Profesionales por la Ética ha presentado en el Parlamento Europeo el Informe Educación para la Ciudadanía en España: la batalla por la libertad. El acto ha estado dirigido por Miguel Gómez de Agüero, Presidente de la Red Internacional de Profesionales por la Ética y José Luis Bazán, abogado y experto de los Derechos Humanos.
Asimismo, ha estado presente Pilar del Castillo, eurodiputada española en el Parlamento Europeo y ex ministra de Educación, quien ha destacado que los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía sobre la construcción europea y la Constitución española pueden introducirse en distintas materias, como hasta ahora se venía haciendo. Asimismo, Pilar del Castillo ha afirmado que Educación para la Ciudadanía impone una determinada visión o una determinada moral y las visiones morales no es imponen: "Cada uno tiene las que tiene, son todas legítimas pero desde luego no puede ser obligatoria una de ellas, de la misma manera que no lo es la religión. ¿Qué pensaríamos si la religión fuera obligatoria? Todo el mundo pondría el grito en el cielo".
En el acto han estado presentes otros eurodiputados como Jaime Mayor Oreja, Marie Panayotopoulos (griego) y José Ribero de Castro (portugués).
La presentación se ha inscrito dentro de la campaña internacional que Profesionales por la Ética está llevando a cabo para dar a conocer la situación de los padres objetores frente a Educación para la Ciudadanía. Este movimiento contrario a la polémica asignatura ha recibido el apoyo de asociaciones como Catholic Family and Human Rights Institute (USA); Iona Institute (Irlanda); Instituit for Familie Politikk (Noruega); Comité pour la Dignité Humaine (Francia); APFN (Portugal); CDL (Alemania); Kids Net (Alemania); Forum of Life (Slovakia); GOL Foundation (Malta); CESPAS (Italia); Polish Federation of Pro Life Movements (Polonia); Civitas (Croacia) y New Woman for Europe (Bélgica), además del Observatorio de la EPA (European Parents Association) que representa a más de 150 millones de padres europeos.
En el acto celebrado en Bruselas se ha pedido a los diferentes parlamentarios su adhesión al Manifiesto internacional que la EPA ya ha secundado y el compromiso de difundir esta situación en diversos foros y estamentos internacionales a fin de que presionar al Gobierno español para que modifique su política en relación con la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En dicho Manifiesto se destaca la situación de los padres españoles que han objetado en conciencia a la polémica asignatura y cuyos hijos están siendo presionados o amenazados. Para Profesionales por la Ética, los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en España, lejos de seguir las recomendaciones del Consejo de Europa, introducen contenidos de orden moral que suponen una intromisión inaceptable en el derecho de los padres.
En la actualidad son ya más de 22.000 las objeciones presentadas en España contra la asignatura. Asimismo se han interpuesto varios recursos contenciosos ante los tribunales en Asturias, País Vasco y Andalucía.
Ante la falta de consenso y los fallos judiciales que amparan a los objetores,Profesionales por la Ética solicita la retirada de la asignatura
Madrid, 21 de enero de 2007. Las Administraciones educativas socialistas empiezan a verse obligadas a admitir la importancia de las objeciones de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía. Así ha ocurrido el pasado 18 de enero en el transcurso de un debate sobre Educación para la Ciudadanía en Sonseca (Toledo), en el que el Delegado de Educación en la provincia, Francisco García Galán, reconoció públicamente que su departamento tenía registradas 3.900 objeciones a Educación para la Ciudadanía (EPC) solamente en Toledo. Esta cifra es incluso algo superior a la que se venía ofreciendo desde la entidades promotoras de la objeción, lo que no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que hasta ahora tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ocultaban sistemáticamente los datos de objeciones de conciencia y despreciaban en sus declaraciones públicas el movimiento cívico de los padres a favor de la libertad de educación de sus hijos.
