La legislación española sitúa el interés superior del menor como principio básico del ordenamiento jurídico, tal y como lo establece, entre otros, el Convenio de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ratificado por España. En su Artículo 3.1 de dicho Convenio se establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
El juez de Familia Fernando Ferrín Calamita, ante la petición de adopción de una menor por una lesbiana unida legalmente con la madre de aquélla, y siguiendo el mandato de la ley, recabó informes psicosociales sobre la adoptante. Sin embargo, el citado juez se encontró con una ausencia de informes psicosociales solventes que le permitieran cumplir con el mandato que le impone el ordenamiento jurídico de velar por el interés superior de la menor.
Sin embargo la contaminación ideológica que ha tintado el caso, ha culminado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia fechada hoy 23 de diciembre, que condena al juez mencionado por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio de la orientación sexual a la pena de inhabilitación especial para cargo público por 2 años, 3 meses y un día, y una indemnización de 6.000 euros para la querellante.
Ante este hecho, Profesionales por la Ética quiere manifestar lo siguiente:
1) Causa una verdadera alarma social el nivel de manipulación interesada del caso por los grupos de presión homosexual que perjudica seriamente la imparcialidad de la justicia al admitirse que se coloque la ideología de género por encima del interés superior del menor, contrariando lo establecido en nuestro Derecho.
2) Es inaceptable la ausencia de libertad que la presión de una minoría activista homosexual está originando en la labor extremadamente importante de jueces y otros funcionarios públicos, que con profesionalidad quieren seguir las exigencias impuestas por la ley.
3) Exige la imparcial aplicación de la ley y la tutela del interés superior del menor, aun cuando éste interés sea contrario a las pretensiones de los ideólogos y activistas de género.
LA TARDE DE NOCHEBUENA A LAS 19,30 SE ESTRENA EL DOCUMENTAL 8 MILLONES DEDICADO A LA POBREZA ELABORADO LOS SERVICIOS INORMATIVOS DE POPULAR TV
8 millones. Son los pobres que hay en nuestro país. 8 millones es un documental elaborado por los servicios informativos de Popular TV en el que aparece el rostro que tiene la pobreza más severa en España. Un documental en el se reflejan las muchas iniciativas de Caridad que existen en nuestro país para dar de comer, para dar un techo, para curar y acompañar, también en la búsqueda de un sentido para la vida, a aquellos que menos tienen.
Hay muchas historias en los comedores, en los albergues y en las numerosas iniciativas sociales que atienden a los pobres más severos. Los servicios informativos de Popular TV han visitado muchas de estas instituciones para elaborar un documental de 50 minutos que se estrena el miércoles 24 de diciembre a las 19.30. 50 minutos para descubrir una pobreza que tenemos cercana, para conocer las razones de los que se dedican a atender a los más necesitados, para escuchar a los expertos.
Algunos de los autores del Informe FOESSA, el trabajo de referencia en este campo, han colaborado en la elaboración del documental. Su última edición pone de manifiesto como los últimos años de bonanza económica no han servido para reducir la pobreza.
“Con este documental no sólo hemos querido reflejar la pobreza que no es más familiar, la que vemos en la calle– explica Fernando de Haro, director de los servicios informativos de Popular TV-. Hemos querido también reflejar la pobreza más desconocida y, sobre todo, las historias de gratuidad de muchas personas que en un momento de su vida se dejaron tocar por la necesidad de los demás y respondieron creando iniciativas de Caridad. Son iniciativas que han nacido de abajo, de personas que han sabido crear obras para atender hasta el fondo la necesidad de otras personas, y eso supone mucho más que dar un bocadillo o un techo”.
El documental se emite el miércoles 24 a las 19:30, el jueves 25 a las 15:00 horas, el viernes 26 a las 00.00 horas y el domingo 4 a las 11.00 horas.
La Iglesia católica proclama el juramento hipocrático del siglo XXI
El pasado viernes 12 de diciembre se ha difundido un documento titulado Dignitas Personae (La dignidad de la persona) en el que la Santa Sede aborda varias cuestiones relacionadas con la ética de la investigación biomédica. Para José Agudo, responsable del Área de Bioética de la asociación PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el documento constituye una referencia ética esencial para los profesionales de los distintos ámbitos sanitarios, ya que en él se incluyen afirmaciones como las siguientes:
· A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer la dignidad de la persona. Este principio fundamental, que expresa un gran “sí” a la vida humana, debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la investigación biomédica.
· Las culturas humanas y las tradiciones religiosas y culturales, en las que se inscribe el documento, muestran generalmente una gran reverencia por la vida.
· En nuestro tiempo se olvida que las personas enfermas o minusválidas no son una especie de categoría aparte. Es necesario eliminar las barreras culturales, económicas y sociales que socavan el pleno reconocimiento y la tutela de las personas minusválidas y enfermas.
Agudo ha resaltado también que el documento otorga una enorme relevancia al embrión, para quien se pide el respeto debido a su condición humana. «De esta afirmación», explica Agudo, «se deduce que no todo lo que puede hacerse en investigación biomédica es ético. De ahí que algunas prácticas y técnicas no sean conformes con la dignidad humana. Es el caso de la fecundación in vitro y la clonación de embriones o células embrionarias en las que el ser humano, en lugar de ser procreado, es producido. Además, estas técnicas comportan la manipulación, congelación o destrucción de numerosos embriones, es decir de seres humanos que se encuentran en las primeras fases de su desarrollo».
Para PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el documento del Vaticano constituye el juramento hipocrático del siglo XXI. «Este juramento», recuerda Agudo, «es el primer código ético de los profesionales de la salud y su mensaje esencial coincide con Dignitas Personae: la ciencia y la práctica médica deben ponerse al servicio de la fragilidad del hombre para curar enfermedades, aliviar el sufrimiento y extender los cuidados necesarios a toda la humanidad».
PROFESIONALES POR LA ÉTICA, concluye Agudo, tiene entre sus principios inspiradores el de la existencia de vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. «Por tanto», asegura, «los avances de las nuevas tecnologías biomédicas deben siempre ir orientadas hacia el reconocimiento de la dignidad humana en cualquier etapa de su desarrollo. La rapidez de los progresos científicos no pueden desviar la ética ni la ciencia hacia la cosificación de las personas, despojándolas de toda dignidad humana. Estas afirmaciones cobran especial relevancia en la sociedad española actual ya que nuestra legislación es sumamente agresiva contra la vida en materia de reproducción asistida y aborto; tampoco faltan los avisos del Gobierno sobre la probable aprobación de la eutanasia».
Alumnos objetores de la ESO y Bachillerato reciben una orden de la Consejería de Educación
Al menos cinco alumnos de Castilla y León, concretamente de Salamanca, Segovia y Valladolid, recibieron ayer martes 2 de diciembre una orden de la Consejería de Educación por la que "se adopta la medida provisional de suspensión relativa a la solicitud de objeción de conciencia para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía". De esta forma, tal como concluye la orden, resuelve que "queda sin eficacia jurídica la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y ser evaluado de la citada asignatura, sin perjuicio del mantenimiento de las obligaciones de escolarización y custodia que competen a la Junta de Castilla y León".
De esta forma la Consejería de Educación, una vez conocidos los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha rectificado su actitud, contraria hasta ahora a adoptar dicha medida a todos los alumnos objetores sin necesidad de acudir al Tribunal.
Las distintas plataformas de Castilla y León, que defienden los derechos de los padres y les prestan apoyo jurídico, junto con otras asociaciones de ámbito nacional, valoran muy positivamente esta medida adoptada por la Consejería. Los portavoces de los padres objetores castellanoleoneses consideran que esta medida, todavía provisional, es muy importante, además, porque, tal como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la orden reconoce que Educación para la Ciudadanía engloba distintas asignaturas. Concretamente los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería de Educación están cursando distintas asignaturas: Educación para la Ciudadanía en 2º de E.S.O, Educación Ético-Civica en 4º de E.S.O y Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachilllerato.
La portavoz de Salamanca Educa en Libertad, Lourdes Ruano Espina, y el portavoz de Padres por la Libertad de Valladolid, José Sanz Aguilar, dos de las plataformas a las que pertenecen los alumnos a los que afecta la medida adoptada por la Consejería, consideran que "ésta es una buena noticia para todos, pero particularmente para aquellos padres que se encontraban en situación de indefensión,
al no haber podido hacer valer sus Derechos Fundamentales ante los Tribunales de Justicia por inactividad de la Administración". Dichas Plataformas han declarado, a través de sus portavoces: "lamentamos que haya sido necesaria la interposición de más de 250 recursos judiciales para que la Consejería de Educación haya rectificado su postura, pero reconocemos que esta decisión constituye un avance importante en el reconocimiento y la efectividad de los Derechos Fundamentales." Recuerda Ruano, no obstante, que "la objeción de conciencia no es una mera solicitud, como se desprende del tenor literal de la resolución, sino la declaración o manifestación del ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia."
El abogado de las Plataformas de Salamanca, Valladolid, Soria y Ávila, Francisco José Ramos Vega, así como Esther Lázaro Hernanz, abogada de la plataforma Segovia Educa en Libertad han valorado positivamente la orden de la Consejería de Educación de Castilla y León.
La portavoz de la Plataforma Segovia Educa en Libertad, Inmaculada López, ha manifestado que "ante esta situación insostenible, con más de 50.000 objeciones de conciencia, cerca de doscientas resoluciones favorables a los objetores (entre autos y sentencias), los padres instamos, una vez más, al Gobierno de la Nación a reconsiderar su postura, al igual que ha hecho la Junta de Castilla y León, y retirar Educación para la Ciudadanía tal como está planteada puesto que vulnera los derechos fundamentales de los padres, responsables de elegir la formación moral de sus hijos, entre otras cosas porque, tal como dice el TSJ de CyL, "no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre"omo criterio de evaluación "no sólo una asimilación de contenidos sino un determinado comportamiento." Una situación absolutamente intolerable contra la que los padres vamos a luchar hasta el final."
Encuentro con José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos
Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Profesionales por la Ética se ha entrevistado con José Luis Bazán para recabar su opinión sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía.
Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país. Estas han sido algunas de sus afirmaciones(se adjunta entrevista completa al final):
· El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
· Los padres objetores han percibido la violencia moral que se ejerce sobre sus hijos con Educación para la Ciudadanía.
· Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia.
· No hay previsión legal que permita adaptar Educación para la Ciudadanía al ideario de un colegio.
· El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido el derecho de los padres a oponerse al adoctrinamiento de sus hijos mediante asignaturas obligatorias.
· En menos de un año, los objetores han pasado de ser descalificados socialmente a ser amparados por casi 200 resoluciones judiciales.
ENTREVISTA COMPLETA:
PREGUNTA.- ¿Qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía?
RESPUESTA.- Tiene mucho que ver porque el artículo 26.3 de la Declaración afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres. Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados. En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.
PREGUNTA. ¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción?
RESPUESTA. Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.
PREGUNTA. ¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio?
RESPUESTA. No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.
PREGUNTA. ¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo?
RESPUESTA. Si, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega. El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.
PREGUNTA. Sinceramente, ¿cree que el derecho a la objeción en Educación para la Ciudadanía será reconocido por la mayoría de los tribunales?
RESPUESTA. Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.
Entrevista a Lourdes Ruano, catedrática de la Universidad de Salamanca
La asociación Profesionales por la Ética está realizando entrevistas a expertos de diversos ámbitos con el fin de recabar su opinión en torno a las asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía y al derecho a la objeción de los padres.
Entre estos expertos se encuentra Dª Lourdes Ruano Espina, Catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y autora de medio centenar de publicaciones (libros, monografías, artículos).
De la entrevista(que se reproduce íntegramente al final de la nota), entresacamos las siguientes frases:
Llama la atención que, en el caso español, los alumnos de Educación para la Ciudadanía (EpC) no vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales. La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social.
Los padres que objetan a EpC no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral.
Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a esta materia, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.
ENTREVISTA COMPLETA
PREGUNTA (P)
¿Cuál es el la raíz de la polémica sobre EpC cuando estas materias escolares están impuestas en toda Europa? RESPUESTA (R)
La educación para la ciudadanía democrática ha sido un objetivo prioritario de las políticas educativas en los países europeos desde mediados de los años 90. Ya en 1997 los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, manifestaron su voluntad de desarrollar una educación que esté basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y la participación de los jóvenes en la sociedad civil. En el contexto europeo, esta educación está contemplada de forma muy general y tiene por objeto la adquisición de una cultura política y jurídica basada en el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como los derechos humanos. Entre los contenidos se incluyen los derechos y deberes de las personas como ciudadanos europeos, la historia del proceso de integración de la Unión Europea, o el funcionamiento de las instituciones europeas e internacionales. En España, sin embargo, la materia conocida genéricamente como EpC, está cargada de connotaciones ideológicas concretas. Llama la atención que, en el caso español, los alumnos vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales.
(P)¿Cree Vd. que EpC tiene intención de adoctrinar o, por el contrario, se trata de un riesgo que se ha magnificado?
(R) La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social, que parte de una concreta antropología, y persigue sin ambages la construcción de una ética común basada en unos principios éticos y morales que han de regir la conducta humana.
Los promotores de estas asignaturas, empezando por el Ministerio de Educación, han dejado claro que su fin es formar las conciencias de los alumnos, sobre la base de unos valores que, se considera forman parte de un mínimo común ético.
Hay que recordar que el Consejo de Estado, al dictaminar sobre el desarrollo legislativo de Educación para la Ciudadanía, ya advirtió que no podían formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución, o sean presupuesto corolario indispensable en el orden constitucional.
(P)¿Cree Vd. que los padres tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia en el caso de EpC?
(R) La objeción de conciencia es una concreción del derecho fundamental a la libertad de conciencia, que implica no solamente el derecho de toda persona a formar libremente su propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma. Es, por tanto, un derecho constitucional, que deriva del art. 16.1 CE, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. En la objeción de conciencia subyace siempre un conflicto entre el deber de obediencia a la norma legal y el deber de resistirse a su cumplimiento, que impone la norma moral o ética.
En el caso de la EpC, los padres que objetan no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral en una ideología y antropología concretas, contraria a sus personales y serias convicciones.
Por otra parte, al imponerse esta materia con carácter obligatorio, se está vulnerando el derecho fundamental que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizado por el at. 27.3 CE, el art. 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y por numerosos tratados internacionales. Esto supone una grave intromisión del Estado en un ámbito que no le compete.
Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a estas materias, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.
A sólo dos meses del inicio del curso escolar, las asignaturas conocidas como Educación para la Ciudadanía (EpC) ya han sido evaluadas e incluso suspendidas por los tribunales de justicia.
Lasociación Profesionales por la Ética ha presentado los datos de los recursos judiciales que se han visto obligados a presentar los objetores a EpC en defensa de sus derechos. Generalmente, el proceso judicial se ha iniciado cuando los padres que habían presentado su declaración de objeción de conciencia han recibido un escrito de la Consejería de Educación negándoles la posibilidad de objetar.
Según ha afirmado José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la intransigencia de las Administraciones educativas y su insensibilidad con un derecho fundamental como es el de la libertad ideológica y de conciencia, ha obligado a los padres a acudir a los juzgados. «Iniciar un proceso judicial», ha afirmado, «es una medida extrema que se adopta cuando la otra parte, en este caso la Administración, ha cerrado todas las puertas a los ciudadanos, negándoles un derecho que no sólo está recogido en la Constitución Española sino también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Según datos recopilados por Profesionales por la Ética, los padres objetores a EpC se han visto obligados a presentar, a fecha de hoy, 1562 recursos judiciales. Por Comunidades Autónomas destacan los casos de Navarra (362), Castilla-La Mancha (344) y Castilla y León (251).
Los tribunales han dictado 43 sentencias favorables a los derechos de los padres objetores en Andalucía (19 sentencias), Aragón (1 sentencia) y La Rioja (23). Además, han emitido 116 Autos de medidas cautelares (resolución provisional que exime a los objetores de asistir a clase de EpC y de ser evaluados hasta que se dicte sentencia) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Por otra parte, según Bazán, se han emitido solamente 3 sentencias en Teruel y Navarra denegatorias del derecho a la objeción a EpC. «Existen otras sentencias, concretamente 30 de Asturias y 1 de Baleares que reconocen el derecho de los padres a objetar pero fallan en contra de algunos casos concretos por falta de pruebas».
La exposición de Bazán ha estado complementada por la de la abogada Pilar Herruzo, defensora de varios padres objetores de Córdoba, quien ha proporcionado las claves jurídicas de las resoluciones favorables a este derecho. En resumen, estas claves son las siguientes:
· Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los padres y alumnos.
· Todas las sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto.
· Las sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores deben quedar exentos de la misma, sin que puedan sufrir ninguna consecuencia negativa en su expediente académico.
Finalmente, ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha recordado que en esta batalla cívica por los derechos fundamentales se han producido situaciones esperpénticas debido a la insensibilidad del Gobierno y de numerosas administraciones autonómicas. Urcelay ha recordado que en septiembre pasado, la ministra de Educación aseguró que no existía ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía. «Ahora podemos preguntarle a doña Mercedes Cabrera si le parecen suficientes problemas 1562 recursos judiciales».
Para el presidente de Profesionales por la Ética, este conflicto social se ha originado exclusivamente por la negativa del Gobierno a escuchar las razones de los objetores apostando, en su lugar, por las amenazas y las presiones a padres y alumnos, llegando a actuaciones presuntamente delictivas como la publicación de los nombres de menores objetores en el Boletín de la Junta de Andalucía.
«La cuestión», concluye Urcelay, «es que miles de ciudadanos responsables han aceptado complicarse la vida por la libertad y por lo más valioso: los hijos; los de todos, los de hoy y los de mañana. Sea cual sea el fallo del Tribunal Supremo, seguiremos adelante mientras haya una sola familia dispuesta a mantener la lucha por su libertad y la de sus hijos. Llegaremos al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo; donde sea necesario. Es cuestión de compromiso, tenacidad y paciencia».
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emite los primeros autos estimando la pretensión de los padres
Los padres objetores a Ciudadanía de Castilla y León están de enhorabuena. Hoy mismo han tenido conocimiento de las primeras resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en relación con su derecho a objetar a este conjunto de asignaturas. Se trata de 12 Autos que conceden medidas cautelares eximiendo a 16 alumnos de la obligatoriedad de cursar, recibir las enseñanzas y de ser evaluados de la materia de Educación para la Ciudadanía de manera provisional, hasta que se dicte sentencia.
Según Francisco José Ramos Vega, letrado del Colegio de Abogados de Salamanca y defensor de numerosos padres objetores, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha notificado en el día de hoy los siguientes Autos:
3 Autos corresponden a 4 alumnos de Salamanca.
2 Autos corresponden a 3 alumnos de Valladolid.
5 Autos corresponden a 7 alumnos de Soria.
1 Auto corresponde a 1 alumno de Burgos.
1 Auto corresponde a 1 alumno de Segovia.
Según Ramos Vega, es muy probable que en los próximos días sean notificados nuevos autos de medidas cautelares, cuya resolución está aún pendiente.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acumula más de 250 recursos judiciales presentados por padres objetores, a los que la Junta de Castilla y León ha negado el derecho a objetar a Ciudadanía (denegando o inadmitiendo la objeción de conciencia). Sin embargo, las objeciones presentadas en la comunidad castellanoleonesa superan los 3 000, pero la Consejería de Educación, ante la avalancha de recursos judiciales, se ha negado a responder al resto de padres objetores, hasta que no se hayan dictado las primera sentencias.
El letrado del Colegio de Abogados de Salamanca explica que, en los autos notificados en el día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid aprecia que concurre en el caso periculum in mora ya que, sin prejuzgar el fondo del asunto, lo cierto es que "en la tesitura de un hipotético fallo estimatorio del recurso, de no adoptarse la medida que ahora se solicita perdería, sin género de dudas, su finalidad. Los derechos a la libertad ideológica... y a decidir la formación moral de los hijos/hijas... no admiten una genuina reparación in natura en caso de vulneración, pues ese derecho paterno ya ha sido desconocido por la Administración demandada". Y añaden las resoluciones que, a diferencia de otras, "la superación de esta asignatura no sólo implica recibir unos determinados conocimientos, sino que se exige del menor que los incorpore a su comportamiento para siempre".
Llama la atención que, frente a la defensa de los derechos de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones morales, la Administración haya alegado, entre las causas por las que se opone a la concesión de esta medida cautelar, el supuesto "perjuicio organizativo y económico general", que no ha sido acreditado. Además, los Magistrados recuerdan a la Consejería que ni siquiera ha contestado a los recursos potestativos de reposición que muchos padres objetores interpusieron.
Con las resoluciones judiciales favorables a los objetores, Castilla y León se suma a los tribunales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja: en todas estas comunidades autónomas se han emitido más de 140 resoluciones judiciales favorables a los objetores a Ciudadanía.
El movimiento objetor a Ciudadanía en Castilla y León es fruto de la labor de numerosas entidades y plataformas de padres y ciudadanos. Entre ellas destacan Ávila Educa en Libertad, Burgos Educa en Libertad, León Educa en Libertad, Padres por la Libertad, Palencia Educa en Libertad, Salamanca Educa en Libertad, Segovia por una Educación en Libertad, Soria Educa en Libertad, Foro de la Familia de Castilla y León, Pacto por los Derechos y Libertades de Valladolid.
Profesionales por la Ética de Cataluña invita a protestar ante el Consejo Audiovisual de Cataluña
El pasado fin de semana se ha producido en Cataluña una incalificable agresión a las libertades de prensa, expresión y opinión. Así ha definido Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, la decisión adoptada por el Consejo Audiovisual de Cataluña de retirar las licencias a las emisoras de la Cadena COPE en Lérida y Gerona.
Para Novella, la existencia de voces discrepantes del poder es una garantía de transparencia democrática y libertad, no sólo para los oyentes de COPE sino para todos los ciudadanos. Si cerramos los medios de comunicación que no nos gustan, ha asegurado, nos acercamos a regímenes poco o nada democráticos y eso es malo para todos.
Por este motivo, Profesionales por la Ética de Cataluña invita a todos los ciudadanos a protestar por esta arbitraria decisión dirigiéndose directamente al Consejo Audiovisual de Cataluña por teléfono o correo electrónico: 901 100 321, audiencia.cac@gencat.cat.
Todos los fallos judiciales de Castilla-La Mancha son favorables a los objetores
Hoy se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real ha dictado un auto por el que se decreta la suspensión cautelar de la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía a cuatro alumnas de la capital. Esta resolución judicial se suma a los casi 130 autos y sentencias favorables a los padres objetores de toda España. En Castilla-La Mancha ya se han dictado medidas cautelares favorables a la objeción en las cinco provincias, amparando a un total de ciento veintiocho niños.
Todo ello se produce a pesar de que el pasado mes de septiembre el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma “oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal”.
El contencioso iniciado por estas tres familias ciudadrealeñas se está tramitando por la vía especial de protección de derechos fundamentales. En los fundamentos de derecho, el juez admite los argumentos de las letradas de las familias, Elena Gómez y Carmen Carrión, aceptando que “…el interés público también está en la garantía de los derechos de los ciudadanos cuando estos entienden que se vulneran sus derechos fundamentales”.
En Ciudad Real, los padres que se oponen a la imposición de esta “Educación para la Ciudadanía” han presentado ya, o ultiman en estos días, recursos contencioso-administrativos que afectan a unos 80 niños y a unas 45 familias. La mayor parte de ellos se están acogiendo a la vía especial de protección de derechos fundamentales, solicitando medidas cautelares como las concedidas a estas cuatro niñas. Las objeciones de conciencia frente a EpC presentadas en toda España superan las 45.000, de las cuales más de 9.000 corresponden a Castilla-La Mancha y de ellas 650 a Ciudad Real.
La asociación Foro Ciudad Real en Libertad espera, desde hace cinco meses, que el presidente Barreda reciba y escuche a los padres objetores. Y sigue reclamando a nuestros responsables políticos que cumplan y hagan cumplir la Constitución, respetando el derecho de los ciudadanos a la libertad ideológica, religiosa y educativa.
Tres nuevos autos judiciales de Guadalajara declaran a los alumnos exentos de cursar y ser evaluados de estas asignaturas
Los objetores al conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía están de enhorabuena. Esta semana se dictaba la primera sentencia favorable en Aragón pero se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº 1 de Guadalajara acaba de dictar 3 Autos que estiman las medidas cautelares solicitadas por los padres objetores. Se trata de una medida que exime a los alumnos de asistir y de ser evaluados de alguna de las asignaturas del Área Educación para la Ciudadanía; el fallo es provisional pero ampara a los alumnos hasta que se dicte sentencia.
Los citados Autos judiciales suspenden las resoluciones administrativas de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que denegaban la objeción de conciencia a los padres de los siguientes alumnos:
· Dos alumnos de 4º de ESO de a los que les correspondía cursar Educación Ético-Cívica (el nombre que recibe Educación para la Ciudadanía en 4º de ESO).
· Alumna de 2º de ESO del Colegio de los Hermanos Maristas a la que le correspondía cursar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
Los Autos judiciales no entran a resolver si existe o no derecho a la objeción (ese fallo corresponde a la sentencia) pero reconocen expresamente que los padres demandan objetar a Educación para la Ciudadanía «por poder constituir una vulneración de derechos fundamentales tales como el de educación (artículo 27 de la Constitución Española) o el de la libertad ideológica o religiosa (artículo 16 de la Constitución Española).
Finalmente, los fallos judiciales dictados en Guadalajara suspenden la obligatoriedad de que los alumnos «cursen o sean evaluados en las asignaturas englobadas bajo la denominación de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía)». Además, el Juzgado ordena a la Administración adoptar medidas alternativas que posibiliten la presencia del alumno objetor en el centro escolar mientras sus compañeros reciben Educación para la Ciudadanía.
Es preciso recordar que en Castilla-la Mancha, todos los fallos judiciales han dado la razón, hasta el momento, a los objetores a Educación para la Ciudadanía. Así:
El 27 de agosto pasado, un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Albacete amparaba a 6 alumnos objetores.
El 18 de septiembre, un Auto del Juzgado de lo Contencioso –Administrativo nº 2 de Albacete declaraba exentos de Ciudadanía a 52 alumnos.
El 24 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo emitía un Auto de medidas cautelares favorable a un alumno.
