13.11.09 @ 01:16:33. Archivado en España
Desde 2004 el sindicato ha recibido casi dos millones de euros
sólo del Ministerio de Educación
Madrid, 12 de noviembre de 2009. A estas alturas a nadie se le escapa la excelente relación existente entre el sindicato UGT y el Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia de política económica y social.
Sin embargo, resulta más desconocida la inestimable colaboración prestada por este sindicato al proyecto ideológico socialista plasmado en educación y muy particularmente en las polémicas asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Pues bien, la sección de Enseñanza de UGT desvela su adhesión a la educación «oficial» en una publicación titulada FETE-UGT. Nuestro compromiso con la Educación a la que ha tenido acceso Profesionales por la Ética. En síntesis, según esta publicación, FETE-UGT defiende «un modelo de escuela progresista laica, plural y democrática» en el que «se forme a los alumnos en el replanteamiento permanente de las ideas recibidas». En concreto, en EpC el sindicato lleva desarrollando una campaña dirigida a formar a alumnos de Infantil y Primaria a través de libros, DVD, fichas didácticas, talleres, folletos y recomendaciones para el profesorado.
Entre los materiales educativos de UGT, además de la multiculturalidad, los Objetivos del Milenio o la discapacidad, se incluye un amplio apartado dedicado a la educación afectivo y sexual en el que destaca el apoyo a la campaña Una escuela sin armarios, promovida por los colectivos de activistas homosexuales. El fin de esta campaña es que se visibilicen las distintas «orientaciones sexuales» «en el currículo escolar, en el lenguaje y en la práctica educativa». También se pretende que los alumnos reconozcan y valoren los distintos modelos de familia.
Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, la implicación de UGT en el proyecto ideológico de EpC no es nuevo porque este sindicato ha intentado personarse (sin éxito) incluso en procedimientos judiciales en defensa de los contenidos de estas asignaturas.
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07.11.09 @ 19:02:52. Archivado en España
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) sigue confirmando que en España cabe la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC). Y es que desde septiembre hasta hoy el TSJCyL ha eximido de cursar alguna de las asignaturas de EpC a 171 alumnos mediante 88 sentencias. De estas últimas:
• 29 corresponden a 64 alumnos de Salamanca.
• 28 sentencias se refieren a 35 alumnos de Soria.
• 31 afectan a 72 alumnos de Valladolid.
En las próximas semanas se espera que el TSJCyL siga notificando sentencias que permitan que sean cientos los niños que reciban autorización judicial para no cursar unas materias contrarias a la libertad educativa de las familias de dicha Comunidad. El Tribunal castellanoleonés afirma expresamente que las asignaturas de EpC tienen una intensa carga ética, moral e ideológica y que inciden en la privacidad e intimidad de los alumnos; por ello reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los padres, y establecen que los niños quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello.
El TSJCyL pone en evidencia la debilidad argumental de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC y recuerda que en España es el Tribunal Constitucional el intérprete auténtico de los derechos fundamentales tutelados en nuestra norma suprema.
En las próximas semanas se espera que otros Tribunales Superiores de Justicia como Madrid y Valencia se pronuncien reconociendo los derechos fundamentales de los padres y eximiendo a los alumnos de cursar EpC.
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04.11.09 @ 20:10:53. Archivado en España
Hace unos días tuve la oportunidad de ver Katyn, la última película de Andrzej Wajda. Sin entrar en el argumento principal, sí contaré al lector que la Polonia libre, vital e independiente que se ilustra al comienzo de la película, acaba, a su término, acomodada a la libertad raquítica, triste y sospechosa de una nación sometida a la tutela de la Unión Soviética.
Polonia, finalmente, no fue aniquilada ni los polacos deportados. Perdieron su ejército pero los ciudadanos tuvieron la oportunidad de adaptarse a la nueva situación. Un sometimiento que permitía a quienes lo aceptaban progresar en el nuevo régimen que daba cabida, sin saberlo, a quienes, desde dentro de las nuevas instituciones, pretendían conciliar su sometimiento al régimen con un trabajo por una futura Polonia libre.
