(PD).- Han sido muchos servicios al PSOE y al Grupo editor del diario El País y la Cadena SER. Ahora que el famoso juez estrella se encuentra en apuros, por su excentricidad de abrir causa general a la Guerra Civil y el franquismo, tanto los socialistas como su órgano mediático oficioso se han puesto en fila con él. Y es que el instructor declarará este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado por un delito de prevaricación. No es una caso político, ya que de lo que se trata es de que el juez se metió con esta causa sin ni siquiera ser competente.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará este miércoles como imputado en el Tribunal Supremo bajo la acusación de haber prevaricado en la instrucción de unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo. El magistrado subiendo las escaleras del Supremo va a ser la foto del día.
Casi cuatro meses después de que la Sala Segunda admitiera a trámite la querella de «Manos Limpias», el instructor de la causa, Luciano Varela, ha ordenado la citación de Garzón.
Poco después de conocerse la citación del juez estrella, el PSOE salió de forma contundente en su defensa. El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, deseó lo mejor a Garzón, de quien aseguró que es un «juez decente».
De la misma forma, dice el editorial de El País:
No tiene explicación, salvo que se trate de una pura represalia ideológica instrumentada desde la justicia, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, deba comparecer hoy como imputado ante el Tribunal Supremo por su actuación jurisdiccional en la indagación de los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura.
Y aquí comienza el ataque a los que han decidido ejercer de acusación y al propio juez Prego:
La querella contra Garzón tiene un componente ideológico innegable. A los querellantes les provoca sarpullidos oír hablar de crímenes del franquismo y buscan, instrumentalizando una vez más a la justicia, hacer pagar a Garzón su osadía por haber dejado en dos autos judiciales un relato sistemático de la represión franquista y de su posible valoración jurídico-penal. Lo más grave es que ese componente ideológico aparezca también en la persona del magistrado ponente del auto de admisión de la querella, Adolfo Prego, patrono de honor de una fundación próxima ideológicamente a los querellantes (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad) y que no ha ahorrado críticas públicas a la Ley de Memoria Histórica. Debería haberse abstenido, pero no lo ha hecho. Tampoco hay que descartar antagonismos personales entre jueces que, lamentablemente, interfieren a veces en la función jurisdiccional.
Concluye el editorial del diario de PRISA:
¿No temen los magistrados del Supremo bordear ellos mismos la prevaricación dando alas a semejante querella?
