18.04.10 @ 19:55:03. Archivado en Latinoamérica
En muchos lugares del mundo los ataques a la libertad de expresión son hoy mucho más sutiles y soterrados, y van más allá de la evidente persecución política a periodistas, comentaristas, columnistas, profesores y pensadores.
Mucho revuelo ha causado en los últimos días el caso de la publicación en la página de internet del Washington Post de un muy duro comentario editorial haciendo una fuerte crítica al Presidente Barack Obama por su confusa, o mejor, difusa posición frente a los excesos del gobierno venezolano especialmente en los temas que se refieren a los ataques y agravios permanentes al gobierno y al pueblo de Colombia, y la peligrosa escalada armamentista que pone en un punto muy delicado la estabilidad y la paz de la región.
Lo curioso no es que los medios de comunicación, en uso legítimo de su libertad de expresión, denuncien aquellas situaciones que comprometen el futuro de la democracia y del Estado de derecho; lo que sí es curioso es que el editorial se haya mantenido publicado sólo por pocas horas y luego haya sido publicado un editorial en tono mucho más moderado y en el que la critica a Obama y a Venezuela en relación con Colombia fue evidentemente diluida, lo que ha causado no sólo extrañeza sino incluso indignación en distintos medios del continente.
Las especulaciones y suspicacias al respecto no se han hecho esperar, sin embargo mi reflexión de fondo apunta a identificar que nuestras sociedades, no se encuentran suficientemente preparadas para que la valoración de la diferencia sea la base del respeto profundo a la Libertad de expresión.
Muchas y crecientes son las presiones de todo tipo para que los ciudadanos no puedan expresarse pública y libremente, para que los ciudadanos no puedan pensar por sí mismos, para que los ciudadanos no puedan expresar con tranquilidad sus afinidades y desacuerdos políticos, en fin para que los ciudadanos terminen siendo lo que Alexis de Toqueville sentenciaba de manera lapidaria cuando intentaba «imaginar bajo qué nuevas características podría aparecer el despotismo en el mundo» y concluía intuyendo esa nueva forma de «esclavitud» en el marco de la utópica y ridícula pretensión igualitarista que, según el mismo Toqueville: «no quebranta la voluntad de las personas, sino que la ablanda, la inclina y la dirige; rara vez ordena actuar, pero a menudo inhibe; no destruye nada, pero impide que surja mucho; no es en absoluto despótico, pero obstruye, reprime, debilita, sofoca y embrutece, al punto que convierte a los pueblos en un rebaño de animales timoratos y esforzados». Esta es, sin duda, una de las formas más comunes y generalizadas de atacar la Libertad en nuestra región.
Victor Hugo Malagón. Colombia.
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21.02.10 @ 20:15:41. Archivado en España
 El próximo miércoles 24 de febrero , Profesionales por la Ética convoca, en el Centro de Orientación Familiar Virgen de Olaz, sito en la Calle Santa Engracia, 20 de Madrid, a la Conferencia-Coloquio titulada "El derecho a la objección de conciencia" que impartirá D.Rafael Navarro-Valls, académico de número de la Real Acedemia de Jurisprudencia y Legislación.OS ESPERAMOS
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19.01.10 @ 02:24:22. Archivado en Sociedad
Informe sobre el impacto de la Ley española del matrimonio entre personas del mismo sexo para Europa y América
La asociación española Profesionales por la Ética ha iniciado su colaboración con Alliance Defense Fund, organización estadounidense dedicada a la defensa de la libertad religiosa, el matrimonio, la familia y la vida.
El primer fruto de esta colaboración ha sido el «Informe sobre el impacto de la Ley española del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho interno». Este documento constituye un exhaustivo análisis de las consecuencias que ha tenido la reforma del Código Civil español en materia de familia en ámbitos como la educación, la protección social, la adopción o la legislación penal.
El Informe ha sido realizado por José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, en inglés («Report on the impact of the spanish same-marriage act in the national law») para facilitar su lectura a políticos, legisladores y profesionales (en especial juristas) norteamericanos y europeos.
No obstante, en vista del interés despertado por el Informe en Iberoamérica, se ha realizado una versión en lengua española con traducción de Mª Mercedes Lucina Baquerizo.
