No debe de ser fácil probar que una empresa sea culpable de que algunos de sus empleados se suiciden. Si las condiciones del trabajo fueran suficiente causa para el suicidio, se hubieran suicidado todos los esclavos y todos los encarcelados. Siempre hay que contar con que hay otras causas, y entre todas juntas conducen al resultado final.
En la carta destacada del día de El Periódico, titulada “Protección deficiente ante los casos de acoso laboral”, su autora, Josefa Gómez Silva, explica las vicisitudes por las que atraviesa alguien de su entorno. Cuando alguien está en peligro, y no puede resolver la situación por sí mismo, tiene la obligación moral de pedir ayuda. Lo que dice la carta es que los que hacen sindicatos, asociaciones y abogados es preguntarle si tiene pruebas.
Una joven de 16 años, Kimberley Swann, fue despedida de su trabajo en Marketing & Logistics, por catalogar de aburrido su trabajo en Facebook. Pero el tipo que la ha despedido no está en sus cabales, es notorio que su cerebro no funciona bien. En primer lugar, su comportamiento denota un complejo de superioridad sobre la joven a todas luces injustificado, puesto que el hecho de que sea el jefe de la joven no significa que sea superior a ella. La categoría laboral no presupone la categoría personal.
Cíclicamente, y aprovechando cualquier coyuntura, la que sea, que se presente surgen voces que, con gran solemnidad y empaque, piden que se abarate el despido, o que éste sea totalmente libre, alegando que con ello se fomentaría la creación de empleo. Ante esa propuesta cabe recordar que estamos en crisis y que el sistema español tampoco ofrece garantías a los ciudadanos.
Acostumbra Zapatero a alardear de que defiende a los débiles y a los pobres y probablemente espera que puesto que repite tanto estas cantinelas haya un público que lo crea. La realidad queda de manifiesto en esta ley:
Supongo, porque no soy experto en leyes, que si la empresa ha despedido a una trabajadora suya que está en coma es porque la legislación lo permite. Y volvemos a lo de siempre, nuestros políticos, que son capaces de procurarse dignas jubilaciones y dignos modos de vivir, no aciertan a defender a quienes necesitan de la patria, porque si no se habla de patria en estas ocasiones, ¿cuándo se va a hacer?
Ya es sobradamente conocida la noticia de que la cadena de distribución alemana, Lidl, ha sido multada con un millón y medio de euros. La pregunta que surge rápidamente es que en idéntico supuesto en España hubiera ocurrido igual. ¿Podemos creer que los españoles que una empresa de capital español, con sede en España, de la importancia de Lidl, que hiciera lo mismo que Lidl, hubiera recibido una sanción similar?
Días atrás se dio la noticia de que la Generalidad de Cataluña envió jabón y toallas a las empresas cuyo número de accidentes laborales es especialmente elevado. Lo que ocurre es que la finalidad de las empresas es ganar dinero. No obstante, no cabe ninguna duda de que los empresarios, por regla general, son personas con sentimientos y lamentan los accidentes. Pero no cabe descartar que a algunos les importe un bledo la salud de sus trabajadores. Para defendernos de ellos los ciudadanos contamos con los políticos, que son quienes dictan las leyes, y, en este caso, aquellas por las que se ha de regir el mercado laboral y los que las han de hacer cumplir.
La Unión Europea permitirá que la jornada laboral se alargue hasta las 65 horas semanales y eso no tiene nada que ver con aquella vieja reivindicación, que tanta sangre costó, cuyo lema era “ocho horas para trabajar, ocho para la familia, ocho para dormir”. El gobierno español se ha abstenido, es el único que lo ha hecho, pero es que en España ya se hacen esas jornadas en muchos sitios, aunque sea ilegal. Asusta pensar lo que puede ocurrir cuando entre en vigor la ley.
Miércoles, 25 de noviembre
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