El Gobierno mantiene "congelada" la Ley de Libertad Religiosa, es decir que, de momento, no hará ningún movimiento respecto a los símbolos religiosos. En los colegios públicos la presencia de crucifijos dependerá de que algún padre lo denuncie. En los centros concertados de ideario católico, aunque reciben financiación pública, las cruces seguirán blindadas por el Concordato con el Vaticano.
Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordena la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas de Italia, el Ministerio de Justicia de España dijo que la medida "será tenida en cuenta" en la tramitación de la Ley de Libertad Religiosa en nuestro país. No obstante, según fuentes vinculadas al desarrollo del proyecto, la futura norma -que permanece "congelada" a la espera de "un momento político oportuno"- no ordenará de forma expresa la desaparición de crucifijos de las aulas públicas, ni alterará los hábitos de los concertados.
La retirada de símbolos religiosos en las escuelas públicas es ya obligada en España por una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), de 1982, pero la medida se cumple sólo si los padres lo solicitan, lo cual significa que deben estar dispuestos a un difícil tránsito jurídico. La ley serviría, en principio, para agilizar el proceso y evitar esperas como la que viven desde hace cuatro años los padres del colegio Macías Picavea de Valladolid.
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Domingo, 19 de febrero
Pedro Tarquis
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Pedro Tarquis
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