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18.01.10 @ 07:20:03. Archivado en España
Profesionales por la Ética se ha adherido al manifiesto Libertad 2.0, por el que un conjunto de entidades de la sociedad civil piden la retirada de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. La necesaria protección de la propiedad intelectual en internet no puede servir de pretexto para poner en riesgo la libertad de información y expresión.
El manifiesto será presentado a los medios en Madrid el próximo 19 de enero, a las 12.30 horas, en el Centro Riojano (calle Serrano, 25).
Para adhesiones individuales al manifiesto Libertad 2.0:
http://libertad20.es/manifiesto-en-defensa-de-nuestra-libertad/#commentform
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17.12.09 @ 22:55:41. Archivado en España, Fundamentos
Lo que vota hoy el Congreso en 5 claves
Se ha producido en el Congreso de los Diputados una decisiva votación sobre el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta reforma legal presenta las siguientes claves:
1. El aborto pasa de ser un delito a ser un derecho y una prestación sanitaria, lo cual implica que el personal sanitario estará obligado a practicar el aborto en los términos que indica la nueva legislación, en un avanzado estado de gestación y sin más motivo que la voluntad de la mujer.
2. La objeción de conciencia en la práctica desaparecerá puesto que no podrán ejercerla la mayor parte de los profesionales que intervienen en el aborto. Sólo lo pueden hacer el cirujano y el enfermero, no el anestesista, el personal auxiliar, administrativo…Tal como va a quedar regulada la objeción de conciencia en la nueva ley y su desarrollo reglamentario lo que se producirá es una «lista negra» de objetores que serán discriminados.
3. La mujer será la única que decide, desde los 16 años, si quiere abortar o no. Al ser un «derecho», la presión social (familia, trabajo, compañeros…) le incitará a ejercerlo. La violencia contra la mujer quedará más impune con esta ley.
4. Las facultades de Medicina y Enfermería estarán obligadas a enseñar cómo se practica un aborto en los términos previstos por esta ley, no para abordar un aborto natural, como sucedía hasta ahora.
5. El capítulo educativo del proyecto de Ley orgánica incorpora la formación sexual y reproductiva de acuerdo con el modelo gubernamental y de manera obligatoria en todos los centros escolares sin distinción de ideario. Como ya se apuntaba en Educación para la Ciudadanía (EpC), los alumnos serán evaluados sobre diversidad sexual, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados (es decir, aborto).
«La situación es de enorme gravedad»,asegura Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética. «Es cierto que una buena parte de la sociedad se ha manifestado en contra del aborto, en especial de esta reforma. Todavía estamos a tiempo de que los diferentes colectivos profesionales se rebelen activamente contra este proyecto que, sencillamente, hará obligatorio el infanticidio y su enseñanza para médicos y personal sanitario, escuelas y universidades». Porque si el aborto se convierte en un derecho, se convierte también en una obligación para los que lo tienen que llevar a cabo».
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22.11.09 @ 01:10:46. Archivado en España
Profesionales por la Ética comparece ante la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz y pide enmiendas al Proyecto de “Muerte digna”
Han comparecido diferentes asociaciones y entidades en relación con el “Proyecto de ley de derechos y garantías de la persona en el proceso de la muerte”, actualmente en fase de enmiendas en el Parlamento de Andalucía.
Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía manifestó no entender por qué regular más sobre las leyes ya existentes, preguntándose sobre “el verdadero interés de la futura Ley” y recordando la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999) según la cual “el deseo de morir de un enfermo terminal o de una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida”.
Posteriormente, el Dr. Álvaro Gándara, especialista en cuidados paliativos, valoró positivamente algunas mejoras incluidas sobre anteriores redacciones del Proyecto pero analizó las actuales “lagunas” del texto, solicitando a la Comisión:
1.- Incluir explícitamente en el texto el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario.
2.- Definir la deontología profesional y la buena práctica médica como referencias en la toma de decisiones médicas, acotando el peso de la voluntad del paciente y evitando convertir al médico en un simple ejecutor de la voluntad del paciente.
3.- Clarificar el papel y el proceso de acreditación de los Comités de Ética Asistencial.
4.- Mencionar el respeto al ideario de los centros sanitarios.
En un sentido similar, tratando de salvaguardar la praxis profesional y deontológica de los médicos, se habían manifestado a lo largo del día otras instituciones, como el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
El Dr. Gándara insistió también en la necesidad de dotar de presupuesto las buenas intenciones del Proyecto, para asegurar un desarrollo adecuado de las unidades de cuidados paliativos y una mejora en la atención a los pacientes en nuestra Comunidad.