En el mismo sentido, el 16 de enero, el Viceconsejero de Educación de Andalucía, Sebastián Cano, ha declarado a los medios de comunicación que tiene contabilizadas 420 objeciones en toda la Comunidad Autónoma de padres a los que este año afecta directamente la asignatura por tener hijos en 3º de la ESO. Es también la primera vez que la Administración andaluza reconoce la importancia del movimiento objetor en esta Comunidad, que totaliza ya más de 4.000 objeciones para todos los cursos, a pesar del ambiente de amenaza y represión creado por las autoridades de la Junta para hacer desistir a los padres contrarios a la imposición de Educación para la Ciudadanía.
Además, en relación con la objeción a EPC, se ha producido otra novedad que refuerza a los objetores. En una resolución de 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha autorizado a los hijos de padres objetores de Málaga y Bollillos Par del Condado (Huelva) a no asistir a las clases de Educación para la ciudadanía, como medida cautelar, hasta que se dicte sentencia sobre el recurso contencioso en protección de derechos fundamentales presentado por dichos padres. Finalmente, en un nuevo auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que también había ya admitido anteriormente la no obligación de asistencia a clase de los hijos de padres objetores, ha confirmado que el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales es «la vía adecuada» en los recursos que los padres objetores habían presentado frente a EPC. De esta manera, el Tribunal rechaza una solicitud realizada por la abogacía del Estado y el gobierno asturiano, que habían intentado que el recurso de los padres objetores no se admitiese por la vía de protección de derechos fundamentales.
Ante estas importantes novedades que confirman la falta de consenso de la asignatura y su incompatibilidad con el derecho a la libertad ideológica reconocido en la Constitución, el Presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, va a solicitar al Ministerio de Educación la suspensión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades autónomas en las que se está impartiendo en el presente curso y su posterior retirada tal como se encuentra desarrollada en los actuales decretos de contenidos. Igualmente, Profesionales por la Ética solicitará la dimisión de los consejeros de Educación de Andalucía y Castilla-La Mancha por haber negado la existencia de objeciones a EPC y por amenazar con el suspenso y la expulsión a los padres que, ejerciendo sus derechos constitucionales, se proponían objetar.
PROFESIONALES POR LA ÉTICA CRITICA LA CREACIÓN DE UN NUEVO PORTAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD PARA RESOLVER DUDAS DE LOS ADOLESCENTES SOBRE SEXO
Ramón Novella, responsable del Área de Educación de Profesionales por la Ética, ha criticado la nueva iniciativa del Ministerio de Sanidad de crear un portal dedicado a resolver las dudas de los adolescentes sobre sexo a través de internet, con la finalidad de que puedan mantener una conversación "confidencial, privada y sin vergüenzas" sobre las dudas que puedan tener sobre enfermedades de trasmisión sexual o métodos anticonceptivos, en palabras de dicho organismo.
Con esta medida el Gobierno vuelve a intervenir en la educación de los menores, sin contar con el conocimiento ni el consentimiento de los padres, y sin tener en cuenta sus convicciones morales, religiosas o filosóficas. Ha destacado la gravedad del hecho de que se facilite la información a sus espaldas, y sin tener conocimiento de su contenido. Es un paso más para adoctrinar a los hijos y para suplantar el papel educativo fundamental de la familia, en la misma línea de otras medidas, como la implantación de la educación para la ciudadanía, la supresión en el Código Civil de la potestad de poder corregir a los hijos, o en el caso de Cataluña, los programas de Salud y Escuela y la difusión de folletos de educación sexual. El Estado –ha afirmado- pretende apoderarse de la conciencia de los menores, por encima de la opinión de sus padres.
Por otra parte ha recordado el fracaso de los anteriores programas de “educación sexual”, inspirados en los mismos principios y propuestas que el actual, que solo han servido para promover la promiscuidad y la irresponsabilidad entre los adolescentes y jóvenes, y que han provocado un aumento los embarazos y enfermedades de transmisión sexual entre ellos. Así por ejemplo, según datos del Instituto de la Mujer, se ha pasado de 40 a 12.460 abortos en las chicas de 15 a 19 años, entre los años 1986 y 2005, lo que significa que la cifra se ha multiplicado por 311. Igualmente se ha preguntado si el Ministerio asumirá la responsabilidad por los que se produzcan como consecuencia de la utilización incorrecta o los defectos de fabricación de los métodos anticonceptivos recomendados desde su web.
