I. Los bosques, debido a los beneficios generales que producen, deben considerarse como una infraestructura básica del país, que tenemos que legar, mejorada, a las generaciones venideras.
II. Las grandes decisiones en materia de política forestal —al ser una cuestión de sostenibilidad económica y social— tendrían que adoptarse sobre la base del consenso, entre las fuerzas políticas y todos los agentes implicados (propietarios, profesionales, conservacionistas, etc), ya que sus procesos son de larga maduración y muy baja rentabilidad convencional.
III. La Administración General del Estado debe dotarse de una Agencia Forestal, que reasuma amplias competencias en materia de gestión, prevención y lucha contra los incendios, y que actúe como instrumento coordinador a fin de evitar la compartimen-tación de 17 CC.AA., cada una funcionando por su cuenta.
IV. Es importante cuantificar el valor efectivo del sector forestal, para que la sociedad aprecie sus aportaciones; teniendo en cuenta no sólo la madera, sino también las grandes externalidades: conservación de suelos, retención de agua, paisaje, áreas de estudios ambientales, frutos/hongos/setas, ganadería, preservación de fauna y flora, fábrica de oxígeno, etc.
V. Insistiendo en el punto IV, debe enfatizarse que todas las facetas productivas de los montes han de generar ingresos a la propiedad, sea pública o privada. Para así incentivar la inversión necesaria, y la adecuada gestión de las explotaciones.
VI. Nuestro medio natural se ve cada vez más afectado por incendios, erosión y desertificación, lo que obliga a actuar en ese triple frente: prevención del fuego —que pasa por garantizar recursos suficientes, así como un nuevo marco penal, mucho más duro contra pirómanos y otros incendiarios conscientes o inconscientes—, mejora y adecuación de la cubierta vegetal, y forestación de las áreas en vías de manifiesta desertificación (algo más del 40 por 100 del territorio nacional).
VII. Conservación y producción deben ser compatibles, asignándose las compensaciones adecuadas por la restricción de usos en nuevas zonas declaradas espacios naturales: quien restringe ha de pagar, y quien descontamina debe cobrar.
IX. La profesionalización del sector es indispensable, con la redefinición del perfil de los agentes forestales, llegando incluso, en determinados aspectos a considerarles policía rural y agentes judiciales.
X. Es fundamental realizar una labor más amplia de concienciación y educación en toda la sociedad, para que se calibre la decisiva trascendencia del sector forestal, a efectos de conservación y utilización sostenible de la naturaleza.
Viernes, 17 de febrero
Ramón Tamames
Luis Llopis Herbas
Juan Carlos Ureta
Jaime Noguera
ClickTrade
Grupo Cenyt
Institución Futuro. Think tank independiente
José Miguel Montes
Jesús Pérez
Ramón Tamames| Febrero 2012 | ||||||
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