Profesionales Por la Ética
Puedes hacerte socio en
http://profesionalesetica.org/socio/
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13.11.09 @ 01:16:33. Archivado en España
Desde 2004 el sindicato ha recibido casi dos millones de euros
sólo del Ministerio de Educación
Madrid, 12 de noviembre de 2009. A estas alturas a nadie se le escapa la excelente relación existente entre el sindicato UGT y el Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia de política económica y social.
Sin embargo, resulta más desconocida la inestimable colaboración prestada por este sindicato al proyecto ideológico socialista plasmado en educación y muy particularmente en las polémicas asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Pues bien, la sección de Enseñanza de UGT desvela su adhesión a la educación «oficial» en una publicación titulada FETE-UGT. Nuestro compromiso con la Educación a la que ha tenido acceso Profesionales por la Ética. En síntesis, según esta publicación, FETE-UGT defiende «un modelo de escuela progresista laica, plural y democrática» en el que «se forme a los alumnos en el replanteamiento permanente de las ideas recibidas». En concreto, en EpC el sindicato lleva desarrollando una campaña dirigida a formar a alumnos de Infantil y Primaria a través de libros, DVD, fichas didácticas, talleres, folletos y recomendaciones para el profesorado.
Entre los materiales educativos de UGT, además de la multiculturalidad, los Objetivos del Milenio o la discapacidad, se incluye un amplio apartado dedicado a la educación afectivo y sexual en el que destaca el apoyo a la campaña Una escuela sin armarios, promovida por los colectivos de activistas homosexuales. El fin de esta campaña es que se visibilicen las distintas «orientaciones sexuales» «en el currículo escolar, en el lenguaje y en la práctica educativa». También se pretende que los alumnos reconozcan y valoren los distintos modelos de familia.
Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, la implicación de UGT en el proyecto ideológico de EpC no es nuevo porque este sindicato ha intentado personarse (sin éxito) incluso en procedimientos judiciales en defensa de los contenidos de estas asignaturas.
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07.11.09 @ 19:02:52. Archivado en España
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) sigue confirmando que en España cabe la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC). Y es que desde septiembre hasta hoy el TSJCyL ha eximido de cursar alguna de las asignaturas de EpC a 171 alumnos mediante 88 sentencias. De estas últimas:
• 29 corresponden a 64 alumnos de Salamanca.
• 28 sentencias se refieren a 35 alumnos de Soria.
• 31 afectan a 72 alumnos de Valladolid.
En las próximas semanas se espera que el TSJCyL siga notificando sentencias que permitan que sean cientos los niños que reciban autorización judicial para no cursar unas materias contrarias a la libertad educativa de las familias de dicha Comunidad. El Tribunal castellanoleonés afirma expresamente que las asignaturas de EpC tienen una intensa carga ética, moral e ideológica y que inciden en la privacidad e intimidad de los alumnos; por ello reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los padres, y establecen que los niños quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello.
El TSJCyL pone en evidencia la debilidad argumental de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC y recuerda que en España es el Tribunal Constitucional el intérprete auténtico de los derechos fundamentales tutelados en nuestra norma suprema.
En las próximas semanas se espera que otros Tribunales Superiores de Justicia como Madrid y Valencia se pronuncien reconociendo los derechos fundamentales de los padres y eximiendo a los alumnos de cursar EpC.
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04.11.09 @ 20:10:53. Archivado en España
Hace unos días tuve la oportunidad de ver Katyn, la última película de Andrzej Wajda. Sin entrar en el argumento principal, sí contaré al lector que la Polonia libre, vital e independiente que se ilustra al comienzo de la película, acaba, a su término, acomodada a la libertad raquítica, triste y sospechosa de una nación sometida a la tutela de la Unión Soviética.
Polonia, finalmente, no fue aniquilada ni los polacos deportados. Perdieron su ejército pero los ciudadanos tuvieron la oportunidad de adaptarse a la nueva situación. Un sometimiento que permitía a quienes lo aceptaban progresar en el nuevo régimen que daba cabida, sin saberlo, a quienes, desde dentro de las nuevas instituciones, pretendían conciliar su sometimiento al régimen con un trabajo por una futura Polonia libre.
