(RD/Efe).-La Iglesia católica costarricense trasladó fondos de inversionistas que mantenía en Costa Rica a una sociedad 'off shore' en Panamá, para evitar los controles de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en el país, reveló hoy el diario local La Nación.
En julio de 2005, la Sugef ordenó a la Conferencia Episcopal cesar las operaciones ilegales de intermediación financiera que realizaba a través de sus cuentas bancarias, en las cuales recibían inversiones de costarricenses y extranjeros, y daban créditos.
Además, ordenó devolver a los inversionistas todo el dinero captado; sin embargo, varios de estos inversionistas confirmaron a La Nación que fueron notificados en ese momento de que sus recursos iban a ser movidos a Panamá, a la sociedad Servicios Pastorales Latinoamericanos S.A.
Según el Registro Público panameño, esta sociedad fue creada en octubre de 2004. En ese momento, la Sugef se encontraba auditando las operaciones financieras de la iglesia en Costa Rica.
La Sugef presentó el pasado 14 de mayo una denuncia contra la Conferencia Episcopal ante el ministerio Público, porque a pesar de las directrices emitidas por las autoridades en 2005, presuntamente la iglesia continuó realizando operaciones financieras ilegales hasta la actualidad.
En la demanda, la Superintendencia menciona a Servicios Pastorales Latinoamericanos como una firma 'off shore' que utiliza la Conferencia Episcopal para invertir dinero en Panamá, el cual, no paga impuestos en Costa Rica.
Según documentos en poder de La Nación, hasta el 31 de marzo pasado, la Conferencia Episcopal de Costa Rica tenía 58,9 millones de dólares invertidos a nombre de la sociedad panameña, los cuales incluyen bonos de deuda de Costa Rica, Colombia y Ecuador.
Los obispos, que integran la Conferencia Episcopal, no han dado ninguna declaración al respecto del caso desde que la Sugef presentó la denuncia, y en ese momento afirmaron en un comunicado que no se referirán más al tema por 'respeto al proceso judicial'.
Anteriormente, José Francisco Ulloa, presidente de la Conferencia, había asegurado que la Iglesia fue víctima de una estafa, y que las operaciones financieras realizadas después de 2005 no contaban con el consentimiento de los obispos, sino que fueron actos realizados por funcionarios de confianza.
No obstante, dos de los inversionistas de la Conferencia, afirmaron a La Nación que las operaciones financieras en las cuentas de la Iglesia eran algo totalmente público y de conocimiento de las autoridades eclesiales.
'Era algo tan público que se manejaba por el sistema bancario nacional. Cuando ellos se dieron cuenta que no era bueno que la gente conociera que la Iglesia tenía todas esas cosas comenzaron a hacer todo a través de sociedades anónimas', declaró al diario Jorge Sánchez, uno de los inversionistas.
Jueves, 24 de julio
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