Sursum Corda El blog de Guillermo Gazanini

Economía del narco

17.06.18 | 15:07. Archivado en Análisis y Opinión

Editorial Centro Católico Multimedial / La irrupción del crimen organizado en la vida económica del país lanza un tremendo mensaje sobre la fragilidad del orden público y las escasas garantías para las empresas a fin de ejercer sus actividades de forma pacífica y segura.

El Estado de Guerrero vuelve a ser el foco de atención cuando una empresa refresquera anunció el cese de actividades de su planta de Ciudad Altamirano. El 12 de junio, un escueto comunicado de la embotelladora Grupo GEPP informó a clientes y consumidores del “cierre temporal de las operaciones comerciales del centro de distribución directa de Ciudad Altamirano, Estado de Guerrero, al no estar presentes las condiciones requeridas para la continuidad de la distribución de su portafolio de productos al mercado”. Las causas fueron más que evidentes: el asedio del crimen organizado a través del cobro de los derechos de piso.

En marzo, Coca Cola determinó el cierre de las instalaciones en Ciudad Altamirano por estar literalmente bajo ataque. Como voz que clama en el desierto, Mons. Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo – Chilapa, advirtió que la delincuencia estaría ahogando a las industrias que “traen progreso a la entidad”. El obispo, quien a principios de febrero enfrentó la muerte de dos sacerdotes a manos del crimen, apuntó que él venía haciendo señalamientos constantes de las amenazas del narco contra empresas privadas.

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