Finalmente ha llamado a las familias y a los ciudadanos para que se movilicen y manifiesten su rechazo a dicho programa, y a asumir la defensa del derecho a educar a sus hijos frente al intervencionismo de la Administración.
. 73 preguntas y respuestas ayudarán a los padres que quieran objetar o ya lo hayan hecho.
. Profesionales por la Ética pone a disposición de las familias equipos jurídicos en diferentes CCAA
Profesionales por la Ética ha presentado hoy en Madrid la publicación Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, Guía Jurídica.
Se trata de un cuestionario amplio, dirigido al público en general, en el que se resuelven todas las dudas relacionadas con la objeción de conciencia frente a la polémica asignatura. Es una herramienta útil y comprensible porque está elaborada a partir de la asesoría jurídica a padres que han objetado o se proponen objetar. En la publicación se proporciona a los padres un total de 73 preguntas y respuestas sobre las dudas a las que pueden enfrentarse los objetores a la asignatura: efectos inmediatos de la objeción, derechos de los padres, quienes pueden objetar así como las consecuencias prácticas (y sus soluciones) que pueda suponer para las familias enfrentarse a Educación para la Ciudadanía.
En la presentación de esta nueva publicación de PROFESIONALES POR LA ÉTICA ha intervenido José Luis Bazán, doctor en Derecho y Coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética. Según Bazán, la publicación Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, Guía Jurídica, llegará a unos cuatro millones de padres ya que se podrá descargar gratuitamente por Internet o solicitar a info@profesionalesetica.org: “La batalla jurídica es muy importante. Gracias a los recursos interpuestos en Asturias, Andalucia, País Vasco y los que están en marcha se demuestra que este es un tema entre los padres y la Administración que intenta vulnerar una libertad fundamental como es la de educación”.
Asimismo, la Guía resuelve posibles cuestiones sobre los formularios que hay que presentar, plazos de respuesta, cómo constituir una plataforma de padres o cómo acudir al Defensor del Menor en caso de que sea necesario. Además, se tratan las diversas vías procesales para el planteamiento de los recursos o demandas ante los Tribunales de Justicia. Para todo ello, Profesionales por la Ética dispone de un amplio equipo jurídico que asesorará, en todos los trámites necesarios, a los padres que hayan objetado o se propongan hacerlo.
En el acto ha estado presente también Carlos Seco, Abogado de Sevilla, objetor de conciencia y padre recurrente contra el Decreto andaluz de Educación para la Ciudadanía. Seco ha resumido en qué situación se encuentra el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los padres andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, ha relatado cómo la Junta de Andalucía ha intentado presionar en este proceso jurídico mediante la personación de sindicatos y editoriales afines, como las del Grupo Prisa.
En la presentación también ha intervenido Cristina Rodríguez, madre objetora y presidenta de la Asociación de Madres y Padres de un colegio público de Toledo. Rodríguez ha relatado las presiones que sufren los padres que han objetado o se proponen hacerlo por parte de algunas administraciones como la castellanomanchega: “Esta hostilidad, sin embargo, provoca el efecto contrario al deseado porque las objeciones frente a Educación para la Ciudadanía superan las 5000 solamente en la provincia de Toledo. Yo como madre no pienso dejar de pelear por el derecho a educar a mis hijos. No pienso dejarlo en manos del Estado”.
Para finalizar, Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la Ética, ha anunciado dos acciones inmediatas en relación a la campaña de oposición a Educación para la Ciudadanía: La presentación del Informe Educación para la Ciudadanía en España: la batalla por la libertad en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas que tendrá lugar el próximo 23 de enero y se inscribe en la campaña internacional que los padres objetores están llevando a cabo por diversos países y foros internacionales.
Asimismo, se ha anunciado la celebración del Primer Encuentro Nacional de Objetores que tendrá lugar en Madrid el 16 de febrero. Urcelay ha señalado que en las próximas semanas se presentará a los medios de comunicación el programa así como los invitados que participarán en el Encuentro.
Comunicado de Profesionales por la Ética ante la deriva totalitaria del PSOE
Madrid, 2 de enero de 2008.
