El ex presidente ha hecho referencia al sistema educativo en Cataluña y ha calificado de "inaceptable" que "se niegue el principio mismo de elección a padres y alumnos", dado el método de inmersión lingüística en catalán que impera en las escuelas.
"Ha llegado el momento de evaluar el efecto de décadas de políticas de supuesta normalización y de aportar las propuestas de reforma que aconsejan tanto la experiencia pasada como el futuro que preparan unos nacionalismos radicalizados, intervencionistas e insensibles a las exigencias del respeto a la pluralidad, la igualdad y los derechos inderogables de todo ciudadano español", ha dicho.
"Un problema de libertad"
También ha denunciado que las políticas promovidas "por los nacionalismos" plantean "un grave problema de libertad" y "acentúan su peso como instrumentos de coacción".
En concreto, ha hecho referencia al caso del País Vasco y Cataluña, donde, a su juicio, "se aborda un proceso de revisión" de las políticas aplicadas que pretende "incorporar a las políticas lingüísticas en estas comunidades nueva dosis de coacción".
En estas comunidades, los gobernantes no han sido capaces, a su entender, de ofrecer modelos lingüísticos "eficaces y respetuosos con la pluralidad".
Aznar ha denunciado que en estos momentos "se gobierna buscando el silencio del disidente" y "todo el que discrepa de la acción gubernamental es objeto de críticas, es tildado de antipatriota y de anticatalán, cuando no de acoso".
Ensayos sobre políticas lingüísticas
Bajo la coordinación de Xavier Pericay, el libro presentado hoy recoge una serie de ensayos sobre las políticas autonómicas en materia lingüística de personas como Joan Juaristi, Amando de Miguel y Valentí Puig.
Los autores concluyen que los nacionalistas utilizan las políticas lingüísticas como un instrumento más al servicio de su proyecto político, incumpliendo el artículo 3 de la Constitución, cuando dice que el castellano es la lengua oficial del Estado.
El libro asegura, en relación a Cataluña, que "la población castellanohablante no goza de ningún derecho que la ampare en el uso del español" y que "los socialistas y sus socios reservan este derecho únicamente a los catalanohablantes".
Los autores defienden que el Estado recupere la competencia en la promoción y defensa de la lengua española.
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