En una de las escenas finales, dos mujeres se reprochan sus opciones vitales contrapuestas. Una de ellas, hermana de un ingeniero asesinado por el ejército ruso, lucha contra el nuevo régimen desde la clandestinidad, manteniendo vivo el recuerdo de la Polonia independiente. La otra mujer, colaboracionista, le reprocha que el camino de la oposición resulta estéril y sólo será posible reconstruir el espíritu polaco aprovechando las estructuras existentes, procurando minimizar desde dentro del sistema la influencia soviética.
Resistencia desde fuera del sistema o aceptación del mal menor para trabajar, desde dentro, por revertir la situación. Un dilema que, setenta años después de Katyn, estamos viviendo en España, donde el Estado, a través de la legislación gubernamental, no cesa de invadir ámbitos privados de libertad y establecer un auténtico régimen en el que no cabe la discrepancia. Un verdadero totalitarismo porque el Estado pretende dar razón de todas las dimensiones que afectan a la persona, que resulta reducida a ciudadano. Y sólo es y tiene sentido por su relación con el Estado, que otorga, extiende, limita o elimina los derechos que configuran la naturaleza del ciudadano.
Ante este indudable avance del totalitarismo, acentuado en los últimos cinco años, las personas e instituciones conscientes del peligro (obviando aquellas cuya comodidad ahoga cualquier reacción) han optado por una de las dos estrategias: oponerse frontalmente al recorte de libertades o transigir lo suficiente como para no quedar fuera del sistema con la finalidad explícita de “cambiar la situación desde dentro”. Se acepta así un mal menor como medio para obtener, al término, un bien mayor.
En este sentido, muchas personas e instituciones que advirtieron el letal influjo de la implantación de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía optaron por asimilar y obedecer una ley a todas luces injusta con el propósito -al menos así lo manifestaron- de revertir la situación “desde dentro”, desarrollando estrategias y subterfugios que, a fecha de hoy, no han hecho sino contribuir a consolidar la intromisión del Estado en la libertad de los padres, de los profesores y de los centros docentes.
El caso de la respuesta al nuevo proyecto de ley de Reforma de la Ley del Aborto es muy similar. Algunas organizaciones han rechazado públicamente esta nueva ley porque “empeoraría” la situación ya de por sí injusta de la legislación vigente, que se asume como un supuesto inamovible. Se trata, por tanto, de mantener un “mal menor” que resulta, a estas alturas, incuestionable.
Otro tanto ocurre con el resto de leyes cuya carga totalitaria no se pretende tanto desactivar como minimizar. La radicalidad -de raíz- no se lleva: resulta -proclaman muchos- más eficaz la asunción de males menores que permitan seguir políticamente reconocidos para mantener la posibilidad de seguir siendo interlocutores de un Estado que, lejos de consensuar las leyes, utiliza la interlocución con los discrepantes oficiales como atrezzo de un diálogo al que resulta, a la hora de la verdad, impermeable.
Pienso que es hora de revisar estrategias ante el avance de leyes totalitarias. No se trata de juzgar intenciones, sino de evaluar el escaso, si no nulo resultado, de los planteamientos que se basan en consentir el “mal menor” en aras de un “bien mayor” que, por lo que parece, “ni ha llegado, ni se le espera”.
La “estrategia de consentir el mal menor” no resulta educativa para una sociedad que debe recuperar su sentido de su libertad y primacía con respecto al Estado, que no debe conformarse con minimizar los influjos estatales amparándose en burbujas tan precarias como insolidarias y que debe ser consciente de su derecho a rebelarse contra la ley injusta. Además, como ha señalado muy acertadamente José Ignacio Munilla, “cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el ‘mal mayor’”.
La situación de falta de libertad se está volviendo insostenible. ¿No es hora de hacer un balance global y reconsiderar estrategias más gallardas? No podemos permitirnos, además de perder las batallas, transmitir a las siguientes generaciones el axioma de que, frente a la injusticia, solo cabe minimizarla o aislarse de ella. Debemos recuperar el orgullo de la libertad y el valor intrínseco de la persona. Desterrar el fatalismo del que nos hemos ido convenciendo nosotros mismos. No necesitamos otro Katyn para rebelarnos. Pero sí una reflexión sincera y una decisión de recuperar los ámbitos de libertad que nos estamos dejando arrebatar.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo
Artículo publicado en Análisis Digital
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01.11.09 @ 09:22:25. Archivado en España
Cuando han transcurrido ya casi dos meses de curso escolar, resulta evidente que el conflicto generado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de haber finalizado, ha cobrado nueva fuerza. En resumen, la situación es la siguiente:
1. Las objeciones a la asignatura siguen aumentando y rondan las 54 000. Estos escritos de objeción corresponden a alumnos que cursan alguna de las asignaturas de EpC y a alumnos que la recibirán en los próximos años. Como ha ocurrido en cursos anteriores, la Administración educativa oculta las cifras de objeción o las encubre.
