No acudió ni un solo obispo a la manifestación del 17-0. Habián llegado previamente a un acuerdo entre ellos para no participar. Animar, impulsar y ayudar lo máximo posible, pero sin ponerse detrás de la pancarta. Todos los expertos en estrategia mediática se lo aconsejaron: su presencia iba a desenfocar el eco mediático de la manifestación (tan importante como la misma marcha) y, además, daría munición fácil al Gobierno y a su habitual cantinela:curas junto al PP y a los ultras católicos. Hubo PP, pero tamibén mucha gente normal y ni un sólo obispo. Y los medios no tuvieron más remedio que centrarse en lo esencial, en la propia manifestación.
Para el sábado 17 de octubre, varios colectivos convocaron en Madrid una multitudinaria manifestación callejera en contra de la actual reforma de la Ley del Aborto y a favor de la vida. Admitiendo que la protesta es lícita, cabe preguntarse por su oportunidad: ¿salir a la calle, en este momento político, es el modo más eficaz de luchar por la vida? ¿Se puede estar en contra del aborto y faltar a esta concentración? Sergio Damas, miembro de la Asociación Cultural Karl Rahner no cree que “debates de tanta transcendencia, con tantos matices como tiene el nuevo proyecto de ley, se puedan dirimir desde una postura cristiana con una manifestación“. Su opinión contrasta con la de la pediatra y portavoz de DerechoaVivir.org, Gádor Joya, quien piensa que “no podemos seguir callados ante el horror del siglo XX: el aborto” y que “el día 17 de octubre tenemos que estar todos en Madrid”.
Como católico, termino la semana con una zozobra: si los asesinos que ayer mataron al policía Puelles acuden a una iglesia, confiesan su crimen a un sacerdote bajo secreto de confesión y el sacerdote los absuelve, Dios Nuestro Señor, en su infinita bondad, les perdona y los vuelve a acoger en su seno. Así ha sido a lo largo de la historia, y grandes criminales han podido encontrar el camino de la salvación eterna. Dios, para perdonar, solo pide arrepentimiento. En cambio, si el mismo terrorista es una mujer que cualquier día decide abortar, no hay confesión que valga. Según la Conferencia Episcopal Española, esa mujer y los médicos que hayan interrumpido el embarazo serán automáticamente excomulgados. Aquí, la gracia de Dios cae sobre los seres humanos con diferentes grados de indulgencia.
Me gustaría saber la identidad de los nueve expertos en los que la ministra Bibiana Aído se escuda para defender que una niña de dieciséis años puede abortar sin consultar con sus padres. Me gustaría saber de qué son expertos y si son padres y madres. Me gustaría saber en qué se fundamentan para decir que dejar tan dramática decisión en manos de una adolescente aterrada es lo mejor para ella.
EL texto del anteproyecto de ley de ampliación del aborto, técnicamente deplorable, ratifica y agrava el sesgo partidista e ideológico de esta reforma legislativa, sustentada sobre criterios tan insostenibles como el que ayer expuso la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al afirmar en una entrevista radiofónica que un feto de catorce semanas es un ser vivo, pero no un ser humano. A partir de esta premisa disparatada -que instaura una categoría biológica hasta ahora desconocida, la de un ser vivo sin asignación de especie- se explica el anteproyecto de ley y el conjunto de disposiciones que configuran un sistema legal que invita a abortar.
El documento del Gobierno no sólo no ampara al feto, mediante la disuasión a la mujer de abortarlo, sino que despoja al Estado de la más mínima neutralidad frente al aborto al configurarlo como un derecho subjetivo de la mujer y un recurso para su salud sexual y reproductiva. En absoluto el aborto recibe el tratamiento propio de una situación trágica que debería ser excepcional.
Esta finalidad abortista -extendida a unas menores de edad a las que Rodríguez Zapatero pretende proteger de las «interferencias» de sus padres, según dijo ayer- se manifiesta en la información previa que se facilitará a la mujer que tiene intención de abortar, porque su contenido se limita a dar cuenta sobre métodos y condiciones previstas en la ley para interrumpir el embarazo, pero no de alternativas al aborto, y de éstas sólo se le informa en sobre cerrado y cuando ya ha decidido someterse a un aborto.
La ordenación de estas informaciones, así como el contenido y la forma en que se facilitan, ilustra bien claramente cuál es el propósito del legislador. Además, el anteproyecto incluye una cláusula de interpretación «pro aborto» que obliga a interpretar las condiciones de la ley de la manera «más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención», de forma que cualquier duda legal ha de resolverse a favor del aborto.
Tratándose de una ley que ha sido presentada como una garantía de la seguridad jurídica de las mujeres, esta cláusula sólo se entiende porque el propio texto preparado por el Gobierno incluye a propósito conceptos y requisitos abstractos que acabarán implantando un aborto totalmente libre e impune.