El 26 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca dictaba un Auto que amparaba el derecho a objetar de los padres de dos alumnos. La novedad de este fallo es que el magistrado aplicaba esta medida cautelar (exención provisional de asistencia y evaluación) al resto de objetores que hubieran iniciado procedimiento judicial en el citado Juzgado. Con esta medida, el Juzgado amparaba los derechos de 62 alumnos.
A todo esto, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con mayor número de objeciones presentadas a Ciudadanía ( 9 049 el 22 de septiembre, según Profesionales por la Ética). Las objeciones y los fallos judiciales inquietan a la Administración castellano-manchega, como demuestran dos hechos:
· El pasado mes de septiembre el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó una Instrucción por la que ordenaba a los fiscales de los juzgados de esta Comunidad Autónoma «oponerse a las demandas formuladas en relación con la objeción de conciencia, oponerse a las peticiones de los padres en relación con las peticiones de medidas cautelares, y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la decisión del Ministerio Fiscal».
· A mediados de octubre, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha difundió que un alumno de 4º de ESO de Talavera de la Reina que había sido declarado exento de Ciudadanía por Auto judicial había renunciado a la objeción. Este hecho ha sido desmentido por la madre del alumno y por la Plataforma de padres objetores de Talavera ¿XQTCALLAS?. Lo que se manifiesta es que el Gobierno castellanomanchego tiene que recurrir a infundios y manipulaciones para desacreditar y coaccionar a los padres objetores.
El Juzgado resuelve que estas asignaturas se oponen a los derechos constitucionales de los padres
Recientemente se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ha dictado la primera sentencia de Aragón favorable a los padres que han objetado al conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía. La sentencia resuelve el recurso presentado por unos padres frente a la Resolución de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón que les negaba el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía. Aunque los seis hijos del matrimonio no cursan todavía Educación para la Ciudadanía, la sentencia afirma que esta circunstancia “no es motivo para desestimar el recurso ya que los hijos de los recurrentes se verán obligados a cursarlas y precisamente es esa obligación la que genera una lesión de las convicciones morales de los progenitores”.
A lo largo de 18 páginas, la sentencia desgrana los contenidos curriculares del conjunto de materia denominadas Educación para la Ciudadanía, reflejada en los reales decretos estatales y en la legislación autonómica aragonesa. El Juzgado concluye que “estamos en presencia de contenidos y objetivos que se refieren a la formación moral y son ajenos a la decisión de los padres respecto a las convicciones morales y religiosas en las que desean formar a sus hijos”. Los contenidos de las asignaturas englobadas bajo la denominación de Educación para la Ciudadanía “son contrarios al derecho fundamental que les asiste (a los padres) conforme a los artículos 27.3 y 16.1 y 2 de la Constitución Española”.
Así mismo, el fallo judicial recoge la jurisprudencia española en materia de objeción de conciencia (sentencias 53/1985 y 177/1996 del Tribunal Constitucional), así como las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (29 de junio y 7 de octubre, respectivamente) que reconocen expresamente el derecho de los padres a objetar a asignaturas obligatorias que dañen sus convicciones religiosas y filosóficas.
La sentencia recuerda igualmente que “de los artículos 16.1 y 27.1 y 27.3 de la Constitución Española resulta el derecho a que se garantice la libertad religiosa e ideológica de todas las personas y, por tanto, resulta el derecho de los padres respecto de sus hijos menores, así como el deber del Estado y todos los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Según Fermín Civiac, portavoz de la Plataforma de objetores EPC?... Aragón Va a Ser Que No!, “esta sentencia es una gran noticia para los objetores de Huesca, de Aragón y de toda España. Hasta hora se habían acumulado una docena de Autos judiciales de medidas cautelares favorables a los objetores pero ésta es la primera sentencia que reconoce sus derechos frente a la intromisión del Estado y el gobierno autonómico en la formación de la moral de los alumnos”.
Por su parte, Profesionales por la Ética asegura que, con esta sentencia, los fallos judiciales favorables a los objetores a Educación para la Ciudadanía se acercan a los 130, entre sentencias y Autos de medidas cautelares.
Se trata de un espacio virtual al servicio de periodistas y comunicadores en general, no sólo de grandes medios de comunicación sinto también de blogueros, asociaciones y creadores de opinión pública en general.
En esta web se pueden encontrar:
· Notas de prensa emitidas por el Departamento de Comunicación de Profesionales por la Ética organizadas por temas (educación para la ciudadanía, actualidad, eutanasia, ética política, …) y Comunidad Autónoma (Andalucía, Cataluña, Madrid).
· Vídeos en los que han intervenido representantes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA.
· Artículos de opinión publicados en otros medios.
· Archivo fotográfico con casi 200 imágenes en calidad alta. Pueden reproducirse libremente en los medios impresos y digitales. Muchas de estas fotografías han sido cedidas a PROFESIONALES POR LA ÉTICA por las más de 100 plataformas promotoras a la objeción de conciencia a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
· Presentación de los portavoces de PROFESIONALES POR LA ÉTICA con objeto de facilitar su localización para intervenciones en medios impresos, digitales y audiovisuales.
Con esta iniciativa, PROFESIONALES POR LA ÉTICA pretende proporcionar un nuevo servicio a los comunicadores y a la sociedad en general.
Padres españoles objetan a Ciudadanía en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa
El conjunto de asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato) no solamente se imparten en España. También los españoles que residen en el exterior y llevan a sus hijos a centros escolares dependientes del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España reciben, desde este curso, las citadas materias escolares.
Este ha sido el caso de un grupo de padres españoles residentes en Lisboa. Llevan a sus hijos al Instituto Español Giner de los Ríos y se han encontrado con la sorpresa de que sus hijos, a partir de este curso, van a recibir Educación para la Ciudadanía) bajo alguna de sus denominaciones. Interesados por la novedad, descubrieron con asombro que este conjunto de asignaturas, al contrario de lo que sucede en otros países de Europa, ha sido diseñada por el Gobierno español con un claro efecto adoctrinador. María Fernanda González, una española que lleva a sus hijos al citado Instituto, se ha preocupado de leerse los reales decretos (BOE 5 de enero de 2007) que desarrollan el Área Educación para la Ciudadanía y se ha dado cuenta de que entre sus objetivos está el «profundizar en los principios de ética personal» y abordar «contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional», o ayudar a los alumnos a «construirse una conciencia moral».
«No comprendo», asegura María Fernanda, «que el Estado quiera asumir la educación en valores morales de mis hijos o de otros niños y jóvenes, siendo algo que nos compete en primer lugar a los padres. En España hay ya más de 45 mil objeciones, ¿no se debería plantear que estas asignaturas fuesen opcionales o fueran desprovistas de contenido moral?»
De ahí que María Fernanda, junto a otros padres, tanto españoles como portugueses, residentes en Lisboa, haya presentado, acogiéndose a su derecho constitucional, objeción de conciencia para que sus hijos estén exentos de cursar las asignaturas de Ciudadanía. Los escritos de objeción ya han sido entregados e incluso el representante de los padres en el Consejo Escolar del Instituto Giner de los Ríos, Javier Calderón, lo comunicó en una reunión de dicho Consejo. Y los padres objetores, en una carta dirigida a la Embajada española en Lisboa (de la que depende directamente el centro escolar), «expresaron que objetaban a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía, Educación Ético-cívica y Filosofía y Ciudadanía, por razones de conciencia, amparándose en el derecho fundamental a la libertad ideológica reconocido en el Art.16 de la Constitución Española».
La sorpresa ha llegado cuando los padres objetores han recibido una carta de la Embajada de España (cuya copia se adjunta) negándoles su derecho a objetar, indicándoles que «la materia es obligatoria, como las Matemáticas o el Idioma», recordándoles que «llevan a sus hijos a ese centro voluntariamente» e invitándoles a abandonarlo si manifiestan desacuerdo. Los padres objetores españoles consideran que esta carta vulnera sus derechos fundamentales. « La legislación nacional e internacional nos ampara», asegura María Fernanda. Por este motivo, los objetores de Lisboa están estudiando acciones judiciales en defensa de sus derechos constitucionales a la vez que se organizan para informar a otros padres y apoyarse mutuamente.
Es preciso recordar que, hasta el momento, 123 resoluciones judiciales (entre sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y Autos de medidas cautelares) han eximido a los objetores a Ciudadanía en España, país en el que las objeciones han superado ya las 45 mil. Además, se acumulan en los juzgados españoles unos 600 recursos judiciales de padres que defienden su derecho a educar a sus hijos libremente.
"Corresponde a los padres y no a la Administración el derecho a educar a sus hijos"
Los padres defienden la objeción de conciencia como forma de movilización social contra el intento de manipulación y adoctrinamiento ideológico del Estado.
El pasado 18 de octubre, se ha celebrado la Jornada de objetores de conciencia ante la materia "Educación para la Ciudadanía".
La Jornada, convocada por un colectivo de padres y madres de alumnos, ha contado con el apoyo de diversas entidades, entre ellas el Foro Catalán de la Familia, el GEC (Grup d’Entitats Catalanes de la Família), el Instituto de Política Familiar de Cataluña, la Plataforma Dret a Escollir, Foro Arbily Profesionales por la Ética de Cataluña.
El acto, al que asistieron unas 150 personas, tuvo lugar en el colegio Loreto-Abat Oliba de Barcelona, con presencia de representantes de entidades del ámbito educativo y familiar y numerosas familias. Intervinieron como ponentes principales Josep Miró i Ardèvol, Presidente de e-Cristians, Jorge Buxadé, Presidente del Foro Catalán de la Familia, Ramón Novella, psicopedagogo y Presidente de Professionals per l’Ètica de Catalunya y Ana Victoria, coordinadora de la campaña de objeción en Cataluña. También contó con las intervenciones y testimonios de juristas y diversos padres objetores.
Josep Miró en su intervención afirmó que el Gobierno ha tomado una "deriva totalitaria" en la misión educativa, ya que quiere impartir aspectos morales más allá de los constitucionales. "El Estado quiere educar moral y religiosamente a los niños, o deseducarlos", criticó, y añadió que educar "es un derecho de los padres".
Jorge Buxadé insistió en que los padres tienen el derecho y el deber de educar, así como el derecho a escoger que educación quieren para sus hijos. El Estado ha de ser subsidiario de los padres, pero ahora pretende suplantar su patria potestad. Igualmente ha indicado que “los colegios violan la ley si no aceptan las objeciones, ya que es un derecho constitucional que asiste a los padres”
Ramón Novella explicó el alcance de la asignatura Educación para la ciudadanía, una norma aprobada sin consenso y sin tener en cuenta la opinión de los padres, y que supone un peligro real de manipulación y adoctrinamiento a fín de imponer una moral de Estado. Igualmente defendió que en este caso hay que ejercitar el derecho fundamental a la objeción de conciencia y a la libertad ideológica reconocidos en nuestra Constitución. Este acto – afirmó- es el principio de una movilización ciudadana en Cataluña en defensa de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos sin intromisiones gubernamentales ni adoctrinamiento ideológico.
Ana Victoria clausuró el acto, y recordó que “los padres estamos advirtiendo al gobierno, que nos repugna lo que está intentando hacer con nuestros hijos y que no vamos a parar porque se trata de nuestra libertad”, y pidió a los padres que actúen, porque “Si de verdad creemos que la EPC es una intromisión y una violación del derecho a educar a nuestros hijos, tenemos la obligación ineludible de hacérselo ver a los demás.” Finalmente ha llamado a los padres y madres a la objeción diciendo que: “Vamos a presentar batalla, vamos a objetar, en ningún caso el estado va a imponernos criterios ideológicos disfrazados de moralina.”
CCOO ordena a sus afiliados expulsar a los objetores mientras UGT lamenta los fallos judiciales favorables a la objeción
La enseñanza española tiene muchos problemas; también los docentes, como el resto de trabajadores, presenta dificultades, especialmente en un escenario de crisis económica.
En este contexto, sorprende que las secciones de Enseñanza de los sindicatos UGT y CCOO dediquen todos sus esfuerzos a combatir a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía.
En la Región de Murcia, por ejemplo, CCOO ha cursado unas instrucciones a sus afiliados sobre cómo actuar ante la objeción a Ciudadanía. En estas instrucciones (que se adjuntan), se pide a los profesores que:
· Impartan las asignaturas de Ciudadanía según el currículo regional y lo amplíen de la manera que crean oportuna.
· Anoten como «faltas» las ausencias de los alumnos objetores.
· Los jefes de estudios deben expulsar a los alumnos objetores cuando hayan acumulado varias «faltas».
· Los alumnos objetores deberán ser suspendidos por no asistir a clase durante todo el año.
En el Principado de Asturias, CCOO acusó a los objetores de absentistas y recordó que las asignaturas de Ciudadanía no pueden «adaptarse a los idearios de los centros».
En Extremadura y Castilla-La Mancha, ambos sindicatos han reforzado la postura de las administraciones socialistas frente a los objetores.
Ni que decir tiene que CCOO, al igual que UGT, puso el grito en el cielo cuando la Comunidad de Madrid decidió ofrecer actividades alternativas a los alumnos objetores a las asignaturas a Ciudadanía.
La Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid ha llegado a acusar al Gobierno de Esperanza Aguirre de «ir contra el Estado de Derecho por amparar a los objetores».
UGT también ha cerrado filas con los gobiernos del PSOE a favor de Ciudadanía. Para este sindicato, las nuevas asignaturas «son una oportunidad para la educación de los nuevos ciudadanos desde un punto de vista democrático y con una visión crítica de los problemas que tiene la sociedad y el individuo.
Así, cuando a principios de octubre un Juzgado de Cuenca emitió un Auto que eximía a varios alumnos de asistir a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía lamentaron «el trastorno que ello producía a la Consejería de Educación y Ciencia» al tiempo que afirmaban que estas materias escolares «tienen el mismo rango que cualquier otro».
No es la primera vez que UGT sale en defensa de Ciudadanía. Así, en septiembre de 2007, este sindicato (junto a CCOO) pretendió personarse en el procedimiento judicial en el que unos padres sevillanos denunciaban los decretos andaluces de Ciudadanía por considerar que vulneraban sus derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inadmitió la personación de los sindicatos progubernamentales alegando que su derecho no se veía afectado por este procedimiento judicial.
También ha habido miembros de UGT que han impartido cursos para profesores de las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía. Así, durante el curso pasado, dos ex dirigentes de Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT en Castilla La Mancha, Ascensión Palomares Ruiz y Joaquín Muñoz Cantos, dirigieron e impartieron el Curso Educación para la Ciudadanía y la Interculturalidad en la Escuela Universitaria de Magisterio de la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). El objetivo del curso («formar docentes reflexivos y críticos») quedo, sin duda ensombrecido, al conocerse que ambos ex dirigentes de UGT habían sido condenados por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Albacete (sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Albacete) por falsificación de documentos para no perder una subvención que les había sido concedida. (La Verdad.es, 13-01-2007; ABC.es, 13-01-2007 y La Verdad.es, 23-05-2007).
La posición de UGT, favorable a Ciudadanía en las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE, cambia radicalmente en lugares en los que el PP está en el poder. Es el caso de Valencia, donde UGT ha tomado una actitud beligerante frente a la Consejería de Educación debido a que ésta, en uso de sus competencias, ha decidido impartir las asignaturas de Ciudadanía en inglés. Como consecuencia, el sindicato socialista ha anunciado movilizaciones contra el Gobierno valenciano. Además, UGT asegura que impartir estas asignaturas en inglés implicará un coste adicional de 15, 5 millones de euros y «dañará la dignidad de los profesores».
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, «es absolutamente incomprensible que los sindicatos UGT y CCOO se muestren tan beligerantes contra un derecho (el de objetar a Ciudadanía) que ha sido amparado por más de 100 fallos judiciales». Respecto a las instrucciones dictadas por CCOO para los docentes de Murcia, Bazán considera que incitan a los funcionarios a cometer un delito ya que la objeción es un derecho constitucional y el artículo 542 del Código Penal afirma que «incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».
Según datos recopilados por PROFESIONALES POR LA ÉTICA, las secciones de Enseñanza de UGT y CCOO han sido ampliamente subvencionadas por el Ministerio de Educación ya que desde 2004 hasta 2007 han recibido 727.157,00 € (CCOO) y 900.085,00 € (UGT).
EL FUNCIONARIO QUE OBSTACULICE LAS OBJECIONES A CIUDADANÍA PUEDE INCURRIR EN DELITO PENAL
La Plataformas "Toledo educa en libertad" y "¿Xq te callas?" y la Asociación Educación y Persona (entidades promotoras a la objeción de conciencia a las asignaturas a Educación para la Ciudadanía en Toledo) han denunciado que un inspector de educación ha obligado a siete alumnos objetores (cuatro de 2º de ESO y tres de 4º de ESO) a Ciudadanía a entrar en clase.
La declaración de objeción de conciencia por parte de los padres implica que los alumnos no entran a clase de estas materias. Todo marchaba perfectamente en el IES de Yepes (Toledo) en el que se han producido los hechos; durante los primeros días de curso el centro habilitó una sala para uso de los alumnos objetores, sin que hubiera problema alguno por parte de ningún trabajador del centro. Solo cuando el inspector de Educación visitó el centro, el director recibió la orden tajante de obligar a los alumnos objetores a pasar a clase.
Ante estos gravísimos hechos, PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda que el funcionario público que impida a los objetores ejercer su derecho, incurre en delito (artículo 542 del Código Penal) y podrá ser inhabilitado para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo.
En toda España se han dictado 123 fallos judiciales (sentencias y Autos estimando medidas cautelares) que amparan a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía de 2º ó 3º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato). En Castilla-La Mancha (concretamente en Albacete, Cuenca y Toledo) se han emitido 5 Autos de medidas cautelares que eximen a casi 100 objetores a asistir a clase de alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor número de objetores a Ciudadanía, ya que a principios del presente curso se habían presentado 9 049 declaraciones de objeción.
La Bioética crece con vigor en interés para la sociedad y la política. Esta atención de los políticos a la Bioética podría parecer una buena noticia, pero está lejos de serlo cuando se la utiliza de un modo ideológico y electoralista.
En España, lo muestra la medida de sufragar de forma directa cada nacimiento, que se adoptó sin diálogo y en un marco de clara propaganda gubernamental. Conviene, pues, a cualquier ciudadano hallarse prevenido en este decisivo campo y adquirir criterio. Para empezar, se ha de reconocer que el incremento de los esfuerzos en Bioética tiene sentido. Porque a mayor poder sobre la vida, mayor responsabilidad; y nuestra capacidad de influencia sobre ella se ha acrecentado de forma inaudita. Este logro asombroso de la ciencia resulta ambivalente, nos llena a la vez de orgullo e incertidumbre. Pensemos en la inquietud que nos causan las ya cíclicas noticias sobre nuevos experimentos de hibridación, que despiertan los antiguos temores hacia monstruos semihumanos. Los debates de la Bioética actual a menudo no alcanzan la finura y excelencia que sería preciso. Conviene saber al menos qué es la Bioética. Una noción sencilla nos dirá que Bioética es "la responsabilidad en relación con la vida". También se la ha definido como "la ciencia que estudia la conducta humana en el campo de la vida y la salud, a la luz de los valores y principios éticos racionales" (A. García Gómez). Esto nos ayuda a desligarnos de algunos tópicos. Por ejemplo que la Bioética no constituye más que un conjunto de normas coactivas para restringir la autonomía de nuestra libertad, lo que ha desenmascarado J. Abellán. Ante todo tiene que ver con valores, virtudes, bienes, y busca encaminarnos hacia una felicidad integral. Tampoco es la Bioética un arcaico sistema de tabúes religiosos o de otro tipo que estemos llamados a superar. Al contrario, nuestras concepciones más hondas deben inspirarla, pero su base inicial se sitúa en la razón y sus argumentos pueden ser compartidos. Además tenemos que comprender que la Bioética no es una reflexión especulativa ni abstracta. Pende de los hábitos virtuosos con respecto a la vida y la salud presentes en las personas. Sin esto se torna un discurso reductor, idóneo para la manipulación (López Quintás), por ejemplo en su proyección sobre la sexualidad. Su punto de partida estriba en captar con admiración ese valor precioso de la vida, aunque la Bioética tiene mucho que ver también con la prudencia y la justicia. Ya Simone Weil nos advirtió que "nada tiene valor si no lo tiene la vida humana". En una sociedad materialista, la vida y la salud parecen muy apreciadas y alcanzan una relevancia económica enorme. Pero a menudo se trata de una óptica utilitarista, que persigue una salud sólo física y desestima la vida en su calidad cuando no conlleva placer.
Paradójicamente esta obsesión materialista por la salud trae, en el mundo desarrollado, una marea de enfermedad mental, suicidio y eutanasia. Sí, la vida ha de importarnos pero debido a que implica siempre un misterio lleno de belleza, excepcionalidad e incesante creatividad. También porque es un hecho biomédico constatado que el ser humano es un organismo vivo. Resulta aquí central entender que la vida misma no es algo genérico o vago. La vida está realmente presente en los seres vivos, de modo que para ellos ser no consiste sino en vivir (como enseñó Tomás de Aquino). Defender la vida sin respetar o atender a los vivientes concretos constituye un absurdo típico de nuestro tiempo, que ya Rosenzweig denunció. Se habla de la unidad de lo vivo en un todo anónimo, común e informe (Gaia, la divinidad de la nueva era) y esto no responde a la precisión necesaria. Claro que los seres vivos se encuentran inter-relacionados, pero cada ser vivo comporta en sí ya algo diferente que posee una individualidad especial. Recordemos que el vitalismo filosófico y abstracto progresó precisamente en la Europa central de las dos guerras mundiales, y acabó destruyendo a un sin número de seres vivos muy determinados.
La sociedad actual ve hacer política de la Bioética y ganar electorado con su ideologización. Pero la Bioética es cuestión de razón y debe trascender partidismos y oportunismos (las leyes acerca del uso del tabaco o el vino en España). Por eso asistimos a ironías crueles, como la de que el parlamento europeo se oponga a los experimentos con monos, mientras algunos juzgan un avance indudable experimentar con embriones humanos. Desde luego, más allá de generalidades, sin amor a seres concretos no hay Bioética. Así, por ejemplo, sin amor a la familia no hay fomento demográfico, sino electoralismo y un enfoque economicista ineficaz. La vida humana demanda amor en su inicio, desarrollo y ocaso. Recordemos a nuestros mayores, a quienes se aparta, pero a los que a la vez se quiere comprar políticamente con burdas estrategias. El amor no se tributa en abstracto, amamos a seres concretos y no al género humano en general, sino a personas. Por ello, la Bioética requiere el desarrollo continuo de nuestra sensibilidad hacia el valor de la persona y su raíz. Aún más: cuidar a humanos concretos reclama ser capaz de benevolencia y amistad, no tanto emitir recetas que mantengan un organismo en cierto estado biológico. La Bioética comporta el arte de la personalización y de las relaciones humanas (Rof Carballo), un asistir a la persona en su integridad o unidad corpóreo-espiritual (Polaino), sensibilidad hacia el entorno ecológico en cuanto marco de su desarrollo (Benedicto XVI y Ridruejo). Demanda apertura hacia el sentido personal de la existencia, saber escuchar y dialogar desde lo más hondo, como revelan Frankl o nuestro humanismo médico. Desengañémonos: "el siglo XXI será bioético o simplemente no será". Necesitamos una Bioética de la persona y del encuentro. No es egolatría humana, sino humilde responsabilidad hacia nuestro poder. Nos toca velar por el desarrollo de una Naturaleza reflejo de lo más alto. La Bioética no es Teología directamente, pero parte de advertir un cierto sentido sagrado o superior en los vivientes. El don de la vida se agradece cuando se fomenta de modo activo y se capta lo indisponible que comporta. A toda persona alcanza, pues, el consejo de Mann: "medita sobre la muerte, pero sé amigo de la vida". Por esto, acaso un día nos cause estupor nuestro actual desprecio de ella. Quizás nos conmoverán tantas vidas abortadas, congeladas en estadios de su desarrollo, tantos vivientes maltratados (como nuestros niños, ancianos, enfermos) o "seleccionados" eugenésicamente. Tal vez reflexionemos acerca de aquellos a los que hoy no hemos sabido poner un nombre propio, considerar de una manera verdaderamente humanista y personal.
Javier Barraca (profesor de la U. Rey Juan Carlos)
A pesar de las trabas que están poniendo las administraciones y del acoso al que muchos directivos de centros educativos (públicos y concertados, generalmente pertenecientes a FERE-CECA) someten a los objetores, el movimiento opositor a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía está imparable.
En apenas una semana se han presentado las siguientes nuevas objeciones: 72 en Barcelona, 68 en Cádiz, 107 en La Unión (Murcia), 47 en Jaén y 180 en Galicia.
Estas objeciones se suman a las más de 45 mil presentadas en toda España. La portavoz de los padres objetores de Barcelona, Mercedes Flores, ha manifestado que con estas nuevas objeciones quieren expresar su voluntad de defender el derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Igualmente, quieren expresar su rechazo ante el adoctrinamiento que suponen las materias del Área de Educación para la Ciudadanía. No podemos admitir, asegura, que la Administración suplante a los padres en la tarea de la educación moral de nuestros hijos, sea quien sea el que gobierne.
A la presentación de nuevas objeciones hay que añadir el nacimiento de 6 nuevas plataformas de padres objetores que se suman al centenar ya existentes (http://www.objetores.org/enlaces.htm).
Estas nuevas plataformas son las siguientes:
- COLMENAR, LIBRES PARA EDUCAR.
- PLATAFORMA JULIO GÓMEZ PASTRANA.
- FAMILIAS OBJETORAS DEL PUERTO DE SANTA MARÍA.
- LUGO EDUCA EN LIBERTAD.
- ES COSA DE PADRES, PLATAFORMA DE PADRES OBJETORES EN CHICLANA.
- PLATAFORMA DE PADRES PARA LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN EN PORTUGAL.
- SAN JAVIER-POR LA LIBERTAD DE EDUCACION.
Por otra parte, en las próximas semanas se celebrarán encuentros de objetores en Cataluña y Cádiz. Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, ha señalado que el próximo sábado, 18 de octubre, se celebrará en Barcelona la I Jornada de Objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) en el colegio Loreto-Abat Oliba de Barcelona (Avda. Pearson, 22). La Jornada, convocada por un colectivo de padres y madres de alumnos, contará con los testimonios de diversos padres y madres que ya han objetado a EpC y en ella se presentarán las próximas iniciativas del movimiento objetor en Cataluña.
