Profundizando en la pederastia

16.03.10 | 17:38. Archivado en Análisis y Opinión

Profundizando en la actuación del papado en contra de la pederastia

Por Jorge Pérez Uribe

En mi “breve comentario” de la semana pasada, elaborado muy de prisa y recurriendo exclusivamente a la memoria, faltó el mencionar detalles importantes que trataré de precisar ahora, ante el lodazal de ignominia que se cierne sobre la Iglesia Católica.

Por instrucciones del papa Juan Pablo II, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió el 18 de mayo de 2001 la carta De delictis gravioribus ("para los delitos más graves"), a todos los Obispos de la Iglesia Católica. Por esta carta se remitían a dicha Congregación los delitos sexuales cometidos por diáconos, clérigos u obispos contra menores de 18 años.

Hay que aclarar que el tratamiento de los delitos por pederastia que se proponía hasta entonces consistía en separar al acusado de sus funciones pastorales, remitiéndole a una institución siquiátrica en donde se le curara de esa conducta anormal. El problema estuvo en que en muchos casos no se les separó totalmente de la actividad pastoral, o bien, en que a pesar de los tratamientos psiquiátricos, los pederastas reincidieron en sus conductas enfermas.

La Congregación para la Doctrina de la Fe, se convirtió, además de tribunal en una agencia de investigación de estos delitos, entre cuyos sospechosos se encontró al fundador de los Legionarios de Cristo: Marcial Maciel. No fue que Juan Pablo II protegiera a Maciel, sino que la investigación tomó su tiempo, pero una vez concluida en 2006, Maciel fue invitado a mantener “una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público”. Para entonces ya había fallecido Juan Pablo II. Lo extraño de este caso, es que si bien desde ese año la Iglesia Católica dio su veredicto de facto y aplicó la sentencia, ahora es cuando se desata el escándalo.

El actual encargado de la Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, comentó en entrevista concedida a la agencia EFE que: “En los últimos nueve años (2001-2010) hemos analizado las acusaciones relativas a unos 3 mil casos de sacerdotes diocesanos y religiosos sobre delitos cometidos en los últimos 50 años” (1)

Según el religioso maltés, 60 por ciento de esos casos son “actos de ‘efebofilia’, o sea, debidos a la atracción sexual por adolescentes del mismo sexo, el otro 30 por ciento de relaciones sexuales y 10 por ciento a los actos de pederastia verdadera y propia, esto es, determinados por atracción sexual hacia niños impúberes”.

“Los casos de sacerdotes acusados de pederastia verdadera y propia son, entonces, unos 300 en nueve años. Son siempre demasiados, es indudable, pero hay que reconocer que el fenómeno no está tan difundido como se pretende”, afirma el promotor de Justicia vaticano.

Respecto a la conducta del Cardenal Ratzinger señala: “En 2001 el delito de pederastia volvió a ser de nuestra exclusiva competencia. Desde aquel momento el cardenal Ratzinger demostró sabiduría y firmeza a la hora de tratar estos casos. Más aun. Dio prueba de gran valor, afrontando algunos casos muy difíciles y espinosos. Por lo tanto, acusar al Pontífice de ocultación es, lo repito, falso y calumnioso”, agregó.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha señalado que la pederastia es un “crimen abominable” que tiene que ser castigado, por lo que llamó a las víctimas a denunciar estos actos cometidos por sacerdotes y solicitó a los curas y obispos “no cerrar el paso de la justicia ni negociar en lo oscurito” para evitar la aplicación de la ley civil. (2)

Hasta la fecha, destacó la CEM, la Iglesia católica no ha establecido mecanismos para la indemnización económica de las víctimas de abuso sexual. Aunque una reparación del daño la establece la ley civil, reconoció que “moralmente estamos obligados” a realizarla.

El arzobispo Rogelio Cabrera, vicepresidente del Episcopado, recordó que el papa Juan Pablo II consideró a la pederastia como uno de los crímenes más graves. Y de acuerdo “con las instrucciones que tenemos los obispos es que nunca podemos cerrar el paso a la justicia, todas las víctimas tienen derecho y deber de denunciar cualquier situación que haya lastimado su vida o de sus familiares”, abundó.

La posición de los obispos, enfatizó monseñor Cabrera, es que no haya ningún obstáculo para la aplicación de la ley, “en eso estamos claros y por ningún modo podemos encubrir situaciones que vayan en bien de las personas.

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(1) Diario Milenio, 14 de marzo de 2010
(2) Diario Milenio, 10 de marzo de 2010