Juan Granados
autor
Contacto
Variaciones en torno a 1808, aquella contradictoria revolución.
17.04.07 @ 21:17:53. Archivado en Historia
Será un bicentenario controvertido, ya lo verán, para unos la celebración del alzamiento de la nación española en armas frente a Napoleón, el usurpador, supondrá un ejercicio de autoafirmación patrio, para otros una constatación más del desaguisado territorial que era aquella Monarquía Hispánica, fabricada con retazos patrimoniales de origen e interés dinástico, para formar una amalgama de difícil convivencia basada en el fuero, el privilegio y el distingo. En realidad, nada muy diferente a lo vivido por Francia, lo que ocurre es que la Francia de Richelieu y Luis XIII no sufrió excesivos inconvenientes para congraciar intereses dinásticos y nacionales, en realidad eran los mismos, una Francia grande y unida, libre de la presión de los Habsburgo en sus principales fronteras.
Nuestro caso es bien distinto, mantener Flandes a ultranza, por ejemplo, religiones e idiomas distintos, un deseo permanente de independencia de los Austrias, aquello, pese a los Tercios y sus glorias, pese a la plata del Potosí, no podía durar, la de Olivares era una política dinástica, no nacional aunque quiso serlo, o parecerlo, cuando la Unión de Armas. Los sucesos de 1640 se encargaron de demostrar hasta qué punto andaban confusos territorios, herencias patrimoniales y nación. Portugal ya no quiso saber más, el resto aún andamos en esas.
Vino entonces el enfrentamiento abierto del príncipe Fernando con su padre Carlos IV. El motín promovido por el heredero en Aranjuez el 17 de marzo de 1808, tuvo como consecuencia la abdicación de Carlos IV en la persona de su hijo Fernando y la deposición fulminante del príncipe de la Paz. Poco después, el dos de mayo, se producía en Madrid el levantamiento popular contra el ejército de Murat. A la vista de los acontecimientos, Napoleón Bonaparte, verdadero árbitro de la situación, procedió a liquidar literalmente la monarquía española para establecer en su lugar uno más de sus regímenes satélites. Para ello reunió a la cautiva familia real en Bayona, obligando el 5 de mayo de 1808 a Fernando VII a devolver la corona a su agraviado padre, tras sufrir el príncipe de Asturias una larga serie de presiones y después de ofrecer la dinastía española un lamentable espectáculo de enfrentamientos e insultos entre padres e hijo, para, a continuación, hacer que Carlos IV le cediese a él mismo todos sus derechos al trono, al frente del cual colocó el 7 de junio a su hermano José. De esta manera, consiguió Napoleón cumplir su deseo de no permitir el reinado de un Borbón en la frontera de Francia, tal como él mismo había asegurado a su séquito en Bayona: “Bien sé que bajo cierto punto de vista lo que estoy haciendo está mal hecho; Pero la política exige que no deje a mis espaldas, tan cerca de París, una dinastía enemiga de mi familia”. La usurpación propició que se extendiese por todo el territorio peninsular una guerra cruenta y devastadora que habría de prolongarse hasta el final de 1813. Al terminar ésta, nada sería lo mismo, ni el viejo orden político y social de España ni su periclitado dominio colonial.
Estos hechos propiciaron finalmente la creación de una serie de Juntas Generales Provinciales con la finalidad de dar respuesta al vacío de poder provocado por la obligada renuncia de Fernando VII al trono. En realidad, si analizamos estos y parecidos acontecimientos, la guerra supuso ser la primera etapa de la revolución española, solapando varios y contradictorios procesos. Así, fue una guerra nacional y popular, pero también hecha en nombre de la monarquía y de la religión, fue una guerra de independencia pero también territorio de un conflicto internacional en el que los británicos desempeñaron un papel capital. Aquí no finalizan las contradicciones si tenemos en cuenta las características del régimen reformista e ilustrado que quiso imponer José I, al fin y al cabo hijo de la revolución, a través del Estatuto o Carta Otorgada elaborada por un grupo de notables en Bayona en julio de 1808, que nunca llegó a entrar en vigor. Una carta pseudoconstitucional que por primera vez, dada su inspiración jacobina, se planteaba la eliminación de los privilegios territoriales en España, cuatro años después los mismos distingos de difícil justificación desde una óptica puramente liberal se verían significativamente restaurados por los redactores de la “Pepa”.
Entretanto, la crisis dinástica y el levantamiento popular provocaron el colapso de la autoridad y una gran confusión de poderes. En la zona aún no controlada por los franceses, la pasividad de las autoridades provinciales (Capitanes Generales, Audiencias y Chancillerías), de los que no podría esperarse que se pusieran a la cabeza de una revuelta sin esperanzas contra las guarniciones francesas desobedeciendo las órdenes explícitas de Fernando, produjo la formación espontánea de estos nuevos poderes territoriales, las juntas provinciales, que parecían asumir la soberanía perdida por los Borbones. Esta actitud en extremo cautelosa de los poderes tradicionales resulta perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, ciñéndose a los hechos, los Borbones españoles les habían ordenado de forma explícita que manifestasen su lealtad a los franceses.