En el acto intervendrán Josep Miró i Ardèvol, Presidente de e-Cristians y Director del CDES Abat Oliba, Jorge Buxadé, Presidente del Foro Catalán de la Familia y Ramón Novella, psicopedagogo y Presidente de Professionals per l?Ètica de Catalunya. La Jornada cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre ellas el GEC (Grup d´Entitats Catalanes de la Família), el Foro Catalán de la Familia, el Instituto de Política Familiar de Cataluña, la Plataforma Dret a Escollir y Profesionales por la Ética de Cataluña.
Por su parte, el encuentro de objetores a Ciudadanía de Cádiz tendrá lugar el próximo sábado 11 de octubre a las 10:30 en el Salón San José| Plaza Elías Auja nº1, esquina c/ Valdés (Junto a la Plaza de Toros) | del Puerto de Santa María. Está organizado por el Foro de Laicos Asidonia, la Plataforma de Padres Objetores Isleños, la Plataforma Cádiz Educa en Libertad, la Plataforma Julio Gómez Pastrana "Familias Objetoras del Puerto", la Plataforma de Padres Objetores en Chiclana "Es cosa de padres".
El movimiento a favor de la libertad de educación y frente al adoctrinamiento tiene, además, relevo generacional. En estas semanas, el Movimiento Andaluz de Jóvenes por la Objeción (MAJO) ha repartido 20.000 folletos por los colegios sevillanos animando a los alumnos a objetar ejerciendo su derecho constitucional. Este movimiento, junto a la Plataforma Juvenil Mójate, ha convocado un Encuentro de Jóvenes por la Objeción el próximo 11 de octubre en el colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, la clave del movimiento objetor a Ciudadanía está en el protagonismo de los padres y su independencia respecto a partidos e instituciones. Tienen muy claro, aseguran, que luchan por sus derechos y por los de sus hijos y defienden derechos civiles y constitucionales que nadie puede arrebatarles ni recortarles.
A medida que avanza el curso escolar, los padres y profesores van descubriendo el verdadero rostro de Educación para la Ciudadanía, un área escolar que comprende, para la ESO, las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (2º ó 3º de ESO) y Educación Ético-Cívica (4º de ESO).
EDUCACIÓN ÉTICO-CIVICA
Un ejemplo es el libro de Educación Ético-Cívica de 4º de ESO de Ediciones Serbal. A título de ejemplo, en el apartado Virtudes, se pide al alumno que exprese su opinión sobre las siguientes cuestiones:
« ¿Son intolerantes las legislaciones que prohíben el matrimonio entre homosexuales?»
«¿Es intolerable la prohibición del aborto?»
Este mismo manual dedica otra unidad didáctica al derecho de autodeterminación y, dentro de ella, una página de actividades sobre Quebec, Cataluña y el País Vasco. Sobre dos artículos de opinión a favor de la independencia del País Vasco y Cataluña se pide que los alumnos «busquen información en los medios de comunicación sobre reivindicaciones nacionales de Cataluña y el País Vasco».
En el libro de Ediciones Serbal, la página dedicada a creencias está ilustrada con dos fotografías situadas en paralelo: una caricatura de un miembro del Ku Klus Klan junto a una fotografía de un hombre portando una cruz de madera. En ambas imágenes el personaje aparece encapuchado
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. MODELO DE EXAMEN
Un material que los padres y el público en general desconocen es el libro del profesor, una guía didáctica a la que solamente acceden los docentes. En estos libros, además de la programación curricular, se sugieren modelos de exámenes y recursos didácticos.
Así, en el libro del profesor para Educación para la Ciudadanía de 2º de ESO de la Editorial Pearson-Alhambra se propone un examen con preguntas como las siguientes:
1. La orientación sexual es:
a) La enseñanza del comportamiento sexual.
b) La psicología de los diferentes sexos.
c) El tipo de personas por el que nos sentimos atraídos sexualmente.
2. La reasignación de sexo consiste en:
a) El proceso de armonización entre el cuerpo y la identidad psicológica.
b) La modificación de la orientación sexual.
c) La modificación de la identidad de género.
3. La identidad de género es:
a) Los comportamientos que la sociedad atribuye a cada género
b) Que todos los géneros tienen los mismos derechos.
c) Que todo género es idéntico a sí mismo.
4. Los profesores:
a) Enseñan solo su materia.
b) No pueden meterse en los valores del alumnado.
c) Enseñan valores y normas.
El libro del profesor proporciona, además, un guión con la respuesta correcta en cada caso. Las respuestas correctas son las siguientes:
Además, el libro del profesor de Pearson-Alhambra para 2º o 3º ESO (entre 12 y 14 años) recomienda, como materiales de interés páginas web como las siguientes:
Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, señala que este tipo de materiales desvelan el carácter adoctrinador de las asignaturas que conforman Educación para la Ciudadanía. «Sin embargo», señala «lo preocupante no son los libros de texto o los materiales didácticos sino el planteamiento global de estas materias escolares que se proponen, según el Real Decreto de contenidos mínimos (BOE 5 de enero de 2007), profundizar en los principios de ética personal y abordar contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, o ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos.
Para Mª Ángeles Eyries, de PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE MADRID, el caso de Educación Ético-Cívica (es decir, Educación para la Ciudadanía de 4º de ESO, es muy incisivo en aspectos ideológicos ya que incluye contenidos como los dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes, los interrogantes del ser humano o los derechos humanos como una conquista histórica inacabada. «Además», explica, esta asignatura de 4º de ESO, contiene un criterio de evaluación que pretende comprobar «si el alumno comprende el pluralismo moral y si utiliza adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales».
Numerosos centros escolares acosan a los objetores mientras los jueces les dan la razón
Hace unos pocos días se ha conocido la decimoquinta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respalda a padres que han objetado a alguna de las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica). Como en otras ocasiones, el Tribunal considera que estas materias obligatorias pretenden formar a los ciudadanos en “valores comunes de indudable trascendencia ideológica y religiosa” y los padres, conforme a la ley, tienen todo el derecho a ejercer la objeción; en consecuencia, el TSJA declara que el alumno está legalmente “facultado para no cursar la asignatura y quedando exento de ser evaluado de la misma”. En la actualidad, son más de un centenar los alumnos eximidos judicialmente de Educación para la Ciudadanía o Educación Ético-Cívica en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
Sin embargo, el respaldo judicial a los objetores contrasta con la realidad que viven muchos de ellos en los centros escolares. Según explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, prácticamente todos los días reciben casos de presión, amenaza o acoso a objetores a alguna de las materias del área Educación para la Ciudadanía. Estos son algunos ejemplos:
Se engaña a los padres asegurándoles que en 4º de ESO se imparte Ética y no Educación para la Ciudadanía. “De ese manera”, explica Fernández de Alarcón,”disuaden a los padres y les obligan a retirar la objeción o a no presentarla”. Este caso se produce en un 99 % de los centros concertados. En un colegio de religiosas de la enseñanza, la directora aseguró a los padres que la Inspección educativa le había asegurado que en 4º de ESO no había Educación para la Ciudadanía.
Como explica Fernández de Alarcón, afirmar que existe la asignatura de Ética en 4º de ESO es una falsedad porque el decreto de contenidos mínimos para el Área de Educación para la Ciudadanía (BOE 5 de enero de 2007) establece que la asignatura, en 4º de ESO, se denomina Educación Ético-Cívica e incluye contenidos como «los dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes», o comprobar «si el alumno comprende el pluralismo moral y si utiliza adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales». De hecho, las sentencias y Autos judiciales han declarado exentos a alumnos tanto de Educación para la Ciudadanía (2º o 3º de ESO) como de Educación Ético-Cívica.
En numerosos centros escolares, los objetores son presionados para que entren en clase amenazándoles con el suspenso. El profesor ha llegado a instar a un alumno, delante de toda la clase, a que entre en el aula ridiculizándole porque sus padres han objetado a Ciudadanía o Educación Ético-Cívica.
Otro caso muy frecuente es asegurar que no hay objetores en el centro y que sus hijos van a quedar señalados. En un centro concertado de Castilla-La Mancha la dirección aseguraba no tener objeciones; a principio de curso los padres han descubierto que 70 padres habían presentado el correspondiente escrito de objeción.
En numerosas ocasiones, se invita a los padres a abandonar el colegio indicándoles que están cometiendo una ilegalidad. O bien se les llama repetidamente al teléfono móvil para pedirles que vayan a recoger a su hijo ya que no entra en clase de Ciudadanía.
En centros públicos se ha llegado a amenazar a los padres con denunciar a sus hijos por absentismo o incluso a los propios padres por abandono. Y por supuesto, repitiendo constantemente que los objetores no obtendrán la titulación en ESO. Incluso una madre objetora amparada por un Auto judicial recibió hasta tres llamadas en un día; en una de ellas, el religioso que dirigía el centro le llegó a exigir un documento notarial en el que se hiciera responsable de lo que le podía pasar a su hijo si no entraba en clase.
Sin embargo, los padres objetan a Ciudadanía no por capricho, sino por razones de conciencia. Algo incomprensible, al parecer, para muchos profesores y directores de centros escolares. “Afortunadamente”, explica Fernández de Alarcón, “existe una amplia red de abogados que inmediatamente defiende a los padres objetores en estas situaciones. No descartamos”, asegura,” pasar de la defensa de la objeción a la demanda contra los profesores o directivos de centros educativos que obstaculicen el derecho de los padres a objetar”.
Hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.
En este sentido, fuentes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerdan que la Junta de Andalucía fue condenada a pagar las costas de un procedimiento judicial sobre objeción a EpC por entender el Tribunal que la Administración andaluza estaba entorpeciendo el derecho de los padres a objetar.
Para informar y defender a los objetores andaluces existen diversas plataformas y asociaciones que prestan asesoramiento jurídico gratuito a las familias que se oponen a que sus hijos sean adoctrinados mediante las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía. A ellas se puede acceder a través de info@profesionalesetica.org y también enwww.objetores.org; las asociaciones y plataformas recomiendan a los padres que tengan dudas o estén sufriendo algún tipo de acoso o presión en sus centros escolares que lo comuniquen de inmediato para poner en marcha su defensa jurídica.
Por otra parte, el respaldo judicial ha dado sus frutos. Así, un matrimonio sevillano ha informado a PROFESIONALES POR LA ÉTICA de su situación.”El año pasado”, explican, “en clase de nuestra hija mayor (3º ESO) solamente objetaron los padres de dos alumnas; este curso en clase de nuestra segunda hija han objetado los padres de 14 alumnos, casi la mitad de la clase”.
“En todo caso”, concluye Fernández de Alarcón, “los padres objetores solamente pedimos respeto a nuestra decisión y el libre ejercicio de un derecho amparado por la Constitución Española, el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia”.
Más de un centenar de resoluciones judiciales dan la razón a los objetores de Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica
El pasado 18 de septiembre se ha hizo público, durante una rueda de prensa celebrada en Albacete, un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de esta ciudad por el que se decreta la suspensión cautelar de la obligación de cursar las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía (EpC) a 52 alumnos castellanomanchegos. El procedimiento judicial se inició por los padres de los alumnos frente a la resolución de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que les negaba la objeción frente a este conjunto de materias escolares. El citado Auto judicial acepta que los alumnos no acudan a clase del área de EpC al menos hasta que se dicte sentencia.
En el transcurso de la rueda de prensa, Caridad Navarro, presidenta de CONCAPA de Albacete y coordinadora del movimiento objetor a EpC en esta ciudad, ha resaltado que «este segundo auto judicial de Albacete tiene para los padres objetores un doble valor: por un lado, procede de otro Juzgado de lo Contencioso-Administrativo distinto del que dictaminó lo mismo dos semanas atrás; por otro, corresponde al procedimiento con mayor número de familias recurrentes de los que hasta ahora se han presentado en España, ya que afecta a un total de 52 niños».
Por su parte, José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de PROFESIONALES POR LA ÉTICA y presente también en la rueda de prensa, ha manifestado que este Auto judicial se suma al casi un centenar de resoluciones judiciales que reconocen el derecho de los padres a objetar a Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica (asignaturas del área de EpC).
Según Bazán, «los objetores se muestran muy esperanzados por el reconocimiento que la gran mayoría de los tribunales han realizado de su derecho a la objeción de conciencia, y esperan que continúen las sentencias favorables en los cientos de demandas presentadas en prácticamente toda España».
Entre los fallos judiciales que amparan a los objetores al área de EpC se encuentran, según fuentes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, 38 sentencias y 60 autos judiciales que amparan el derecho fundamental de los padres a objetar, por razones de conciencia a un conjunto de asignaturas que pretende formar la conciencia moral de sus hijos. Las sentencias favorables han sido dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y La Rioja, mientras que los Autos favorables proceden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (Huesca nº 1, Zaragoza nº 5, Albacete, etc). A estos fallos deben sumarse cerca de 40 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia de los padres pero que estiman falta de prueba en los procedimientos.
En conjunto, la objeción de los padres españoles a EpC, según fuentes oficiales de la Abogacía General del Estado, ha dado lugar a 500 recursos judiciales. Las sentencias y otras medidas favorables a los objetores son, a esta fecha, las siguientes:
· 14 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
· 23 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
· 70 Autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitiendo medidas cautelares.
· 3 Autos de juzgados de Aragón admitiendo medidas cautelares.
· 2 Autos de juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Albacete. (Uno de los Autos concede medidas cautelares a 52 objetores a EpC).
A esta fecha, los objetores a EpC ascienden en España a 45 376. Castilla-La Mancha (9 049 objetores) es la segunda Comunidad en número de objetore
40 entidades preguntan a FERE si ha pactado con Zapatero sobre las polémicas asignaturas
40 entidades y plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) han escrito una carta a Manuel de Castro, Secretario General de FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) para preguntarle acerca del pacto que, según la prensa nacional del pasado 2 de agosto, ha suscrito con el Gobierno sobre las asignaturas que conforman EpC.Según la versión publicada, en el transcurso de la entrevista mantenida por el presidente de Gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal Española se habló de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Sobre ésta, y ante la sugerencia del cardenal Rouco de modificar algunos de sus contenidos, Rodríguez Zapatero afirmó (siempre según la crónica periodística) que «existe un acuerdo cerrado sobre esta asignatura (Educación para la Ciudadanía) con la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE)».
Al leer la noticia, un buen número de padres objetores a EpC se mostraron extrañados. Por este motivo, a la vuelta del verano y de cara al curso que se inicia estos días, se han dirigido a FERE para interesarse por el asunto.
Textualmente, las plataformas y asociaciones objetoras, solicitan a Manuel de Castro, «en aras de la debida transparencia en un asunto de tanta trascendencia para el conjunto de la comunidad educativa española», que confirme o desmienta si ese pacto se ha producido. Además, la carta incluye la siguiente petición: «si ese pacto se ha producido, le rogaríamos nos indicase si los padres de alumnos de los colegios adscritos a FERE-CECA (Federación de Religiosos de la Enseñanza y Confederación Española de Escuelas Católicas) tienen conocimiento del mismo. Finalmente, le agradeceríamos nos indicara en qué medida afecta este acuerdo a los padres que han objetado (o piensan hacerlo) a la asignatura Educación para la Ciudadanía».
Fuentes del movimiento objetor frente a EpC han destacado que este pacto, caso de existir, explicaría las contradicciones y ambigüedades que FERE viene manteniendo en relación con el desarrollo e implantación de la asignatura. Una ambigüedad que le ha llevado a «reinterpretar» (a través de sus circulares a los centros afiliados), las notas oficiales de la Conferencia Episcopal Española, que ha rechazado abiertamente el desarrollo realizado por el Gobierno de EpC. Los obispos se vieron obligados a aclarar a los titulares de los centros, mediante carta de 19 de mayo de 2007, las interpretaciones incorrectas de sus notas realizadas en las circulares de la FERE.
Del mismo modo, los padres objetores denuncian la habitual presencia en las jornadas de formación sobre EpC de autores como José Antonio Marina y Carmen Pellicer. los más comprometidos con la imposición obligatoria de la asignatura. Los objetores también se muestran molestos por la beligerancia que los responsables de muchos de los centros afiliados a FERE han mostrado hacia los padres que han presentado la objeción o que, simplemente, han pedido información sobre la nueva asignatura.
Con todo, las plataformas de padres objetores señalan que la resistencia de los centros a informar a los padres va siendo vencida por los presión de los propios padres, que ya han conseguido organizar charlas informativas en algunos de los colegios más emblemáticos de la referida patronal, como son Nuestra Señora del Pilar, San Agustín, Jesús María y Sagrada Familia de Madrid, San Agustín de Valdepeñas, de Ciudad Real, Nuestra Señora del Pilar, de Soria, Hermanos Maristas, de Segovia, etc.
Finalmente y a pesar de la aparente complicidad de la actual cúpula de la FERE con la imposición de EpC, existen ya registradas un buen número de objeciones en sus centros. Un caso significativo es el del Colegio San José de Cluny, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde se han registrado más de 400 0bjeciones. En tres colegios de FERE de Ciudad Real, se señala desde la plataforma de padres de esta provincia, se han presentado ya más de 200 objeciones. Se trata de los colegios de marianistas, salesianos e Hijas de la Caridad.
ENTIDADES QUE HAN ESCRITO A FERE:
EPC?...ARAGÓN VA SER QUE NO!,CANTABRIA: EDUCACIÓN Y LIBERTAD FORO CIUDAD REAL EN LIBERTAD PLATAFORMA DE PADRES POR EL RESPETO Y LA LIBERTAD EN LA EDUCACION ¿XQ te callas? SORIA EDUCA EN LIBERTAD SALAMANCA EDUCA EN LIBERTAD PADRES POR LA LIBERTAD VALLADOLIDLEON EDUCA EN LIBERTAD CARTAGENA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓNLA RIOJA EDUCA EN LIBERTAD PADRES EN ACCIÓN (Madrid-Fuencarral) PLATAFORMA DE ABUELOS POR LA FAMILIA PLATAFORMA DE MADRES POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN VALENCIA EDUCA EN LIBERTAD (VAEL) FERROLANOS POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN TOLEDO EDUCA EN LIBERTAD BURGOS EDUCA EN LIBERTAD CÓRDOBA EDUCA EN LIBERTAD PLATAFORMA DE PADRES OBJETORES ISLEÑOS JAÉN EDUCA EN LIBERTAD SEGOVIA POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD PLATAFORMA LIBERTAD PARA OBJETAR SIERRA NOROESTE DE MADRID GUADALAJARA EDUCA EN LIBERTAD PALENCIA EDUCA EN LIBERTAD TENERIFE EDUCA EN LIBERTAD ZAMORA EDUCA EN LIBETRAD -27PUNTO3-LOS PADRES DECIDIMOS - MADRID PROFESIONALES POR LA ÉTICA FORO DE LAICOS DE ASIDONIA EDUCACIÓN Y PERSONA FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA DE CUENCA ASOCIACIÓN FAMILIAR VIGUESA IPF BALEARES PLATAFORMA OSUNA POR TU LIBERTAD PLATAFORMA NI UN PASO ATRÁS, SEVILLA.RIVAS, LIBRES PARA EDUCAR, MADRID.PLATAFORMA JULIO GÓMEZ PASTRANA, FAMILIAS OBJETORAS DE EL PUERTO CADIZ EDUCA EN LIBERTAD NAVARRA EDUCA EN LIBERTAD PLATAFORMA MALAGUEÑA EDUCACIÓN Y LIBERTAD PLATAFORMA "EPC, NO GRACIAS" DE ARANJUEZ
En la entrevista publicada el pasado domingo en El País, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, declara entender perfectamente las motivaciones de los objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía, pero incluso va más allá. Entiende que en el caso de EpC sí está justificado objetar, que le importa la educación de sus hijos y "hay cosas que no me gustan. Y si puedo objetar, porque es un derecho que existe y que me asiste, lo voy a hacer".
¡Bienvenido al club, Don Mariano! Ya somos más de 44.000 los objetores conocidos a dicha asignatura, porque en efecto porque nos importan nuestros hijos, y en efecto por que EpC no nos gusta. Y no nos gusta porque pretende formar la conciencia moral de nuestros hijos, porque se articula como un conjunto de cuatro asignaturas adoctrinadoras que imponen obligatoriamente una concepción de la vida, de la sociedad, de la familia, de los valores, con la que no estamos de acuerdo.
Pero ándese con cuidado, don Mariano. Dado que desconozco dónde estudian sus hijos, me veo en la obligación de hacerle algunas advertencias. Si están escolarizados en Andalucía o Galicia, o en cualquiera de las comunidades autónomas actualmente gobernadas por el PSOE, dé usted por seguro que su hijo será suspendido. Probablemente no tenga consecuencias, porque la LOGSE y la LOE permiten pasar con varios suspensos, e incluso obtener el título de graduado escolar al final de la ESO. Pero es desagradable tener que explicar al hijo que de ese suspenso (y no de otros) hay que estar orgulloso. El problema es que a veces no se conformarán con suspenderle, sabe usted: en Andalucía algún cargo público y la propia CEAPA piden pena de cárcel para usted, en Cataluña incluso alguno sugiere que es usted un rebelde civil, en Aragón o Extremadura llamarán a su hijo "dogmático intransigente" y le prohibirán hablar en la tutoría "por ser católico" (declaraciones y hechos reales, no es ficción). He de comentarle, Don Mariano, que en Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía está habiendo una valiente y comprometida labor del PP en su labor opositora, denunciando en los correspondientes parlamentos regionales el carácter adoctrinador de la asignatura y apoyando a los padres.
Si están escolarizados en La Rioja, estése tranquilo porque el Gobierno autonómico del Partido Popular acaba de comunicar a los padres que tienen derecho a objetar en conciencia y que sus hijos no serán obligados a entrar ni serán suspendidos, mientras dependa de su administración hasta sentencia en firme del Tribunal Supremo.
Pero si están escolarizados en la Comunidad Valenciana, debería pedir explicaciones a su compañero de partido Font de Mora, consejero de Educación, porque yo no estoy seguro de entenderle. En principio se ha articulado una "Opción B", aunque sólo para 2º de ESO, con lo que su hijo estará vendido en los demás cursos; aunque no, porque puede hacer un trabajo; pero sí, porque está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad; aunque no, porque se impartirá en inglés y no se enterará de nada; pero sí, porque muchos centros y profesores se han negado a impartirla en esa lengua y las editoriales a publicar los textos; aunque no, porque la Opción B ha sido suspendida por el máximo tribunal valenciano, por lo que Font de Mora dice ahora que suspenderán; en fin, un lío. Le recomiendo, por tanto, que su hijo objete y no asista a ninguna clase de EpC en ninguna de sus opciones ni lenguas: así no correrá riesgo de adoctrinamiento, que es de lo que se trata.
Si está escolarizado en Castilla y León, sepa usted que el consejero de Educación (del Partido Popular), el señor Mateos, le entiende y le respeta, pero comunica a los centros que le suspendan oportunamente. Es lo que tiene el cariño de los cobardes. Mantiene que ellos han adaptado los contenidos, pero oculta que han sido recurridos por el Ministerio, precisamente por pulir los contenidos ideológicos, no siendo competencia autonómica. Y ¡cuidado!, si presentó usted su objeción a lo largo del año pasado, le habrán hecho un requerimiento durante este verano, estando usted de vacaciones en Pontevedra, para que se le pasen los plazos para recurrir y dejarle vendido. Lo que le habrán requerido es que justifique que su hijo es suyo (sí, no se ría, no es una ofensa a su señora) y que está escolarizado en el centro donde objeta. Vamos, es como si para empadronarse le piden a uno copia del padrón. ¡Tiene bemoles! Ese tipo de artimaña la vimos el verano pasado en Castilla-La Mancha y Andalucía, y evidentemente no se sostuvo.
Algo similar le ocurre si su niño estudia en Navarra: el consejero le quiere y le aprecia, y hasta objetaría como usted, pero le deja vendido ante los leones para que "pierda" usted sólo la batalla. Tenga usted por seguro que rechazarán su objeción y tendrá que acudir a la vía judicial, como en el resto de los casos.
Si está escolarizado en Madrid o Murcia, mantenga su objeción. La consejería correspondiente le apoya, le comprende, le dice que no se preocupe que no le obligarán a entrar en clase ni será evaluado. De hecho acaba de confirmarlo la consejera doña Lucía Figar, en consonancia con lo ya declarado por doña Esperanza Aguirre, presidenta autonómica. Parece que admitirán su objeción como en La Rioja y darán la debida atención a su hijo. Pero de las palabras a los hechos hay aún algo de distancia, porque así llevamos un año y... nos siguen comprendiendo. Aguante un poco que con suerte de aquí a que empiece el curso tal vez se lo comuniquen convenientemente en orden, circular o decreto a los centros, y entonces su Consejería de Educación se habrá posicionado en defensa de los derechos de conciencia y de la libertad ideológica y de educación. Pero por ahora, aguante su objeción, don Mariano, y que su hijo no entre en clase.
Poco más le puedo decir. Esté usted tranquilo y tranquilice a su señora de mi parte, que llevamos casi 40 sentencias y muchos más autos, en su mayoría de medidas cautelares, que nos dan la razón en Andalucía, en Castilla La Mancha, en Aragón, en La Rioja e incluso en Asturias.
Por último, no quiero dejar de advertirle que no se crea que va a recibir más apoyo moral si su hijo está en un centro privado o concertado, o de ideario católico. Por desgracia, no es necesariamente así, los padres nos hemos quedado muy solos en esta batalla por nuestra libertad y por el alma de nuestros hijos. De hecho, en muchos centros adscritos a FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza) le invitarán a declinar la objeción, la guardarán en el cajón sin cursarla, le amenazarán con el suspenso y la no titulación (algo que como ya le he dicho es falso en Primaria y Secundaria) y le invitarán a sacar a sus niños del centro por estar objetando al ideario, ya que supuestamente van a adaptar la asignatura al mismo, no sabemos en virtud de qué derecho, cuando en realidad ni a las autonomías les está permitido, y tendrían que hacerlo contra las amenazas de sindicatos y cuerpo de inspectores. Si su hijo está escolarizado en un centro religioso católico, es posible que intenten obligar a su hijo a entrar (vulnerando su derecho y deber como padre), que le pongan de cara a la pared (como algún centro de Valladolid o Cáceres) y que le llamen de todo.
