Escaño 351

Grilletes y linchamiento político en España

12.08.09 | 08:51. Archivado en Justicia, Análisis, Gobierno

Mariano Rajoy denunció ayer con razón la persecución desatada contra el PP desde diversas instancias gubernamentales, considerando que se trata de actuaciones inquisitoriales y provocadoras de una crispación política de la que el PSOE aspira a sacar réditos.

Ciertos sectores del PSOE parecen incapaces de asimilar los últimos resultados electorales, el cambio de rumbo que anuncian todas las encuestas y, en definitiva, el grave deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Gobierno cuando ha transcurrido poco más de un año de legislatura.

No hay casualidad sino planificación sistemática en la reiteración de episodios en torno al «caso Gürtel». Surgen cada poco denuncias sin fundamento contra líderes populares, obligados a defenderse públicamente antes de que exista el más mínimo indicio al respecto.

Las imágenes de estos días en Palma de Mallorca pretenden reincidir en el mensaje reiterado de que el PP es un partido corrupto, con un criterio de criminalización del adversario político que resulta sencillamente intolerable en una democracia pluralista.

La Jefatura Superior de la Policía en Baleares ha abierto un expediente disciplinario al comisario responsable de la custodia de los cargos del PP detenidos por el caso Palma Arena. Se trata de Alfonso Jiménez, que ayer admitió por escrito la «posibilidad» de que se le hubiera «olvidado» ordenar que no se esposase a los cinco imputados para no exhibirles engrilletados ante la prensa, como la Delegación del Gobierno asegura que había dispuesto. Huele a cortina de humo, porque todo apunta a que el funcionario quería "gradar" a sus superiores.

Cita Ignacio Camacho en su columna de ABC a Asherman McCoy, el bróker protagonista de «La hoguera de las vanidades» de Tom Wolfe, le sometía un fiscal en apuros de reelección a la inicua pena de telediario: una detención escandalosa e innecesaria con paseíllo por las escaleras del juzgado, esposado ante una prensa previamente convocada para someterlo al escarnio de la carnaza populista.

Eso es exactamente lo que ha hecho la policía de Palma con los dirigentes del PP acusados de irregularidades económicas, encadenados ante las cámaras como vulgares forajidos.

Bueno, como forajidos no: a los delincuentes comunes se les suele respetar su derecho a la privacidad, consagrado y recogido en el protocolo policial de detenciones y traslados.

Incluso gozan de tal deferencia los etarras... cuando les echan el guante, porque aunque resulte un poco demagógico señalarlo no deja de ser cierto que mientras los investigadores palmesanos se entretenían en humillar gratuitamente a miembros de la oposición política, los terroristas llenaban la ciudad de bombas en una desafiante burla a la seguridad del Estado.

Esta sobreactuación policial, desproporcionada, arbitraria y afrentosa, se parece mucho a una prevaricación intencionada, tuviese o no el visto bueno de un delegado del Gobierno que ya tarda en adoptar las sanciones que le exculpen de un manifiesto abuso de poder.

Pero sobre todo, se trata de una operación incompatible con los usos de un Estado democrático, porque tiene todas las trazas de constituir una venganza expeditiva, una ejecución moral odiosa e inaceptable.

El infamante paseo de los detenidos mallorquines -tan peligrosos que fueron puestos en libertad bajo fianza por el juez que les tomó declaración- se produjo justo después de que: a) un tribunal exculpara al presidente de Valencia de presunto cohecho en la trama Gürtel, y b) dos responsables nacionales del Partido Popular denunciasen ser víctimas de escuchas telefónicas ilegales.

Dos datos suficientes para avalar cualquier sospecha de parcialidad, extralimitación y atropello por parte de funcionarios públicos que están bajo las órdenes directas del Gobierno ZP.

Lo de las escuchas tendrá que demostrarlo el PP, aunque resulte un asunto desgraciadamente verosímil en un país cuyo servicio de espionaje fue capaz de interferir las conversaciones del Rey. Pero el exhibicionismo difamatorio de los grilletes de Palma -agravado con 72 horas de calabozo en un rigorismo propio del manual antiterrorista- es un hecho flagrante que apunta a un comprometedor abuso de autoridad y, lo que es peor, a un designio criminalizador de la oposición política.

El Ministerio del Interior no puede agarrarse a la condición de imputados de los detenidos, porque a menudo trata mejor a sospechosos menos recomendables. Cada minuto que pasa sin excusas ni explicaciones es un tiempo que consolida la sensación de un linchamiento.


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