A primera vista, el poder de las Juntas parecía, por su origen más o menos espontáneo, de carácter revolucionario. Pero un análisis más detenido muestra la mayoritaria extracción privilegiada de los miembros que las formaban (nobles, militares, eclesiásticos, magistrados), circunstancia que habla bien a las claras de su plena identificación con la legitimidad absolutista representada por el cautivo Fernando VII. De hecho, cuando por sugerencia británica y por opinión particular de muchas juntas provinciales, como la de Valencia, donde sí existió una pequeña representación verdaderamente popular, se consiguió crear el 25 de septiembre de 1808 una especie de gobierno central de los sublevados, el resultado, la llamada Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, formada por 35 diputados o representantes de las diferentes juntas provinciales, recayó su presidencia sobre el propio José Moñino, conde de Floridablanca, en este momento presidente de la junta de Murcia, nada sospechoso de tendencias revolucionarias. Junto al viejo ministro de Carlos III aparecen pocos nombres de verdadero relieve: Antonio Valdés, Gaspar Melchor de Jovellanos y Martín de Garay, que sería luego el único ministro de Hacienda sensato que toleró, por breve tiempo todo hay que decirlo, Fernando VII. Esto no quiere decir que los restantes miembros de la recién formada Junta Central no tuviesen ninguna experiencia de gobierno, como a veces se ha querido señalar, entre ellos encontramos a un regente de Chancillería, dos intendentes provinciales, dos obispos, dos vicarios generales o cuatro regidores perpetuos, personas que por su misma índole estaban acostumbrados a la toma de decisiones en sus ámbitos de actuación. Como era de esperar, desde su mismo nacimiento. La Junta Central tuvo en su contra a casi todos los restantes sectores políticos que tenían algo que decir en el conflicto. En primer lugar, sus pretensiones de recoger la soberanía de la nación bajo el título de “Majestad” eran, a los ojos de todos, bastante ridículas, además las propias juntas provinciales pretendían ser a su vez las únicas representantes directas del pueblo soberano en el ámbito de su auto señalada jurisdicción. Por su parte, los absolutistas veían con prevención la formación de todo poder de carácter espontáneo y “popular”. Por si esto no fuese suficiente, el creciente cesarismo de militares como Palafox o Cuesta, y la franca oposición del poderoso Consejo de Castilla, que consideraba el poder de la Junta poco menos que una usurpación a la legitimidad que representaban el rey y los cargos públicos oficialmente nombrados por éste, terminaron por socavar la autoridad de la Junta Central. Autoridad que quedó definitivamente desacreditada tras la completa derrota de las tropas españolas en Ocaña (noviembre de 1809).
De esta manera, la exigencia de un verdadero gobierno de concentración, demandada desde hacía tiempo por algunos militares cesaristas como Palafox y La Romana, también solicitada con urgencia por la propia aliada Inglaterra, deseosa de poder tratar con un interlocutor único, fue un verdadero clamor. Desacreditada y ofendida, la Junta se retiró ante los franceses, primero a Sevilla y luego a Cádiz, donde terminaron por dimitir entre los insultos y vejaciones de los “patriotas” gaditanos. Como consecuencia, la Junta se vio sucedida por la conservadora Regencia de los cinco, entre cuyos miembros se encontraba el omnipresente general Castaños. La Regencia fue formada oficialmente en enero de 1810 y presidida por el obispo de Orense, personalidad oscurísima que más adelante daría en hacerse famoso nada menos que por su denuncia pública de la doctrina de la soberanía nacional. También la Regencia quedó pronto cautiva entre las tendencias liberales de la Junta de comerciantes gaditana y el claro obstruccionismo del Consejo de Castilla. De manera que entre unos y otros, el gobierno central de España había desaparecido en la práctica.
Y en cuanto esto sucedió, salieron a la luz los viejos fantasmas de un país más bien cainita, sin verdadera cohesión interna. Algo de lo que se quejaban constantemente los contingentes británicos mandados por Moore y el Duque de Wellington:
“Cada provincia rehusaba a permitir que su ejército fuese mandado por un general de otra; cada junta competía con la vecina para obtener una mayor asignación de las armas y municiones que el gobierno británico había ordenado distribuir a sus acosados agentes militares. Ninguna junta consideraba a la Junta Suprema, eventualmente constituida en respuesta a repetidas sugerencias británicas”.
Relataba un comisario inglés, y más adelante:
“Los celos engendrados por este apasionado provincialismo fueron tan agudos que por un momento pareció que el país se deslizaba hacia una guerra civil. La Junta de Galicia rehusaba a cooperar con la de Castilla...Las Juntas asturianas se negaban a abastecer al ejército de Galicia al mando del general Joaquín Blake...Los miembros de la Junta de Sevilla se guardaban la paga de sus tropas y amenazaban con enviar a su impagado ejército a atacar Granada cuya Junta rehusaba reconocer su supremacía”
No extraña, entonces, que la Constitución de 1812 debiese congraciar antes particularismos y derechos forales de origen medieval, que la igualdad legal de los ciudadanos. Ni mención precisa el dislate cantonal de la Primera República o los sucesos previos a la Guerra Civil, proclamación de la República Catalana incluida. Nuestros padres constitucionales de 1978 se vieron obligados a hacer encaje de bolillos con el artefacto autonómico que a nadie parece satisfacer, de forma que el asunto centrífugo parece perseguirnos tras cada hito histórico, la pregunta debería ser ¿conviviremos, malviviremos siempre con él, o alguna vez hallaremos la solución?
