Gobierno y comunidades autónomas desprecian al Tribunal Supremo

19.06.09 @ 01:52:54. Archivado en España

La Administración educativa incumple las sentencias sobre objeción a EpC

A punto de finalizar el curso escolar, resulta evidente que las administraciones educativas no han hecho sus deberes.

Como es sabido, en el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo resolvió sobre la objeción a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). El Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los colores se apresuraron a exigir a los objetores que entraran en clase y abandonáran su oposición a las asignaturas.

El problema es que las sentencias del Supremo tenían un «apartado b» que las Administraciones educativas no han querido aplicar. Básicamente, las 5 sentencias dictadas indican que las asignaturas obligatorias de EpC

no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa- ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas.

Pues bien, según explica José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, las administraciones educativas están incumpliendo las sentencias del Supremo de dos maneras:

Por acción. Es decir, recomendando expresamente materiales didácticos claramente adoctrinadores. Es el caso de la Junta de Andalucía, que incluye en su web (entre otras recomendaciones) el vídeo del Día del Orgullo Gay para abordar EpC. De igual modo actúa el Ministerio de Educación, que incluye actividades didácticas para EpC consistentes en debatir lo que hace bien y mal la Iglesia católica. Institutos de Enseñanza Secundaria como el Laguna de Joaztel de Getafe (dependiente de la Comunidad de Madrid) recomiendan el multimedia Sexpresan (premiado por el Ministerio de Educación) que invita a los adolescentes a autoexplorarse para encontrar las zonas placenteras de su cuerpo.

Por omisión. Las Consejerías de Educación no han adoptado ninguna medida para garantizar la neutralidad educativa exigida por el Tribunal Supremo mediante la revisión de los libros de texto y los materiales y actividades didácticas de EpC. Es más, ni siquiera han informado a los profesores ni a los centros de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo en el sentido de ser extremadamente objetivos en las cuestiones que se exponen.

«En definitiva», explica Bazán, «no es lógico que el Gobierno nacional y los gobiernos autonómicos exijan a los padres que no objeten a EpC mientras ellos no cumplen con su parte de las sentencias. Por tanto, es perfectamente legítimo que los padres sigan oponiéndose al adoctrinamiento escolar incluso mediante la objeción de conciencia, si así lo consideran oportuno».

Elegancia y esnobismo

18.06.09 @ 07:25:45. Archivado en España

Mi experiencia en el aula con Educación para la Ciudadanía en 2º de la ESO y con Educación Ético-Cívica en 4º de la ESO ha sido deprimente. Un curriculum con cápsulas jeroglíficas, una hora lectiva a la semana y alumnos desfondados por un nefasto sistema educativo son ingredientes suficientes y necesarios para parir un engendro que puede ser o bien explosivo o bien inane.

Antes de aterrizar con la asignatura estrella del Ministerio de Educación vaticiné su despanzurrado despegue y su estrellado vuelo. Lo que se origina con impostura se desarrolla con estropicios. La elegancia de la Ética fue sustituida por el esnobismo progresista de Educación para la Ciudadanía. En el mundo científico y filosófico, la elegancia es el uso de la distancia más corta para alcanzar una demostración. El esnobismo educativo-ciudadano es imitación de opiniones con afectación, y su ausencia de sencillez conlleva una extravagante presunción de verdad, que es capaz de hipnotizar una mentalidad por forjar y sin criterio definido.

En la Ética a Nicómaco brilla con fuerza intelectual la definición aristotélica de felicidad. Con expresión sobria, Aristóteles conceptúa el fin último del hombre y expone cómo la actividad intelectual se ajusta a una vida agradable y digna, porque la contemplación es lo que más nos aproxima a la divinidad y lo que más nos aleja de lo vulgar y meramente sensitivo. Este rigor filosófico ha sido soslayado no ya por opiniones sino por conjeturas basadas en peregrinas afirmaciones, que pueden ser dardos envenenados de ideología política. Lamentable.

De acuerdo con el libro de texto que he tenido que padecer durante este curso, la felicidad es sentirse bien, estar contento. A esta sesuda sentencia, se añaden ejemplos y actividades que son un insulto hasta para la inteligencia más inoperante. Así, propuesta de debate: «¿nos hace más felices el botellón?». Un cúmulo de chorradas invade sin pudor la magnífica herencia recibida de nuestros clásicos. La ignorancia es, desde luego, atrevida, y su tendencia es la complicación excesiva de problemas; por eso, es ajena a la elegancia, que es amiga de la sencillez y simplicidad.

