Jorge Adame Goddard / Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.- Mientras se discutía en el Senado de la República un proyecto de reformas al artículo 1º constitucional que pretende incorporar a la constitución todos los derechos humanos contenidos en los tratados que están en vigor en México, un buen número de ciudadanos y agrupaciones civiles se manifestaron de diversas maneras en contra del proyecto, porque veían que podía dar lugar a que se pretendiera, con apoyo en disposiciones ambiguas de los tratados internacionales y de las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales encargados de vigilar la aplicación de dichos tratados, establecer una legislación en todo el país favorable al aborto y a la legalización del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La reforma fue finalmente aprobada por el Senado, aunque todavía no ha culminado el proceso pues hacen falta las aprobaciones de las legislaturas locales, y al día siguiente (el 8 de marzo) salió publicado un comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, firmado por su presidente, Msr. Carlos Aguiar, en el que se congratulaba por la reforma en cuanto daba una mayor protección a la vida humana y a la familia. Este boletín causó gran desconcierto entre los miembros de las asociaciones civiles que se habían opuesto a la reforma, que en su mayoría eran católicos.
Sábado, 2 de junio
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