Dirección para hacer trackback a este post:
http://blogs.periodistadigital.com/btbf/trackback.php/88432
Comparte esta información
Comentarios, Trackbacks, Pingbacks:
Sin embargo, sin pactos, Berlin Smith, nada sería posible entre nacionalismos fracasados. Hay mayor flexibilidad de lo que se piensa. Al fin y al cabo, aún está lejos la Victoria de los Últimos Días.
Comentario por Tvrtko (Berengario) 31.05.07 @ 13:46
Iba a hacer un comentario sobre lo que dice Berlin acerca de la obligatoriedad del español. Pero creo que es mejor dejarlo para otro día: hoy me he desvelado y he pasado buena parte de la noche pensando en qué demonios hago en una región donde no puedo educar a mis hijos en su propio idioma, y donde llevo 6 meses esperando que "Sanidad" me remita en español un escrito que no entiendo. Estoy hasta los "güevarios" del nacionalismo.
Tenemos que quedar para tomar un cafelito o un vino, si la ministra lo permite.
Un abrazo grande.
Conchita
http://blogs.periodistadigital.com/pasionespanola.php/
Comentario por Saludos Cordiales [Blogger] 22.04.07 @ 17:33
Hacía tiempo que no sabía de Berlin Smith, pero veo que sigue a lo suyo. Sigamos, pues, a lo nuestro. Hace un siglo -metafóricamente hablando, claro- que es al revés. Es obligatorio hablar catalán y no español. Se acaba de dar el caso de un personaje del PSC que ha reñido a unos funcionarios que se dirigieron a él en castellano.
Lo sicho, Juan, estupendo artículo.
Comentario por piru 20.04.07 @ 13:27
Querido Luís, ardua cuestión, como todas las tuyas ;-) pero claro, como luego vino la ominosa y el absolutismo, pues todo volvió, o pretendió volver al principio; lo que ocurre es que el problema dinástico subsiguiente, aquel simpático "Don Carlos" de cara de aguacate peludo, inició de nuevo el maremágnum, tres guerras carlistas, nada menos. Claro es que el problema es muy antiguo, desde que a alguien se le ocurrió hacer a los vizcaínos hidalgos por ley, un dislate.
Comentario por Granados Juan [Blogger] 18.04.07 @ 21:58
Juan un articulo muy bueno (en tu linea) e ilustrativo. Un añadido que supongo que conoceras. Creo que lo lei en Criterio hace unas semanas, donde en una exposicion dedicada al ejercito de Galicia, no habia ninguna bandera española, ya que segun algunos, España no existia en esos momentos. Perdon por la inexactitud de la referencia, aunque mas o menos era asi.
Saludos a todos.
Comentario por Wallenstein77 18.04.07 @ 11:14
Magnífico pincelazo de esos años convulsos. La duda que te traslado -aunque merecería otro post- es si el impacto que tuvo la Constitución de 1812 fue más simbólico que real. ¿Fue un elemento de peso en los años posteriores? De hecho se la cargaron después de la guerra. ¿Fue tomada en serio en el Norte, digamos Galicia, País Vasco y Cataluña? ¿Era un tema de cantonalismo o de desorden institucional?
Un abrazo,
Comentario por Miguel Cancio [Blogger] 18.04.07 @ 09:58
Comentario por Granados Juan [Blogger] 18.04.07 @ 01:17
Ambos sapos son difílmente aceptables por todas las fuerzas nacionalistas, incluído el PP. El PSOE lo único que tiene es oportunismo y parida mulicultural (eso de que el euskera "debe" fomentarse en nombre de una reparación y una falsa igualdad, en vez de potenciarse los derechos individuales)
Comentario por Berlin smith 17.04.07 @ 23:47
Por eso la superación de este síndrome pasa por empujar a la población a decisiones firmes para el futuro. Sin paños calientes. La solución de verdadero futuro pasa por dos ejes: uno es Bruselas y la relación del país y sus partes frente a Bruselas. La otra, es que las identidades deben poder competir en igualdad de condiciones: es decir, no puede ser el español obligatorio y el catalán, no. Por ejemplo. De otra forma: el fin de la primacía de lo castellano siempre y cuando no sea sustuida por otra primacía, sino para la elección ciudadana.
Ambos sapos son difílmente aceptables por todas las fuerzas nacionalistas, incluído el PP. El PSOE ...
Comentario por Berlin smith 17.04.07 @ 23:47
Se muestran únicamente los últimos 40 comentarios de cada post.