Desdeñada la reflexión filosófica sobre Ética y Política, se ha pergeñado un pastiche de contenidos, actividades, debates (¡nefasta terminología!) que educan para ser un buen ciudadano. Un lujo sin precedentes para las jóvenes mentes españolas que se hallan a la cola de los informes PISA.

Monserrat Bartolomé. Doctora en Filosofía. Profesora.

La cultura de la muerte se instala en Andalucía

16.06.09 @ 06:27:46. Archivado en España

El proyecto de “LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA MUERTE”, nuevo riesgo para la vida e intromisión en la libertad profesional de los médicos

En relación con el proyecto de Ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte que se está tramitando en Andalucía, la asociación Profesionales por la Ética desea hacer constar lo siguiente:

Se trata de un paso más en la ilegítima pretensión de introducir en España un inexistente derecho a la muerte, rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Vulnera los principios de la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999), según la cual “el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida”.

No responde a ninguna necesidad real de proteger la dignidad del paciente al final de su vida puesto que las normas jurídicas y deontológicas en vigor ya la tutelan satisfactoriamente, conciliando equilibradamente la libertad moral del paciente, las obligaciones éticas del sanitario y los derechos de las instituciones religiosas asistenciales.

Propone prácticas sanitarias que contravienen el artículo 143.4 del Código Penal. Así, la suspensión indebida de tratamientos básicos de soporte vital como la ventilación mecánica.

Se instrumentaliza al médico que se convierte en ejecutor legal de la voluntad del paciente de suicidarse, no respetando debidamente el derecho constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia.

Se abre la vía a la intromisión en la intimidad del paciente mediante la creación de Comités de Ética Asistencial, cuyos miembros podrían ser elegidos arbitrariamente de acuerdo con criterios ideológicos y no exclusivamente técnicos.

Vacía de contenido la libertad constitucionalmente garantizada de las instituciones religiosas asistenciales, que no podrán actuar conforme a sus principios éticos y religiosos, al obligarles a ser cooperadores obligados de pacientes que buscan el suicidio.

Se utiliza un lenguaje claramente manipulado y manipulador de los sentimientos y emociones en relación con un momento vital tan importante como la muerte de una persona.

La libertad se globaliza: los padres portugueses se rebelan

06.06.09 @ 11:50:34. Archivado en Europa

Los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) españoles son conscientes de sus derechos frente a la intromisión del Estado en su casa, en su familia y en su intimidad. En definitiva, apuestan por la libertad frente al adoctrinamiento de sus hijos a través de la educación obligatoria en cuestiones que les compete a ellos como padres.

La iniciativa de los objetores españoles ya ha traspasado fronteras. El vídeo Ni un paso atrás es suficientemente conocido en el mundo anglosajón como Don`t take a step back, un lema que ha dado la vuelta al mundo gracias a Internet.

Ahora la batalla por la libertad de los padres también se libra en Portugal. A la importante labor de difusión que viene haciendo la Plataforma Portuguesa por la Libertad de Educación se suma otra plataforma de padres portugueses denominada Resistencia Nacional que se propone desarrollar una serie de iniciativas para defender su derecho a educar a sus hijos frente a lo que denominan nacionalsexualismo totalitario, una educación sexual obligatoria que se quiere imponer obligatoriamente en todos los centros educativos del país vecino.

En un comunicado, los padres portugueses se dirigen a la Asamblea Legislativa indicándoles que la explicación científica sobre la reproducción humana ya se imparte en la escuela. «Ahora los políticos», aseguran, «quieren adoctrinar con sus valores y su visión del hombre» escogiendo para ello «uno de los 300 modelos de educación sexual existentes». Por ello, los padres exigen a los legisladores que demuestren científicamente que el modelo de educación sexual impuesto es el más adecuado para prevenir embarazos adolescentes y enfermedades y reclaman su derecho a educar a sus hijos de acuerdo con valores.

Finalmente, la plataforma portuguesa anuncia que, en los próximos días, dará a conocer una serie de iniciativas para promover la resistencia de los padres frente al adoctrinamiento escolar.