En una de las escenas finales, dos mujeres se reprochan sus opciones vitales contrapuestas. Una de ellas, hermana de un ingeniero asesinado por el ejército ruso, lucha contra el nuevo régimen desde la clandestinidad, manteniendo vivo el recuerdo de la Polonia independiente. La otra mujer, colaboracionista, le reprocha que el camino de la oposición resulta estéril y sólo será posible reconstruir el espíritu polaco aprovechando las estructuras existentes, procurando minimizar desde dentro del sistema la influencia soviética.
Resistencia desde fuera del sistema o aceptación del mal menor para trabajar, desde dentro, por revertir la situación. Un dilema que, setenta años después de Katyn, estamos viviendo en España, donde el Estado, a través de la legislación gubernamental, no cesa de invadir ámbitos privados de libertad y establecer un auténtico régimen en el que no cabe la discrepancia. Un verdadero totalitarismo porque el Estado pretende dar razón de todas las dimensiones que afectan a la persona, que resulta reducida a ciudadano. Y sólo es y tiene sentido por su relación con el Estado, que otorga, extiende, limita o elimina los derechos que configuran la naturaleza del ciudadano.
Ante este indudable avance del totalitarismo, acentuado en los últimos cinco años, las personas e instituciones conscientes del peligro (obviando aquellas cuya comodidad ahoga cualquier reacción) han optado por una de las dos estrategias: oponerse frontalmente al recorte de libertades o transigir lo suficiente como para no quedar fuera del sistema con la finalidad explícita de “cambiar la situación desde dentro”. Se acepta así un mal menor como medio para obtener, al término, un bien mayor.
En este sentido, muchas personas e instituciones que advirtieron el letal influjo de la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía optaron por asimilar y obedecer una ley a todas luces injusta con el propósito -al menos así lo manifestaron- de revertir la situación “desde dentro”, desarrollando estrategias y subterfugios que, a fecha de hoy, no han hecho sino contribuir a consolidar la intromisión del Estado en la libertad de los padres, de los profesores y de los centros docentes.
El caso de la respuesta al nuevo proyecto de ley de Reforma de la Ley del Aborto es muy similar. Algunas organizaciones han rechazado públicamente esta nueva ley porque “empeoraría” la situación ya de por sí injusta de la legislación vigente, que se asume como un supuesto inamovible. Se trata, por tanto, de mantener un “mal menor” que resulta, a estas alturas, incuestionable.
Otro tanto ocurre con el resto de leyes cuya carga totalitaria no se pretende tanto desactivar como minimizar. La radicalidad -de raíz- no se lleva: resulta -proclaman muchos- más eficaz la asunción de males menores que permitan seguir políticamente reconocidos para mantener la posibilidad de seguir siendo interlocutores de un Estado que, lejos de consensuar las leyes, utiliza la interlocución con los discrepantes oficiales como atrezzo de un diálogo al que resulta, a la hora de la verdad, impermeable.
Pienso que es hora de revisar estrategias ante el avance de leyes totalitarias. No se trata de juzgar intenciones, sino de evaluar el escaso, si no nulo resultado, de los planteamientos que se basan en consentir el “mal menor” en aras de un “bien mayor” que, por lo que parece, “ni ha llegado, ni se le espera”.
La “estrategia de consentir el mal menor” no resulta educativa para una sociedad que debe recuperar su sentido de su libertad y primacía con respecto al Estado, que no debe conformarse con minimizar los influjos estatales amparándose en burbujas tan precarias como insolidarias y que debe ser consciente de su derecho a rebelarse contra la ley injusta. Además, como ha señalado muy acertadamente José Ignacio Munilla, “cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el ‘mal mayor’”.
