Arquitectónica, cultural o funcionalmente, la intervención de Grassi y Portaceli en el Teatro Romano de Sagunto puede considerarse correcta, o como mínimo defendible. Desde el punto de vista legal la cuestión no admite dudas. Y aquí entramos en el campo que interesa. Si un ciudadano normal quebranta la ley y lo pillan, tiene que pechar con las consecuencias, a veces muy duras. Sin embargo, los políticos no se creen con la obligación de cumplir las leyes que ellos mismos ponen. Hablo en general porque en la cuestión del Teatro Romano han participado todos, por acción o por omisión. Y quebrantan las leyes que ellos mismos ponen con desparpajo y utilizando fondos públicos. El Teatro Romano de Sagunto no es propiedad del gobierno valenciano, tampoco del español; por tanto, no tenía el gobierno valenciano ningún derecho a actuar como hizo. Los arquitectos, por su parte, tienen derecho a tener su propio criterio estético y a pensar que lo que hicieron es lo mejor, pero tenían la obligación de saber que lo que hacían era ilegal. Cipriano Císcar, apoyado por Joan Lerma, creyó que su visión estética era la más avanzada, o que estaba más depurada que la de sus administrados, así que no dudó a la hora de saltarse la ley. Lo primero es pecado de soberbia y lo segundo denota precisamente que carece de esa exquisitez de la que presume. El PP popular era el partido de la oposición y pese a la flagrante ilegalidad no fue capaz de impedirla. No debía de ser tan difícil cuando un abogado valenciano, Juan Marco Molines, por sus propios medios y sin ayuda, ha ido consiguiendo juicio tras juicio, demostrar la ilegalidad de las obras. Conviene señalar la obstinación en defender la ilegalidad, pues se han presentado todos los recursos que permitía la ley, sin saltarse ninguno. En lugar de tener vergüenza. El PP, por su parte, como ya se ha dicho, ni hizo su trabajo cuando estaba en la oposición, ni lo hace en el gobierno. Son muchos los millones de euros que hemos perdido los ciudadanos. El periodismo de trinchera, sea El País o cualquier otro, hace hincapié en lo accesorio y olvida lo fundamental. Y a eso le llaman informar.

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La Comunidad Valenciana y el guirigay nacional