2. El panorama judicial se ha alterado notablemente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado, desde el 23 de septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34 alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver. Además, en Valencia se han presentado los primeros 240 recursos de objetores ante el Tribunal Superior de Justicia y unos padres madrileños han hecho lo mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa de su derecho a objetar.
3. Los argumentos jurídicos en defensa de la objeción han dado un vuelco tras las sentencias de Castilla y León. Estas resoluciones se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Este argumento (jurídicamente impecable) podría ser esgrimido por los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid para justificar el derecho a objetar a las polémicas asignaturas.
4. Las Administraciones educativas en general no han cumplido las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la objeción a EpC. Dichas sentencias advertían que la educación estatal no podía tomar posiciones «sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española» ni erigirse en árbitro de «las cuestiones morales controvertidas». Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido (mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo.
5. El Ministerio de Educación ha mostrado claramente qué modelo de EpC impone al recomendar como material para estas materias escolares recursos multimedia como Axial, un mundo de valores (con el vídeo del Día del Orgullo Gay como práctica), Sexpresan (explicando el sexo oral y cómo se pone un preservativo) o Los caminos de la felicidad (que invita a los alumnos a cuestionarse qué hace mal la Iglesia católica).
En resumen, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, el conflicto de EpC sigue muy vivo. Entre tanto, el ministro de Educación ha hecho guiños a los que se oponen a estas asignaturas, incluidos los objetores, afirmando que se reunirá con ellos, que «escuchará las razones de quienes creen que desde su conciencia deben objetar» o reconociendo que «la invocación de la conciencia es una cosa muy seria» y que está «decidido a encontrar una solución».
Como reconoce Fernández de Alarcón, las declaraciones de Ángel Gabilondo constituyen una novedad y «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a sus dos predecesoras. Pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin entrar en clase de EpC (a pesar de las presiones del centro educativo o de los inspectores) y estas asignaturas siguen adoctrinando. El ministro tiene que materializar ya su actitud dialogante y recibir ya a los representantes de los objetores».
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31.10.09 @ 16:20:40. Archivado en España
Nace, ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, una federación de padres con vocación de permanencia. Se presentó en rueda de prensa celebrada en Madrid
En las últimas semanas el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado su disposición a dialogar con los que se oponen a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Pues bien, hoy mismo ha recogido el guante la Federación de Padres por la Libertad de Educación ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD, entidad que se constituye para agrupar a las plataformas de padres objetores a EpC y aunar esfuerzos.
ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD se ha presentado en Madrid en un acto en el que han intervenido representantes de diferentes plataformas. Uno de ellos ha sido José Ignacio Martínez, del Foro de Laicos Asidonia, una de las asociaciones andaluzas más activas en la oposición a EpC y portavoz de la Federación. Martínez ha afirmado que se han producido 53 406 objeciones a este conjunto de asignaturas; además, después de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC los padres han presentado 215 recursos judiciales reclamando su derecho a objetar pero es previsible que estas demandas se incrementen en las próximas semanas, concretamente en Madrid, donde se ha presentado el primer recurso la semana pasada. Tras las citadas resoluciones del Supremo se han dictado 48 sentencias favorables a los objetores: 2 de ellas en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza y 46 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas últimas sentencias eximen a 88 alumnos de cursar EpC.
Además, se han presentado 7 denuncias de libros de texto de EpC y 1 recurso judicial por adoctrinamiento en la escuela.
«Independientemente de los datos», ha concluido Martínez, «la realidad es que estas asignaturas han abierto un conflicto y cuentan con la oposición de muchos padres. Si no, no se puede entender la cantidad de recursos, sentencias y jurisprudencia que ha generado. Y esto no ha acabado, como demuestran las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León».