La situación de falta de libertad se está volviendo insostenible. ¿No es hora de hacer un balance global y reconsiderar estrategias más gallardas? No podemos permitirnos, además de perder las batallas, transmitir a las siguientes generaciones el axioma de que, frente a la injusticia, solo cabe minimizarla o aislarse de ella. Debemos recuperar el orgullo de la libertad y el valor intrínseco de la persona. Desterrar el fatalismo del que nos hemos ido convenciendo nosotros mismos. No necesitamos otro Katyn para rebelarnos. Pero sí una reflexión sincera y una decisión de recuperar los ámbitos de libertad que nos estamos dejando arrebatar.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo
Artículo publicado en Análisis Digital
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01.11.09 @ 09:22:25. Archivado en España
Cuando han transcurrido ya casi dos meses de curso escolar, resulta evidente que el conflicto generado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de haber finalizado, ha cobrado nueva fuerza. En resumen, la situación es la siguiente:
1. Las objeciones a la asignatura siguen aumentando y rondan las 54 000. Estos escritos de objeción corresponden a alumnos que cursan alguna de las asignaturas de EpC y a alumnos que la recibirán en los próximos años. Como ha ocurrido en cursos anteriores, la Administración educativa oculta las cifras de objeción o las encubre.
2. El panorama judicial se ha alterado notablemente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado, desde el 23 de septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34 alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver. Además, en Valencia se han presentado los primeros 240 recursos de objetores ante el Tribunal Superior de Justicia y unos padres madrileños han hecho lo mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa de su derecho a objetar.
3. Los argumentos jurídicos en defensa de la objeción han dado un vuelco tras las sentencias de Castilla y León. Estas resoluciones se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Este argumento (jurídicamente impecable) podría ser esgrimido por los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid para justificar el derecho a objetar a las polémicas asignaturas.
4. Las Administraciones educativas en general no han cumplido las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la objeción a EpC. Dichas sentencias advertían que la educación estatal no podía tomar posiciones «sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española» ni erigirse en árbitro de «las cuestiones morales controvertidas». Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido (mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo.
5. El Ministerio de Educación ha mostrado claramente qué modelo de EpC impone al recomendar como material para estas materias escolares recursos multimedia como Axial, un mundo de valores (con el vídeo del Día del Orgullo Gay como práctica), Sexpresan (explicando el sexo oral y cómo se pone un preservativo) o Los caminos de la felicidad (que invita a los alumnos a cuestionarse qué hace mal la Iglesia católica).
En resumen, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, el conflicto de EpC sigue muy vivo. Entre tanto, el ministro de Educación ha hecho guiños a los que se oponen a estas asignaturas, incluidos los objetores, afirmando que se reunirá con ellos, que «escuchará las razones de quienes creen que desde su conciencia deben objetar» o reconociendo que «la invocación de la conciencia es una cosa muy seria» y que está «decidido a encontrar una solución».
Como reconoce Fernández de Alarcón, las declaraciones de Ángel Gabilondo constituyen una novedad y «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a sus dos predecesoras. Pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin entrar en clase de EpC (a pesar de las presiones del centro educativo o de los inspectores) y estas asignaturas siguen adoctrinando. El ministro tiene que materializar ya su actitud dialogante y recibir ya a los representantes de los objetores».
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31.10.09 @ 16:20:40. Archivado en España
Nace, ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, una federación de padres con vocación de permanencia. Se presentó en rueda de prensa celebrada en Madrid
En las últimas semanas el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado su disposición a dialogar con los que se oponen a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Pues bien, hoy mismo ha recogido el guante la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, entidad que se constituye para agrupar a las plataformas de padres objetores a EpC y aunar esfuerzos.
ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD se ha presentado en Madrid en un acto en el que han intervenido representantes de diferentes plataformas. Uno de ellos ha sido José Ignacio Martínez, del Foro de Laicos Asidonia, una de las asociaciones andaluzas más activas en la oposición a EpC y portavoz de la Federación. Martínez ha afirmado que se han producido 53 406 objeciones a este conjunto de asignaturas; además, después de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC los padres han presentado 215 recursos judiciales reclamando su derecho a objetar pero es previsible que estas demandas se incrementen en las próximas semanas, concretamente en Madrid, donde se ha presentado el primer recurso la semana pasada. Tras las citadas resoluciones del Supremo se han dictado 48 sentencias favorables a los objetores: 2 de ellas en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza y 46 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas últimas sentencias eximen a 88 alumnos de cursar EpC.
Además, se han presentado 7 denuncias de libros de texto de EpC y 1 recurso judicial por adoctrinamiento en la escuela.
