Insustituible función social de la Iglesia

30.10.06 | 07:48. Archivado en Iglesia-Estado

Blazquez Las cifras aportadas por la Iglesia en materia de financiación rompen los tópicos al uso acerca de los privilegios imaginarios que se le atribuyen desde sectores laicistas. De hecho, las diversas instituciones eclesiásticas ahorran al Estado cerca de 8.000 millones de euros, cifra que equivale nada menos que al 1 por ciento del PIB.

Más de tres millones y medio de personas se benefician de estos servicios sanitarios y asistenciales, de manera que -según las expresivas palabras del obispo de Tarazona- la Iglesia «no es un parásito», sino, muy al contrario, «una gran bienhechora». Hay otros datos determinantes. Entre ellos, que en 2007 la Conferencia Episcopal recibirá por vía del IRPF 150 millones de euros, cantidad inferior al presupuesto de Cáritas, que asciende a 170 millones.

En general, la aportación de la Administración es cinco veces menor que la inversión de la Iglesia en promoción social. También debe tenerse en cuenta el ingente patrimonio cultural, cuya titularidad le corresponde, sin que en estos últimos años la financiación recibida (por ejemplo, a través del Plan Nacional de Catedrales) haya sido especialmente generosa.

El arraigo del catolicismo en la sociedad española es evidente y así lo reconoce el artículo 16 de la Constitución. Casi 100.000 personas dedican a diario su principal actividad al servicio de los demás desde su compromiso como creyentes. Sin merma alguna de la libertad religiosa, está claro que no es lícito -por razones históricas, sociológicas y jurídicas- equiparar a los católicos españoles con los ciudadanos que profesan cualquier otra creencia.

Parece que el Gobierno pretende reconducir unas relaciones enturbiadas por las exigencias de ciertos sectores de la izquierda. El nombramiento de Francisco Vázquez como embajador ante la Santa Sede y el pragmatismo de Fernández de la Vega dan resultados más fructíferos que la querencia anticlerical de quienes defienden una ideología rancia y trasnochada. Mientras siguen las negociaciones sobre la asignatura de Religión, se ha rebajado el clima de enfrentamiento, «deshielo» al que no ha sido ajeno -por supuesto- el discurso del Papa, Benedicto XVI, en Valencia: firmeza absoluta en los contenidos con moderación en las formas.

Corresponde ahora al Gobierno situar las cosas en su justo límite. Es positivo que haya acuerdos sobre financiación, pero es inaceptable que algunos quieran presentarlos como el final de unos privilegios ancestrales que no son tales. Sólo le faltaba a Zapatero reabrir la «cuestión religiosa» para seguir dando vueltas de tuerca a la sedicente memoria histórica, que en nada contribuye a la convivencia política.

Algunas leyes, ya en vigor, chocan frontalmente con la moral católica y con el sentimiento de millones de ciudadanos. Es bueno que se abran nuevos caminos, pero siempre dejando claro que el Estado no regala nada a la Iglesia: a la hora de valorar las aportaciones de unos y de otros, está claro de qué lado se inclina la balanza.

Editorial de Abc

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