Sursum Corda El blog de Guillermo Gazanini

“Sospecha razonable”

18.03.18 | 17:32. Archivado en Análisis y Opinión

Editorial CCM / Después de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 5 de marzo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, organismos defensores de los derechos humanos dieron cuenta que el novedoso ordenamiento pondría en riesgo la seguridad e integridad jurídica de las personas y de quienes estén sujetos a un proceso penal. El 3 de abril de 2014, el ombudsperson presidente del órgano garante de los derechos humanos, la CNDH, promovió acción de inconstitucionalidad 10/2014 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 132, 147, 148, 153, 155, 242, 249, 251, 266, 268, 303, 355 y 434 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Las consideraciones de la demanda sostenían que varios derechos humanos estaban comprometidos lo que suscitaría violaciones por autoridades. Entre ellos vulneración al derecho a la libertad personal, la libertad de tránsito, a la debida audiencia y proceso, a la seguridad jurídica, a la privacidad, a la integridad personal, al resguardo y protección de los datos personales, a la presunción de inocencia además de varios principios jurídicos por la aplicación del Código adjetivo.

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