El alud de descalificaciones e insultos que, desde diversas instancias políticas, se han dirigido hacia la Iglesia Católica y los miles de ciudadanos que se han concentrado el pasado día 30 en Madrid refleja una deriva totalitaria en el actual Gobierno. Los ciudadanos reunidos en Madrid se han limitado a ejercer, de manera pacífica y ejemplar, libertades constitucionales básicas como son las de expresión y manifestación y el derecho a participar en los asuntos públicos.
Desde PROFESIONALES POR LA ÉTICA, como parte de la sociedad civil, exigimos a la clase política mayor respeto hacia el pluralismo social y hacia la libre concurrencia de propuestas para la construcción del bien público, que no es monopolio de nadie.
Las críticas realizadas por personalidades del Gobierno, como el ministro de Justicia, establecen arbitrariamente dos categorías de ciudadanos:
1._ Los que pueden ejercer plena y libremente sus derechos fundamentales.
2._ Los que, por mantener convicciones religiosas, son de hecho excluidos de la vida pública.
A dos meses de las elecciones generales, la actitud del algunos miembros del Gobierno y de la dirección del PSOE evidencian que una segunda legislatura dirigida por el actual Presidente de Gobierno recortará la libertad religiosa (excluyendo a los católicos de la vida pública), de conciencia (nadie podrá discrepar del pensamiento gubernamental) y de educación (con la consolidación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, un instrumento de formación moral).
Por otra parte, concentraciones como la del 30 de diciembre ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de españoles apuestan por el matrimonio y la familia constituida por la unión del hombre y la mujer y abierta a la vida. El Gobierno, sin embargo, ha cambiado el Código Civil para favorecer los intereses de una exigua minoría de ciudadanos que apenas ha hecho uso de la ley que permite los matrimonios entre personas del mismos sexo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la asignatura puede ser contraria a los derechos fundamentales
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco ha admitido a trámite, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, el recurso presentado por los padres vascos contra el Decreto autonómico por el que se desarrolla Educación para la Ciudadanía en dicha Comunidad.
La resolución por la que el Tribunal ha adoptado esta decisión fue notificada el pasado día 28 al abogado de los demandantes, Iñigo Urien. En su demanda los padres alegaban que Educación para la Ciudadanía vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal y a no declarar sobre sus creencias. Asimismo alegaban la vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones sin injerencias del Estado o de la Administración.
Como en su momento ya indicó la red de Profesionales por la Ética en un informe al respecto, el currículo de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco tiene, como en el resto de Comunidades, una fuerte carga de educación moral de los alumnos que es contraria a la libertad ideológica en la escuela. De manera específica, el currículo vasco reconoce que la asignatura se introduce en el mundo de los valores y de las elecciones personales, por lo que el alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia, la actividad crítica sobre los propios valores y conductas. El decreto vasco de EPC también incluye el rechazo de conductas violentas generadas por el sistema sexo-género y las estrategias sociales de transmisión de roles y valores: familia, escuela, publicidad, medios de comunicación, etc.
La nueva resolución del Tribunal vasco se suma así a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en fecha 13 de Septiembre de 2007 dio la razón a los padres opositores a la asignatura al establecer que “existe apariencia de la vulneración de derechos fundamentales” y que por lo tanto su recurso debía ser tramitado por el procedimiento especial.
Los servicios jurídicos de Profesionales por la Ética han recibido con gran satisfacción esta nueva resolución judicial. Para su responsable, José Luis Bazán, “la resolución del Tribunal vasco confirma nuevamente que la asignatura es contraria a los derechos fundamentales, que nunca debió imponerse y que, antes o después, va a tener que ser retirada”. Para el experto jurista “debe tenerse en cuenta, además, que muy pronto empezarán a llegar a los tribunales de justicia los múltiples recursos presentados contra las objeciones de conciencia denegadas por la Administraciones educativas socialistas y que ya el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha declarado, como medida cautelar, la no obligatoriedad de la asistencia a clase de los alumnos objetores”.
Profesionales por la Ética
autor
Contacto
26.01.08 @ 08:48:15. Archivado en España