LOS NUEVOS DERECHOS, PROYECTO ESTRELLA DE ZAPATERO

02.06.09 @ 23:12:46. Archivado en España

Profesionales por la Ética se suma a la próxima manifestación por el Derecho a Vivir

Según los medios de comunicación, una mayoría de españoles es contraria a que las menores puedan abortar a partir de los 16 años. Sin embargo, este dato desenfoca el debate fundamental y es que con la reforma emprendida por el Gobierno de Zapatero, el aborto dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho.

«A diferencia de un delito», afirma Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, «un derecho es exigido y promovido; por eso la nueva ley del aborto incluye un apartado de educación sexual y reproductiva obligatoria en el marco de la enseñanza escolar obligatoria». Para Profesionales por la Ética, lo más significativo es que el nuevo derecho al aborto forma parte del proyecto de reingeniería social de Zapatero en el que es el Gobierno quien otorga y suprime derechos.

Fernández de Alarcón manifiesta también la escasa relevancia que se otorga a los médicos y profesionales de Sanidad en la liberalización del aborto. «No olvidemos», asegura, «que ante un derecho los médicos y el resto del personal sanitario difícilmente podrá negarse a colaborar sin ser penalizado. ¿Qué va a ocurrir con el derecho a la objeción de conciencia de estos profesionales? Nos tememos que se regule este derecho para restringirlo o para elaborar un registro de médicos objetores, una vieja aspiración de los gobiernos socialistas».

Fernández de Alarcón comunica igualmente que Profesionales por la Ética se adhiere a la marcha por el Derecho a Vivir que ha sido convocada por más de 40 entidades y que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Madrid. «Al igual que hicimos el pasado 29 de marzo (http://profesionalescomunica.wordpress.com/2009/03/27/el-aborto)», asegura, «nuestra asociación se suma decididamente a esta nueva iniciativa que sin duda va a encontrar una respuesta masiva en la sociedad».

Profesionales por la Ética está adherida a la plataforma Derecho a Vivir (http://derechoavivir.org/adhesiones/), una de las entidades convocantes a la manifestación del 17 de octubre.

LOS NUEVOS DERECHOS, PROYECTO ESTRELLA DE ZAPATERO

02.06.09 @ 23:12:46. Archivado en España

Profesionales por la Ética se suma a la próxima manifestación por el Derecho a Vivir

Según los medios de comunicación, una mayoría de españoles es contraria a que las menores puedan abortar a partir de los 16 años. Sin embargo, este dato desenfoca el debate fundamental y es que con la reforma emprendida por el Gobierno de Zapatero, el aborto dejará de ser un delito despenalizado en algunos supuestos para convertirse en un derecho.

«A diferencia de un delito», afirma Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, «un derecho es exigido y promovido; por eso la nueva ley del aborto incluye un apartado de educación sexual y reproductiva obligatoria en el marco de la enseñanza escolar obligatoria». Para Profesionales por la Ética, lo más significativo es que el nuevo derecho al aborto forma parte del proyecto de reingeniería social de Zapatero en el que es el Gobierno quien otorga y suprime derechos.

Fernández de Alarcón manifiesta también la escasa relevancia que se otorga a los médicos y profesionales de Sanidad en la liberalización del aborto. «No olvidemos», asegura, «que ante un derecho los médicos y el resto del personal sanitario difícilmente podrá negarse a colaborar sin ser penalizado. ¿Qué va a ocurrir con el derecho a la objeción de conciencia de estos profesionales? Nos tememos que se regule este derecho para restringirlo o para elaborar un registro de médicos objetores, una vieja aspiración de los gobiernos socialistas».

Fernández de Alarcón comunica igualmente que Profesionales por la Ética se adhiere a la marcha por el Derecho a Vivir que ha sido convocada por más de 40 entidades y que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Madrid. «Al igual que hicimos el pasado 29 de marzo (http://profesionalescomunica.wordpress.com/2009/03/27/el-aborto)», asegura, «nuestra asociación se suma decididamente a esta nueva iniciativa que sin duda va a encontrar una respuesta masiva en la sociedad».

Profesionales por la Ética está adherida a la plataforma Derecho a Vivir (http://derechoavivir.org/adhesiones/), una de las entidades convocantes a la manifestación del 17 de octubre.