La Universidad Pontificia de México organiza ciclo de conferencias sobre delitos imputables a clérigos.

23.01.08 @ 05:41:45. Archived * Iglesia en México, Guillermo Gazanini

Por Guillermo Gazanini Espinoza

México también ha sufrido la depredación sexual de los curas pederastas. Las autoridades eclesiásticas han advertido que a los curas delincuentes ya no se le puede proteger impunemente. Los escándalos recientes que involucraron a los cardenales Mahony y Rivera Carrera, de Los Ángeles y de la Ciudad de México respectivamente, han endurecido los criterios de la formación en los seminarios mexicanos y el arzobispo primado de México activó la política de “cero tolerancia” contra curas, ministros o seminaristas que cometan cualquier delito sexual en la diócesis más grande de México.

Un paso importante se ha dado esta semana en la Arquidiócesis de México. Bajo los auspicios de la Universidad Pontifica, la facultad de derecho canónico organizó el ciclo de conferencias “Sanciones para algunos delitos imputables a clérigos, según el derecho canónico y civil”. Tal vez un pequeño paso pero necesario en el gran problema que la Arquidiócesis tiene encima por la cruda realidad clerical que esconde en su seno la penosa situación de curas delincuentes.

Este simposio también es positivo porque refleja una apertura de ideas del mismo clero que antes no se podían exponer públicamente. Ofrece herramientas concretas a juristas, clérigos y público en general para hacer frente a esta situación. Y la Universidad Pontificia no dudó en echar mano de los expertos en la materia: abogados y canonistas de los Estados Unidos de América, la Iglesia vecina que ha visto quebrar diócesis enteras para pagar indemnizaciones multimillonarias a las víctimas de curas pederastas… y en México, no quieren ver lo mismo, de por sí, en diócesis paupérrimas que dificultosamente obtienen lo mínimo para llevar a cabo sus labores pastorales.

Entre los conferencistas se encuentran José Luis Sánchez Girón, SJ. de la Ponticia Universidad de Comillas, con el tema “La crisis en la Iglesia de Estados Unidos: normas propuestas por la Conferencia Episcopal Americana”; Francis G. Morrisey, OMI. con la exposición titulada “Proceso penal a nivel diocesano y romano de los delitos reservados a la Congregación para la doctrina de la fe”; Kurt Martens, de la Catholic University of America, con una ponencia relativa al derecho de defensa del clérigo acusado de los delitos de carácter sexual, la praxis en Estados Unidos; Damián Astigueta, SJ. de la Universidad Gregoriana de Roma exponiendo el motu proprio de Juan Pablo II, “Delicta Graviora” y uno de los especialistas más denotados y controvertidos en el derecho penal mexicano, el Lic. Juan Velásquez con el tema de “delitos sexuales imputables a clérigos y la legislación mexicana actual. El abogado Velásquez patrocinó al expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, acusado de genocidio por la matanza de Tlatelolco en 1968 y por la de Jueves de Corpus en 1971.

En el primer día del simposio se esperaba la asistencia del Gran Canciller, el cardenal Norberto Rivera Carrera, sin embargo, por motivos de salud, no estuvo en el acto de inauguración, según lo reporta la crónica del diario La Jornada que ofrecemos a continuación:

Dice en carta que esos delitos deben ser castigados; su ausencia, por motivos de salud

Rivera cancela asistencia a simposio universitario sobre curas pederastas.
Redacción / La Jornada. 22 de enero, 2008.

Aun cuando estaba anunciado para inaugurar un simposio sobre delitos de orden sexual imputados a clérigos, el arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, no asistió, pero en una carta enviada, el prelado se pronunció por que sean “castigados severamente” estos delitos, tanto por la ley eclesiástica como por la civil.

Rivera Carrera, señalado en una demanda interpuesta en Estados Unidos de proteger a un sacerdote pederasta, dijo que la corrupción de menores, el hostigamiento, el abuso sexual, el estupro o la violación –cometidos por algún clérigo– deben ser considerados delitos “gravísimos” contra el sexto precepto del decálogo y que provocan una pérdida de confianza en las relaciones humanas.

Al simposio, auspiciado por la Universidad Pontificia de México (UPM), acudieron especialistas, abogados y clérigos expertos en derecho canónico, quienes durante tres días abordarán el tema. Ayer, se pronunciaron por la severidad en el castigo y urgieron a ser más cuidadosos en la formación de presbíteros.

El sacerdote Mario Medina Balam, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UPM, en el inicio del acto, aclaró que el simposio “no constituye un foro para acusar o juzgar a personas concretas ni mucho menos para lanzar condenas”.
Leída por el rector Próspero Alfredo Vargas Alonso, el mensaje de Rivera Carrera –quien arguyó “motivos de salud” para no asistir al encuentro– insistió en que estos delitos no pueden quedar impunes, pues se trata de actos que afectan no sólo a la víctima, sino a sus familiares y a la Iglesia misma.

“Es muy conveniente que esta materia, especialmente delicada por las repercusiones que tiene, no sólo en relación con la disciplina interna de la Iglesia, sino por las consecuencias que de algunas de estas conductas se derivan ante la autoridad civil, sean materia de estudio sereno, desapasionado y con altura académica”, dice su texto.

Ante un centenar de asistentes, el rector Vargas Alonso reconoció que la Iglesia católica en México “no se ha visto libre” de estos “escándalos” por abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Y aunque no mencionó un caso específico, en el ambiente flotó el caso del mismo Rivera, quien fue denunciado en Estados Unidos por complicidad en la presunta violación de un menor de edad por un sacerdote mexicano (Nicolás Aguilar Rivera), algo que el arzobispo ha negado.

En esta demanda, Joaquín Aguilar Méndez, hoy ya adulto, denunció que en 1994 fue violado por el cura Nicolás Aguilar en la ciudad de México, cuando tenía 12 años. Acusó a Rivera Carrera de conspirar con el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney, para proteger a Aguilar, aún prófugo.

Incluso, abogados de las víctimas interpusieron apenas hace unos días ante la Corte Superior de California un recurso de apelación contra el fallo del juez Elihu M. Berle, quien dictaminó, a finales del año pasado, que la instancia no tenía jurisdicción en el caso que involucra a Rivera. No obstante, contrario a lo que hizo creer la Arquidiócesis de México, dicha resolución no implica inocencia, solamente que la corte angelina no tiene jurisdicción, en un acto que todavía no ha sido juzgado.

El rector de la UPM se pronunció en el simposio por que “haya una mejor elección y formación de los futuros sacerdotes, una atención más cuidadosa de la formación permanente del clero en cada iglesia particular, instituto religioso o sociedad de vida apostólica”. Exhortó a la Conferencia del Episcopado Mexicano a regular la conducta de los clérigos y cualquier persona que preste algún servicio en la Iglesia.

En tanto, el decano Medina Balam aclaró que el interés de la facultad no es el escándalo. “La facultad, existe y desarrolla su misión en la Iglesia; por tanto, no es ajena a la vida de la Iglesia, por su parte, la Iglesia, como institución, es un componente más de la sociedad mexicana, y sus miembros también son ciudadanos de este país.

“De tal forma que vivimos una misma existencia, como católicos y como ciudadanos; o construimos la Iglesia y el país, o los afectamos negativamente a ambos.”