«Independientemente de los datos», ha concluido Martínez, «la realidad es que estas asignaturas han abierto un conflicto y cuentan con la oposición de muchos padres. Si no, no se puede entender la cantidad de recursos, sentencias y jurisprudencia que ha generado. Y esto no ha acabado, como demuestran las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».
Por su parte, Inmaculada López, de Segovia por una Educación en Libertad y secretaria de la Federación, ha presentado la nueva Federación de Padres, explicando que nace de la voluntad de más de 70 plataformas que representan a más de 50 mil objetores a EpC. La nueva entidad está presente en todo el territorio nacional y es fruto, en palabras de Inmaculada López, de «una movilización social sin precedentes causada por la imposición de un conjunto de asignaturas que implican una vulneración de la libertad religiosa e ideológica y de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos».
Sin embargo, ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD nace con voluntad de permanencia, más allá del conflicto de EpC. «Queremos que esta movilización cívica sirva para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afectan a sus hijos. Después de la polémica de EpC, el debate educativo no puede seguir siendo monopolizado por los partidos políticos y las administraciones educativas, a menudo indiferentes a los derechos de los padres en materia de educación y libertades fundamentales».
Inmaculada López ha indicado que hasta ahora las diversas plataformas de padres objetores a EpC han solicitado entrevista al ministro de Educación. «Hoy reiteramos, ya como Federación Nacional, la necesidad de sentarnos con carácter urgente con D. Ángel Gabilondo en calidad de interlocutores con representación en todas las comunidades autónomas. Somos nosotros los que ostentamos la representación real de la mayor parte de padres objetores, son nuestros hijos los que cada día están expuestos a esta materia y conocemos de primera mano lo que se imparte en la misma, los materiales y páginas web recomendadas por el Ministerio y las distintas Consejerías de Educación. Por todo esto, no aceptaremos que otras personas, entidades o instituciones decidan en nombre de los padres objetores», ha asegurado.
Finalmente, Inmaculada López ha mostrado su satisfacción por la actitud de respeto que ha mostrado Gabilondo respecto a los objetores a EpC y ha asegurado que por parte de Educa en Libertad también hay voluntad de resolver el conflicto de manera dialogada aunque ha aclarado que el problema lo ha causado el Ministerio con la imposición unilateral de estas asignaturas y su incapacidad para dialogar». Sin embargo, antes de sentarse con el Ministro de Educación, Inmaculada López ha dejado claras dos premisas que ha calificado de irrenunciables:
1. La primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, tal y como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se trata de que la escuela ayude a los padres en esta tarea pero no pretenda suplantarlos.
2. Aunque creemos que la mejor solución sería retirar las actuales asignaturas de EpC y abrir un debate real sobre cómo abordar la educación cívica y en valores, no nos oponemos a que exista unas asignaturas obligatorias de formación cívica siempre y cuando respeten los derechos de los padres y no pretendan adoctrinar imponiendo de manera obligatoria una determinada visión de la vida y la persona.
En todo caso, los representantes de ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD han confirmado que seguirán promoviendo la objeción de conciencia a EpC entre los padres porque es el único instrumento constitucional que les permite defenderse de una norma que vulnera sus derechos.
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24.10.09 @ 17:50:03. Archivado en España
A casi una semana de la multitudinaria manifestación por la vida y contra la ampliación del aborto me hago algunas reflexiones.
El éxito de la manifestación ha fastidiado al Gobierno pero no le ha descolocado en absoluto. Aunque no va a ceder; como mucho suprimirá la posibilidad de que las menores puedan abortar sin permiso de los padres y entonces dejaran sin discurso a la dirección del PP que ha dejado muy claro que no está contra el aborto sino contra determinados aspectos de esta reforma.
La manifestación ha visibilizado que buena parte de la sociedad (y de las nuevas generaciones, había mucha gente joven) es contraria a la liberalización del aborto que viene. Ojala este gesto de salir a la calle se traduzca en una verdadera cultura de la vida que impregne las conciencias, las costumbres, la educación y también la legislación y la práctica política y administrativa.
