Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial / A partir de la publicación de un supuesto acuerdo entre la oficina de comunicación que involucró a la Arquidiócesis de México y al grupo o red de sobrevivientes de abuso sexual -SNAP, México- se suscitaron una serie de preguntas sobre la real eficacia jurídica y viabilidad del mencionado documento para el cumplimiento de sus objetivos que, en lo general, se resumen en el desarrollo de actividades diversas para la prevención y castigo de cualquier conducta sexual agresora contra niños o de personas que no puedan defenderse.

Algunos han calificado la decisión como inédita y sin igual, verdaderamente revolucionaria que tiende la mano al capítulo de una organización que, hasta el día 4 de junio, venía agrediendo a la Arquidiócesis de México. Ahora, en contra de cualquier principio lógico jurídico, la pretendida alianza, firmada por una parte incapaz, estaría en posibilidad de abrir expedientes y procesos en vigor que serán contrarias a las garantías de seguridad jurídica.

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