Este señor, integrante del gobierno autonómico catalán, como respuesta a los controles que el gobierno le ha impuesto para seguir otorgándole ayudas, ha dicho lo siguiente:
«El funcionamiento de la Hacienda Pública y el FLA, que es la canalización del dinero que pagan los catalanes para sus servicios públicos, no debería estar condicionada a que la política del gobierno de Cataluña guste o no guste al Gobierno de turno de Madrid«.
Esta afirmación contiene varios errores y parecería mentira que hayan surgido de un señor que parece tan serio y al que algunos de su ramo tildan de competente si no fuera porque es nacionalista. En este caso, cualquier disparate que diga o se le adjudique no resulta increíble.
El dinero que recauda la Hacienda Pública no lo pagan los catalanes, sino los contribuyentes. El gobierno tiene la obligación de administrarlo del modo que más convenga a éstos. Hay constancia de que en la autonomía catalana se dejan de pagar los servicios en la seguridad de que los pagará el Estado, lo que les permite destinar esos fondos que se ahorran a fines innobles.
No se trata de pues de que la política del gobierno autonómico guste más o guste menos, sino de que se ajuste a la ley.
Los nacionalistas disfrutan mucho seguramente cada vez que logran tergiversar algo y lo hacen de modo tal que los tontos y los interesados lo dan por bueno.
El gobierno autonómico de Cataluña, algunos de cuyos componentes pueden acabar llevando traje a rayas en los próximos tiempos, debería recordar que su obligación consiste en cumplir y hacer cumplir la ley.
También debería saber este señor, porque lo debe de estar viendo cada día, que el nacionalismo se basa en el egoísmo y en el odio. Nada bueno puede salir con esos ingredientes. Cuando la base falla, todo lo demás cae con estrépito.
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