Del PP me ha llamado positivamente la atención la humildad de Mayor Oreja al reconocer que cuando gobernaba su partido no hicieron nada contra el aborto. Y también su toque de atención a la sociedad: las asociaciones y grupos pro vida tampoco nos lo demandaron. Creo que tiene razón en ambas cosas. En tiempos del Aznar, modestamente, Profesionales por la Ética colaboró al menos en una manifestación pidiendo alternativas al aborto y difundiendo un documento sobre la píldora abortiva RU-486. Pero lo cierto es que no se logró nada y muchos creíamos, ingenuamente, que el Gobierno popular era favorable al derecho a la vida, con todo lo que ello comportaba.
Al margen del Gobierno, quiero recalcar la frecuente presencia en las manifestaciones por la vida de grupos de izquierda como SAIN; supongo que en esta ocasión también han estado pero al no haber símbolos políticos yo no los identifiqué y además había tanta gente que era muy fácil no ver a todo el mundo. También estuvo Montero, el simpático concejal socialista sevillano que intervino en la manifestación del pasado mes de marzo afirmando que estaba contra el aborto por ser de izquierdas.
Y tras la manifestación han salido a la luz los cristianos socialistas con críticas al proyecto gubernamental; ya es noticia que los cristianos del PSOE saquen los pies del plato pero es muy importante que se posicionen precisamente en este tema. A corto plazo creo que sólo una fractura interna dentro del partido del Gobierno o una oposición masiva de los votantes socialistas (o un milagro de la Divina Providencia, por supuesto) podría detener la Ley Aido-Zapatero.
Teresa García-Noblejas
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14.10.09 @ 00:22:51. Archivado en España
El periódico del régimen dedica hoy un editorial a la manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo sábado en defensa de la vida, la mujer y la maternidad. Asegura que será «masiva y estará protagonizada por los sectores más conservadores». Pues qué bien. Profesionales por la Ética estará allí por si mísma y como adherida a la plataforma Derecho a Vivir. El País está de rebajas porque antes nos llamaba «ultraconservadores» y «ultracatólicos»; estoy por llamar a Cebrian y protestar, por una cuestión de reputación. Si defender la vida del no nacido, la mujer y la maternidad es de conservador, pues somos ultraconservadores.
Pero lo importante es que el diario independiente de la mañana hable ya de la manifestación y se ponga la venda antes de que aparezca la herida. El editorial acusa a la Conferencia Episcopal y al PP de estar detrás de la manifestación. En el primer caso, el de la Conferencia Episcopal, es evidente que la Iglesia lleva clamando por el derecho a la vida y frente al aborto desde sus orígenes; en la antigua sociedad romana los cristianos no practicaban el infanticidio, para escándalo de sus contemporáneos. Y la primera declaración de la CEE contra el aborto es de 1974. Pero la Iglesia (institucional o jerárquica, que diría El País) no está entre los convocantes. Y si van los obispos, caña a los obispos. Y si no van, más caña. O sea, que hagan lo que hagan les van a cascar, señores prelados. Así que hagan lo que consideren oportuno.
Y luego está lo del PP. Que está detrás de la manifestación, no tengo conocimiento pero parece que está ocupado en otras historias. Que algunos quieran ponerse delante de la pancarta es muy probable. Que se van a oponer a la reforma de la ley del aborto, parece que sí. Pero de ahí a que tengan un discurso diáfano a favor del derecho a la vida, la mujer y la maternidad, queda mucho. Hasta ahora han mirado para otro lado o han llevado a cabo medidas muy pobres. Con honrosas, valientes y aisladas excepciones de algunos senadores y diputados, por supuesto. Pero como partido, poco o nada.
En todo caso, allí estaremos el sábado 17 en Madrid, a las 17 h. Espero que no nos veamos porque la manifestación será ultramasiva, que diría El País.
