El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el reglamento que obliga a los funcionarios a comunicarse en catalán y el gobierno presidido por ese al que llaman el Mocho ha anunciado que no cumplirá la sentencia.
Ellos se arrogan el derecho a desobedecer las leyes que juraron cumplir y obligar a cumplir al tomar posesión de sus cargos, pero veremos qué les ocurre a los funcionarios que desobedezcan sus órdenes. El gobierno de España debería proteger los derechos de todos los ciudadanos, entre ellos los de los funcionarios catalanes, pero aparte de que su titular es pusilánime se encuentra asediado por otros que vienen con ideas indignas de ese nombre. Más que de ideas cabría tildar de maldades a algunas de las cosas que traen en el magín.
La cuestión es que lo que ocurre en Cataluña es propio de regímenes dictatoriales. Los que mandan se pasan las leyes por el arco del triunfo, pero obligan a los ciudadanos a obedecerlos y acatar sus caprichos. Los ciudadanos son quienes pagan los sueldos de esos políticos, motivo por el cual estos últimos deberían considerarse servidores públicos y su misión debería ser la de disponer las cosas pensando primordialmente en ellos. En lugar de esto, se consideran pastores de un rebaño de borregos, al que conducen por dónde les da la gana.
Como tales pastores del rebaño, se permiten obligar a los ciudadanos a usar una lengua y que olviden otra. Dan más derechos a la lengua que a los ciudadanos, con lo cual demuestran que tampoco aman a esa lengua, puesto que la convierten en odiosa al utilizarla como instrumento de dominio.
Pero si se observa a quienes dirigen o han dirigido el cotarro, o están en sus alrededores, como es el caso de cierto llorón o de determinada histérica, el asunto adquiere categoría de guasa: ¿Esos pájaros han conseguido hacer toda esta destroza?
‘Internet negro’
‘Manual de insultos para políticos’
‘Los hombres que susurran a las máquinas’
‘Al pie de una pared sin puerta’
‘A pesar de los pesares’
‘El árbol del silencio’
‘El bucle’
‘Versus’