Gonzalo Boyé, en nombre de Angélica M. Geria Cortés e hijo, ha presentado una reclamación administrativa en el Ministerio de Interior, en la que solicitan ser indemnizados con 1.250.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de esposo y padre, respectivamente, basándose en la responsabilidad estatal por el "estado de absoluto descontrol, abandono y pérdida de hecho de parte de los explosivos" en Mina Conchita, lugar del que salió la dinamita utilizada en los atentados de los trenes el 11 de marzo y los que emplearon los suicidas de Leganés.
El Reglamento de Explosivos de 1998, aprobado por Real Decreto 230/1998 de 16 de febrero y vigente en marzo de 2004, establecía que "Todas las actividades relacionadas con las materias reglamentadas quedan bajo la intervención administrativa del Estado", es decir, bajo la responsabilidad del gobierno del entonces presidente José María Aznar.
Según explica la sentencia firme del Tribunal Supremo que condenó a multa de 150.000 euros a la empresa propietaria de Mina Conchita, Caolines de Merilles S.L., se encontraron en estado de abandono numerosos cartuchos de explosivos y su estado de conservación era deficiente.
La A11MAT rechaza personarse por esta vía, pues siguen actuando por lo penal contra los autores de la masacre y los responsables políticos de lo ocurrido. Evitarán reclamaciones administrativas porque, según han declarado al diario Público, "no les interesa el dinero".
Viernes, 1 de junio
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