Don Mariano, mucho ánimo. Esta es una lucha dura, pero parte del trabajo está ya hecho. Y no está usted sólo, somos ya muchos los padres, agrupados en casi 60 plataformas, y multitud de instituciones de la sociedad civil como Profesionales por la Ética, los que estamos comprometidos en esta tarea tan hermosa. Si tiene usted algún problema como los referidos (con su centro, con el profesor o con la administración) no dude en acudir a la red de abogados y procuradores que de manera generosa y desinteresada hemos articulado por toda España.
¡Adelante, Don Mariano, y ni un paso atrás en la defensa de la libertad de educación! Nos jugamos mucho.
Fabián Fernández de Alarcón es secretario general de Profesionales por la Ética.
Ayer se han conocido 7 nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que reconocen el derecho de los padres a objetar a la polémica Educación para la Ciudadanía (EpC). Estas sentencias, que resuelven 4 recursos planteados por familias de la provincia de Sevilla y 3 interpuestos por padres de Jaén, se unen a las 3 dictadas desde el pasado mes de marzo por el mismo tribunal y a las más de 20 del TSJ de La Rioja, todas ellas favorables a los derechos de los padres objetores.
En estas nuevas resoluciones (ver el texto de una de ellas en documento adjunto), el TSJA reitera las argumentaciones jurídicas sostenidas desde que emitió la sentencia del 4 de marzo.
Además, hasta ahora en Andalucía, La Rioja y Aragón se han emitido unos 40 autos judiciales que, con carácter provisional hasta la resolución de los respectivos procedimientos, permiten que los alumnos objetores no asistan a clase de EpC y no sean evaluados, sin que de ello puedan derivarse consecuencias negativas para ellos en materia de promoción de curso y titulación.
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la avalancha de sentencias favorables a los objetores "no hace sino reconocer los derechos fundamentales de los padres, concretamente los recogidos en la Constitución Española y avalados por la jurisprudencia nacional e internacional".
Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, exige al Gobierno, a las administraciones educativas y a los medios de comunicación progubernamentales una rectificación inmediata. "Concretamente", afirma Fernández de Alarcón, "pedimos que se pida perdón a los padres objetores, a los que se les ha amenazado, denostado, presionado y despreciado desde numerosas instancias. Y, naturalmente, solicitamos la retirada de las asignaturas que conforman el área de Educación para la Ciudadanía tal como están establecidas por los reales decretos ministeriales."
Nueva sentencia del TSJ de Asturias
Por otra parte y según refleja el mismo comunicado, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado hoy mismo la existencia del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC, reiterando así el criterio adoptado en sus anteriores resoluciones. Sin embargo, a diferencia de otras anteriores del TSJ de Asturias, en esta ocasión se reconoce el derecho de los padres a objetar aun en el caso en el que sus hijos todavía no estén cursando la asignatura, como ya había resuelto el TSJ andaluz en sentencia del 9 de abril. El citado órgano judicial subraya la tutela que merecen los padres objetores frente a EpC ante vulneraciones concretas de su libertad ideológica o religiosa por parte de los centros o el profesorado, que podrá ser probado en el caso concreto. La jurisprudencia del citado Tribunal desdice nuevamente las tesis gubernamentales y del tejido social y político afín, que continúan negando la evidencia jurídica de que en España la Constitución reconoce el derecho a la objeción de conciencia educativa, y dan muestras de intolerante ignorancia que quiebra gravemente la libertad en la sociedad española.
El Tribunal asturiano -como de forma contundente han afirmado ya los Tribunales Superiores de Andalucía yde La Rioja-, se suma de este modo a la tesis defendida por el movimiento cívico objetor del reconocimiento constitucional del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC.
La distribuidora de Bilbao "FESTIVAL FILMS" va a emprender la tarea de gestionar la distribución comercial de "El infierno vasco" en una serie de cines españoles.
Quién pueda facilitar algún contacto en su ciudad para un posible estreno en sala comercial puede ponerse en contacto con Juan en festival-films@festival-films.com
José Blanco considera que EpC es necesaria para aprender a usar el preservativo mientras la polémica asignatura sustituye a Ética en 4º de ESO
A estas alturas del año, todavía hay quien piensa que la polémica Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es una asignatura. Realmente, se trata de un área de contenidos que agrupa a su vez a varias materias escolares.
EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
Así, una de las novedades del próximo curso escolar es que EpC se implantará, con carácter obligatorio, en toda España en 3º o 2º de ESO (a criterio de cada comunidad autónoma), en 4º de ESO y en Bachillerato. En esta última etapa la asignatura mantiene en parte los antiguos contenidos de Filosofía I aunque cambia su nombre por el de Filosofía y Ciudadanía.
La culminación ideológica de EpC en Educación Secundaria se llama Educación Ético-Cívica. Se impartirá por primera vez durante el curso 2008-2009 en 4º de ESO en todas las comunidades autónomas. Esta nueva materia, al igual que EpC de 3º o 2º de ESO, incluye objetivos como «profundizar en los principios de ética personal» y abordar «contenidos relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional», o ayudar a los alumnos a «construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos». Sin embargo, Educación Ético-Cívica incorpora algunas novedades. Así, en el decreto de contenidos mínimos dictados por el entonces Ministerio de Educación (BOE 5 de enero de 2007), esta asignatura incluye contenidos como «los dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes», «los interrogantes del ser humano o los derechos humanos como una conquista histórica inacabada». Igualmente, Educación Ético-Cívica pretende comprobar «si el alumno comprende el pluralismo moral y si utiliza adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales».
Como sucede con todas las materias escolares, a partir de los contenidos mínimos establecidos por el Gobierno central, las comunidades autónomas establecen sus propios contenidos. Y este desarrollo autonómico ofrece algunas novedades.
Así, por ejemplo, el decreto gallego que desarrolla Educación Ético-Cívica (Diario Oficial de Galicia, 13 de julio de 2007) establece que los alumnos deberán identificar las principales etapas en la conquista de los derechos humanos, incluida la «tercera generación de derechos».. La misma Comunidad introduce un criterio de evaluación que comprobará «si las alumnas y los alumnos entienden y aceptan la propia identidad como algo construido y no dado, que es posible redefinir».
Por su parte, el decreto del Gobierno vasco que desarrolla EpC (BOPV, 13 de noviembre de 2007) afirma que, con esta materia obligatoria, «el alumnado se enfrentará a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia la actividad crítica sobre los propios valores y conductas». Concretamente, Educación Ético-Cívica, en su versión vasca, se centra en «la construcción de valores morales ligada a la educación del juicio moral». Esta asignatura incluye también el concepto de «orientación sexual» y establece, como criterio de evaluación, que el alumno «proporcione diferentes respuestas a una misma situación éticamente problemática de acuerdo a diferentes teorías éticas».
La Comunidad de Aragón (BOA, 1 de junio de 2007), por su parte, establece una metodología específica de trabajo para Educación Ético-Cívica en la que el alumno «trabajará temas que impliquen conflictos de valores o presenten aspectos controvertidos desde el punto de vista social». Partiendo de situaciones reales o hipotéticas, los alumnos abordarán problemas morales, por escrito o de forma oral, plasmando sus reflexiones con argumentos razonados.
Para Educación Ético-Cívica, el Principado de Asturias, y la Comunidad de Cantabria (BOPA, 12 de julio de 2007 y BOC, 25 de mayo de 2007), pretenden evaluar si los alumnos emplean adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales «y su grado de conocimiento y respeto a las posiciones divergentes de los interlocutores tanto en el aula como en el ámbito familiar y social».
Cataluña, por su parte, incluye entre sus contenidos de Educación Ético-Cívica (DOGC, 29 de junio de 2007), «la interpretación del significado histórico y plural de las pautas culturales y valores morales de los individuos y las sociedades actuales».
Para Fernando López Luengos, profesor de Filosofía, «hasta ahora, la asignatura de Ética había respetado la neutralidad ideológica del sistema educativo. La Ética como ciencia, trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Se trata pues de la reflexión que nos conduce al descubrimiento del sentido de la vida y a la felicidad como plenitud humana. Por su contenido y por sus objetivos es una de las disciplinas que más directamente afectaría a la dimensión íntima personal que nuestra Constitución protege como elemento esencial de una convivencia democrática plural. Por este motivo», asegura, «la enseñanza de la asignatura de Ética en la LOGSE se limitaba a una enseñanza filosófica (por lo tanto, crítica, racional) que en nada pretendía entrar en la dimensión personal del alumno. Se pretendía enseñar Ética y no una ética, reflexionar sobre las teorías éticas y no construir la conciencia moral de los alumnos desde los supuestos de una teoría ética concreta. Esto es algo evidente que los profesores hemos respetado con absoluta naturalidad».
Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, es muy evidente que Educación Ético-Cívica se introduce de lleno en la moral personal y familiar de los alumnos. «A éstos», asegura, «se les va a examinar no de su conocimiento de las teorías éticas a lo largo de la historia sino de sus criterios morales y los de su familia, lo cual supone una intromisión y un adoctrinamiento inaceptables».
EpC SEGÚN SUS DEFENSORES
Por otra parte, fuentes de la asociación PROFESIONALES POR LA ÉTICA aseguran que la cara real de EpC la muestran sus defensores. Así, a título de ejemplo:
José Blanco, secretario general del PSOE, aseguró que para detener el aborto era necesaria aumentar la información sobre el uso de métodos anticonceptivos, un asunto que, según el dirigente socialista, algunos rechazan que esté en EpC (Forum Nueva Economía, 25 de junio de 2008).
José Luis Pérez Iriarte, ex director general de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, afirmó en una comparecencia pública en el Ministerio de Educación (6 de junio de 2006) que con EpC «se trata de transmitir un cuerpo de conocimientos que permita manejarse en el conjunto de la ciudadanía pero sobre todo de educar en comportamientos y actitudes propios de la educación ciudadana». En efecto, en los criterios de evaluación en ESO se evalúan «las habilidades sociales adquiridas» o «los comportamientos», lo que denota las pretensiones ideologizantes de la asignatura.
Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación en la anterior legislatura, aseguró, en defensa de EpC como proyecto de educación moral, que «el principio de que la educación sea subsidiaria respecto a las familias no es un principio aceptable para un sistema educativo moderno». (Comparecencia pública en Vitoria el 8 de marzo de 2006).
Los lobbies homosexuales han reivindicado la implantación de EpC. Así, este año, en vísperas del Día del Orgullo Gay, el presidente de los Gays y las Lesbianas de la Rioja, Francisco Pérez Diego, ha exigido de nuevo «una completa educación afectivo-sexual y de identidad de género, con particular atención a la diversidad y que además garantice que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se imparta, sin mutilar sus contenidos, en todos y cada uno de los colegios, escuelas e institutos del Estado». Pedro Zerolo, miembro de la ejecutiva socialista, ya había afirmado que «queremos promover un pluralismo moral que acuerde una plena igualdad para los gays y las lesbianas. En esta perspectiva, la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía es un paso de gigante». (Famille Chretienne, 18 noviembre 2006).
José Antonio Marina, autor del manual de EpC de la editorial SM (la preferida por los colegios de FERE), justifica la necesidad de esta asignatura porque «las familias, en muchos casos, son las más eficaces transmisoras de prejuicios religiosos, políticos, raciales, etc.» El filósofo asegura también que «El Estado debe encargarse de facilitar a todos nuestros jóvenes aquella educación que la sociedad considera necesaria para el desarrollo de los proyectos personales». (Idea de La Mancha, publicación de la Consejería de Educación de Castilla La Mancha nº 6).
«En definitiva», asegura Fabián Fernández de Alarcón, «eso de que EpC trata sobre la Constitución Española y los Derechos Humanos no es más que un pretexto para imponer a los alumnos determinados valores e ideologías que se presentan como una ética común cuando en realidad son posiciones morales y valores de algunas personas. Y esa es la cuestión fundamental que se trata de ocultar a los padres».
Primeras resoluciones judiciales a los objetores en La Rioja
El pasado 9 de julio se han hecho públicas tres nuevas resoluciones judiciales amparando a los padres frente al adoctrinamiento ideológico que supone la asignatura Educación para la Ciudadanía.
La resolución judicial más relevante es una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha 8 de julio, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia frente a esta asignatura, por considerar que su contenido vulnera la libertad ideológica y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Esta Sentencia es extremadamente importante. Por un lado, porque frente a las descalificaciones de Peces-Barba y el entorno gubernamental, no son sólo los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los que aprecian que la asignatura Educación para la Ciudadanía vulnera los derechos de los padres. En segundo lugar, porque es el primer pronunciamiento judicial favorable a los padres en una Comunidad Autónoma gobernada por el PP. Al reconocer el derecho a la objeción de conciencia, el Alto Tribunal de La Rioja viene a decir que incluso los contenidos pretendidamente rebajados de las CCAA del PP vulneran el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos.
En la misma línea, en otro recurso que tiene pendiente de resolver, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado un Auto concediendo las medidas cautelares a un alumno objetor a Educación para la Ciudadanía, por lo que queda exente de cursar esta asignatura mientras no se resuelva el fondo del asunto. No obstante, y teniendo en cuenta la Sentencia de ayer, es cuestión de tiempo que el Tribunal riojano dicte una nueva resolución reconociendo el derecho a la objeción.
Finalmente, la tercera de las resoluciones que se han hecho públicas esta semana es una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual ha venido a reconocer, una vez más, el derecho a la objeción de conciencia frente a esta asignatura, por su carácter adoctrinador. El TSJA considera que los padres, en virtud de su derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa, pueden “hacer valer la vertiente negativa de esa misma libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias”.
Estos pronunciamientos judiciales se unen a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de marzo y 9 de abril de este año, que también reconocieron el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a esta asignatura, y al Auto del Juzgado Contencioso-administrativo de Huesca, de 5 de junio, que vino a otorgar las medidas cautelares a un alumno objetor, eximiéndole de cursar esta asignatura.
También reconoció el derecho a la objeción de conciencia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 11 de febrero, que «expresamente señaló que resulta evidente del contenido de los artículos 16.1 y 27.1 y 3 de la Constitución Española el derecho a que se garantice la libertad ideológica y religiosa de todas las personas y por ello, de los padres respecto de sus hijos menores, así como el deber del Estado y de todos los poderes públicos de garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Estas resoluciones judiciales no hacen sino asumir lo que está poniendo de manifiesto la doctrina científica sobre la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía. Así, en el último número de la Revista General de Derecho Eclesiástico del Estado Lourdes Ruano, catedrática de la Universidad de Salamanca, sostiene que «un análisis del desarrollo del currículo (competencias básicas, contenidos mínimos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación) por el Gobierno, nos permiten concluir que la materia lleva implícita una formación moral apoyada en una concreta ideología y antropología, con carácter adoctrinador, lo que implica una intromisión del Estado en un ámbito que no le compete y justifica la objeción de conciencia de los padres, titulares exclusivos del derecho –amparado por normas de rango superior- a elegir la formación moral de sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones religiosas y filosóficas y pedagógicas». En sentido similar se han expresados recientemente Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad Complutense y Secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y Carlos Vidal, Profesor titular de la UNED, entre otros juristas de reconocido prestigio.
Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, ha valorado estas nuevas resoluciones judiciales como una excelente noticia para el movimiento objetor a EpC y en general para todos los ciudadanos conscientes de que esta asignatura vulnera las libertades fundamentales de los padres. Además, Urcelay ha recordado que existe un compromiso del Gobierno de La Rioja de acatar la sentencia que del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre objeción a EpC sin recurrirla.
Ana María Peralta, portavoz de La Rioja Educa en Libertad, explica que en este momento se han producido en La Rioja al menos 410 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esta materia obligatoria se impantaré en la Comunidad riojana el próximo curso en 2º y 4º de ESO y en 1º de Bachillerato.
El periódico independiente de la mañana nos ilustró con un nuevo artículo de opinión del catedrático de cabecera de este grupo mediático, Gregorio Peces-Barba. El artículo se llama La ideología del enemigo total y en ella se dedica Gregorio a dar estopa a todo el que no piensa como él o que actúa de una manera diferente. Le atiza a la presidenta de la Comunidad de Madrid y sale en defensa de Rajoy (Mariano, yo me preocuparía) y descalifica a un escritor de éxito que no sabemos quien es pero que a Gregorio le molesta.
Pero lo que de verdad le gusta a Gregorio es sacudirle a la Iglesia católica. Textualmente, asegura Peces que la ideología del enemigo sustancial afectó con el leninismo y el stalinismo al marxismo y es también una enfermedad crónica en la cultura de las religiones, cuando se institucionalizan y se organizan jerárquicamente. A renglón seguido, insiste Gregorio en que los papas y los obispos siempre están desconfiando de la Ilustración, de la laicidad y de la libertad religiosa.
A ver, Gregorio. Al márgen de que la Iglesia católica ha reconocido las cosas buenas de la Ilustración, promueve la laicidad positiva y defiende sin ambages la libertad religiosa, debes revisar las contradicciones de tu propio dicurso. Porque según dices, la ideología del enemigo sustancial afecta también a personas que no han asumido el pensamiento liberal, democrático, social y republicano que conforman el talante de respeto y de nobleza de espíritu y de amistad cívica de los que no creen que ningún hombre aporte una verdad total y redentora. ¿No crees, Gregorio, que descalificas de plano a todo el no comparte el conjunto de tu pensamiento y con ello le sitúas en el plano de tus enemigos totales? Hay que ser más tolerante, Gregorio, y escuchar con nobleza de espíritu a los que no piensan como tú, sin descalificarles de antemano.
Desde que se tramitó la primera, en marzo de 2007, se han registrado 100 objeciones diarias.
El curso escolar que acaba ha sido el primero en el que la asignatura ‘Educación para la ciudadanía' (EpC) se ha impartido en 3.º de ESO en siete comunidades autónomas. La polémica materia ha suscitado ya, según datos que ha facilitado hoy Profesionales por la Ética, más de 41.000 objeciones de conciencia, planteadas por padres que se niegan a que sus hijos sean educados moralmente por el Estado o por el de la Comunidad Autónoma correspondiente.
La polémica no ha hecho más que empezar, puesto que el curso próximo EpC se impartirá en toda España, en 2.º ó 3.º de ESO (según las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas), en 4.º de ESO (bajo la denominación ‘Educación ético-cívica') y en 1.º de Bachillerato (con el nombre de ‘Filosofía y ciudadanía').
Estos datos han sido presentados hoy por Profesionales por la Ética, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Madrid. Según esta asociación, la expansión territorial de la asignatura y su extensión a otros cursos multiplicará las objeciones de conciencia. Se espera, por tanto, un "otoño caliente" en el ámbito educativo.
Para Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC de Profesionales por la Ética, el movimiento objetor está llevando a cabo una movilización social sin precedentes en España, tanto por su fuerza como por su dinámica, los objetivos y la identidad de sus protagonistas.
Tamayo ha asegurado que "los padres de toda España se han levantado, literalmente, para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, que EpC es una intromisión ilegítima del Estado en un ámbito que es exclusivo de los padres. Y por eso han objetado a pesar de las amenazas infundadas de la Ministra o de los consejeros de Educación, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares (públicos y concertados), a pesar de las promesas incumplidas o de la incoherencia de los políticos".
Más de 41.000 objeciones en poco más de un año
La coordinadora de esta campaña ha resaltado también que los objetores presentan una comunicación de objeción por hijo, con lo cual no estamos hablando de 41.107 padres objetores, sino de número de objeciones. Los padres objetores, lógicamente, son el doble puesto que la decisión de objetar suele ser adoptada el padre y la madre, aunque en algunos casos la declaración solo la firme uno de ellos.
Por comunidades autónomas, la que presenta un mayor número de objeciones es Madrid seguida de Castilla-La Mancha y de Andalucía. "Teniendo en cuenta que la primera objeción a la asignatura se presentó en marzo de 2007", ha asegurado Tamayo, "podemos afirmar que desde entonces se han producido cerca de 100 objeciones diarias a EpC. Por otra parte, hay que recordar que, con total seguridad, el número de objeciones supera esta cifra porque hay numerosos padres que objetan y no se lo comunican a ninguna asociación ni plataforma, simplemente al centro escolar y a la Administración Educativa".
92 entidades asesoran y respaldan a los objetores
En esta campaña, ha relatado Tamayo, se han movilizado los padres; ciudadanos anónimos, responsables y valientes que se han organizado en plataformas o asociaciones. Si en febrero de 2007 había 32 asociaciones que comenzaban a promover la objeción a EpC con el lema "Tus hijos, tu decisión", hoy son 92 las entidades que forman el movimiento objetor. Estas plataformas y asociaciones hacen llegar la información a los padres, facilitan la tramitación de la objeción y apoyan legal y moralmente a los objetores y a sus familias.
Almudena Pastor, representante de una de las plataformas madrileñas (Alcalá Educa en Libertad), ha declarado que en el último mes han organizado cinco charlas informativas sobre EpC en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Meco. Su experiencia es que los padres desconocen el auténtico calado de la asignatura hasta que conocen su currículo, pero que al leer los objetivos de EpC y de ‘Educación ético-cívica' se percibe con claridad que se va a inculcar a los jóvenes una manera concreta de pensar en aspectos como "la identidad personal", los valores de la vida cotidiana o la convivencia en la familia. "Tras leer los decretos de EpC", asegura Pastor, "me veo despojada de mi papel de madre como educadora de mis hijos y relegada a ser una cuidadora alimentadora".
En parecidos términos se ha expresado la portavoz de otra plataforma madrileña (Educa en Libertad. Madrid Noroeste), Mariví Urbina, que ha asegurado que las objeciones se incrementan en cuanto los padres se informan del objetivo de EpC, que es "formar la conciencia moral de los alumnos".
Balance del curso 2007-2008 y previsiones para el próximo
Finalmente ha intervenido Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha dibujado el escenario actual y las previsiones en torno a la objeción de conciencia a EpC. En síntesis, Urcelay ha asegurado que:
1. EpC está provocando una considerable fractura social y jurídica, al entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los padres. La asignatura, tal y como está planteada, debe ser retirada o convertirse en voluntaria.
2. La cuestión clave sigue siendo la información sobre la asignatura. El Gobierno y las administraciones educativas siguen falseando la realidad de la nueva materia y el derecho a la objeción de conciencia de los padres.
3. No se puede entender que, existiendo ya sentencias judiciales que declaran la falta de neutralidad de la asignatura y el derecho de los padres a objetar, se siga tratando a los padres objetores como delincuentes y que se estén produciendo situaciones como las de Andalucía (desacato por la Junta de fallos judiciales) o Asturias (inicio de expedientes sancionadores a los padres sin base legal y con el único propósito de amedrentar). Resulta también incalificable la complicidad política de la CEAPA (Confederación Española de Padres de Alumnos) al pedir la intervención de la Fiscalía contra los padres. "Los objetores", ha asegurado, "van a defenderse de esta represión por todos los medios legítimos a su alcance y nosotros les vamos a seguir apoyando".
4. Si el Gobierno y las Administraciones educativas mantienen la misma insensibilidad hacia la realidad social y la misma falta de diálogo, las objeciones van a seguir multiplicándose. La objeción es un derecho constitucional y es el único recurso que se está dejando a los padres. En el tramo final de curso la presentación de objeciones se ha multiplicado. Desde hace dos meses han crecido casi un 44%; en Madrid, un 72%.
5. Hay cientos de recursos judiciales planteados frente a la asignatura, a lo que ahora hay que sumar la nueva situación abierta en la Comunidad Valenciana, donde los mismos que niegan a los padres el derecho constitucional a la objeción de conciencia ahora llaman abiertamente a la desobediencia pura y dura frente a una Orden de la Consejería de Educación. Esto es insostenible. Mientras el Tribunal Supremo no dicte sentencia, van a presentarse más demandas, solicitudes de medidas cautelares y posiblemente habrá muy pronto nuevos fallos judiciales al menos en los Tribunales de Cantabria, La Rioja y Navarra. El curso 2008-2009 va a conocer una compleja judicialización que no sabemos dónde puede conducir a nuestro ya maltrecho sistema educativo.
6. Seguimos haciendo un llamamiento a la recuperación de la cordura, la racionalidad y el diálogo. El Gobierno debe practicar de una vez lo que demagógicamente pregona cada vez que habla de esta asignatura. Los padres sólo pedimos diálogo, respeto a la pluralidad social, no imposición de ninguna conciencia moral a nadie y libertad para todos.
El pasado jueves 19 tuvo lugar en el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) una mesa redonda sobre EpC, organizada por la asociación Jóvenes Liberales del siglo XXI. Participaron como ponentes un representante de FERE, otro de Profesionales por la Ética y un miembro del patronato de la Fundación CIVES. Esta última, como es sabido, es una de las entidades inspiradoras de la asignatura Educación para la Ciudadanía, ha formado a un millar de profesores y está presidida por el ex diputado del PSOE y conocido apóstol del laicismo, Victorino Mayoral.
Una asistente al acto nos cuenta que había unas 40 personas. Y que lo más chocante fue la intervención del representante de CIVES y la reacción del público. Esta es su crónica; entre paréntesis, los comentarios de la cronista.
Los ponentes echan a suertes el orden de intervenciones. El primer turno le toca al representante de CIVES, Julio Herrera González, catedrático de Filosofía en el IES Rafael Alberti de Cádiz, licenciado en Filosofía y en Teología (por la Universidad Gregoriana de Roma, nada menos). Sin un solo apunte, el señor Herrera, con dulce acento canario (pues es de La Palma) ilustra al auditorio sobre hechos significativos en la lucha por los derechos humanos y civiles: Rosa Parks, Luther King, las mujeres trabajadoras que murieron abrasadas en Estados Unidos en una fábrica reivindicando su derecho a amamantar a sus hijos... (se ve que todas las restricciones de derechos se daban en Estados Unidos, vaya por Dios).
Después de esa bonita introducción, Herrera afirma que Educación para la Ciudadanía también se llama de los Derechos Humanos, un tema que ya es hora que se introduzca de lleno en el curriculum escolar (como si estuviéramos en Ruanda en la época del genocidio, nunca se ha hablado, al parecer, de derechos humanos en la escuela española).
En un tono didáctico insufrible, como si hablara a niños de cuatro años, cuenta que el derecho al voto no ha existido siempre, que en España hasta que lo trajeron los liberales no hubo derecho al voto, que al principio sólo votaban los ricos y que las mujeres tardaron muchos años en obtener su derecho al voto gracias al sufragismo (todos estos temas están en los libros de Ciencias Sociales de la ESO y en las asignaturas de Historia, o sea, que nada nuevo).
