Sursum Corda El blog de Guillermo Gazanini

Economía del narco

17.06.18 | 15:07. Archivado en Análisis y Opinión

Editorial Centro Católico Multimedial / La irrupción del crimen organizado en la vida económica del país lanza un tremendo mensaje sobre la fragilidad del orden público y las escasas garantías para las empresas a fin de ejercer sus actividades de forma pacífica y segura.

El Estado de Guerrero vuelve a ser el foco de atención cuando una empresa refresquera anunció el cese de actividades de su planta de Ciudad Altamirano. El 12 de junio, un escueto comunicado de la embotelladora Grupo GEPP informó a clientes y consumidores del “cierre temporal de las operaciones comerciales del centro de distribución directa de Ciudad Altamirano, Estado de Guerrero, al no estar presentes las condiciones requeridas para la continuidad de la distribución de su portafolio de productos al mercado”. Las causas fueron más que evidentes: el asedio del crimen organizado a través del cobro de los derechos de piso.

En marzo, Coca Cola determinó el cierre de las instalaciones en Ciudad Altamirano por estar literalmente bajo ataque. Como voz que clama en el desierto, Mons. Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo – Chilapa, advirtió que la delincuencia estaría ahogando a las industrias que “traen progreso a la entidad”. El obispo, quien a principios de febrero enfrentó la muerte de dos sacerdotes a manos del crimen, apuntó que él venía haciendo señalamientos constantes de las amenazas del narco contra empresas privadas.

El impacto del crimen está desgastando la economía nacional lo que implica serias pérdidas financieras y el fin de fuentes importantes de empleo para las familias. En abril, la consultora PwC presentó la encuesta de delitos económicos 2018. De acuerdo con ese estudio, el 58% de las compañías mexicanas reconoció haber sido víctima de algún tipo de delito económico o fraude durante los últimos 2 años. En 2016, la cifra ascendió al 37%. Ahí mismo se apunta que los principales actores externos de fraudes y de delitos económicos fueron hackers, en un 27% y el crimen organizado, en un 23%.

Otras reveladoras cifras fueron las de Sí Consultores al servicio de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD). En enero de 2018, reportó pérdidas de más de 42 mil 210 millones de pesos por robos, secuestros de autotransporte y extorsiones. Esa misma firma consultora estimó que cinco estados de país concentraron las mayores pérdidas: Ciudad de México y los Estados de México, Guerrero, Guanajuato y Tamaulipas.

Sin embargo, estos casos no son eventos aislados en el tiempo. La explosión de la violencia y el control de los grupos criminales han hostigado sin piedad a empresas en regiones enteras. El caso más emblemático fue el control de La Familia y, posteriormente, de Los Caballeros Templarios, de amplios rubros industriales del Estado de Michoacán, incluyendo el de las exportaciones de minerales a países extranjeros. En 2010, por ejemplo, La Familia tuvo ganancias por más de 42 millones de dólares por exportaciones ilícitas de fierro a China amparados por colusiones, impunidad y corrupción.

A lo anterior se suman otros hechos más lamentables que no son materia de encuestas. Es el asedio a los cientos o quizá miles de pequeños negocios que ya no pueden soportar estas durísimas condiciones. Se trata de humildes negocios familiares, microempresas o changarros de personas trabajadoras y honradas, vivir bajo fuego e incertidumbre ante el poder del enemigo invisible que no se tienta el corazón para agredir, amenazar, echar mano de levantones, secuestros, mutilaciones y asesinatos si los dueños de los pequeños negocios no acceden a sus perversas cláusulas de sangre.

Este proceso electoral ha destacado por descalificaciones más que por soluciones concretas. Quienes aspiran a un cargo de elección popular, no tienen programas, estrategias o políticas contundentes para acabar con la economía del narco, esa que ha costado cientos de vidas y miles de millones de pesos al país.


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