Por ejemplo, el concepto de salud que recoge el anteproyecto incluye, siguiendo la definición de la OMS, el «bienestar social», de tal manera que cuando la ley justifica el aborto por un «riesgo para la vida o la salud de la embarazada» habrá de incluirse esa vertiente social de salud. Así es como la reforma del Gobierno incorpora subrepticiamente la indicación socioeconómica, junto al sistema de plazos y a las indicaciones médicas, superando con creces a las más abiertas legislaciones europeas.
La propuesta del Gobierno se aparta de los límites impuestos al aborto por el TC en su sentencia de 1985, porque el nasciturus queda desprotegido, carente de un sistema objetivo de amparo frente a la mera voluntad de la madre de poner fin al embarazo mediante el aborto. La ley no prevé el aborto como la solución a un conflicto entre derechos, sino la expresión de una sumisión completa de la vida del nasciturus a no ser molesto ni gravoso para un bienestar que, al incluir una vertiente social, ni siquiera exige que el embarazo provoque una patología física o psíquica a la madre. El recurso del PP al TC está más que justificado.
Editorial de Abc
Las recientes declaraciones del papa Benedicto XVI en África sobre el preservativo han provocado polémica, o cuando menos, sorpresa.
Como creyente y como teólogo, ¿cómo ve el mensaje del Papa?
Lo que se ha recogido en Europa de ese tema, se ha hecho de una forma descontextualizada. El Papa ha hablado de la pobreza, del respeto a la dignidad, de la ayuda internacional, de la promoción de la mujer y todo eso ha pasado desapercibido, siendo asuntos que también suponen un reto para la sociedad europea y sus responsabilidades en África. Luego, lo que ha dicho sobre el uso del preservativo me parece que puede ser muy discutible. Que el preservativo no sea la panacea para la lucha contra el sida puede ser cierto, pero que puede jugar un papel muy importante en la prevención del sida es algo que parece claro hoy en día.
¡Albricias! ¡Fiesta de la vida! ¡Es la Encarnación del Señor! María con un sí balbuciente y el ángel arrodillado, de hinojos, postrado ante el vientre que ya es casa, cuenco, besana y surco; cobijo, santuario de Jesús. ¡Albricias! ¡Loado seas mi Señor por bajar al silencioso y sencillo vientre! Es la fiesta de la Encarnación el próximo 25 de marzo y los obispos españoles nos invitan a orar por la vida desde el vientre hasta el nicho; la vida en toda su riqueza.
Monseñor:Usted ha declarado, recientemente, de forma pública, la excomunión de una madre de familia que había hecho abortar a su hija de nueve años, embarazada de cuatro meses, después de haber sido violada desde la edad de seis años por su padrastro. Usted ha decidido también públicamente la excomunión de los médicos que han practicado este aborto. Por ello, yo reacciono públicamente a su intervención a través de esta carta abierta.
Os lo aseguro: en cuanto a lo que mí respecta, el aborto es la supresión de una vida. Estoy, pues, firmemente en contra.
La batalla de ideas entre el relativismo posmoderno y el neoconservadurismo militante es tan elemental que los llamados dilemas morales han dejado de ser morales para convertirse en pura identidad. Saltan chispas por la nueva batalla del aborto. Las razones simulan ser morales, pero son banderas de grupo. De tribu.Se discute sobre el aborto como discuten los forofos sobre el Barça y el Madrid: atrapados por el sentimiento de pertenencia, confundiendo el arte de argumentar con la sistematización de los prejuicios. Se creen unos en posesión de la geografía de la modernidad y desprecian con sonrisa concesiva a sus antagonistas, tachados de medievales y premodernos.
Aunque soy contrario al aborto, admito su discriminalización en ciertos casos, como el de estupro, y no apoyo la postura del arzobispo de Olinda y Recife al exigir que una niña de 9 años asuma una gravidez indeseada con el grave riesgo de su sobrevivencia física (pues la síquica ya ha sido dañada) y llegar a excomulgar a los que la ayuden a interrumpirla.
Cuenta Jun G. Bedoya en El País que la calma entre la Iglesia católica y Gobierno socialista se rompe apenas un año después de negociarse. Los obispos llamarán a una "masiva movilización" contra el Ejecutivo cuando éste concrete y remita a las Cortes la reforma de la ley que en 1985 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Lo anunció ayer el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino.
No existe un derecho al aborto. Ello no significa que legalmente no pueda haber una despenalización: en un Estado laico, ni un delito es un pecado, ni legal equivale a moral. La ley civil tiene como objetivo la convivencia, no la moral: no pretende entrar en las conciencias, sino regular conductas que afectan a la paz social. Por eso las leyes pueden penalizar cosas no inmorales (hablar por el móvil conduciendo) y no penalizar cosas inmorales (el adulterio). Pero una cosa es lo legalmente tolerado y otra lo moralmente permitido.
Domingo, 22 de noviembre
Josemari Lorenzo Amelibia
Francisco Margallo
Pedro Tarquis
Asoc. Humanismo sin Credos
Sor Lucía Caram O.P
Juan Fernandez Krohn
Julián Moreno Mestre
Siro López
Jaime Vázquez Allegue
Rodrigo del Pozo Fernández