La asignatura habla también de globalización, consumo responsable y, sobre todo, de educación vial. También del pago de impuestos, que a los españoles nos gusta mucho escaquearnos y hurtar dinero al Estado, no como en otros países, en los que es un orgullo contribuir a los gastos públicos (en estos momentos ya no me siento en Ruanda sino en trance de ser detenida por un Inspector de Hacienda, por no entregar la declaración del IRPF con más entusiasmo).
De los contenidos de la asignatura, ni una frase; citas filosóficas de San Pablo, Santo Tomás y San Agustín, a porrillo. Tan encendida es su argumentación que induce a pensar que EpC, en realidad, se inspira en los padres de la Iglesia (o quizá es un guiño al grupo de monjitas de la enseñanza que asiste al debate. Algunas citas, en latín para impresionar a ese público tan necesitado de educación e instrucción, tan embrutecido por siglos de oscurantismo).
De argumentos concretos a favor de EpC, ni uno (qué extraño, cuando CIVES elaboró la propuesta inicial de la materia en colaboración con la tropa de Peces Barba). En su defensa de EpC, asegura que es fruto de una imposición (motivo para rechazarla, pienso yo, por qué Europa tiene que imponer una asignatura a España) y que se introduce en países que han sufrido terribles dictaduras como la de Argentina (y yo que pensé que se establecía en los países poscomunistas para instruir en democracia a los sufridos ciudadanos de Europa del Este).
Para rematar, sostiene Herrera que la asignatura fomenta la participación democrática de los alumnos. Por ejemplo, que elijan a la niña lista como delegada de clase y no al chico gamberro (curiosa concepción de la democracia, dictando a quien tienen que elegir los electores).
Y luego vienen las preguntas. La primera sorpresa es que el 90 % de los que intervienen son críticos e incluso objetores a EpC. Por ejemplo, un padre de seis hijos que lleva a los chavales a un centro concertado, hace una proclama a favor de la objeción por solidaridad con los públicos y por dignidad y libertad y porque hay que cargarse la asignatura (el representante de FERE, con cara de circunstancias).
Otro padre se dirige a Herrera, el de CIVES, en estos términos: "Me ha encantado su introducción sobre la lucha por los derechos civiles. Y le voy a dar una buena noticia: ahora mismo en España, más de 30 mil padres están defendiendo sus derechos y los de sus hijos". Intervienen un par de padres y madres más, otro asistente no entiende por qué se ha introducido esta asignatura polémica. Otro padre objetor lee citas textuales del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, José María Valverde, en las que viene a decir que EpC educa en moral pública y no contradice la moral privada pero que si la contradice, mala suerte: la moral privada se tendrá que someter a la pública.
En el turno de preguntas del público y respuestas de los ponentes, Herrera no rebate los argumentos esgrimidos por PROFESIONALES POR LA ÉTICA en contra de la asignatura, solamente manifiesta que se siente "humillado" por la presentación de EpC que esta asociación ha realizado (en la presentación ni se le menciona a él ni siquiera a CIVES, pero el ir de víctima siempre es rentable y hace que el público se ponga a favor de uno).
En defensa de las bondades de la asignatura, el señor Herrera asegura que si la asignatura fuera tan mala como se dice y se muestra (en materiales, reales decretos, libros...), el director del colegio de los marianistas de Cádiz (muy amigo suyo), no la daría en su colegio. Y que él mismo (miembro del patronato de la laicista CIVES) ha ido a explicar qué es EpC al colegio de la Compañía de María de San Fernando (Cádiz) (anda, esta debe ser la famosa adaptación de la materia a un determinado ideario, me digo en bajito).
Pero las confesiones de Herrera y la CIVES connection no acaban aquí. Cuando un padre objetor defiende su derecho a educar a sus hijos y se pregunta por qué el Estado pretende apropiarse de ese derecho, no se le ocurre otra cosa que gritar, iracundo: "Es que las familias, hasta ahora, lo han hecho muy mal" (con dos narices; el público, en gran medida formado por padres, le lanza una advertencia en forma de protesta oral de tono elevado).
Para remate, en defensa de EpC interviene una sola persona entre los asistentes. Y cuenta que es docente de Filosofía, que lleva muchos años dando clase (no aparentaba más de 30 años) y que le parecía muy bien que se enseñaran cuestiones de moral, nuevos derechos y realidades emergentes (me dicen de una asociación objetora que ese discurso está siendo manejado por un prototipo de activista prociudadanía que al parecer se cuela en todas las charlas informativas).
El espontáneo defensor de la asignatura suelta dos perlitas: que afirmar que la moral tiene un fundamento trascendente es aberrante (en realidad, lo que se había dicho en defensa de los objetores, es que, para muchas personas, la fuente del bien era trascendente, concretamente un Dios personal y esa creencia merecía, al menos, respeto); sostiene también el supuesto docente que qué era eso de que las familias educaran: que quien tenía que educar era el Estado y solamente el Estado (aquí parece que sale a relucir la verdadera cara de EpC, una asignatura que supuestamente promueve el diálogo para acabar con los conflictos).
Los objetores quedan encantados. D. Julio Herrera González, patrono de CIVES, les ha proporcionado aún más argumentos en defensa de sus posiciones. "A estos", dice un activista de la objeción, "les pones un micrófono y se multiplican las objeciones" (y eso que no ha dado ni un argumento sólido a favor de la polémica materia. Voy a hablar con Victorino Mayoral: es una vergüenza que un representante de CIVES ni siquiera exponga su propuesta de asignatura).
Un juzgado de Huesca suspende cautelarmente la obligación de asistir a clase a un alumno
Los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) están de enhorabuena: las objeciones superan las 35 mil en toda España (a unos meses de implantarse en todas las comunidades autónomas) y los tribunales de justicia acaban de dictar una nueva medida que favorece sus derechos fundamentales. Así, un Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Huesca ha suspendido cauterlarmente la obligación de asistir a clase de EpC a sus hijos. El procedimiento judicial se inició porque la objeción de los padres fue rechazada por una resolución administrativa de la Consejería de Educación del Gobierno aragonés.
En el Auto judicial se afirma que la inasistencia a clase del alumno (respetando el derecho a la objeción de conciencia de los padres) no hace daño a terceros ni perturba el interés público (argumento que esgrimía el Gobierno aragonés para rechazar la objeción a EpC). Por otra parte, la resolución del juzgado afirma que, la asistencia a clase provocaría que los hijos de los objetores “recibieran una enseñanza, o adoctrinamiento, en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores”.
Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, indica que la resolución judicial de Huesca es provisional y deberá ser confirmada por sentencia. También recuerda que la suspensión de la asistencia a clase de EpC ha sido admitida por una docena de autos dictados en el mismo sentido por el Tribunal Superior de Justicia Andalucía. Además, este mismo Tribunal ha dictado dos sentencias reconociendo el derecho a la objeción a Educación para la Ciudadanía y una tercera sentencia anulando parte de los contenidos de la polémica asignatura por considerar que vulneran la neutralidad ideológica del Estado.
Plataformas de padres objetores entregan 1 110 nuevas objeciones
La asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) ha vuelto a ser noticia hoy en porque varias plataformas de padres han realizado otra entrega masiva de nuevas objeciones en el registro de la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, las objeciones entregadas ascienden a 1.110 y han sido recogidas por las plataformas Madrid Educa en Libertad, Alcalá Educa en Libertad, Educa en Libertad Madrid Noroeste y Padres en Acción en diversas localidades de la Comunidad. Concretamente, en poblaciones del Corredor del Henares, norte de Madrid capital y Sierra noroeste.
Según Mª Ángeles Eyríes, de Profesionales por la Ética de Madrid, las objeciones presentadas hoy se suman a las 8 025 registradas hasta la fecha, lo que confirma que, según se acerca el final de curso, los padres se muestran cada vez más preocupados por la imposición de la polémica materia escolar.
Por su parte, Blanca Franco, de la Plataforma Alcalá Educa en Libertad, ha manifestado que los padres objetores defienden su derecho, recogido en el artículo 27.3 de la Constitución Española, a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. "Educación para la Ciudadanía, tal como ha sido establecida, otorga al Estado la potestad de educar a los alumnos en valores morales impuestos y obligatorios y eso es inadmisible".
Hay que recordar que EpC se implantará en Madrid en 2º y 4º de ESO, aunque en este último curso cambia su denominación por la de Educación Ético-Cívica. La asignatura, tal como indican los reales decretos de contenidos mínimos establecidos por el Ministerio de Educación, pretende contribuir a que los alumnos “se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral acorde con las sociedades democráticas, plurales y cambiantes”. En 4º de ESO, Educación Ético-Cívica pretende evaluar “si el alumno es capaz de identificar los distintos elementos de la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los dilemas morales que se plantean en el mundo actual”. En este mismo curso, los profesores tratarán de comprobar “si los alumnos comprenden el pluralismo moral y si usan adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales”.
En este contexto, el pasado 6 de marzo, la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, se comprometió a estimar "positivamente" las objeciones de conciencia a EpC y señaló que daría "instrucciones" a los colegios e institutos para que todos los objetores recibieran "la adecuada atención educativa" durante el horario de las clases. Los padres objetores esperan que las instrucciones de la Comunidad de Madrid lleguen a los centros escolares en breve.
EPC se implantará el curso que viene en 4º de ESO con el nombre de EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA
Madrid, 4 de junio de 2008. Cuando quedan unas semanas para que finalice el curso escolar, las objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) han superado las 35 mil en toda España.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha (8 042), la Comunidad de Madrid (8025) y Andalucía (6 483) son las comunidades con mayor número de objeciones presentadas. Según Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética, en las últimas semanas se están presentando objeciones masivas; es el caso de Collado Villalba (Madrid), localidad en la que ayer mismo la Plataforma Educa en Libertad Madrid Noroeste anunciaba la presentación de 1 063 nuevas objeciones correspondientes a centros educativos de Collado Villalba, las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Cercedilla, Galapagar y Torrelodones.
Además, según indica www.objetores.org, en una semana han surgido nuevas plataformas de padres objetores a esta materia obligatoria. Es el caso de NI UN PASO ATRÁS (plataforma de Sevilla), PADRES EN ACCIÓN (Madrid) y TENERIFE EDUCA EN LIBERTAD (Tenerife).
Por otra parte, Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda que en el curso 2008-2009 la asignatura EPC se implantará en toda España en 2º o 3º de ESO (en siete comunidades autónomas ya se venía dando en 3º de ESO) y, por primera vez, en 4º de ESO y en 1º de Bachillerato. En 4º la asignatura se llama Educación Ético-Cívica y mantiene los objetivos de la asignatura para toda la ESO; entre estos objetivos se encuentran "ayudar a los alumnos a construirse una conciencia moral y un pensamiento y proyecto de vida propios" así como "construir una ética común".
Educación Ético-Cívica, tal como la ha diseñado el Ministerio de Educación, incluye algunas novedades respecto a 3º de ESO. Así, se incide en los dilemas ético-cívicos y en la consideración de las alternativas existentes, en la educación afectivo-emocional, en la identidad personal y en los interrogantes del ser humano. Entre los criterios para evaluar a los alumnos se tratará de comprobar "si se comprende el pluralismo político y moral" y si se "identifican los distintos elementos de la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los dilemas morales que se plantean en el mundo actual". Educación Ético-Cívica evaluará también si los alumnos realizan un "uso adecuado de la argumentación sobre dilemas y conflictos morales".
Las declaraciones de apoyo deben acompañarse de hechos
En los últimos días se han producido algunas novedades en torno a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC). Por una parte, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha publicado la Orden que regulará la aplicación de la materia en la comunidad. En la citada Orden se establece una opción B para cursar la asignatura, consistente en que los alumnos realicen un trabajo sobre un tema del currículo de la asignatura elegido por los padres. Asimismo se declara, en términos no del todo claros, que dicha opción B constituye la alternativa a la asignatura para los alumnos que ejerzan el derecho constitucional a la objeción de conciencia.
Por otra parte, ayer mismo, los dirigentes del Partido Popular Alfonso Alonso y Juan Antonio Gómez Trinidad declararon públicamente el apoyo de la dirección nacional de dicha formación política a los padres objetores y a las asociaciones críticas con Educación para la Ciudadanía y defendieron el derecho a la objeción de conciencia. Igualmente, criticaron la imposición de la asignatura por su carácter adoctrinador e ideológico.
Para Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, la Orden de la Comunidad Valenciana sólo resolverá el problema si va acompañada de un efectivo respeto del derecho de objeción de conciencia de los padres. “Educación para la Ciudadanía plantea, ante todo, un problema de derechos fundamentales. Es la libertad ideológica en la escuela lo que está en juego. Ante este desafío los ciudadanos no podemos aceptar ambigüedades ni componendas políticas. Sólo exigimos algo tan básico en un Estado democrático de Derecho como es el pleno respeto de las libertades individuales”.
Respecto a las manifestaciones de apoyo a los objetores realizadas desde el Partido Popular, Urcelay afirma que “son muy de agradecer en un momento en que el Gobierno central y determinadas Administraciones educativas, algunas bajo la responsabilidad del propio Partido Popular, están empeñadas en negar el derechos de los padres a formar a sus hijos según sus propias convicciones, sin imposiciones morales del poder político”. “Ahora esperamos que esta declaración vaya acompañada de hechos concretos y que las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla y León rectifiquen inmediatamente su postura y cesen en sus amenazas a los padres objetores. Es importante, además, que la misma actitud se extienda a la Comunidad Foral de Navarra, donde los padres se han visto obligados a recurrir a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos”.
En este contexto, PROFESIONALES POR LA ÉTICA asegura que a día de hoy al menos se han presentado en toda España 32 419 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía ya que se siguen registrando alrededor de un centenar de objeciones diarias.
Más de ocho mil ciudadanos han escrito a Rajoy exigiéndole respeto a los objetores a EPC
El Consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta de Castilla y León ha declarado hoy ante los medios de comunicación que en esta comunidad autónoma no se aceptarán las objeciones de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC).
Con esta actitud, la Junta de Castilla y León se suma a posturas intransigentes de los gobiernos de comunidades autónomas como Asturias y Andalucía, dónde no solamente se ha ignorado este derecho constitucional de los padres sino que además se está amenazando a los objetores a esta polémica asignatura.
En Castilla y León, Educación para la Ciudadanía se implantará el año que viene en dos cursos de ESO y en 1 º de Bachillerato. En el mes de marzo pasado, el Consejero de Educación de Castilla y León se comprometió ante miembros de la Plataforma Soria Educa en Libertad a recibir las objeciones aunque intentó disuadir a los padres objetores con amenazas más o menos veladas.
En los últimos meses, y ante la inminente implantación de EPC, en la comunidad castellanoleonesa se han constituido plataformas de padres objetores a EPC en León, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Valladolid, Segovia y Soria.
A seis meses de impartirse EPC en Castilla y León, PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha contabilizado 1.744 objeciones. En las últimas semanas, las objeciones se están presentando masivamente. Así, ayer mismo la Plataforma Palencia Educa en Libertad se presentó a los medios de comunicación comunicando que ya habían presentado 80 nuevas objeciones correspondientes a centros concertados y públicos y la plataforma Padres por la Libertad, de Valladolid, presentaba 205 nuevas objeciones de padres que se oponen a que sus hijos reciban EPC.
Por provincias, en Valladolid se han presentado al menos 583 objeciones; en Burgos, 550; en Salamanca, 209; en Soria, 202; en León, 130; en Palencia, 94; en Segovia, 36; en Zamora, 12 y en Ávila 10. Según Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de objeción a EPC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, estas cifras siempre son menores que las reales ya que muchos padres objetan sin notificarlo a las plataformas y asociaciones promotoras de la objeción.
"Los padres objetores de Castilla y León, al igual que los de toda España, solamente reclaman su derecho constitucional a la objeción de conciencia y el cumplimiento pleno del artículo 27.3 de la Constitución Española, que declara el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas", asegura Tamayo."El Consejero de Presidencia ha argumentado que no caben las objeciones a EPC en Castilla y León porque en su comunidad han sido suprimidos los contenidos ideológicos. Sin embargo", asegura Tamayo, "los padres objetan porque la asignatura sigue teniendo el objetivo de formar la conciencia moral de los alumnos".
Según Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, la postura de la Junta de Castilla y León de rechazar las objeciones de los padres no hará sino intensificar la actividad de las plataformas de padres y ciudadanos. En los últimos días, a través de www.hazteoir.org, más de 8 000 ciudadanos han pedido a Rajoy que en las comunidades autónomas en las que gobierna su partido se respeten escrupulosamente los derechos de los padres objetores, tal como se comprometió a hacer antes de las elecciones.
Además, plataformas ciudadanas que agrupan a unos 3 000 padres han escrito al presidente del Partido Popular en el mismo sentido. "No es coherente", afirma Tamayo, "que antes de las elecciones el presidente del PP se mostrara solidario con los padres objetores y asegurara que EPC era una asignatura de adoctrinamiento y ahora el PP esté haciendo lo mismo que el PSOE en las comunidades en las que gobierna".
Madrid, 9 de mayo de 2008. El último dato de objeciones a Educación para la Ciudadanía contabilizado ayer por PROFESIONALES POR LA ÉTICA asciende a un total de 30 460. Esta cantidad, comparada con la última hecha pública el pasado 23 de abril (28 705 objeciones), permite deducir que en las dos últimas semanas se han presentado diariamente 100 nuevas objeciones a la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía.
"A unos meses de implantarse la asignatura en todas las comunidades autónomas españolas", explica Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, "observamos que la demanda de información de los padres se está incrementando". En ese sentido, Urcelay explica que los padres se están organizando en nuevas plataformas que surgen por toda España en defensa de la libertad de educación; a fecha de hoy las asociaciones y entidades que se han sumado al movimiento objetor frente a Educación para la Ciudadanía ascienden a 83. Desde el 23 de abril hasta hoy, se han creado las siguientes agrupaciones cívicas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía: TOLEDO EDUCA EN LIBERTAD, BURGOS EDUCA EN LIBERTAD, CÓRDOBA EDUCA EN LIBERTAD, PLATAFORMA DE PADRES OBJETORES ISLEÑOS, JAÉN EDUCA EN LIBERTAD, RIVAS EN CONTRA DE LA ASIGNATURA EPC, SEGOVIA POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD, ASTURIAS EDUCACIÓN Y FAMILIA, LIBERTAD PARA OBJETAR SIEERA NOROESTE DE MADRID, EDUCA EN LIBERTAD MADRID, GUADALAJARA EDUCA EN LIBERTAD, PALENCIA EDUCA EN LIBERTAD.
Por otra parte, Urcelay ha indicado que el plan de reformas anunciado por la vicepresidenta Fernández de la Vega en el Congreso el pasado 7 de mayo ofrece un sorprendente paralelismo con el curriculum de Educación para la Ciudadanía. A título de ejemplo, señala que cuando Fernández de la Vega anuncia una laicidad impuesta desde el Gobierno en realidad está diciendo "laicismo", es decir exclusión del hecho religioso, concretamente del cristianismo y del catolicismo, de la vida pública. "No olvidemos", afirma, "que en el diseño inicial de Educación para la Ciudadanía planteado por la Fundación Cives y la Universidad Carlos III se afirmaba que Dios era un término sin significado alguno para la mayoría de los españoles." Respecto al Plan de Derechos Humanos anunciado por la vicepresidenta, Urcelay recuerda que la concepción de derechos humanos del Gobierno está presente en el contenido de Educación para la Ciudadanía cuando se afirma que los derechos humanos son una conquista histórica inacabada. "No se trata de aplicar la Declaración de Derechos Humanos de 1948" sino de "inventar nuevos derechos (como el aborto) suprimiendo otros (como el derecho a la vida del no nacido)".
Por último, Urcelay ha lamentado que Fernández de la Vega hable de modificar la Ley de Libertad Religiosa para proteger derechos y proteger la libertad de conciencia cuando en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como el Principado de Asturias o Andalucía o Andalucía se sigue amenazando y reprimiendo a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía.
En vísperas de que la asignatura Educación para la Ciudadanía se implante en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP, dieciocho plataformas ciudadanas promotoras de la objeción de conciencia a la polémica asignatura se han dirigido a Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular. En diferentes cartas, estas plataformas exigen al líder de la oposición que las administraciones en las que gobierna el PP respeten escrupulosamente a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía; este respeto implica la debida atención educativa a sus hijos, sin presiones ni amenazas ni consecuencias negativas en su expediente académico.
En la carta (de la que se reproduce uno de los modelos al final de este correo) se recuerda al líder del PP que en varias comunidades autónomas en las que gobierna su partido (o aliados como UPN) no existe respeto alguno por los objetores a Educación para la Ciudadanía sino que, incluso, se han dictado resoluciones adminstrativas denegatorias de las objeciones (como en La Rioja o en la Comunidad Foral de Navarra) o se ha amenazado a los padres objetores con consecuencias negativas en el curriculum académico de sus hijos.
Las plataformas promotoras de la iniciativa, que se ha puesto en marcha esta misma semana, creen que a esta campaña de cartas a Rajoy se sumarán otras asociaciones y ciudadanos a título particular.
PARA MÁS INFORMACIÓN
FORO DE LAICOS DE ASIDONIA, J. Ignacio Martínez TF. 653890931
PLATAFORMA LUCENTINA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN, Juan Ángel Huertas Tf 652474296
CANTABRIA: EDUCACIÓN Y LIBERTAD, Mariana García de Alvear Tf. 617728728
FORO CIUDAD REAL EN LIBERTAD, Manuel Martín-Gaitero López Tf 658834593
PLATAFORMA DE OBJETORES EN CANARIAS, Antonio Martínez de Saavedra, Tf. 928273414 / 645048021
PLATAFORMA DE PADRES POR EL RESPETO Y LA LIBERTAD EN LA EDUCACION, Mª Jesús Aranda Pérez TF 649600130
SORIA EDUCA EN LIBERTAD, Marisa Pérez Toribio TF. 617812172
Le escribimos en nombre de la Plataforma ......... Como seguramente sabrá, hemos surgido para afirmar nuestro derecho constitucional de objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Esta materia obligatoria se propone formar la conciencia moral de los alumnos desde Primaria hasta Bachillerato. Independientemente de los contenidos de la asignatura, de los libros de texto y de su adaptación a cada comunidad autónoma, Educación para la Ciudadanía es inadmisible porque impone valores decididos desde el Estado y la Administración al márgen de la Constitución y las convicciones de los padres.
En el transcurso de la campaña para las elecciones generales Vd. prometió retirar Educación para la Ciudadanía si ganaba el 9 de marzo. Asimismo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció, mediante, sentencia, el derecho de unos padres a objetar a esta asignatura, Vd. manifestó “que se trataba de una victoria de las madres”.
Es cierto que su partido no ha triunfado en las elecciones generales. Es verdad que no está en su mano en este momento la eliminación legal de esta polémica asignatura. Sin embargo, el Partido Popular gobierna en varias comunidades autónomas gracias a los votos de ciudadanos que han confiado en sus promesas. Por ese motivo, como líder del segundo partido de España, le pedimos que las administraciones en las que gobierna el PP respeten escrupulosamente a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía; este respeto implica la debida atención educativa a sus hijos, sin presiones ni amenazas ni consecuencias negativas en su expediente académico. Lamentáblemente, en algunas comunidades autónomas en las que gobierna el PP el derecho de los padres a objetar ha sido rechazado mediante resoluciones administrativas.
Su partido tiene a gala ser un elemento vertebrador de la realidad nacional de España. Y nos consta que efectivamente han sido capaces, dentro del Partido Popular, de aunar respuestas coherentes ante los grandes dilemas de la política nacional. Por ello le rogamos un criterio único, acorde con los derechos fundamentales, en todos los territorios en los que Vds. gobiernan.
La sentencia del TSJA confirma de nuevo la naturaleza ideológica de Educación para la Ciudadanía, constituye un importante refuerzo de la posición de los padres objetores y obliga a todas las Administraciones educativas insensibles a la libertad educativa a modificar su actitud de rechazo a la objeción de conciencia.
La declaración de nulidad de aspectos como la ideología de género y la homosexualidad -tratados favorablemente en las órdenes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 por las que se desarrollan los contenidos de la materia correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria-, evidencia la legitimidad que ofrece nuestra democracia para no compartir las doctrinas oficiales que subvierten las convicciones de millones de ciudadanos.
De enorme trascendencia es la llamada que hace al Tribunal Supremo para que, mediante cuestión de ilegalidad, conozca y resuelva sobre los Reales Decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el Ministerio. El mero planteamiento de esta cuestión es prueba de que la naturaleza ideológica de Educación para la ciudadanía es genética, de modo que si son ideológicamente inaceptables las normas autonómicas andaluzas, se ha de sostener que también lo son los Reales Decretos en los que éstas se fundan, y cuyos principios y contenidos incorporan.
Algunos de los párrafos más significativos de la sentencia son:
Carácter ideológico y no neutral de los Reales Decretos de Primaria y ESO
“(...) ese límite que exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en esos Reales Decretos porque la regulación que ofrecen revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que sea una enseñanza teórica y práctica de “los principios democráticos de convivencia”. (Fundamento Jurídico 8º).
Obligada neutralidad ideológica del Estado
“Sostener que “el pleno desarrollo de la personalidad” (art. 27.2 de la C.E.) faculta a los poderes públicos a tomar partido definiendo cuestiones morales o ideológicas y evaluando a los niños y jóvenes de su adhesión personal a tales postulados, constituye una ilícita invasión que hace la norma jurídica a campos o disciplinas que le son extraños: Son realidades diversas el Derecho y la Moral (o la Ética) por más que, como la Filosofía, se puedan expresar todas ellas con un lenguaje axiológico.” (Fundamento Jurídico 10º).
Decretos autonómicos 230/2007 y 231/2007, y las Órdenes dictadas en su desarrollo vulneran libertad ideológica y religiosa de los padres
“La transcripción necesaria de esta ardua y prolija regulación jurídica de la materia (...) muestra de una lectura detenida la elaboración de un tratado o corpus de lo que es el individuo y de lo que debe ser, una construcción ideológica de la persona más o menos acabada pero sí global o integral (desde lo más personal), en la programación de una enseñanza por parte de las Administraciones Públicas que es obligatoria para todos los escolares, dirigida explícitamente a la formación “moral” de los alumnos, lo cual violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (ex art. 1.1 y 16 de la C.E.). (Fundamento Jurídico 10º).
