánica del Estado, la Ley del Referéndum, y algunas otras leyes denominadas fundamentales, que eran un encubrimiento pseudolegislativo de un régimen dictatorial.
Todo eso quedó abolido para siempre, y además, unos meses antes se había aprobado la Ley de Amnistía para traducir el espíritu de la reconciliación, dejando para la historia, simplemente, y no para la política de intereses particulares, todo lo referente a los litigios de la guerra civil y de sus casi cuarenta años ulteriores.
Porque si se consideran ilegítimos los juicios de los jueces franquistas, aplicando las leyes, por ejemplo, de masonería y comunismo, o las normativas del Tribunal de Orden Público en los últimos tiempos de la era de Franco, qué calificativos vamos a dar a algunas operaciones como las de Casas Viejas, en 1933, sea o no cierta la frase que se pone en boca de uno de los máximos dirigentes de la República, diciendo que las fuerzas del orden debían apuntar “sus tiros a la barriga” de los jornaleros agrícolas que no tenían ni que comer. ¿O qué juicio se puede emitir de Indalecio Prieto (hoy en nuestra foto) y otros prohombres republicanos que encabezaron la llamada revolución de octubre de 1934, que luego dio pie a las derechas para levantarse también contra la legalidad del 14 de abril? ¿O qué decir de la legalidad también republicana, aunque fuera ya en tiempos de guerra, practicada en esa célebre cercanía de Madrid que es Paracuellos del Jarama? Podríamos seguir así durante 20 páginas, pero vamos a dejarlo aquí, porque todo puede ser un poco truculento, estrafalario, o lo que es peor, un conjunto de diletantismos de legisladores fatigados de no pensar en nada trascendente hacia el futuro, con el resultado práctico de dividir de nuevo a los españoles, que tendríamos que estar estudiando la Constitución y la Ley de Amnistía.
Y una de las derivaciones del caso puede apreciarse en el Parlamento Europeo, donde también en estas fechas se ha venido a concluir que el holocausto contra los judíos no puede ser rechazado por nadie, y que van a incurrir en penas de hasta tres años de prisión quienes lo hagan. Que aquel terrible proceso de exterminio fue brutal, casi nadie lo duda, pero convertirlo en dogma histórico como base de un derecho penal internacional, es también truculento y estrambótico. Porque por ese procedimiento, tendría que condenarse también la inquisición en general, y sobre todo la española que no fue ni la primera ni la única, pero sí la más constante y sancionadora. Como igualmente tendría que procederse de esa manera con los crímenes de Stalin, desde la liquidación de los kulaks al hacerse el reajuste agrario, hasta el Gulag, el archipiélago de la NKVD, ya en las postrimerías del régimen stalinista que reflejó en su obra más importante Solzhenitsyn. O también tendrían que juzgarse los impactos en millones de personas del gran salto adelante y sobre todo de la revolución cultural de Mao Tse Tung, sin olvidar la matanza de Tiananmen. Y si siguiéramos por ese camino, habría que recordar también las persecuciones romanas de los cristianos.
Estaría bien que en esto pudieran opinar algunos grandes historiadores que ya no están entre nosotros. Como Arnold Toynbee, o Don Claudio Sánchez Albornoz, porque realmente lo que se está haciendo es dogmatizar la historia, en la que siempre habrá controversias, y no un solo punto de vista. Dejemos a los historiadores que discutan entre sí. Dejemos también a las víctimas que busquen la solución de sus problemas –con el apoyo solidario de todos—, pero no dogmaticemos la historia.
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Interesante exposicion, de momento tengo prisa, pero discrepo en algunos puntos. En otra ocasión me extenderé más largamente.
Saludos, TALLER 334
Sr. Tamames, me parece que se equivoca intencionadamente de cabo a rabo en su análisis y confunde víctimas con verdugos. La misería( física o intelectual) de la España prorepublicana era una realidad palmaria en nuestra geografia peninsular. Era ofensiva.Fueron los poderosos con su sobervia y desprecio al pueblo español los que ocasionaron el devenir revolucionario para defender: unos, su sustento; y otros, su necesidad intelectual. Querian quitarse el corche que los asfisiaba; unos más primarios en sus actos y otros más intelectuales todos pagaron muy caro su derecho a defender la libertad, la cultura y el bienestar de todos los españoles. Pero llegaron a esos extremos porque todos estaban hartos, al limite.El pueblo tiene derecho a defenderse y sobrevivir. Es un derecho vital. Los partidos políticos es otra cuestión. La partidocracia de hoy sigue siendo una dictadura tardofranquista y con la connivencia del PCE en la persona de Santiago Carrillo.No puede el parlamento negarse a cond...
Cómo puede decirse que nadie defendió la legalidad republicana. ¿Había tal legalidad?. Seamos serios. Ni la vida ni la hacienda poseían valor alguno en ese régimen de terror.
La Historia es imposible cambiarla.
Estoy de acuerdo con Usted. ¿Qué nos lleva a las personas de izquierda a ir contra el sectarismo de las izquierdas? Yo creo que es el objetivo de mantener la honestidad intelectual. Desde esa perspectiva entiendo su evolución política desde el PCE a las posiciones que hoy mantiene. Saludos!
Crain. El problema fue que practicamente nadie defendió la legalidad republicana. Aprovecharon el alzamiento para efectuar otro de signo contrario. Y ahora, la Memoria Histórica (sic) pretende señalar como "defensores de la legalidad" a quienes no hicieron sino derrocarla para imponer su "Golpe Revolucionario" que, aunque de signo contrario, también fue un alzamiento contra la República.
Don Ramón:
Básicamente tiene usted razón en la argumentación. Pero caben otros matices. Véase, por ejemplo, el caso de los militares.
Los que traicionaron, ganaron la guerra. El resultado fue que ellos eran la verdad y la moral. Subieron en el escalafón como la espuma, transmitieron las "plazas de gracia" a su aire, o modificaron las leyes de ingreso en las Academias para beneficiar a los suyos. Con el clero castrense de la mano hicieron
lo que hicieron.
Quienes mantuvieron su lealtad a España, fueron tildados de traidores, y fusilados del tirón, expulsados, perdieron la carrera.
No digo que haya que revertir el proceso; es imposible. Pero sí reconocer que Miaja era un militar honrado y Yagüe un traidor a la patria que se distinguió por matanzas de prisioneros con ese ánimo "preventivo" que aun hoy conocemos.
Esas heridas sí hay que cerrarlas. Mientras, ahí tenemos un Obispo General de División. Perdón, sí; pero no olvido, al menos no más del necesar...
Sábado, 2 de junio
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