En el Gobierno ZP deben estar pensando que si ponen un circo, les crecen los enanos. Cuando están con el alma en vilo, pendiente de que el Tribunal Constitucional se pronuncie por fin declarando ilegales varios puntos del nuevo Estatuto catalán, les explota en la «cartera» la bomba de la nunca concluida financiación autonómica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha anunciado hoy que la reforma legal para poner en marcha el nuevo sistema se tramitará en el Congreso «en las próximas semanas», una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros para, a continuación, constituirse las comisiones mixtas del Gobierno con las Comunidades y tramitarse los correspondientes proyectos de ley de cesión de tributos de cada autonomía.
Salgado ha hecho este anuncio en la Comisión de Economía y Hacienda durante su comparecencia a petición propia para explicar los contenidos del acuerdo de financiación autonómica alcanzado el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que las comunidades gobernadas por el PP se abstuvieron, algo que ha destacado la ministra.
Salgado, además, ha anunciado que las devoluciones de los anticipos a cuenta que deben las comunidades autónomas al Gobierno central correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009 podrán reintegrarse a partir de 2011, a plazos y durante cuatro años.
Estas devoluciones, que Salgado ha cifrado en unos 6.000 millones de euros para el conjunto de las regiones, se corresponde con el diferencial entre las aportaciones a cuenta del Gobierno central y la recaudación efectiva, que se ha visto mermada como consecuencia de la crisis económica.
A este respecto, la vicepresidenta económica ha asegurado que en la negociación de los próximos presupuestos generales se «revisarán todos los tipos impositivos», aunque el objetivo principal del Gobierno pase por propiciar la recuperación económica, lo que ayudaría a remontar la recaudación.
Traje a medida de Cataluña
Las críticas por parte del PP se han centrado en las cifras, en los millones efectivos que cada comunidad autónoma recibirá del Gobierno central. O más bien en su ausencia. Cristóbal Montoro, portavoz de asuntos económicos del principal partido de la oposición, ha criticado que el Gobierno no cuantifique el nuevo sistema de financiación, algo que es, en su opinión, imprescindible, ya que la financiación autonómica es «la cuantificación de la convivencia entre los españoles».
En su respuesta, la vicepresidenta económica ha asegurado que no es posible dar las cifras de momento porque todavía no se ha liquidado el presente ejercicio pero que, en cuanto se haga, se aportarán «igual que hicieron ustedes en su día».
Salgado ha asegurado, no obstante, que los cálculos de su ministerio coinciden con lo expresado por los distintos responsables regionales, lo que confirmaría, por ejemplo, la cifra que hizo pública en su día la Generalitat: 3.687 millones adicionales.
Montoro también ha criticado el proceso que ha llevado al nuevo sistema ya que, en su opinión, se ha negociado con los partidos políticos, no con los gobiernos regionales. El motivo, en su opinión, ha sido la necesidad del Ejecutivo de «mantener el tripartito catalán y garantizar que los presupuestos de 2010 salgan adelante» y la prueba es que solo se han mostrado favorables al nuevo sistema «Ridao y Herrera, que son los que lo han hecho», en referencia a los portavoces de ERC e ICV.
El portavoz del PP ha acusado a Salgado de hacer un «traje a medida para los catalanes» a quienes ha advertido de que no van a ver nunca los manidos 3.687 millones de euros extra.
Salgado ha respondido que es «evidente» que las comunidades van a recibir en 2010 menos dinero que en 2007 «porque la recaudación ha sido mucho menor». No obstante, ha defendido que con el sistema anterior, promulgado por el PP, la reducción sería mucho mayor.
Sin acuerdo entre los grupos catalanes
Si el PP ha arremetido contra el supuesto favoritismo hacia Cataluña del nuevo sistema, CiU ha criticado justo lo contrario. Según su portavoz, Josep Sánchez Llibre, los catalanes «compraron un edificio amplio y se encuentran un aparatoso decorado de cartón piedra», en referencia al nuevo estatuto de autonomía aprobado durante la pasada legislatura y que, en su opinión, la nueva financiación incumple flagrantemente, algo que ha negado tajantemente la vicepresidenta.
CiU ha exigido que Salgado certifique que la Generalitat va a recibir esos 3.687 millones de euros extra y ha pedido que se cuantifique el dinero que esa región debe devolver al Gobierno central como consecuencia del diferencial entre recaudación y aportaciones a cuenta.
Desde el grupo formado por ERC, IU e ICV, sin embargo, han primado los elogios al nuevo sistema. El portavoz de los ecosocialistas, Joan Herrera, ha asegurado durante su intervención que el principal problema del nuevo sistema ha sido su demora, pero se compensa, en su opinión, porque «se ha puesto fin a la estrategia cortoplacista» que puso en práctica CiU cuando gobernaba en Cataluña y «solo se ha dicho que ‘sí’ cuando la propuesta era atractiva».
Herrera ha valorado la introducción de «elementos federalizantes» en el nuevo sistema «con elementos de bilateralidad y multilateralidad» y ha defendido que Cataluña y Andalucía han liderado la negociación, «como siempre pasa en este país».
El portavoz de ICV ha arremetido contra «las derechas representadas en PP y CiU» por criticar un pacto mucho mejor que el que ellos negociaron, un sistema que es «digno, transparente y solidario» y que impedirá que unos bajen los impuestos a los que más tienen a costa de la solidaridad de otros.
El nuevo modelo
El nuevo sistema de financiación autonómica prevé la cesión del 50% del IRPF y del IVA, así como del 58% de los impuestos especiales. Incorpora también tres fondos (de Suficiencia global, Competitividad y Cooperación) y recursos adicionales para reforzar el estado de bienestar por un importe de algo más de 11.000 millones de euros.
En opinión de Salgado, el sistema tiene en cuenta el aumento de población registrado en España desde 1999, garantiza a los ciudadanos la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales, a los que dedica el 80% de los recursos, y reduce significativamente las diferencias en la financiación per cápita.