Derechos Humanos
"La afirmación de que los derechos humanos dependen del contexto, o de la coyuntura histórica, y son susceptibles de ser creados o de ser destruidos, es un postulado ideológico (no jurídico) que, como tal, no está incorporado en la norma constitucional". (Fundamento Jurídico 10º).
Ideología de género
“No hay, pues, meramente una nueva terminología, sino la elaboración de una teoría de la identidad humana en la que el concepto “género”, distinto del de “sexo” al que se refiere la Constitución, tampoco es sinónimo o identificable con el de “orientación sexual” (Fundamento Jurídico 10º).
En Castilla y León, los valores impresos en el programa de Educación para la Ciudadanía gozan de una Administración receptiva y solícita. La Junta gobernada por el PP no sólo ha abrazado la asignatura, sino que fomenta activamente su cosmovisión entre los más pequeños. Lo último ha sido patrocinar y repartir en las bibliotecas de los colegios el cuento El amor de todos los colores, cuya protagonista se presenta así: "Mi familia es genial. Mi familia somos: Mamá, Mami, yo, y el amor de todos los colores".
LD (V. Gago) El libro ha sido editado por Topka y su distribución lleva el sello de la Junta de Castilla y León, dentro de su Plan de Fomento de la Lectura en Centros Educativos de la región.
Según denuncia Profesionales por la Ética, "en las últimas semanas las bibliotecas" de los colegios públicos "han recibido decenas de ejemplares" de El amor de todos los colores.
Entre otras ilustraciones de la familia "genial", el volumen incluye una que representa a las dos mamás retozando en la cama como cualquier matrimonio. La historia que se cuenta es "el amor de todos los colores de Maite –la niña protagonista" y sus mamás". Este hogar "genial" nació "cuando Mami conoció a Mamá".
El libro forma parte de la colección Tcuento, escrita para niños de entre 4 y 6 años. El propósito de Topka, la casa editora, es "educar a los niños en la diversidad y la convivencia" a través de cuentos "que muestren niños de todo tipo haciendo todo tipo de cosas".
Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, ha comentado que "la cuestión no es tanto el cuento infantil, habitual en librerías de temática homosexual, sino el hecho de que el dinero público se destine a promover entre los niños un modelo de supuesta convivencia matrimonial sin conocimiento ni aprobación de la mayoría de los padres".
El 23 de abril se ha presentado en Madrid una nueva iniciativa destinada a favorecer el derecho de los padres a objetar a la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. Se trata de www.objetores.org, un portal de internet dedicado a proporcionar información y recursos a los padres y ciudadanos que se oponen a la imposición de la asignatura Educación para la Ciudadanía por considerarla un instrumento de formación moral de sus hijos.
El portal objetores.org ha sido presentado por su administrador, Mariano Bailly-Baillière, quien ha explicado su estructura, funcionamiento y contenidos:
Las últimas noticias y artículos de opinión sobre el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía.
Foros de participación ciudadana de carácter general, foros autonómicos y calendario de actos informativos sobre la asignatura.
Documentación y recursos acerca de la asignatura educación para la Ciudadanía: análisis, legislación, sentencias, guías, comparativas, etcétera.
Información y documentos básicos para objetar a la asignatura.
Enlaces a las asociaciones y plataformas de padres y ciudadanos comprometidos con el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía.
En la presentación han intervenido representantes de plataformas promotoras de la objeción a Educación para la Ciudadanía, como José Javier Solabre, de NAVARRA EDUCA EN LIBERTAD, quien ha expuesto la actividad de su plataforma en la Comunidad Foral de Navarra: charlas, apoyo y asesoramiento a objetores, entrevistas con la Administración, difusión de materiales... Solabre ha denunciado las presiones del Gobierno autonómico a los objetores, lo que demuestra que, independientemente del partido que gobierne, hay que oponerse a Educación para la Ciudadanía porque atenta contra la libertad de educación. (Navarra es una de las comunidades en las que ya se ha implantado Educación para la Ciudadanía en el curso 2007-2008).
Por su parte, Mª Jesús Aranda, de ¿XQ TE CALLAS? (Talavera de la Reina) ha explicado que esta plataforma ha nacido para trabajar por el respeto y la libertad de educación y en defensa del derecho irrenunciable e intransferible de lo padres a elegir la educación de sus hijos. También ha comentado que los padres de ¿XQ TE CALLAS?, que llevan a sus hijos a todo tipo de colegios, tanto públicos como privados y concertados, están organizando charlas y reuniones informativas aunque en algunos centros educativos encuentran hostilidad. A veces no se les permite informar a los padres, por lo que tienen que reunirse en parques, cafeterías... Aranda ha denunciado las amenazas realizadas por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de Castilla La Mancha contra los objetores. Como ejemplo ha citado las declaraciones de José María Valverde, consejero castellanomanechego de Educación, quien ha declarado en las Cortes autonómicas que la formación moral que corresponde a los padres o tutores debe adaptarse a la del Estado.
Mª Victoria Palop. de la Plataforma de Abuelos en Defensa de la Familia, ha expuesto la razón de ser de la plataforma asegurando que "estamos en unos momentos, en que debido principalmente al trabajo de los padres fuera del hogar, los abuelos ocupan un papel muy importante en la educación de los nietos, es por eso, que están muy al tanto de sus planes de estudio. Cuando el año pasado se habló de implantar Educación para la Ciudadanía y se publicaron los reales decretos sobre los contenidos de la asignatura, los que pertenecemos a la plataforma pensamos que, al ser una asignatura obligatoria que educa en valores, se les estaba sustrayendo a nuestros hijos el derecho de educar a sus hijos. Y como padres y abuelos, pensamos salir en defensa de nuestros hijos y nietos porque se les está negando un derecho fundamental, el de educar según sus propias convicciones morales. Por este motivo apoyamos a los padres objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía”.
Por parte de la plataforma PADRES EN ACCIÓN de Madrid ha intervenido su secretaria general, Paloma Martínez-Mediero, quien ha explicado que esta asociación se ha sumado al movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía, extendiendo su radio de acción a la zona Norte de la Comunidad. Esta plataforma de reciente creación ha comenzado con muy buen pie, ya que en apenas un mes de campaña, ha logrado recabar centenares de objeciones gracias a las distintas mesas informativas que sus miembros han instalado en diversos centros educativos, encargándose después de gestionar y tramitar la presentación de dichas objeciones. El objetivo de PADRES EN ACCIÓN es iniciar también campañas de información y concienciación a través de charlas y conferencias, con el fin de que los padres conozcan en qué consiste el derecho a la objeción a esta asignatura.
Finalmente, Leonor Tamayo, de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, ha indicado que objetores.org refleja la fuerza del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía. "Se trata", ha asegurado, "de un instrumento muy útil para la información a todos los objetores ya que este movimiento en favor de la libertad de enseñanza se extiende por toda España como una mancha de aceite a pesar de las presiones y amenazas de la Administración y la indiferencia e incluso hostilidad de los políticos". Tamayo ha recordado que esta no es una batalla de signo político sino una lucha de los padres por la defensa de sus libertades y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. "Nos oponemos", ha explicado, "a una asignatura frente a la imposición de querer educar a los hijos desde el Estado". En este sentido, Tamayo ha indicado que la Administración puede responder positivamente, ya que la Comunidad de Madrid se ha comprometido a aceptar las objeciones a Educación para la Ciudadanía y a declarar a los alumnos objetores exentos de cursar la asignatura y de ser evaluados.
Tamayo ha expuesto los últimos datos de objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que ascienden a 28 705 en toda España, cifra que con toda seguridad es realmente más elevada ya que muchos padres que no notifican su objeción a ninguna asociación ni plataforma. Por comunidades autónomas, Tamayo ha expuesto que Castilla-La Mancha es la que presenta más objeciones a la asignatura (7 405), seguida de la Comunidad de Madrid (6 320) y Andalucía (5 890). "Nuestro objetivo", ha asegurado Tamayo, "es lograr que las administraciones de cualquier signo político respeten el derecho a la objeción de conciencia de los padres a Educación para la Ciudadanía por ser un derecho constitucional, en línea con lo que ya están reconociendo los tribunales de justicia".
El jueves 17 de Abril se debatió en las Cortes de Castilla-La Mancha la nueva materia de Educación para la Ciudadanía (EpC). Visiblemente molesto por el debate mismo, José Valverde, consejero de Educación, subió a la tribuna a regañadientes y con una única pretensión: que no se notara su miedo.
Displicente, orgulloso, sabedor de su mayoría parlamentaria y de su veteranía política, trató de zafarse del debate sembrando confusión, profiriendo medias verdades y alguna mentira de calibre. Pero no nos engañemos. Todo ello para aparentar una fuerza que no posee, una energía más bien artificiosa. Freud lo llamó mecanismo de compensación: ante un afecto no aceptado inconscientemente, el individuo actúa del modo contrario a lo que él rechaza. Así, quien no acepta su miedo se puede comportar con temeridad (aparentando un valor que realmente no posee). El señor consejero debería ir a un psicoanalista.
Detrás de tanta altivez, hay miedo; detrás de tanto orgullo, fragilidad; detrás de tanta soberbia, mucha preocupación. En efecto, el señor Valverde tiene miedo y está preocupado, muy preocupado. Por eso él subió a la tribuna de oradores con una única meta: "¡Que no se me note!" Y por eso eludió el debate, ignoró a los padres objetores, quiso burlarse de la portavoz del PP, mintió y amenazó. Pero el señor consejero no nos engaña. Su Gobierno ha sido el que más objeciones ha recibido sin que aún se curse EpC en nuestra región. Su Gobierno quiso despreciar al movimiento objetor y... ¡tiene que debatir en las Cortes sobre la dichosa materia y referirse a la objeción de conciencia!
¿Y de qué tiene miedo el señor Valverde? Del movimiento objetor. De los ciudadanos anónimos de nuestra Comunidad –más de seis mil– que no paran de declararse objetores. Tiene miedo de un grupo cada vez mayor de ciudadanos, libres e independientes de cualquier partido político, que reclama el derecho de educar a sus hijos según sus convicciones. Un grupo de hombres y mujeres que, a diferencia del señor consejero, no tienen miedo. Es lógico que el señor Valverde esté preocupado, muy preocupado. Pero el señor Valverde también tiene miedo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, tribunal que ni siquiera citó en su alegato.
"¡Que no se me note!", fue su consigna. Y para ello mintió. Mintió cuando afirmó repetidamente que el PP manipula a los padres simplemente para hacer oposición, sosteniendo que es son los populares quienes fomentan la objeción. Mintió cuando dijo que "el Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas que deben mantenerse en otra esfera" (¿En qué texto legal se dice que el Estado debe promover una moral pública al margen de las morales privadas? ¿Dónde se dice que hay morales públicas y otras privadas? ¡Ah, lo olvidaba! ¡En los documentos de la Fundación CIVES y en los artículos del señor Peces-Barba!). Mintió cuando declaró que "los supuestos objetores están sencillamente desobedeciendo la ley", negando el derecho de objeción a los padres y despreciando el hecho de que los Tribunales Superiores de Andalucía y de Asturias han reconocido ya en sendas sentencias ese derecho. Mintió cuando informó atropelladamente sobre las cifras de objeciones en la Comunidad.
"¡Uf, que no se me note!" y tocaba amenazar. Una amenaza vieja que obligó en su día a interponer una querella contra su anterior delegado en Toledo. Los objetores no tendrán el título de la ESO porque –afirmaba aparentando una evidencia que ni él se cree– una materia no cursada ni se suspende ni se aprueba.
Sí, el señor Valverde está preocupado, muy preocupado. Y es que el mecanismo de compensación le puede hacer o decir a uno cosas muy arriesgadas sin percibir su gravedad. Por ejemplo, cuando dijo: "La pregunta en este caso a mi juicio no debe ser tanto si la parte de la formación moral que corresponde al Estado es conforme a las posiciones religiosas o morales de los padres o tutores, sino si la formación moral que corresponde a padres y tutores es conforme a los objetivos de la educación entre los que se encuentra el respeto a los valores constitucionales". Palabras sólo aceptables en la Cuba de Fidel o en la Venezuela de Chávez.
El problema de los mecanismos de defensa, como el de la compensación, es que deforman la realidad. El sujeto no conoce la realidad tal cual es. Toda una tragedia para la persona y para quienes le rodean. Lo dicho, ¡al psicoanalista! Y así podría ver que delante de él sólo tiene a un buen número de padres que lo único que desean es que se respete su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales.
Es la libertad de educar a nuestros hijos lo que está en peligro.
Carlos Jariod. Presidente de la asociación Educación y Persona
La Administración autonómica rechaza la objeción a Educación para la Ciudadanía
Un informe de los Servicios Jurídicos de Comunidad Autónoma de La Rioja relativo a la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC), afirma textualmente "que la objeción de conciencia no está reconocida en nuestro Estado de Derecho ni en Derecho alguno pues significaría la negación misma de la idea del Estado". Según este informe técnico, a los padres objetores de La Rioja no les quedaría otra salida que acudir a los tribunales para defender su objeción.
A juicio de Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el informe de los Servicios Jurídicos de La Rioja choca frontalmente con la doctrina jurídica nacional e internacional. A título de ejemplo, indica Fernández de Alarcón, el Tratado de Lisboa, en su artículo 6, reconoce expresamente los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
La Carta Europea de Derechos Fundamentales se refiere expresamente a la Educación y objeción de conciencia (arts. 10.2 y 14. 3).
Por su parte, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (artículo 9), hace alusión a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión al afirmar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, también en la enseñanza.
Además, el Protocolo I de dicho Convenio de Derechos Humanos reconoce expresamente (art. 2) que el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Según Fernández de Alarcón, es incomprensible que un informe que pretende ser riguroso no haga referencia alguna a los artículos 16.1 y 27. 3 de la Constitución Española, a las sentencias 15/1982 y 53/1985 del Tribunal Constitucional. Por último, recuerda "existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconocen el derecho de los padres a objetar expresamente a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En todo caso, desde PROFESIONALES POR LA ÉTICA seguiremos trabajando por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, de los padres frente a los abusos de los gobiernos de cualquier partido".
Madrid, 15 de abril de 2008. En la última semana se están produciendo objeciones masivas a a asignatura Educación para la Ciudadanía. Así, en la zona norte de Madrid se han presentado al menos 320 nuevas objeciones, según Mª Ángeles Eyríes, de PROFESIONALES POR LA ÉTICA DE MADRID, a estas objeciones hay que sumar las 280 presentadas estos días en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid correspondientes al municipio de Valdemoro.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid están promoviendo la objeción diversas asociaciones como Valdemoro es Familia. también están creándose plataformas nuevas como Padres en Acción, constituida recientemente en el norte de Madrid capital.
Además, afirma que los padres pueden objetar aunque sus hijos todavía no estén cursando la asignatura
Rocío y Arturo, unos padres de Málaga, han recibido hoy una excelente noticia: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sala de lo Contencioso-Administrativo, les ha dado la razón en su demanda contra una resolución de la Consejería de Educación andaluza. El proceso se inició cuando esta familia malagueña presentó un escrito alegando objeción de conciencia para que sus hijos no recibieran la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; la Consejería de Educación les contestó mediante resolución que "se inadmitía su solicitud de objeción" en relación con esta materia. Rocío y Arturo decidieron seguir adelante y presentaron recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en octubre de 2007.
La sentencia, de 8 páginas, recuerda que el derecho a la objeción de conciencia está contemplado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, cita, por ejemplo, la Sentencia 15/1982 del Tribunal Constitucional, que considera que la objeción de conciencia, por formar parte de los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales, vincula a todos los poderes públicos y es, por tanto, de inmediata aplicabilidad. Igualmente, el TSJA cita la Sentencia 53/85 del Tribunal Constitucional, según la cual "el derecho a la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución Española". En el mismo sentido, la sentencia del TSJA cita sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En relación con este último, el tribunal andaluz cita dos recientes sentencias que reconocen el derecho de los padres a que se respete, en la educación de sus hijos, sus convicciones religiosas y filosóficas y el deber del Estado de respetar esas convicciones en el conjunto del programa de la enseñanza pública.
Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, señala que la sentencia del TSJA introduce una novedad respecto a la anterior sentencia de 4 de marzo, dictada por el mismo tribunal para resolver el procedimiento iniciado por unos padres de Bollullos de Par del Condado (Huelva). "La novedad es que en el caso de los padres malagueños, sus hijos no están cursando todavía la asignatura Educación para la Ciudadanía. El TSJA afirma que esa circunstancia no solamente no impide objetar, sino que legitima absolutamente para hacerlo. Textualmente se dice que resulta sumamente razonable permitir a los interesados la posibilidad de anticiparse a las consecuencias en absoluto querida ni deseada del hecho consumado. La sentencia cita, a título de ejemplo, el caso de los objetores al servicio militar obligatorio, que objetaban antes de ser llamado a filas".
Para Urcelay, la nueva sentencia del TSJA supone un impulso para el creciente movimiento objetor a la asignatura Educación para la Ciudadanía. "En vísperas de la formación del nuevo Gobierno", señala, "es también un clarísimo mensaje a la Administración estatal y autonómica para que respeten los derechos constitucionales de los padres la independencia del poder judicial. Es lamentable que hoy mismo la ministra de Educación haya vuelto a amenazar a los objetores advirtiéndoles que la objeción tiene consecuencias. Las administraciones tendrán que acatar la sentencia del TSJA y reconocer, sin ambigüedades ni triquiñuelas legales, la decisión de los padres a educar en libertad."
En las últimas semanas, el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Alejandro Font de Mora, ha realizado diversas declaraciones en torno a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Hay que recordar que, como ocurre con la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP, en la Comunidad Valenciana no se implantará Educación para la Ciudadanía hasta el curso 2008-2009, en 2º y 4º de ESO y, con mucha probabilidad, en 1º de Bachillerato.
A juicio de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, dichas declaraciones inducen a la confusión y manifiestan un cierto nivel de ambigüedad. Así:
Las declaraciones del Consejero se refieren exclusivamente a la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2º de la ESO y de 5º o 6º de Primaria. En este sentido, PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda que la LOE establece que el área de Educación para la Ciudadanía establece esta asignatura con distintas denominaciones. Así, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se impartirá en 2º de ESO y 5º o 6º de Primaria; la asignatura cambia su nombre por Educación Ético.Cívica en 4º de ESO y se convierte en Filosofía y Ciudadanía en Bachillerato. A juicio de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, es imprescindible que las comunidades autónomas reconozcan el derecho a la objeción en todas las asignaturas del área Educación para la Ciudadanía, dado que todas ellas tienen el mismo propósito: formar la conciencia moral de los alumnos desde un sistema de valores impuesto.
El hecho de que Educación para la Ciudadanía se vaya a impartir o no en inglés es absolutamente irrelevante. Más preocupante es que Font de Mora haga referencia a una actividad sustitutoria de la asistencia a clase de Educación para la Ciudadanía en la que no se reconoce la objeción ni la exención a la asignatura. "En realidad", asegura Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética, "si los alumnos realizan una actividad alternativa a clase de Educación para la Ciudadanía estaríamos ante una adaptación de la asignatura evitando reconocer el derecho de los padres a objetar. Esta medida constituye un fraude para los padres que no quieren que sus hijos reciban una educación en valores decidida unilateralamente por la Administración estatal o autonómica".
Por otra parte, según PROFESIONALES POR LA ÉTICA, en la Comunidad Valenciana se han presentado cerca de 1 000 objeciones a Educación para la Ciudadanía. Además, se están organizando plataformas de padres objetores en diversas localidades. "Nuestros datos", asegura Leonor Tamayo, "son que el número de objeciones en la Comunidad Valenciana se va a multiplicar en unas semanas. También nos consta que los padres valencianos no van a aceptar adaptaciones o versiones light de Educación para la Ciudadanía; saben perfectamente que el propósito de esta asignatura es adoctrinador y moralizante. Y, sencillamente, no están dispuestos a aceptarlo".
Nos encontramos cerca de las mil objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía en la provincia de Granada, la mayor parte de ellas en la capital. La asociación La Rosa Blanca en Granada tiene actualmente registradas 874 objeciones de conciencia a la asignatura de "Educación para la Ciudadanía" en la provincia, perteneciendo la mayor parte de ellas (841) a la capital.
La campaña de información que está realizando La Rosa Blanca en Granada, junto a otras organizaciones como El Foro de la Familia y CONCAPA, está dado un gran resultado, puesto que las diferentes charlas informativas realizadas en diversos centros de la provincia ayudan a comprender a los padres la naturaleza impositiva e inconstitucional de esta asignatura. De hecho, el motivo de que la mayor parte de las objeciones hayan tenido lugar en la capital se debe a que es en esta localidad en la que se han impartido la mayor parte de las charlas informativas.
Desde La Rosa Blanca en Granada recordamos a los padres el derecho que tienen a la objeción de conciencia, insistiendo en que no se trata de una opción ideológica sino de un acto de libertad en defensa del derecho que corresponde a los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, con independencia de cual sea su posición política, moral o religiosa. Todos los padres ven amenazado su derecho, reconocido por el art. 27.3 de la Constitución, por el proyecto ideológico de implantación de este área de "Educación para la Ciudadanía" en el sistema educativo español. Nosotros apostamos por un sistema educativo público de calidad, y no por un dirigismo estatalista de la educación, contrario a la libertad y a la pluralidad necesaria para la convivencia democrática.
Al mismo tiempo recordamos que la plataforma independiente de padres La Rosa Blanca en Granada solicitó hace seis meses una entrevista con el Delegado Provincial de Educación, personalmente, a través de su Secretaría y a través de los medios de comunicación, y el señor Delegado, que nos prometió recibirnos en una semana, todavía no se ha dignado a recibirnos, a pesar de que representamos ya a cerca de mil familias. Mientras, se mantiene una campaña de acoso y coacciones a los padres y alumnos objetores por parte de la Delegación, que debe cesar inmediatamente por su carácter totalitario y por respeto a las sentencias judiciales que ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las últimas semanas. No se puede exigir el respeto a una ley injusta e inconstitucional mientras se evade manifiestamente el cumplimiento de una sentencia judicial, obligatoria desde su dictado a pesar de que se desee recurrirla a instancias superiores.
Centenares de recursos judiciales a la espera de resolución
A siete meses de su implantación en algunas comunidades autónomas (las gobernadas por el PSOE con excepción de Castilla-La Mancha y añadiendo la Comunidad Foral de Navarra), la asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC) no gana para disgustos. A las más de 27 000 objeciones presentadas en toda España se suman decenas de recursos judiciales contra la polémica materia curricular.
Los recursos, mayoritariamente presentados por padres a título individual o asociadamente, son de dos tipos:
1. Unos se han presentado contra la denegación o inadmisión de la objeción de conciencia notificada por los padres.
2. Otros se dirigen contra los decretos autonómicos que desarrollan Educación para la Ciudadanía.
En resumen, a esta fecha, y según datos recopilados por la Asesoría Jurídica de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, los procesos judiciales contra Educación para la Ciudadanía son, al menos, los siguientes:
ANDALUCÍA
Se han presentado 28 Recursos contencioso-administrativos contra la denegación o inadmisión de la objeción de conciencia y 9 Recursos contra el currículo autonómico de EPC.
En relación a las resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha en la comunidad andaluza, hay que recordar que el primer auto judicial (principios de septiembre de 2007), inadmitió la medida cautelar de suspensión de los decretos que regulaban el currículo. El segundo auto (mediados de septiembre de 2007), admitió a trámite el recurso contra el currículo por el procedimiento especial de derechos fundamentales, afirmando que existían indicios suficientes para considerar que se podría estar produciendo la vulneración de derechos cuyo amparo se solicitaba.
El tercer auto judicial dictado en Andalucía inadmitió la personación de editoriales de PRISA, sindicatos UGT y CCOO, y asociaciones de centros y de padres de la enseñanza pública afines a la Junta andaluza, afirmando que su derecho no se veía afectado por la resolución que dictara el Tribunal.
En el mes de enero de 2008 se produjeron los dos primeros autos de adopción de medidas cautelares a favor de los padres que objetaban, y que habían interpuesto recurso contencioso-administrativo. Argumentaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, de no admitirse la medida cautelar, se estarían produciendo los efectos que se pretenden evitar, y que el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de los hijos, y la libertad ideológica y religiosa, eran derechos más dignos de protección que los difusos intereses generales.
En el mes de febrero de 2008 se produjo un nuevo auto en Andalucía. En este caso, sobre los recursos interpuestos contra el currículo de la asignatura. Se resolvía recurso de súplica contra la denegación de la personación de sindicatos y asociación de padres de la enseñanza pública. En esta ocasión, la Sala afirmó que la educación en un sistema de valores morales, éticos o cívicos concretos, tenía que tener en todo caso carácter optativo, pues si no fuera así, quedarían desprotegidos los derechos fundamentales alegados en el recurso.
El 4 de marzo se produjo la primera sentencia del TSJA en un recurso interpuesto contra la denegación de la objeción de conciencia por unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva). En esta primera sentencia en España que reconoce la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía, el Tribunal reconoce la naturaleza ideológica de la asignatura y la vulneración del derecho de los padres a la educación moral de sus hijos conforme a sus convicciones. En tal caso, se exime al alumno de cursar EPC y de evaluación.
El viernes 7 de marzo se han dictado seis nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía adoptando la medida cautelar antes comentada en otros tantos recursos contra denegación de la objeción de conciencia; el TSJA reiteraba que esos alumnos se encuentran eximidos de asistir a clase de EPC y por lo tanto no pueden ser evaluados.
A esta fecha están pendientes de dictarse en Andalucía dos nuevas sentencias. Una de ellas resolverá sobre los recursos contra la denegación de la objeción de conciencia; otra, sobre los recursos interpuestos contra el currículo que desarrolla EPC en la comunidad andaluza.
Así mismo, existen otros tres recursos administrativos ya interpuestos contra la denegación de la objeción de conciencia. Al haberse agotado el plazo correspondiente, en breve se presentará demanda judicial. Finalmente, veinte familias más a las que se les habría inadmitido la objeción de conciencia, han interpuesto recurso contencioso-administrativo.
