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Gobierno y comunidades autónomas desprecian al Tribunal Supremo
19.06.09 @ 01:52:54. Archivado en España
La Administración educativa incumple las sentencias sobre objeción a EpC
A punto de finalizar el curso escolar, resulta evidente que las administraciones educativas no han hecho sus deberes.
Como es sabido, en el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo resolvió sobre la objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). El Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los colores se apresuraron a exigir a los objetores que entraran en clase y abandonáran su oposición a las asignaturas.
El problema es que las sentencias del Supremo tenían un «apartado b» que las Administraciones educativas no han querido aplicar. Básicamente, las 5 sentencias dictadas indican que las asignaturas obligatorias de EpC
no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa- ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.
Pues bien, según explica José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, las administraciones educativas están incumpliendo las sentencias del Supremo de dos maneras:
Por acción. Es decir, recomendando expresamente materiales didácticos claramente adoctrinadores. Es el caso de la Junta de Andalucía, que incluye en su web (entre otras recomendaciones) el vídeo del Día del Orgullo Gay para abordar EpC. De igual modo actúa el Ministerio de Educación, que incluye actividades didácticas para EpC consistentes en debatir lo que hace bien y mal la Iglesia católica. Institutos de Enseñanza Secundaria como el Laguna de Joaztel de Getafe (dependiente de la Comunidad de Madrid) recomiendan el multimedia Sexpresan (premiado por el Ministerio de Educación) que invita a los adolescentes a autoexplorarse para encontrar las zonas placenteras de su cuerpo.
Por omisión. Las Consejerías de Educación no han adoptado ninguna medida para garantizar la neutralidad educativa exigida por el Tribunal Supremo mediante la revisión de los libros de texto y los materiales y actividades didácticas de EpC. Es más, ni siquiera han informado a los profesores ni a los centros de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo en el sentido de ser extremadamente objetivos en las cuestiones que se exponen.
«En definitiva», explica Bazán, «no es lógico que el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos exijan a los padres que no objeten a EpC mientras ellos no cumplen con su parte de las sentencias. Por tanto, es perfectamente legítimo que los padres sigan oponiéndose al adoctrinamiento escolar incluso mediante la objeción de conciencia, si así lo consideran oportuno».
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