Parece mentira que los tribunales de justicia de un país que se tiene por civilizado incurran en tan absurdos e incongruentes desatinos.
Entre los hechos probados y las sospechas, se decantan por estas últimas. Las sospechas fueron introducidas por un abogado de ETA. Esas sospechas no tienen lógica.
La policía belga detuvo a la etarra Natividad Jáuregui, a la que la justicia española acusa de haber cometido seis asesinatos. La justicia española pidió la extradición.
El abogado de la etarra, y de otros etarras, alegó ante el Tribunal de Casación belga que si se la extraditaba a España corría el riesgo de ser torturada. Esa es una artimaña propia de todos los abogados de los delincuentes y especialmente de los terroristas.
El asunto no tiene lógica, porque hay alrededor de 400 asesinatos etarras sin resolver. Si la policía española torturara eso no ocurriría.
La justicia belga es cruel con las víctimas del terrorismo e injusta con la justicia española, que se las ve y se las desea para hacer su trabajo con los medios que tiene. Si en España se practicara la tortura el cadáver de Marta del Castillo habría aparecido.
Inexplicable resulta la pasividad de las autoridades españolas, puesto que permiten que los terroristas ganen la batalla ante la opinión pública mundial. Puesto que el gobierno no cumple con sus obligaciones en este sentido, ha de ser una modesta asociación, Covite, la que, con escasos medios, trate de revertir la situación. Ha dicho Consuelo Ordóñez, su presidenta, que negar la extradición de Natividad Jáuregui una burla a la legalidad europea, ya que supone un incumplimiento palmario de la normativa europea sobre detención y entrega. Y añade un comentario que debería sonrojar a la justicia belga: es evidente que ninguno de los países de la Unión Europea podrían formar parte de ella si practicaran torturas.
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