ARAGÓN
Hasta la fecha se han dictado dos sentencias por parte del Juzgado de lo Contencioso (unipersonal) de Alcorisa. Ambas aseguran que no se puede constatar la existencia de vulneración del derecho a la objeción genéricamente invocado en los recursos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se inhibió tras haber resuelto el director de un IES en lugar de la consejería. Las sentencias van a ser recurridas por los padres ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Además, se han presentado (o se presentarán en breve) al menos cinco recursos más por denegación del derecho a la objeción en Aragón.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado 23 sentencias de la cuáles 8 ya han sido recurridas ante el Tribunal Supremo. El resto está pendiente de ser recurrida. Otros 4 recursos (2 ordinarios y 2 especiales) están pendientes de sentencia. Se ha iniciado una segunda fase de 15 recursos contra inadmisiones de objeción de alumnos de Infantil y Primaria (las anteriormente citadas son de alumnos de ESO). Estos recursos afectan a 25 padres.
CATALUÑA
Hay un recurso Contencioso-Administrativo ordinario contra los Decretos de EPC de la Generalitat interpuesto por e-Cristians, Juristes Cristians de Catalunya, la Fundación Abat Oliba y Manel Silva, al que se han adherido unos 1500 padres y madres. Se ha dictado un Auto denegando la suspensión cautelar y demás medidas cautelares solicitadas por los recurrentes, pero no se ha dictado sentencia.
Además, hay cuatro recursos contra actos denegatorios de objeción (interpuestos por siete padres) por el procedimiento especial de protección de los Derechos Fundamentales de la Persona. Se ha dictado Auto en todos ellos acordando la inadmisibilidad por inadecuación del Procedimiento. Frente a uno de ellos ya se ha interpuesto recurso de Casación, por el padre y la madre.
Hay otros cuatro recursos Contencioso-Administrativos ordinarios, interpuestos por ocho padres, también contra actos denegatorios de objeción. Todavía no han sido resueltos.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
La Plataforma Navarra Educa en Libertad presentó hace dos semanas un recurso contencioso por el procedimiento especial de Derechos Fundamentales en nombre de varias decenas de padres, ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Próximamente se presentará otro recurso contencioso.
PAIS VASCO
Se ha presentado recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial, presentado por 14 padres, contra el Decreto Vasco de Educación Básica. Ha sido admitido a trámite por el TSJ del País Vasco. Otro recurso contencioso administrativo ordinario ha sido presentado por 341 padres guipuzcoanos.
Además, existe un recurso contencioso administrativo presentado por la Comunidad Foral de Navarra por considerar que el mencionado Decreto del País Vasco, que educa en “perspectiva de Euskal Herria” (incluyendo a Navarra), constituye una agresión a la identidad de la Comunidad Foral.
Finalmente, en Cantabria y Extremadura se interpondrán en breve recursos contenciosos, por denegación (expresa o por silencio administrativo negativo) del derecho a la objeción.
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, el calvario judicial de EPC no ha hecho más que empezar. Bazán asegura que "los recursos que la Fiscalía o la Abogacía del Estado tengan a bien presentar en el Tribunal Supremo no empañarán en ningún caso el valor jurídico de las resoluciones favorables a la objeción de conciencia frente a EPC. Esperemos que el máximo órgano judicial entienda que la libertad, o se tutela en el caso concreto, o se trata simplemente de un vacío nombre que puede servir de cheque en blanco para el poder arbitrario. Si la imparcialidad judicial triunfa en España, Educación para la Ciudadanía caerá. Si no, siempre nos quedará Estrasburgo".
El Derecho es lo justo en el caso concreto y no un mero valor estratosférico y difuso, alejado de la realidad práctica y del sentido común. La pretensión de hablar de “justicia” en abstracto choca frontalmente contra el sentido natural de lo justo que el ciudadano común tiene cuando ha de enfrentarse a la arbitrariedad del poder público.
Frente a eslóganes apologéticos simplones que otorgan valor astronáutico a la asignatura de Educación para la ciudadanía (moneda falsa acuñada en la ceca carolina, a saber, la Universidad que lleva el nombre del hispano monarca, déspota ilustrado), el buen sentido jurídico busca la solución justa en el caso concreto, distinguir el noble metal de la vil estafa.
Con buen sentido jurídico, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia de 4 de marzo, ha reconocido el derecho de unos padres onubenses a la objeción de conciencia frente a la asignatura mencionada, lo que implica, por un lado, exención del hijo de acudir a las clases de esa materia, y por otro, derecho a no ser evaluado.
Se trata de una sentencia bien argumentada, profundamente europeísta al aplicar la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, innovadora y vanguardista por ser la primera que reconoce el derecho a la objeción educativa. Dictada con un hondo sentido de lo justo en el caso concreto frente a vagas ideas a las que acude el poder –y sus acólitos- para justificar la agresión al inalienable derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está demostrando que es capaz de ser independiente e imparcial en un entorno hostil, mediático y político, algo que todos los ciudadanos hemos de agradecer. No es, por ello, de extrañar, que un nuevo auto del mismo órgano judicial, de 3 de marzo, haya autorizado cautelarmente a que los hijos de una familia de La Carolina (Jaén) no acudan a las clases de Educación para la ciudadanía.
Los recursos que la Fiscalía o la Abogacía del Estado tengan a bien presentar en el Tribunal Supremo no empañarán en ningún caso el valor jurídico de unas resoluciones, como las mencionadas, cargadas de sentido de lo justo en el caso concreto. Esperemos que el máximo órgano judicial entienda que la libertad, o se tutela en el caso concreto, o se trata simplemente de un vacío nombre que puede servir de cheque en blanco para el poder arbitrario. Si la imparcialidad judicial triunfa en España, Educación para la ciudadanía caerá. Si no, siempre nos quedará Estrasburgo.
José Luis Bazán, Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética
Las asociaciones y plataformas promotoras de la objeción a Educación para la Ciudadanía (EPC) están desbordadas. En sólo tres días, del 14 al 17 de marzo (contando que entre estos días hay un fin de semana), la asociación PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha registrado 308 objeciones más presentadas por padres que alegan razones de conciencia para que sus hijos no asistan a clase de EPC.
Así, la Plataforma Cartagena por la Libertad de Educación ha informado hoy mismo de la entrega de 130 objeciones al propio Consejero de Educación de la Región de Muria, Juan Ramón Medina. Las objeciones, presentadas por un grupo de madres, corresponden a alumnos de los colegios Santa Mª Micaela Adoratrices, Virgen de Begoña, Sagrado Corazón, Colegio Narval, Vicente Medina, todos ellos de Cartagena. Hace pocos días, el Consejero de Educación de esta Comunidad anunció que serán respetadas las objeciones de los padres, de manera que los alumnos cuyos padres hayan objetado no serán evaluados sino que quedarán exentos y recibirán la adecuada atención educativa. Con esta decisión, la Región de Murcia se suma a la de la Comunidad de Madrid y sigue el criterio de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el derecho de los padres a objetar a esta asignatura.
A las objeciones presentadas en Cartagena se suman 58 en Cuenca y 120 más en Madrid. Leonor Tamayo, coordinadora territorial de la campaña a favor de la objeción a EPC, señala que estas objeciones se han presentado entre el viernes 14 y el lunes 17 de marzo, en una semana en la que no hay clase. "Esto nos confirma que a partir del mes de abril, coincidiendo con las preinscripciones en los centros escolares, las objeciones a EPC se van a multiplicar en toda España". Tamayo cree que es posible llegar a las 50 mil objeciones en septiembre del 2008, mes en el que todas las comunidades autónomas deberán implantar Educación para la Ciudadanía en ESO y Bachillerato.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado nuevo auto de fecha 3 de marzo, acordando la suspensión cautelar de la denegación por la Junta andaluza, de la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía. En opinión de José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, su decisión, acordada por los tres Magistrados del órgano judicial –entre los cuales no se encontraba el Sr. Gabaldón, tan injustamente criticado por medios afines al gobierno por la sentencia dictada el pasado 4 de marzo-, se afirma de forma rotunda, que debe sobreponerse la efectividad de los derechos sobre llamadas genéricas al interés público. Ciertamente, parece que el Tribunal tiene claro, como ya contundentemente expuso en el precedente de la sentencia mencionada, que el verdadero interés público debe ser plenamente coincidente con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de modo que no existe ningún interés público auténtico paralelo o distinto a la tutela de los mismos.
Por otra parte, hoy se han presentado en el registro de la Delegación Provincial de Educación de Ciudad Real 140 nuevos escritos de objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía presentados por padres de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Ciudad Real capital (Marianistas, Salesianos, Santo Tomás, Pérez Molina, José Maestro, IES Atenea...), así como de otros centros de la provincia. Un numeroso grupo de padres y madres se ha concentrado para presentar colectivamente las objeciones; éstas se unen a las más de 127 objeciones presentadas hasta el momento en Ciudad Real y a las 6 000 presentadas en Castilla-La Mancha, comunidad autónoma en la que la asignatura Educación para la Ciudadanía aún no ha sido implantada.
La plataforma provincial de padres objetores, que ha constituido el Foro Ciudad Real en Libertad http://ciudadrealenlibertad.blogspot.com/, viene realizando actividades informativas sobre la Ley Orgánica de Educación y la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía desde el comienzo del presente curso.
Esta misma semana, según datos de Profesionales por la Ética, se han presentado también objeciones a la asignatura en Soria (97) y Sevilla (15).
Manuel Flores es albañil. Dolores Cano, ama de casa. ¿Cómo iba a hacer otra cosa con seis hijos? No en vano los tienen de todas las edades: 15, 14, 13, 9 , 8 y 5 años. Y viven en una humilde casa de Bollullos del Condado, lejos de la ciudad. Él no lleva corbata ni ella va todas las semanas a la peluquería. Ni sus hijos van a colegios privados. Pero, pese a que estudian en un colegio público o en el instituto, están bien informados. Bajo esa apariencia sencilla se esconde una familia con mucho arrojo. Unos padres «preocupados por la educación de sus hijos» hasta el punto de ser capaces de llevar a los tribunales su negativa a que su hijo estudie EpC. Y a los que «ni les importa ni les asusta» lo que piensen los políticos.
Así empezaba su crónica Mercedes Benítez, de ABC Sevilla, el pasado 7 de marzo, para explicar quiénes eran los padres que habían llevado a los tribunales a la Junta de Andalucía en defensa de su derecho a la objeción frente a ECP. Su caso ha dado lugar a la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, nos hace su particular crónica del testimonio de la familia Flores:
Recuerdo ahora el comentario de un padre bien trajeado (seguramente con toda su buena voluntad) que en una charla, después de la presentación sobre objeción a EPC, se atrevió a recomendarnos que buscáramos algún abogado o personalidad de prestigio que nos asesorara. En ese momento le dije que hasta ese momento lo que estábamos comprobando era que estaba siendo más útil la convicción y la audacia de gente normal que el prestigio pero que si él conocía alguien de .....”PRESTIGIO” por supuesto que estaríamos encantados de recibir su apoyo. Hoy, el prestigio.... se lo han ganado un trabajador y un ama de casa que son un símbolo verdadero que va a hacer historia.
Manuel Flores es albañil. Dolores Cano, ama de casa. ¿Cómo iba a hacer otra cosa con seis hijos? No en vano los tienen de todas las edades: 15, 14, 13, 9 , 8 y 5 años. Y viven en una humilde casa de Bollullos del Condado, lejos de la ciudad. Él no lleva corbata ni ella va todas las semanas a la peluquería. Ni sus hijos van a colegios privados. Pero, pese a que estudian en un colegio público o en el instituto, están bien informados. Bajo esa apariencia sencilla se esconde una familia con mucho arrojo. Unos padres «preocupados por la educación de sus hijos» hasta el punto de ser capaces de llevar a los tribunales su negativa a que su hijo estudie EpC. Y a los que «ni les importa ni les asusta» lo que piensen los políticos.
Así empezaba su crónica Mercedes Benítez, de ABC Sevilla, el pasado 7 de marzo, para explicar quiénes eran los padres que habían llevado a los tribunales a la Junta de Andalucía en defensa de su derecho a la objeción frente a ECP. Su caso ha dado lugar a la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, nos hace su particular crónica del testimonio de la familia Flores:
Recuerdo ahora el comentario de un padre bien trajeado (seguramente con toda su buena voluntad) que en una charla, después de la presentación sobre objeción a EPC, se atrevió a recomendarnos que buscáramos algún abogado o personalidad de prestigio que nos asesorara. En ese momento le dije que hasta ese momento lo que estábamos comprobando era que estaba siendo más útil la convicción y la audacia de gente normal que el prestigio pero que si él conocía alguien de .....”PRESTIGIO” por supuesto que estaríamos encantados de recibir su apoyo. Hoy, el prestigio.... se lo han ganado un trabajador y un ama de casa que son un símbolo verdadero que va a hacer historia.
Manuel Flores es albañil. Dolores Cano, ama de casa. ¿Cómo iba a hacer otra cosa con seis hijos? No en vano los tienen de todas las edades: 15, 14, 13, 9 , 8 y 5 años. Y viven en una humilde casa de Bollullos del Condado, lejos de la ciudad. Él no lleva corbata ni ella va todas las semanas a la peluquería. Ni sus hijos van a colegios privados. Pero, pese a que estudian en un colegio público o en el instituto, están bien informados. Bajo esa apariencia sencilla se esconde una familia con mucho arrojo. Unos padres «preocupados por la educación de sus hijos» hasta el punto de ser capaces de llevar a los tribunales su negativa a que su hijo estudie EpC. Y a los que «ni les importa ni les asusta» lo que piensen los políticos.
Así empezaba su crónica Mercedes Benítez, de ABC Sevilla, el pasado 7 de marzo, para explicar quiénes eran los padres que habían llevado a los tribunales a la Junta de Andalucía en defensa de su derecho a la objeción frente a ECP. Su caso ha dado lugar a la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, nos hace su particular crónica del testimonio de la familia Flores:
Recuerdo ahora el comentario de un padre bien trajeado (seguramente con toda su buena voluntad) que en una charla, después de la presentación sobre objeción a EPC, se atrevió a recomendarnos que buscáramos algún abogado o personalidad de prestigio que nos asesorara. En ese momento le dije que hasta ese momento lo que estábamos comprobando era que estaba siendo más útil la convicción y la audacia de gente normal que el prestigio pero que si él conocía alguien de .....”PRESTIGIO” por supuesto que estaríamos encantados de recibir su apoyo. Hoy, el prestigio.... se lo han ganado un trabajador y un ama de casa que son un símbolo verdadero que va a hacer historia.
Desde el pasado martes, día en el que se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociendo el derecho de unos padres a objetar a Educación para la Ciudadanía, se han producido, según PROFESIONALES POR LA ÉTICA, 546 nuevas objeciones en los siguientes lugares:
126 en Cartagena.
80 en la Comunidad de Madrid.
20 en Cantabria.
50 en Talavera de la Reina.
60 en Sevilla.
210 en Cuenca.
Estas objeciones se suman a las 27 000 que se contabilizaron el pasado 4 de marzo. Leonor Tamayo, responsable de la Red Territorial de Profesionales por la Ética, ha indicado que los padres han entregado los escritos de objeción en las Consejerías de Educación o en sus delegaciones correspondientes ya que, según explica, «muchos centros educativos no están comunicando las objeciones a la Administración; por ese motivo vamos a solicitar a las consejerías de Educación que pregunten a los colegios e institutos cuántos formularios de objeción se han presentado en cada caso». Fuentes de Profesionales por la Ética indican que la multiplicación de objeciones no ha hecho más que empezar; incluso, creen que a principios del curso 2008-2009 llegarán a 50 000 objeciones en toda España.
Por otra parte, ayer mismo, en Sevilla, casi un millar de padres objetores celebraron esta resolución judicial al grito de ni un paso atrás, expresión que el movimiento promotor de la objeción de conciencia ha adoptado como lema. En este acto festivo intervinieron la madre objetora que llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y su abogado; el resto de los presentes confirmó su decisión de seguir informando a padres y alumnos del carácter adoctrinador de la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Los padres objetores han realizado un ejercicio de ciudadanía activa y responsable
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, se ha reunido hoy con representantes de asociaciones y entidades promotoras de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EPC) entre los que se encontraba Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA. Al término de la reunión, Figar ha manifestado que la Comunidad de Madrid va a estimar las objeciones a EPC presentadas por los padres. Este reconocimiento implica que los hijos de padres objetores de la Comunidad de Madrid quedarán exentos de cursar la asignatura y no serán evaluados; además, los centros educativos gozarán de autonomía para organizarse sin discriminar a los alumnos cuyos padres hayan optado por la objeción frente a esta materia. En la Comunidad de Madrid, según datos de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, se han producido al menos 6.000 objeciones a EPC a pesar de que esta asignatura no será implantada en en esta Comunidad hasta el curso 2008-2009.
Para Jaime Urcelay, el reconocimiento de la objeción por parte de la Comunidad de Madrid hace más libres a los padres y a los alumnos. "El protagonismo en esta batalla por la libertad de educación", ha asegurado, "no es tanto de las asociaciones o las entidades que estamos promoviendo la objeción a EPC sino de los padres, familias normales y corrientes que se han movilizado por toda España a través de decenas de plataformas locales y autonómicas. Están realizando un ejercicio de ciudadanía responsable y activa".
Asimismo, Urcelay se ha mostrado muy satisfecho de la decisión de la Comunidad de Madrid. "Hasta ahora", ha asegurado, "los políticos nos habían ignorado. Es la primera vez, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que un Gobierno autonómico se muestra sensible con las convicciones, derechos y libertades de los padres objetores. Ahora nos toca exigirles que cumplan. El presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha manifestado que el siguiente paso será pedir al resto de las comunidades autónomas que estimen las objeciones de conciencia a EPC y eviten llegar a los tribunales. Finalmente, Urcelay ha calificado de "poco respetuosas con la independencia del Poder Judicial" las críticas de autoridades autonómicas (como Manuel Cháves) y estatales (como Mª Teresa Fernández de la Vega) a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoce el derecho a la objeción de los padres.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) ha dictado una sentencia que reconoce el derecho de los padres a la objeción de conciencia frente a Educación para la ciudadanía. Esta decisión judicial es una manifestación propia del Estado de Derecho al constituir una afirmación inequívoca de la división de poderes y el sometimiento de los jueces al imperio de la Constitución y no a la ideología gubernamental. El Tribunal andaluz ha dado muestras de una honrosa imparcialidad a pesar del contexto hostil generado por las autoridades educativas andaluzas y el tejido social en el que se apoya.
La sentencia constituye un precedente que sentará doctrina sobre objeción de conciencia educativa, tanto por sus fundamentos jurídicos como por su fallo, ya que a diferencia de otras resoluciones judiciales en la materia, entra en el fondo del asunto y pondera adecuadamente el derecho de los padres y los hijos a la educación.
Dado que son decenas los recursos contenciosos administrativos pendientes en los tribunales españoles, de familias que defienden democráticamente su libertad educativa frente a la intransigente abuso de poder del Gobierno, es una buena noticia que el Derecho se haya impuesto en este caso, porque legitima jurídicamente la objeción de todas las familias españolas que se muestran disconformes con el adoctrinamiento que supone Educación para la ciudadanía.
El Tribunal Superior ha aplicado correcta e íntegramente la jurisprudencia más vanguardista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al reconocer la objeción de conciencia educativa, sin entrar en enjuiciamientos de naturaleza ideológica. Con justeza entiende que el interés público consiste, precisamente, en garantizar los derechos, lo que “justifica la existencia del Estado y sus potestades”. Esta afirmación del órgano judicial es toda una declaración de principios sobre el comportamiento debido de un Estado que, como en este caso, olvida que su poder está al servicio de los ciudadanos y de las familias.
El términos prácticos, a partir de ahora, la Administración educativa, tanto estatal como autonómica, deberá forzosamente reconocer la realidad de la objeción de conciencia como un derecho constitucional de los padres, tendrá que eximir a los estudiantes de padres objetores de asistir a clase de Educación para la ciudadanía, y habrá de hacer constar en su expediente que no son evaluados de la asignatura.
Sin duda va a ser también un estímulo para que los padres aún indecisos vean con claridad la legitimidad para presentar la objeción de conciencia contra Educación para la ciudadanía. En este sentido, desde Profesionales por la Ética se espera que en las próximas semanas se multipliquen las objeciones de conciencia, que ya en las últimas semanas y a medida que se va acercando el nuevo curso, se habían incrementado hasta alcanzar un total de más de 27000 en toda España.
Del mismo modo, Profesionales por la Ética vuelve a pedir al Gobierno sensibilidad ante la evidente realidad de la ilegalidad y la falta de consenso de la asignatura, tal y como se ha planteado en España, y el inicio cuanto antes del indispensable diálogo para la retirada de esta asignatura y la búsqueda de una alternativa aceptable para todos.
BAJO EL LEMA SIN MIEDO, 500 OBJETORES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
SE HAN REUNIDO EN MADRID EN SU PRIMERA CONVENCIÓN
"A los padres no nos va a parar nadie"; "Objeto para enseñarle a mi hijo que la conciencia está por encima de la ley"; "Educación para la Ciudadanía es una patada en la puerta de nuestras casas porque se introduce en nuestra familia"; "Me han llegado a decir que puedo ir a la cárcel por objetar"; "En el colegio me citaron a una entrevista por haber objetado y me hicieron una encerrona con el Inspector de Educación".
Estos han sido algunos de los testimonios y expresiones de 500 padres objetores a Educación para la Ciudadanía que se han reunido hoy en el colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid). A pesar de estos testimonios, a veces dramáticos, la actitud unánime de los padres objetores coincide con el lema del encuentro: SIN MIEDO.
Los asistentes al encuentro eran representantes de 37 asociaciones o entidades y 24 plataformas de padres y madres que se han constituido todas las comunidades autónomas españolas durante el último año.
El encuentro tenía como objetivos los siguientes:
1._ Hacer presente ante la opinión pública una realidad social que, a pesar del silencio oficial, se está extendiendo por toda España.
2.- Propiciar el encuentro humano, el reconocimiento, la solidaridad y el intercambio entre las plataformas de padres objetores.
3._ Reforzar el apoyo a las familias objetoras por parte de las entidades que están sosteniendo la campaña por la libertad de educación y el rechazo a Educación para la Ciudadanía.
En el transcurso del encuentro también se ha realizado un breve repaso a la historia de esta campaña frente a Educación para la Ciudadanía. En este sentido, José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, ha resumido la situación de los recursos judiciales a los que ha dado lugar la imposición obligatoria de esta asignatura:
ASTURIAS
-23 recursos contencioso-administrativos: 19 por el procedimiento especial de derechos fundamentales y 4 por el procedimiento ordinario. - Dictadas 7 sentencias que, reconociendo el derecho a la objeción, entienden que no se puede considerar vulnerado hasta que se concrete en proyectos docentes y actividad del profesor.
ANDALUCÍA
Presentadas 12 demandas contra los decretos autonómicos de EPC y al menos otros 15 recursos (Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba) contra inadmisiones de la objeción. La Justicia ha permitido que los hijos de objetores no acudan a clas de EPC, como medida cautelar, hasta que no haya sentencia definitiva.
ARAGÓN
Presentados al menos 5 recursos por parte de padres de Alcorisa (Teruel) y Zaragoza.
CATALUÑA
1 000 padres adheridos al recurso presentado por la Fundación Abat Oliba, e-Cristians y Juristes Cristians contra los decretos catalanes de EPC. El TSJC no ha admitido este recurso y ya se ha anunciado nuevos recurso ante el Tribunal Supremo.
PAÍS VASCO
Recurso de 14 padres de Vizcaya: admitido a trámite por el TSJPV por la vía de procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales. Recurso contencioso administrativo ordinario presentado por 341 padres de Guipúzcoa.
NAVARRA
En preparación la presentación de recurso contencioso-administrativo contra denegaciones administrativas de objeción frente a EPC
Además, en el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía se han entregado los Premios para la Libertad, que han recaído en las siguientes personas o entidades:
Premio Libertad e Imaginación: PLATAFORMA NAVARRA EDUCA EN LIBERTAD. (Navarra) Premio Libertad Familia Comprometida: FAMILIA CASANUEVA GARCÍA DE ALVEAR (Cantabria) Premio Libertad Centro Educativo Sin Miedo: COLEGIOS CARDENAL SPÍNOLA Y ABAT OLIBA (Barcelona) Premio Libertad Agrupación de Valientes: PLATAFORMA LUCENTINA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN (Lucena, Córdoba) Premio Libertad Cuantos Más Mejor: FORO DE LAICOS ASIDONIA (Asidonia, Jerez). Premio Libertad Profesores en Marcha: ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y PERSONA (Castilla-La Mancha). Premio Libertad Sólo Ante el Peligro: PLATAFORMA SORIA EDUCA EN LIBERTAD (Soria). Premio Libertad Arrojo Jurídico: CARLOS SECO GORDILLO (Sevilla)
Finalmente, ha sido presentado el vídeo promocional del MOVIMIENTO OBJETOR A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA y la canción NI UN PASO ATRÁS en homenaje a los padres objetores.
Su letra es la siguiente:
Insólito escenario para una nueva batalla
El poder no quiere tierras, quiere conciencias dominadas
Quiere ciudadanos clonados
Sumisos y obedientes que estén adormilados
Y frente a este negro destino
Hay unos padres valientes que abren su camino
SI ESTÁS ENAMORADO DE LA LIBERTAD
SI QUIERES A TUS HIJOS, NI UN PASO ATRÁS
Y VERÁS COMO DAVID VUELVE A VENCER A GOLIATH
NI UN PASO ATRÁS
Te obligarán a confesar que dos y dos son tres, mañana serán cinco
Quieren derribar a Dios, nos cuentan que han encontrado un sustituto fijo
Más deporte y menos religión, de cintura para abajo el nuevo opio del pueblo
Hasta que un padre valiente apareció con fuerza, dando el primer paso al frente
SI ESTÁS ENAMORADO DE LA LIBERTAD
SI QUIERES A TUS HIJOS, NI UN PASO ATRÁS
Y VERÁS COMO DAVID VUELVE A VENCER A GOLIATH
NI UN PASO ATRÁS
Por cierto que intentarán por todos los medios intimidarte
Pero sabrán que un estudiante es capaz de parar él sólo hasta los tanques
SI ESTÁS ENAMORADO DE LA LIBERTAD
SI QUIERES A TUS HIJOS, NI UN PASO ATRÁS
Y VERÁS QUE DAVID VUELVE A VENCER A GOLIATH
NI UN PASO ATRÁS
RELACIÓN DE ASOCIACIONES, ENTIDADES Y PLATAFORMAS ADHERIDAS O PRESENTES EN EL PRIMER ENCUENTRO DE OBJETORES A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE SECUNDARIA, CASTILLA-LA MANCHA.
