La Asociación SOLCOM recurre el decreto de dependencia de la Xunta de Galicia

26.04.10 @ 11:06:23. Archivado en Derechos Humanos

Solidaridad Comunitaria dice que la norma no se ajusta ni a la Convención de la ONU de 2006 ni a la Constitución Española.

La Asociación SOLCOM para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) contra el decreto de la Xunta que regula los derechos de las personas en situación de dependencia, por considerar que no se ajusta a la normativa vigente y sostiene la discriminación de las personas en situación de dependencia.

El texto recurrido restringe las libertades y la autonomía de las personas con diversidad funcional (discapacidad) y no se ajusta ni a la Constitución Española ni a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que en su artículo 19 considera el “derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la sociedad”. Este derecho fundamental es incompatible con el internamiento de los ciudadanos en residencias, donde se les excluye de la sociedad y se les obliga a llevar una vida dependiente, algo que no debería favorecer ninguna nueva norma.

La normativa fomenta el internamiento sistemático de ciudadanos en residencias, en detrimento de la opción de vivir en sus propios hogares y con la asistencia personal y técnica necesaria, ya que destina muchos más recursos económicos a las opciones no inclusivas que a la asistencia personal.

En SOLCOM se considera que el derecho a llevar una vida independiente en el entorno que cada ciudadano decida y contando con la asistencia personal que precise, no es una pretensión inabordable, sino una obligación que el Estado debe cumplir. Se trata de un derecho humano y fundamental, consagrado por esta Convención que es la ley superior para España y todas sus Administraciones.

También se cuestiona el enfoque económico del decreto. Frente a los 2.300 euros o 5.000 euros mensuales que cuesta una plaza en una residencia para una persona gran dependiente, para la contratación de apoyos para vivir en el propio hogar se destinan cantidades que son insuficientes y no permiten una opción más humana y respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.

La intención de este recurso es corregir una norma que vulnera derechos fundamentales y que debe adecuarse al nuevo marco normativo que fija la Convención de la ONU, modificando los criterios económicos y conceptuales que ahora implican de facto formas contrarias a la Convención de la ONU, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Copago.- El Decreto no sólo fomenta el internamiento de los ciudadanos en residencias sino que también introduce trabas para otras alternativas; así a aquellas personas que decidan vivir en sus domicilios y contar con la asistencia personal y técnica precisa se les exige una mayor cofinanciación de la que tendrían que pagar si optaran por vivir internadas - pese a provocarle un mayor desembolso a la Administración-, algo que SOLCOM considera inaceptable.

Silencio Negativo.- El texto desencadena asimismo un “silencio administrativo negativo” que introduce desigualdad entre los españoles con diversidad funcional, quienes merecen un mayor nivel de protección y de diligencia en la respuesta. La organización del Estado no puede justificar que lo que sería susceptible de silencio administrativo positivo para otros ciudadanos españoles residentes en otras CC.AA., se convierta unilateralmente en negativo y gravoso para los ciudadanos españoles residentes en una C.A. determinada, como es el caso.
Madrid, 26 de abril de 2010

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