Sursum Corda El blog de Guillermo Gazanini

¿Cambiando la doctrina?

05.08.18 | 15:00. Archivado en Análisis y Opinión, Centro Católico Multimedial

Editorial Centro Católico Multimedial / El jueves 2 de agosto, los servicios informativos de la Santa Sede dieron a conocer una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a los obispos del mundo en relación a la nueva redacción del controvertido número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica en torno a la pena de muerte, su aceptación y aplicación como medida correctiva a través de una sentencia punitiva para los delincuentes que pudieran merecerla.

Los fundamentos de la carta tienen su antecedente en la doctrina de pontífices desde Juan Pablo II. Según la doctrina del Papa santo, “la supresión de la vida de un criminal como castigo por un delito es inadmisible porque atenta contra la dignidad de la persona, dignidad que no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. A esta conclusión se llega también teniendo en cuenta la nueva comprensión de las sanciones penales aplicadas por el Estado moderno, que deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y la reinserción social del criminal”.

Poco a poco la pena de muerte ha sido desterrada de los Estados nacionales. En 1969, la Santa Sede adoptó la abolición de la pena de la pena de muerte en su territorio y ha sido parte de esta lucha internacional para la supresión total de una pena que va en contra de los derechos humanos. Para el caso de México, la pena de muerte fue abrogada del artículo 22 de la Constitución en diciembre de 2005. Desde la promulgación del texto de 1917, se mantuvo la prohibición de esta medida punitiva salvo para delitos específicos: Traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, homicidio con todas sus agravantes, para los incendiarios (terrorismo), a los plagiarios (secuestro), salteadores de camino (robo), piratas en altamar y a reos de delitos graves del orden militar.

De acuerdo con los registros de la historia, el último ejecutado en el paredón fue en 1961. Se trató de un reo del fuero militar quien, después de una borrachera, asesinó a un superior. Desde ese entonces, ningún individuo en territorio nacional es asesinado al amparo legítimo de la autoridad superior que representa una entidad política, el Estado punitivo.

No obstante, subsisten algunas tendencias políticas que creen que es la mejor medida para acabar con la delincuencia y la violencia rampante. Usar medidas consideradas ejemplares que, a la vez, son infamantes y humillantes para generar una perversa disuasión en la comisión de ilícitos. Un partido político enarboló la bandera para matar a violadores y secuestradores; un candidato independiente, si el voto popular le favorecía para llegar a la presidencia de la República, prometió penas de mutilación para quienes cometieran el delito de robo; una candidata a diputación local ofreció reformas a la legislación penal de su Estado para hacer posible la castración química de depredadores sexuales. Todo esto es contrario a los derechos humanos tutelados por nuestra Constitución y los tratados internaciones en la materia.

Sin embargo, la otra parte siniestra es cómo los poderes fácticos usan el miedo provocando masacres y denigrando la vida de cualquiera hasta el punto de la verdadera humillación donde cuerpos desmembrados son exhibidos como demostración de poder ante el vacío de la autoridad y la ausencia del estado de derecho. Esto es una forma de la pena de muerte de esos grupos delincuenciales para legitimarse falsamente.

Por lo pronto, el santo padre Francisco ha dejado en claro qué dice la doctrina moral católica en este sentido. Nada ni nadie puede tomar la vida de otro, nada lo justifica, ni el poder legítimamente constituido o quienes pretendan rivalizar con el Estado para someter a cualquiera a través del terror.


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