Razón tenía el filósofo inglés Tomás Hobbes cuando afirmó hace ya varios siglos que “es la autoridad, no a verdad, quien hace la ley”. Se nos inunda de leyes nuevas, hechas a la medida del proyecto político imperante, para intentar “justificar”, jurídica y éticamente el comportamiento gubernamental.
Sin embargo, el primer y principal escollo es que las leyes deben responder al pensar “común” de una sociedad concreta. De no ser así lo que se produce no es una ley sino una “imposición” que, amparada en la fuerza del poder, recurre a la “coacción” para que la ley se cumpla. Con lo cual se tambalea el ejercicio de los derechos humanos, tanto por quien la impone, el poder, como por quien la padece, el ciudadano.
Se quiere hacer de los venezolanos “buenos ciudadanos socialistas”, y quien no lo sea, puede pierde de hecho, unos derechos que corresponden por igual a todos. Por algo decía Kant, que “hasta los demonios podrían ser buenos ciudadanos pero no buenos hombres éticos”.
Cuando el derecho se topa con la ética, la situación se aclara. Podrán ser “legales” las medidas del gobierno para imponer su pensamiento, pero son “éticamente” muy débiles, porque esta última, y más en las sociedades modernas, plurales y diversas, los consensos se obtienen por convicción no por la fuerza.
Para la aplicación, al menos inicial de algunas leyes, se unían supervisores (quizá mejor, espías), acompañados de efectivos de la fuerza pública. Estos pueden amedrentar pero no cambiar la manera de pensar de la gente.
Hay que limitar el campo de aplicación del derecho. Es impensable e inviable que cada uno de nosotros, además de un ángel custodio, tengamos asignado un gendarme para controlar lo que decimos y hacemos. La regla debiera ser: toda la libertad que sea posible, solamente la coacción que sea necesaria. Si esto no se da, la convivencia social se volverá más conflictiva y violenta. Veámonos en las estadísticas de muertes violentas y crecimiento del hampa y la corrupción.
Hay que enriquecer la ética civil, el comportamiento admitido y querido por los venezolanos, por las vías del diálogo y la persuasión. Es lo que en los ya lejanos días del inicio del pontificado de Pablo VI (1964) intuyó: la relación entre la Iglesia y el mundo, entre el creyente y los poderes fácticos debe excluir la imposición y la fuerza. El camino más legítimo es el del diálogo.
No está de más recordar una frase de Ortega y Gasset: “El verdadero revolucionario lo que tiene que hacer es dejar de pronunciar vocablos retóricos y ponerse a estudiar economía”.
Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo
Domingo, 22 de noviembre
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Asoc. Humanismo sin Credos
Vicente Haya