En la tarde de ayer, sorprendió que el comunicado de la Fiscalía Anticorrupción anunciando que iba a recurrir el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps llegase a los medios de comunicación cuando todos los digitales ya publicaban la noticia.
Se había adelantado la vicepresidenta primera del Gobierno, que desde San José de Costa Rica, se interponía al anuncio público por parte de la Fiscalía General del Estado. Un anticipo que le ha granjeado no pocas críticas hoy por parte de dirigentes del PP, com el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, o el diputado Antonio Beteta, que han apuntado que «De la Vega dio la orden a la Fiscalía de interponer el recurso de casación» en la ramificación valenciana del «caso Gürtel» porque salpicaba a cargos populares.
El papel que la Constitución otorga al fiscal general del Estado, en la actualidad Cándido Conde-Pumpido, viene especificado de manera clara en el artículo 124, que indica que este cargo del Ministerio Público debe ser nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, y también señala que el fiscal ejercerá sus funciones «por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».
Diferente actuación con Chaves o el CNI
Los responsables del PP denuncian que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción ha variado, y mucho, entre el caso por la presunta trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa, y la posición mostrada en el archivo de la denuncia por prevaricación contra el vicepresidente Manuel Chaves, tras haber concedido diez millones de euros cuando era presidente de la Junta de Andalucía en favor de la empresa en la que trabaja su hija como abogada.
Según el Grupo Popular, tampoco se inmutó el fiscal general del Estado ante las sospechas de utilización ilícita de fondos públicos que pesan sobre Alberto Saiz, el dimitido director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según los populares, el fiscal general «está más preocupado en arremeter contra el PP que en cumplir sus obligaciones constitucionales de perseguir los delitos y defender los derechos constitucionales de los españoles».