Teresa García-Noblejas
http://profesionalesetica.org/
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02.10.09 @ 20:03:22. Archivado en España
Un aguerrido destacamento de representantes de los padres objetores a EpC ha ocupado la acera de la calle Alcalá de Madrid en la puerta del Ministerio de Educación. Estaban en el umbral de la ilegalidad (con más de 15 asistentes hay que solicitar permiso a la Delegación del Gobierno), iban acompañadas de algún menor (que como se ponga a llorar se firma, por agotamiento, el pacto educativo y lo que haga falta) y llevaban peligrosísimas armas: varias bolsas de rosquillas, una carta para el ministro y una enorme hoja de agenda en la que se recogía una tarea pendiente para el ministro: «recibir a los objetores a EpC». Recibidos con hostilidad por los funcionarios de seguridad del Ministerio (no era para menos, esta gente es peligrosa), lo cierto es que al final han logrado conmoverles hasta el punto de que se ha producido una confraternización, un «buen rollito» entre objetores y guardias. Si estos últimos han comido o no rosquillas (con las que se simbolizaba el 0 puesto a los objetores a EpC) no lo puedo decir, no vaya ser que expedienten a alguno por comer rosquillas estando de servicio.
En todo caso, lo que si han hecho los objetores es explicarles sus razones a los guardianes de la seguridad del Ministerio. Se han producido, pues, las primeras conversaciones en el umbral y el vestíbulo del edificio. Lo que hace falta es que se hable dentro y se den pasos reales, efectivos y sinceros (no de cara a la galería) para seguir la estela de las sorprendentes declaraciones realizadas por Ángel Gabilondo el pasado domingo 27:
Sabemos que hay personas que quieren objetar, que están buscando una salida a este conflicto. Ojalá la encontremos, pero eso no significará reconocer que no es una asignatura obligatoria. Además, cada comunidad autónoma ha hecho su propio temario. No vamos a hacer un conflicto de cada uno. Los que objetan creen que han de hacerlo así y luchan desde la legalidad vigente, tienen todo el derecho a hacerlo.
Vamos D. Ángel, ya ve que, para bien y para mal, observamos sus pasos. Retire los materiales adoctrinadores de la web institucional del Ministerio y haga caso a Padre Objetor. Haga una llamadita, que los objetores tienen cobertura y batería cargada.
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30.09.09 @ 01:40:45. Archivado en España
Por si los padres y madres no se han dado cuenta todavía, el famoso conjunto de asignaturas denominado Educación para la Ciudadanía (EpC) es la doctrina de Zapatero impuesta obligatoriamente en la escuela. Y la posibilidad de adaptar estas asignaturas «al proyecto o ideario del centro» no existe legalmente. Así, por ejemplo:
En Castilla y León, María Blanco, procuradora en las Cortes por el PSOE, ha anunciado que va a proponer la creación de una comisión que vigile cómo se está impartiendo EpC en los centros escolares de Castilla y León, especialmente los contenidos relativos a las reivindicaciones de colectivos homosexuales.
En el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Ames (La Coruña), las clases de EpC para alumnos de 13 años han servido para «reconocer los aspectos negativos y positivos de la personalidad de los alumnos».
En el IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela), EpC ha abordado la educación sexual de los alumnos, concretamente el aborto, la homosexualidad y los preservativos.
«Es la doctrina Zapatero en estado puro», explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética. Es decir, imposición de la diversidad sexual en la escuela, intromisión en la intimidad y en la afectividad del alumno y educación al estilo de Bibiana Aido. Según Fernández de Alarcón, el proyecto cultural de Zapatero es de largo alcance e implica arrebatar a los padres la educación moral de sus hijos. Por eso, asegura, «el aborto para menores de 16 años sin conocimiento de los padres y EpC son dos caras de una misma moneda: es el Estado quien modela la moral y la conciencia de jóvenes y adolescentes. Y, con la ley en la mano, no hay posibilidad alguna de adaptar EpC».
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19.06.09 @ 01:52:54. Archivado en España
La Administración educativa incumple las sentencias sobre objeción a EpC
A punto de finalizar el curso escolar, resulta evidente que las administraciones educativas no han hecho sus deberes.
Como es sabido, en el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo resolvió sobre la objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). El Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los colores se apresuraron a exigir a los objetores que entraran en clase y abandonáran su oposición a las asignaturas.
El problema es que las sentencias del Supremo tenían un «apartado b» que las Administraciones educativas no han querido aplicar. Básicamente, las 5 sentencias dictadas indican que las asignaturas obligatorias de EpC
no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa- ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.