LA ROSA BLANCA EN GRANADA
ASOCIACIÓN FAMILIAR DE BALEARES
PLATAFORMA LUCENTINA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN FAMILIAR VIGUESA
PLATAFORMA PADRES POR LA EDUCACIÓN
ASOCIACIÓN MUJER, FAMILIA Y TRABAJO
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS OBJETORAS DE HUESCA
ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN ARAGÓN ¡VA SER QUE NO!
CENTRO JURÍDICO TOMÁS MORO
CANTABRIA: EDUCACIÓN Y LIBERTAD
CHEQUE ESCOLAR.ORG
PLATAFORMA DE OBJETORES EN CANARIAS
CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE ALUMNOS
FORO CIUDAD REAL EN LIBERTAD
CONFEDERACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
PLATAFORMA DE CIUDADANOS DE ALMAGRO
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA
PLATAFORMA XQ TE CALLAS (PLATAFORMA DE PADRES POR EL RESPETO Y LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN)
EDUCACIÓN Y PERSONA
SORIA EDUCA EN LIBERTAD
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA
PADRES POR LA LIBERTAD, VALLADOLID
FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS FAMILIARES CATÓLICOS
LEÓN EDUCA LIBERTAD
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES PER LA LLIBERTAT D'EDUCACIÓ
FORO DE LAICOS ASIDONIA
PLATAFORMA POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD DE ALICANTE
FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA
PLATAFORMA INDEPENDIENTE DE PADRES OBJETORES A EPC DE CÁCERES.- FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA
PADRES EN ACCIÓN
FUNDACIÓN PERSONA
VALDEMORO ES FAMILIA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU - OBRA SOCIAL DE LA ACDP
PLATAFORMA 27.3 PADRES POR LA LIBERTAD
GRUP D'ENTITATS CATALANES DE LA FAMILIA
CARTAGENA POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
HAZTEOIR.ORG
NAVARRA EDUCA EN LIBERTAD
INICIATIVA CIUDADANA CRISTIANA
PLATAFORMA VASCA "EDUCACIÓN Y LIBERTAD
INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR
PLATAFORMA DE ABUELOS
NOVILLADA.ORG
PLATAFORMA DE MADRES POR LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN
OBSERVATORIO PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA
OBSERVATORIO PARA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
PACTO POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES
PACTO POR LOS DERECHOS Y LIBERTADES (Valladolid)
PLATAFORMA EN DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA
PLATAFORMA LOS PADRES ELIGEN
PLATAFORMA POR LA CALIDAD DE LA ESCUELA PÚBLICA
PRESENCIA CRISTIANA (CÓRDOBA)
PRESENCIA CRISTIANA (TOLEDO)
PROFESIONALES POR LA ÉTICA
SOS FAMILIA
UNION DEMOCRÁTICA DE ESTUDIANTES
UNIÓN FAMILIAR ESPAÑOLA
Vengo de un país, Hungría, que ha tenido una experiencia totalitaria en la que la escuela era un mecanismo de control. Por eso apoyo a los padres objetores a Educación para la Ciudadanía
(Laszlo Marki, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Europeas de Familias Numerosas)
60 plataformas y asociaciones y 500 personas estarán presentes mañana en el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía
Madrid, 15 de febrero de 2008. Laszlo Marki, húngaro, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Europeas de Familias Numerosas, ha sido uno de los representantes de asociaciones europeas que ha presentado hoy en Madrid el I Encuentro de objetores de conciencia a Educación para la Ciudadanía. «En una sociedad democrática», ha manifestado, «las costumbres y los valores pertenecen al ámbito de las familias». En la presentación de este Encuentro han también las siguientes personalidades:
Inger Enkvist, catedrática de la Universidad de Lund (Suecia). Experta en sistemas educativos europeos y asesora del Ministerio de Educación de Suecia. Ha explicado que el conocimiento de las instituciones políticas y cívicas de un país debe estar presente en todas las materias educativas y no impartirse a través de una asignatura. Igualmente, cree que el Estado no puede imponer valores morales sin consenso social; de hecho, si la ley se introduce en el terreno de la educación moral, los ciudadanos pueden llegar a desconfiar de ella y eso tiene un efecto negativo en la convivencia. «En Suecia», ha asegurado, «no existe la asignatura Educación para la Ciudadanía; los conocimientos sobre el sistema político y las instituciones se imparten a través de la materia de Ciencias Sociales, que incluye contenidos académicos».
José Manuel García Hervás, presidente de la Asociación de Padres del Colegio Monte Tabor. Ha intervenido en representación de los padres objetores a Educación para la Ciudadanía y como presidente de la Asociación de Padres del colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón, en el que se han presentado 950 objeciones. García Hervás se ha mostrado encantado de que su colegio acoja el I Encuentro de Objetores de Conciencia Educación para la Ciudadanía.
Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, quien ha leído un comunicado enviado al Encuentro por la European Parents Association (EPA), una entidad que agrupa a 150 millones de padres europeos. En el comunicado, esta institución afirma que en España, la Educación para la Ciudadanía, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, incluye contenidos de adoctrinamiento moral e ideológico que suponen una grave intromisión en los derechos de los padres a formar a sus hijos conforme a sus criterios morales. La EPA considera que las convicciones morales, religiosas o filosóficas, no pueden imponerse mediante una asignatura obligatoria.
Jaime Urcelay ha presentado también el programa del I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía que se celebrará mañana sábado 16 de febrero en el colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El lema del Encuentro es Sin Miedo y responde, según Urcelay, a la actitud que tienen los padres objetores frente a las amenazas que les han dirigido desde el Gobierno y la Administración por defender sus derechos y los de sus hijos. Al Encuentro asistirán unas 500 personas que representan a su vez a más de 60 plataformas de padres, asociaciones y entidades de toda España. Durante el Encuentro habrá testimonios de padres objetores, presentación de experiencias y entrega de premios Libertad a personas y entidades especialmente comprometidas con la libertad de los padres frente al adoctrinamiento.
Jaime Urcelay ha presentado también el número de objeciones a Educación para la Ciudadanía registradas hasta la fecha. Estas objeciones ascienden al menos a 24 mil en toda España. Profesionales por la Ética ha realizado un exhaustivo análisis de 22 334 objeciones. Urcelay ha matizado que muchos padres que no desean comunicar su objeción a ninguna asociación y solo consta en la Administración o en el centro educativo por lo que, con toda seguridad, el número de objeciones registradas en toda España es de 24 mil.
Por último, Urcelay se ha dirigido a los partidos que tienen posibilidad de formar Gobierno después del 9 de marzo y les ha realizado una triple petición:
• Retirada de la asignatura Educación por su incompatibilidad con la libertad de conciencia.
• En todo caso, respeto al derecho constitucional a la objeción de conciencia de padres y alumnos y sensibilidad en el trato de esta realidad social.
• Recuperación del diálogo y el consenso para abordar los verdaderos problemas de nuestro sistema educativo, en un marco de libertad y calidad.
Según el Ministerio de Sanidad, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor crecimiento de la tasa de abortos en los últimos cuatro años. Profesionales por la Ética reclama medidas de apoyo a la mujer y transparencia a la Consejería de Salud.
La organización Profesionales por la Ética ha solicitado a los partidos políticos andaluces que presenten dentro de su programa electoral medidas que reduzcan la lacra social que es el aborto. El aborto es la segunda causa de defunción en Andalucía, ligeramente por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio y por delante del cáncer y de otras causas. Según los datos recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo relativos al año 2006 el número de defunciones por aborto en Andalucía fue de 18.581 (23% de las defunciones en nuestra Comunidad), situándose Andalucía en el tercer lugar tras Cataluña y Madrid.
La tasa de abortos se ha duplicado en Andalucía en los últimos ocho años, pasando de 5,16 a 10,46 por cada 1000 mujeres.
"No cabe mirar hacia otro lado. En una sociedad que se pretende desarrollada hay que encontrar una solución que no sea la muerte del más indefenso", declara Miguel Gómez de Agüero, Presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía.
Asimismo, esta organización denuncia que hace muy pocos meses el Parlamento Andaluz, ha rechazado una Iniciativa Legislativa Popular en favor del apoyo a la mujer embarazada. "La realidad ha vuelto a demostrar que los más débiles, el hijo y la mujer con problemas, son abandonados y las estadísticas son ocultadas o presentadas con una insensibilidad culpable".
Por otro lado, solicitan a la Consejería de Salud que haga público el Protocolo profesional que siguen los centros de aborto de Andalucía.
"La opinión pública andaluza tiene derecho a saber cuáles son los pasos que siguen obligatoriamente estos centros abortistas, especialmente, ante la situación de fetos que siguen vivos tras el aborto"
El criterio generalizado entre los ginecólogos es que, en caso de que un feto dé muestras de vida, después de un aborto, es decir, si tiene respiración y frecuencia cardíaca debe ser reanimado por los profesionales que se encuentren presentes.
Profesionales por la Etica - Andalucía considera imprescindible una total transparencia en la normativa, seguimiento y control de estas entidades privadas, homologadas por la Consejería de Salud.
La intransigencia contra la Iglesia católica anuncia la imposición del pensamiento único
Nuevamente, el PSOE y sus aliados han mostrado su lado más intolerante al reaccionar de forma agresiva ante las propuestas públicas de la Iglesia católica. Estas asombrosas y desmedidas reacciones ante la expresión de los criterios morales de la jerarquía católica se iniciaron hace un mes tomando como pretexto una pacífica concentración eclesial a favor de la familia cristiana.
Posteriormente fueron los criterios morales expuestos por los obispos del sur de España respecto a las próximas elecciones los que pusieron de manifiesto que los gobernantes socialistas de Andalucía no están dispuestos a admitir críticas. Sus reacciones, además, no se han limitado a las palabras: ya se ha anunciado que en esta Comunidad Autónoma no habrá capillas ni oratorios en los nuevos hospitales públicos.
Nuevamente hoy, con motivo de una nota emitida por la Conferencia Episcopal Española para orientar moralmente el voto de los católicos, la Ejecutiva del PSOE ha reaccionado con insultos a los juicios morales que los obispos brindan a nuestra comunidad. Otra vez el partido en el poder rechaza de plano la propuesta de una institución milenaria, la Iglesia católica, que constituye un referente para la mayoría de los ciudadanos y que en una sociedad democrática tiene pleno derecho a expresar públicamente sus propuestas para la mejora de la convivencia y la consecución del bien común.
A poco más de un mes de las elecciones generales, se repiten las evidencias de que una segunda legislatura protagonizada por el actual Presidente de Gobierno y sus socios recortará la libertad religiosa (excluyendo a los católicos de la vida pública e intentando relegar el hecho cristiano a la marginalidad), de conciencia (nadie podrá discrepar públicamente del pensamiento gubernamental) y de educación (con la consolidación de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, un instrumento de formación moral).
Profesionales por la Ética ha presentado en el Parlamento Europeo el Informe Educación para la Ciudadanía en España: la batalla por la libertad. El acto ha estado dirigido por Miguel Gómez de Agüero, Presidente de la Red Internacional de Profesionales por la Ética y José Luis Bazán, abogado y experto de los Derechos Humanos.
Asimismo, ha estado presente Pilar del Castillo, eurodiputada española en el Parlamento Europeo y ex ministra de Educación, quien ha destacado que los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía sobre la construcción europea y la Constitución española pueden introducirse en distintas materias, como hasta ahora se venía haciendo. Asimismo, Pilar del Castillo ha afirmado que Educación para la Ciudadanía impone una determinada visión o una determinada moral y las visiones morales no es imponen: "Cada uno tiene las que tiene, son todas legítimas pero desde luego no puede ser obligatoria una de ellas, de la misma manera que no lo es la religión. ¿Qué pensaríamos si la religión fuera obligatoria? Todo el mundo pondría el grito en el cielo".
En el acto han estado presentes otros eurodiputados como Jaime Mayor Oreja, Marie Panayotopoulos (griego) y José Ribero de Castro (portugués).
La presentación se ha inscrito dentro de la campaña internacional que Profesionales por la Ética está llevando a cabo para dar a conocer la situación de los padres objetores frente a Educación para la Ciudadanía. Este movimiento contrario a la polémica asignatura ha recibido el apoyo de asociaciones como Catholic Family and Human Rights Institute (USA); Iona Institute (Irlanda); Instituit for Familie Politikk (Noruega); Comité pour la Dignité Humaine (Francia); APFN (Portugal); CDL (Alemania); Kids Net (Alemania); Forum of Life (Slovakia); GOL Foundation (Malta); CESPAS (Italia); Polish Federation of Pro Life Movements (Polonia); Civitas (Croacia) y New Woman for Europe (Bélgica), además del Observatorio de la EPA (European Parents Association) que representa a más de 150 millones de padres europeos.
En el acto celebrado en Bruselas se ha pedido a los diferentes parlamentarios su adhesión al Manifiesto internacional que la EPA ya ha secundado y el compromiso de difundir esta situación en diversos foros y estamentos internacionales a fin de que presionar al Gobierno español para que modifique su política en relación con la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En dicho Manifiesto se destaca la situación de los padres españoles que han objetado en conciencia a la polémica asignatura y cuyos hijos están siendo presionados o amenazados. Para Profesionales por la Ética, los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en España, lejos de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa, introducen contenidos de orden moral que suponen una intromisión inaceptable en el derecho de los padres.
En la actualidad son ya más de 22.000 las objeciones presentadas en España contra la asignatura. Asimismo se han interpuesto varios recursos contenciosos ante los tribunales en Asturias, País Vasco y Andalucía.
Ante la falta de consenso y los fallos judiciales que amparan a los objetores,Profesionales por la Ética solicita la retirada de la asignatura
Madrid, 21 de enero de 2007. Las Administraciones educativas socialistas empiezan a verse obligadas a admitir la importancia de las objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Así ha ocurrido el pasado 18 de enero en el transcurso de un debate sobre Educación para la Ciudadanía en Sonseca (Toledo), en el que el Delegado de Educación en la provincia, Francisco García Galán, reconoció públicamente que su departamento tenía registradas 3.900 objeciones a Educación para la Ciudadanía (EPC) solamente en Toledo. Esta cifra es incluso algo superior a la que se venía ofreciendo desde la entidades promotoras de la objeción, lo que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que hasta ahora tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ocultaban sistemáticamente los datos de objeciones de conciencia y despreciaban en sus declaraciones públicas el movimiento cívico de los padres a favor de la libertad de educación de sus hijos.
En el mismo sentido, el 16 de enero, el Viceconsejero de Educación de Andalucía, Sebastián Cano, ha declarado a los medios de comunicación que tiene contabilizadas 420 objeciones en toda la Comunidad Autónoma de padres a los que este año afecta directamente la asignatura por tener hijos en 3º de la ESO. Es también la primera vez que la Administración andaluza reconoce la importancia del movimiento objetor en esta Comunidad, que totaliza ya más de 4.000 objeciones para todos los cursos, a pesar del ambiente de amenaza y represión creado por las autoridades de la Junta para hacer desistir a los padres contrarios a la imposición de Educación para la Ciudadanía.
Además, en relación con la objeción a EPC, se ha producido otra novedad que refuerza a los objetores. En una resolución de 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado a los hijos de padres objetores de Málaga y Bollillos Par del Condado (Huelva) a no asistir a las clases de Educación para la ciudadanía, como medida cautelar, hasta que se dicte sentencia sobre el recurso contencioso en protección de derechos fundamentales presentado por dichos padres. Finalmente, en un nuevo auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también había ya admitido anteriormente la no obligación de asistencia a clase de los hijos de padres objetores, ha confirmado que el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales es «la vía adecuada» en los recursos que los padres objetores habían presentado frente a EPC. De esta manera, el Tribunal rechaza una solicitud realizada por la abogacía del Estado y el gobierno asturiano, que habían intentado que el recurso de los padres objetores no se admitiese por la vía de protección de derechos fundamentales.
Ante estas importantes novedades que confirman la falta de consenso de la asignatura y su incompatibilidad con el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Constitución, el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, va a solicitar al Ministerio de Educación la suspensión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades autónomas en las que se está impartiendo en el presente curso y su posterior retirada tal como se encuentra desarrollada en los actuales decretos de contenidos. Igualmente, Profesionales por la Ética solicitará la dimisión de los consejeros de Educación de Andalucía y Castilla-La Mancha por haber negado la existencia de objeciones a EPC y por amenazar con el suspenso y la expulsión a los padres que, ejerciendo sus derechos constitucionales, se proponían objetar.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA CRITICA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PORTAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD PARA RESOLVER DUDAS DE LOS ADOLESCENTES SOBRE SEXO
Ramón Novella, responsable del Área de Educación de Profesionales por la Ética, ha criticado la nueva iniciativa del Ministerio de Sanidad de crear un portal dedicado a resolver las dudas de los adolescentes sobre sexo a través de internet, con la finalidad de que puedan mantener una conversación "confidencial, privada y sin vergüenzas" sobre las dudas que puedan tener sobre enfermedades de trasmisión sexual o métodos anticonceptivos, en palabras de dicho organismo.
Con esta medida el Gobierno vuelve a intervenir en la educación de los menores, sin contar con el conocimiento ni el consentimiento de los padres, y sin tener en cuenta sus convicciones morales, religiosas o filosóficas. Ha destacado la gravedad del hecho de que se facilite la información a sus espaldas, y sin tener conocimiento de su contenido. Es un paso más para adoctrinar a los hijos y para suplantar el papel educativo fundamental de la familia, en la misma línea de otras medidas, como la implantación de la educación para la ciudadanía, la supresión en el Código Civil de la potestad de poder corregir a los hijos, o en el caso de Cataluña, los programas de Salud y Escuela y la difusión de folletos de educación sexual. El Estado –ha afirmado- pretende apoderarse de la conciencia de los menores, por encima de la opinión de sus padres.
Por otra parte ha recordado el fracaso de los anteriores programas de “educación sexual”, inspirados en los mismos principios y propuestas que el actual, que solo han servido para promover la promiscuidad y la irresponsabilidad entre los adolescentes y jóvenes, y que han provocado un aumento los embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre ellos. Así por ejemplo, según datos del Instituto de la Mujer, se ha pasado de 40 a 12.460 abortos en las chicas de 15 a 19 años, entre los años 1986 y 2005, lo que significa que la cifra se ha multiplicado por 311. Igualmente se ha preguntado si el Ministerio asumirá la responsabilidad por los que se produzcan como consecuencia de la utilización incorrecta o los defectos de fabricación de los métodos anticonceptivos recomendados desde su web.
Finalmente ha llamado a las familias y a los ciudadanos para que se movilicen y manifiesten su rechazo a dicho programa, y a asumir la defensa del derecho a educar a sus hijos frente al intervencionismo de la Administración.
. 73 preguntas y respuestas ayudarán a los padres que quieran objetar o ya lo hayan hecho.
. Profesionales por la Ética pone a disposición de las familias equipos jurídicos en diferentes CCAA
Profesionales por la Ética ha presentado hoy en Madrid la publicación Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, Guía Jurídica.
Se trata de un cuestionario amplio, dirigido al público en general, en el que se resuelven todas las dudas relacionadas con la objeción de conciencia frente a la polémica asignatura. Es una herramienta útil y comprensible porque está elaborada a partir de la asesoría jurídica a padres que han objetado o se proponen objetar. En la publicación se proporciona a los padres un total de 73 preguntas y respuestas sobre las dudas a las que pueden enfrentarse los objetores a la asignatura: efectos inmediatos de la objeción, derechos de los padres, quienes pueden objetar así como las consecuencias prácticas (y sus soluciones) que pueda suponer para las familias enfrentarse a Educación para la Ciudadanía.
En la presentación de esta nueva publicación de PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha intervenido José Luis Bazán, doctor en Derecho y Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética. Según Bazán, la publicación Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, Guía Jurídica, llegará a unos cuatro millones de padres ya que se podrá descargar gratuitamente por Internet o solicitar a info@profesionalesetica.org: “La batalla jurídica es muy importante. Gracias a los recursos interpuestos en Asturias, Andalucia, País Vasco y los que están en marcha se demuestra que este es un tema entre los padres y la Administración que intenta vulnerar una libertad fundamental como es la de educación”.
Asimismo, la Guía resuelve posibles cuestiones sobre los formularios que hay que presentar, plazos de respuesta, cómo constituir una plataforma de padres o cómo acudir al Defensor del Menor en caso de que sea necesario. Además, se tratan las diversas vías procesales para el planteamiento de los recursos o demandas ante los Tribunales de Justicia. Para todo ello, Profesionales por la Ética dispone de un amplio equipo jurídico que asesorará, en todos los trámites necesarios, a los padres que hayan objetado o se propongan hacerlo.
En el acto ha estado presente también Carlos Seco, Abogado de Sevilla, objetor de conciencia y padre recurrente contra el Decreto andaluz de Educación para la Ciudadanía. Seco ha resumido en qué situación se encuentra el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los padres andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, ha relatado cómo la Junta de Andalucía ha intentado presionar en este proceso jurídico mediante la personación de sindicatos y editoriales afines, como las del Grupo Prisa.
En la presentación también ha intervenido Cristina Rodríguez, madre objetora y presidenta de la Asociación de Madres y Padres de un colegio público de Toledo. Rodríguez ha relatado las presiones que sufren los padres que han objetado o se proponen hacerlo por parte de algunas administraciones como la castellanomanchega: “Esta hostilidad, sin embargo, provoca el efecto contrario al deseado porque las objeciones frente a Educación para la Ciudadanía superan las 5000 solamente en la provincia de Toledo. Yo como madre no pienso dejar de pelear por el derecho a educar a mis hijos. No pienso dejarlo en manos del Estado”.
Para finalizar, Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, ha anunciado dos acciones inmediatas en relación a la campaña de oposición a Educación para la Ciudadanía: La presentación del Informe Educación para la Ciudadanía en España: la batalla por la libertad en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas que tendrá lugar el próximo 23 de enero y se inscribe en la campaña internacional que los padres objetores están llevando a cabo por diversos países y foros internacionales.
Asimismo, se ha anunciado la celebración del Primer Encuentro Nacional de Objetores que tendrá lugar en Madrid el 16 de febrero. Urcelay ha señalado que en las próximas semanas se presentará a los medios de comunicación el programa así como los invitados que participarán en el Encuentro.
Comunicado de Profesionales por la Ética ante la deriva totalitaria del PSOE
Madrid, 2 de enero de 2008.
El alud de descalificaciones e insultos que, desde diversas instancias políticas, se han dirigido hacia la Iglesia Católica y los miles de ciudadanos que se han concentrado el pasado día 30 en Madrid refleja una deriva totalitaria en el actual Gobierno. Los ciudadanos reunidos en Madrid se han limitado a ejercer, de manera pacífica y ejemplar, libertades constitucionales básicas como son las de expresión y manifestación y el derecho a participar en los asuntos públicos.
Desde PROFESIONALES POR LA ÉTICA, como parte de la sociedad civil, exigimos a la clase política mayor respeto hacia el pluralismo social y hacia la libre concurrencia de propuestas para la construcción del bien público, que no es monopolio de nadie.
Las críticas realizadas por personalidades del Gobierno, como el ministro de Justicia, establecen arbitrariamente dos categorías de ciudadanos:
1._ Los que pueden ejercer plena y libremente sus derechos fundamentales.
2._ Los que, por mantener convicciones religiosas, son de hecho excluidos de la vida pública.
A dos meses de las elecciones generales, la actitud del algunos miembros del Gobierno y de la dirección del PSOE evidencian que una segunda legislatura dirigida por el actual Presidente de Gobierno recortará la libertad religiosa (excluyendo a los católicos de la vida pública), de conciencia (nadie podrá discrepar del pensamiento gubernamental) y de educación (con la consolidación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, un instrumento de formación moral).
Por otra parte, concentraciones como la del 30 de diciembre ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de españoles apuestan por el matrimonio y la familia constituida por la unión del hombre y la mujer y abierta a la vida. El Gobierno, sin embargo, ha cambiado el Código Civil para favorecer los intereses de una exigua minoría de ciudadanos que apenas ha hecho uso de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismos sexo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la asignatura puede ser contraria a los derechos fundamentales
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco ha admitido a trámite, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, el recurso presentado por los padres vascos contra el Decreto autonómico por el que se desarrolla Educación para la Ciudadanía en dicha Comunidad.
La resolución por la que el Tribunal ha adoptado esta decisión fue notificada el pasado día 28 al abogado de los demandantes, Iñigo Urien. En su demanda los padres alegaban que Educación para la Ciudadanía vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal y a no declarar sobre sus creencias. Asimismo alegaban la vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones sin injerencias del Estado o de la Administración.
Como en su momento ya indicó la red de Profesionales por la Ética en un informe al respecto, el currículo de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco tiene, como en el resto de Comunidades, una fuerte carga de educación moral de los alumnos que es contraria a la libertad ideológica en la escuela. De manera específica, el currículo vasco reconoce que la asignatura se introduce en el mundo de los valores y de las elecciones personales, por lo que el alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia, la actividad crítica sobre los propios valores y conductas. El decreto vasco de EPC también incluye el rechazo de conductas violentas generadas por el sistema sexo-género y las estrategias sociales de transmisión de roles y valores: familia, escuela, publicidad, medios de comunicación, etc.
La nueva resolución del Tribunal vasco se suma así a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en fecha 13 de Septiembre de 2007 dio la razón a los padres opositores a la asignatura al establecer que “existe apariencia de la vulneración de derechos fundamentales” y que por lo tanto su recurso debía ser tramitado por el procedimiento especial.
Los servicios jurídicos de Profesionales por la Ética han recibido con gran satisfacción esta nueva resolución judicial. Para su responsable, José Luis Bazán, “la resolución del Tribunal vasco confirma nuevamente que la asignatura es contraria a los derechos fundamentales, que nunca debió imponerse y que, antes o después, va a tener que ser retirada”. Para el experto jurista “debe tenerse en cuenta, además, que muy pronto empezarán a llegar a los tribunales de justicia los múltiples recursos presentados contra las objeciones de conciencia denegadas por la Administraciones educativas socialistas y que ya el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado, como medida cautelar, la no obligatoriedad de la asistencia a clase de los alumnos objetores”.
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