Por su parte, Inmaculada López, de Segovia por una Educación en Libertad y secretaria de la Federación, ha presentado la nueva Federación de Padres, explicando que nace de la voluntad de más de 70 plataformas que representan a más de 50 mil objetores a EpC. La nueva entidad está presente en todo el territorio nacional y es fruto, en palabras de Inmaculada López, de «una movilización social sin precedentes causada por la imposición de un conjunto de asignaturas que implican una vulneración de la libertad religiosa e ideológica y de los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos».
Sin embargo, ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD nace con voluntad de permanencia, más allá del conflicto de EpC. «Queremos que esta movilización cívica sirva para que los padres se impliquen más activamente en las políticas educativas que afectan a sus hijos. Después de la polémica de EpC, el debate educativo no puede seguir siendo monopolizado por los partidos políticos y las administraciones educativas, a menudo indiferentes a los derechos de los padres en materia de educación y libertades fundamentales».
Inmaculada López ha indicado que hasta ahora las diversas plataformas de padres objetores a EpC han solicitado entrevista al ministro de Educación. «Hoy reiteramos, ya como Federación Nacional, la necesidad de sentarnos con carácter urgente con D. Ángel Gabilondo en calidad de interlocutores con representación en todas las comunidades autónomas. Somos nosotros los que ostentamos la representación real de la mayor parte de padres objetores, son nuestros hijos los que cada día están expuestos a esta materia y conocemos de primera mano lo que se imparte en la misma, los materiales y páginas web recomendadas por el Ministerio y las distintas Consejerías de Educación. Por todo esto, no aceptaremos que otras personas, entidades o instituciones decidan en nombre de los padres objetores», ha asegurado.
Finalmente, Inmaculada López ha mostrado su satisfacción por la actitud de respeto que ha mostrado Gabilondo respecto a los objetores a EpC y ha asegurado que por parte de Educa en Libertad también hay voluntad de resolver el conflicto de manera dialogada aunque ha aclarado que el problema lo ha causado el Ministerio con la imposición unilateral de estas asignaturas y su incapacidad para dialogar». Sin embargo, antes de sentarse con el Ministro de Educación, Inmaculada López ha dejado claras dos premisas que ha calificado de irrenunciables:
1. La primacía del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, tal y como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española. Se trata de que la escuela ayude a los padres en esta tarea pero no pretenda suplantarlos.
2. Aunque creemos que la mejor solución sería retirar las actuales asignaturas de EpC y abrir un debate real sobre cómo abordar la educación cívica y en valores, no nos oponemos a que exista unas asignaturas obligatorias de formación cívica siempre y cuando respeten los derechos de los padres y no pretendan adoctrinar imponiendo de manera obligatoria una determinada visión de la vida y la persona.
En todo caso, los representantes de ESPAÑA EDUCA EN LIBERTAD han confirmado que seguirán promoviendo la objeción de conciencia a EpC entre los padres porque es el único instrumento constitucional que les permite defenderse de una norma que vulnera sus derechos.
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28.10.09 @ 23:48:50. Archivado en Sociedad
Actualmente, es impensable razonar cualquier aspecto técnico sin rigor científico. Sin embargo, no es así en el ámbito de la vida y la muerte, la ética y la moral, dónde, basándose en una pequeña selección de casos, se llega a conclusiones apoyadas en sentimientos y pálpitos de corazón.
Llevados por una falsa compasión, llegamos a creer de manera personal y social, que la dignidad y la vida de una persona se pueden pesar, y que la balanza que calcula tal peso, únicamente mide en unidades de dolor y movilidad.
Parece que la decisión sobre el suicidio viene regulada con un carné por puntos y, cuando se pierden, sólo queda pensar la forma de liquidar esa vida que quedó sin puntuación o utilidad social. Y esta concepción es la que se trasmite a estas personas que sufren y sienten que no son útiles, que no son valiosas, que no son dignas. No porque realmente sea así, sino porque así lo sienten, así se lo hacemos sentir. Unos sentimientos sociales que nublan la razón, la razón que valora cada vida, la razón que impone que antes de perder esfuerzos para matar debemos emplearlos en mejorar las atenciones, la razón que impone que el único problema que no se puede combatir es la muerte, la razón que hace que no perdamos la esperanza, la razón que impone que una vida no se mide por su utilidad sino por el simple hecho de ser y de existir.
Alicia Ballesteros
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