Pues bien, según explica José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, las administraciones educativas están incumpliendo las sentencias del Supremo de dos maneras:
Por acción. Es decir, recomendando expresamente materiales didácticos claramente adoctrinadores. Es el caso de la Junta de Andalucía, que incluye en su web (entre otras recomendaciones) el vídeo del Día del Orgullo Gay para abordar EpC. De igual modo actúa el Ministerio de Educación, que incluye actividades didácticas para EpC consistentes en debatir lo que hace bien y mal la Iglesia católica. Institutos de Enseñanza Secundaria como el Laguna de Joaztel de Getafe (dependiente de la Comunidad de Madrid) recomiendan el multimedia Sexpresan (premiado por el Ministerio de Educación) que invita a los adolescentes a autoexplorarse para encontrar las zonas placenteras de su cuerpo.
Por omisión. Las Consejerías de Educación no han adoptado ninguna medida para garantizar la neutralidad educativa exigida por el Tribunal Supremo mediante la revisión de los libros de texto y los materiales y actividades didácticas de EpC. Es más, ni siquiera han informado a los profesores ni a los centros de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo en el sentido de ser extremadamente objetivos en las cuestiones que se exponen.
«En definitiva», explica Bazán, «no es lógico que el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos exijan a los padres que no objeten a EpC mientras ellos no cumplen con su parte de las sentencias. Por tanto, es perfectamente legítimo que los padres sigan oponiéndose al adoctrinamiento escolar incluso mediante la objeción de conciencia, si así lo consideran oportuno».
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18.06.09 @ 07:25:45. Archivado en España
Mi experiencia en el aula con Educación para la Ciudadanía en 2º de la ESO y con Educación Ético-Cívica en 4º de la ESO ha sido deprimente. Un curriculum con cápsulas jeroglíficas, una hora lectiva a la semana y alumnos desfondados por un nefasto sistema educativo son ingredientes suficientes y necesarios para parir un engendro que puede ser o bien explosivo o bien inane.
Antes de aterrizar con la asignatura estrella del Ministerio de Educación vaticiné su despanzurrado despegue y su estrellado vuelo. Lo que se origina con impostura se desarrolla con estropicios. La elegancia de la Ética fue sustituida por el esnobismo progresista de Educación para la Ciudadanía. En el mundo científico y filosófico, la elegancia es el uso de la distancia más corta para alcanzar una demostración. El esnobismo educativo-ciudadano es imitación de opiniones con afectación, y su ausencia de sencillez conlleva una extravagante presunción de verdad, que es capaz de hipnotizar una mentalidad por forjar y sin criterio definido.
En la Ética a Nicómaco brilla con fuerza intelectual la definición aristotélica de felicidad. Con expresión sobria, Aristóteles conceptúa el fin último del hombre y expone cómo la actividad intelectual se ajusta a una vida agradable y digna, porque la contemplación es lo que más nos aproxima a la divinidad y lo que más nos aleja de lo vulgar y meramente sensitivo. Este rigor filosófico ha sido soslayado no ya por opiniones sino por conjeturas basadas en peregrinas afirmaciones, que pueden ser dardos envenenados de ideología política. Lamentable.
De acuerdo con el libro de texto que he tenido que padecer durante este curso, la felicidad es sentirse bien, estar contento. A esta sesuda sentencia, se añaden ejemplos y actividades que son un insulto hasta para la inteligencia más inoperante. Así, propuesta de debate: «¿nos hace más felices el botellón?». Un cúmulo de chorradas invade sin pudor la magnífica herencia recibida de nuestros clásicos. La ignorancia es, desde luego, atrevida, y su tendencia es la complicación excesiva de problemas; por eso, es ajena a la elegancia, que es amiga de la sencillez y simplicidad.
Desdeñada la reflexión filosófica sobre Ética y Política, se ha pergeñado un pastiche de contenidos, actividades, debates (¡nefasta terminología!) que educan para ser un buen ciudadano. Un lujo sin precedentes para las jóvenes mentes españolas que se hallan a la cola de los informes PISA.
Monserrat Bartolomé. Doctora en Filosofía. Profesora.
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